¿Por qué una ley de cuotas?

Claudio Fuentes

La Tercera, 9 de febrero, 2006

Las leyes de discriminación positiva o “acción afirmativa” son saludables y necesarias en el caso chileno. Su origen se vincula a la percepción que las condiciones sociales por sí solas no resuelven las brechas de desigualdad existentes en una sociedad. La legislación interviene para corregir aquella diferencia y generar condiciones de igualdad en el acceso al poder o beneficios sociales.

En Chile existen leyes de acción afirmativa aunque no las denominemos así. La más obvia de ellas es la ley electoral que favorece a las regiones con menos habitantes en el Senado. En este caso, se le otorga la misma cantidad de asientos a presentantes de una región que, por ejemplo, tiene 185 mil o 2.5 millones de electores. El voto de una persona en Punta Arenas o Antofagasta vale entre 15 y 30 veces más que un habitante de Santiago y ello gracias a un sistema que “discrimina” positivamente a favor de las regiones.

Los que se manifiestan en contra de discutir una ley de cuotas debieran preguntarse si es adecuado mantener un sistema de discriminación positiva en el Senado que favorece a las regiones por sobre la metrópolis.  Me imagino que los senadores de regiones estarían de acuerdo con proteger los intereses de zonas del país que históricamente no han recibido los beneficios del desarrollo. El principio que se aplica aquí es idéntico: la ley incentiva la representación de determinadas regiones para compensar por la desigualdad en la atención que el centro les brinda.

Otro argumento en contra de la ley de cuotas es que sería “ofensivo” contra la mujer pues impondría cupos para ellas sin observar sus capacidades. El problema es que en Chile existen demasiadas barreras de entrada para que las capacidades de las mujeres puedan expresarse en cargos de representación popular. Chile presenta una tasa de presencia femenina en el Congreso muy inferior a la media latinoamericana. Asimismo, para una mujer resulta difícil competir en igualdad de condiciones con un hombre por temas como el financiamiento de campañas, el rol de la mujer en el núcleo familiar, y el mismo desinterés de algunos partidos en promover diversidad dentro de sus colectividades.

La experiencia comparada, en tanto, demuestra que: (a) no importa cuál sea el sistema político, un rol crucial le cabe a los partidos políticos en la decisión de incorporar a las mujeres en la competencia política, (b) las leyes de cuotas favorecen—aunque no automáticamente—la inclusión de la mujer en el sistema político, (c) estas normas funcionan de mejor manera en sistemas electorales de tipo proporcionales, y (d) la creciente incorporación de la mujer en el sistema político podría permitir la supresión de tal normativa en el largo plazo.

En Chile se ha producido una progresiva incorporación de la mujer al Congreso. Mientras en 1990 sólo el 5,8% de las presentantes de la cámara baja eran mujeres, a partir de marzo de 2006 la cifra se incrementará a 15,8%. En el senado su incorporación ha sido muchísimo más lenta. A partir de marzo sólo 2 de 38 senadores serán mujeres. Más de algún observador indicará que el aumento en la Cámara demuestra que sin leyes de cuota es posible aumentar la participación de la mujer. Sin embargo, cabe hacer notar que los partidos que históricamente han incorporado más a mujeres como candidatas (PPD y PS)  tienen normas voluntarias de cuota en sus estatutos. En la misma línea, las militantes del PDC han presionado por una mayor incorporación de candidatas en sus listas.

La iniciativa de ley de cuotas se ajusta a la tendencia moderna de corregir desigualdades históricas de género. Debiera concebirse como una medida correctiva, aplicable a nivel de partidos y para todos los cargos de representación popular. El 40% es un umbral más que razonable y, de acuerdo a las cifras, el Partido Radical sería el único que tendría serios problemas para cumplirlo por su nula incorporación de mujeres a competencias electorales. Bienvenidos a los debates de la modernidad.