Democracia y plebiscitos

Por, Claudio Fuentes S. publicada por el diario La Tercera, el lunes 4 de septiembre de 2006.

En este mismo espacio (La Tercera 28 de agosto), el historiador Alejandro San Francisco planteó la inconveniencia de los plebiscitos en un sistema democrático. Su argumentación central se basa en el peligro que conlleva el saltarse las instituciones democráticas y la incoherencia que podría generarse al proponer plebiscitos sólo para algunos temas. El plebiscito podría, según el historiador, conducirnos a un riesgo populista.

Más allá del debate generado por los dichos de la Presidenta a raíz de la reforma al sistema binominal, convendría tener en cuenta tres elementos. Primero, los pasos tendientes a abrir espacios de diálogo, consulta y deliberación ciudadana son positivos en un sistema democrático. La gran interrogante se refiere a las condiciones institucionales bajo las cuales aquello sería posible y recomendable. El temor a que la ciudadanía decida asuntos de interés público tiene mucho que ver con la aprensión de las elites a perder poder; y es quizás esto lo que observamos en el actual debate sobre la reforma política.

En segundo lugar, la institución del plebiscito debiera entenderse como una herramienta inserta en un conjunto de espacios de deliberación ciudadana. Tal instrumento requiere ser normado para evitar los riesgos que San Francisco señala. Por ejemplo, la convocatoria a plebiscitos debiera residir en la ciudadanía -a partir de un número mínimo de firmas- y no en el poder Ejecutivo. Asimismo, las consultas ciudadanas debieran estar normadas, evitando que sean utilizadas políticamente.

El caso de la reciente “consulta” ciudadana en la comuna de Las Condes es un claro ejemplo de lo que no se debe hacer en un sistema democrático: un alcalde que convoca a una consulta unilateralmente, donde participa la exigua cantidad de 2 mil vecinos y donde no existen normas básicas para conducir dicho proceso (debate comunal para contrastar posiciones, padrón electoral, veedor independiente del proceso, etc.). Un plebiscito debiera ser una instancia trascendente, relevante y vinculante. Sin embargo, aquello requiere de condiciones para efectuar un debate ciudadano, normas para garantizar el proceso y un mínimo quórum de participación y aprobación local o nacional.

En tercer lugar, y contrariamente a lo que San Francisco plantea, estimo que los plebiscitos debieran definir ciertas áreas de competencia, excluyendo la posibilidad de consulta popular en aquellos vinculados a la administración de recursos. Así como el Congreso no puede proponer legislación que involucre uso de recursos financieros para evitar precisamente riesgos populistas, así también los plebiscitos debieran excluir algunos temas de fácil manipulación política como el gasto en defensa, impuestos y asignación de recursos financieros.

Los principales desafíos democráticos en nuestro país se relacionan con la forma en que se institucionalizan mecanismos de participación ciudadana de carácter vinculante, se potencia el rol del Congreso como un espacio de representación a partir de la reforma al sistema electoral y se generan incentivos para incluir sectores de la sociedad excluidos del sistema tales como: minorías étnicas, personas con discapacidades, jóvenes y mujeres. Por lo tanto, una agenda democrática debiera considerar al plebiscito como un instrumento más de decisión ciudadana. Lo crucial es regular las condiciones bajo el cual funcionará.