Democracia Sin Ciudadanos
Claudio Fuentes, La Nación 16 de junio, 2004
El actual sistema de inscripción voluntaria y voto obligatorio -pero con sanciones débiles- está generando una democracia sin ciudadanos. Desde 1990, se ha incrementado abruptamente el número de no inscritos, que supera los 2,4 millones. Hay otro millón de personas que simplemente se abstiene de votar. Esto significa que 65% de la población en edad de votar lo está haciendo.
¿Cómo resolver este problema? La experiencia comparada muestra que la participación electoral es superior a 90% en países donde la inscripción y el voto es obligatorio y hay sanciones efectivas para los infractores. Si el objetivo es garantizar que todos los ciudadanos participen del proceso electoral, esta fórmula sería la solución “ideal”.
Esto es políticamente inviable en Chile. Un gran sector de diputados y senadores es partidario del voto voluntario. Aunque algunos defienden el voto obligatorio, nadie se atreve a plantear la aplicación de sanciones efectivas. Además, para los municipios el costo de la cobranza sería superior a los dineros recaudados por las multas.
Lo anterior nos deja con tres alternativas. La primera es simplemente establecer la inscripción automática para todos los mayores de 18 años de edad. Esto es tecnológicamente complejo, pero posible de efectuar. Políticamente esta opción también es inviable, porque RN condicionó su apoyo al registro automático sólo si se aprueba el voto voluntario. La UDI tampoco parece dispuesta a incorporar 2,4 millones de personas al sistema.
La segunda opción es la que planteó el Presidente Lagos: registro automático y voto voluntario. RN, el PPD, algunos diputados del PDC y el PS apoyan esta alternativa. Pero pareciera no existir el quórum necesario para aprobar una reforma constitucional que elimine la obligatoriedad del voto.
Esto nos deja con la opción planteada por el ministro Insulza que, al ver la dificultad política de aprobar esta reforma, propondrá el registro automático y eliminar las sanciones para quienes no votan. La crítica apunta a su “incoherencia jurídica” por la obligatoriedad sin sanción en caso de falta. No obstante, el sistema vigente también presenta una seria incongruencia al existir sanciones que no se aplican. Por lo demás, cinco países de la región tienen voto obligatorio sin sanciones, incluyendo a Costa Rica, un paradigma democrático de América Latina.
Lamentablemente, el debate se ha centrado en el efecto electoral de la reforma para la Alianza o la Concertación. En cambio, el Congreso debiera centrarse en discutir algunos dilemas: primero, ¿tenemos un sistema de inscripción que inhibe el ejercicio de la ciudadanía? Un somero análisis estadístico demuestra que sí.
Segundo, ¿es el voto un deber o un derecho ciudadano? Mientras la tradición latinoamericana ve el voto como un deber, gran parte de Europa lo considera como un derecho. Por ser un tema normativo, es necesario debatir el impacto jurídico y práctico de ambas posturas.
Tercero, ¿cómo mejorar la participación electoral? Es ilusorio pensar que el registro automático y el tipo de voto la garantizarán. La concurrencia a las urnas depende del tipo de registro y de la percepción que la población tiene acerca del peso efectivo de su voto, es decir, el voto como medio real de cambio.
Junto con la reforma al registro automático, se necesitan otras para incentivar la participación ciudadana. Por ejemplo, permitir que los chilenos en el extranjero puedan votar, plebiscitos ciudadanos vinculantes, la iniciativa de ley por recolección de firmas, programas de educación cívica desde la enseñanza básica, facilidades para que los discapacitados puedan votar y promover elecciones concurrentes o simultáneas.
Estamos en el peor de los mundos: inscripción voluntaria y voto obligatorio con sanciones débiles. ¿En qué mundo le gustaría vivir?