Por tercera vez en ocho años, Ecuador vivió el colapso de su sistema político y la salida de un presidente antes de cumplir su mandato constitucional. Esta vez, no fueron disciplinados militares los que en nombre de la estabilidad se abogaron para sí el poder político, más bien, se trató de un fenómeno social antisistema que de forma preocupante se viene repitiendo en varios países de la región.

Lo sucedido en Ecuador el día miércoles no sólo nos recuerda que Argentina, Bolivia, Venezuela y Perú han experimentado situaciones similares durante los últimos años. Nos habla más bien, que en nuestras democracias los ciudadanos están cada vez más dispuestos a exigir de sus políticos un comportamiento de acuerdo con lo que Weber llamó ética de la responsabilidad.

El origen del conflicto es claro. Gutiérrez, en diciembre pasado, tomó el control de la Corte Suprema en un intento por evitar el juzgamiento de dos ex presidentes acusados de corrupción, cuestión que permitió a Bucaram regresar al país el 2 de abril de su exilio en Panamá. Desde ese momento, las protestas se fueron sucediendo cada vez con mayor fuerza, y la reacción del pueblo demostró que el abuso de poder institucional no es algo que estén dispuestos a tolerar más. A los ecuatorianos no les bastará ver a Lucio Gutiérrez fuera del palacio de gobierno, querrán, sobre todo, que se haga justicia con una ya larga lista de ex presidentes sacados de forma anticipada de su cargo por ir más allá de sus atribuciones constitucionales.

El grave problema que enfrenta Ecuador ahora es que el movimiento antisistema no ofrece una alternativa de gobernabilidad y el cansancio de la gente con los partidos políticos de élite que gobiernan de espaldas a la población es algo que permea a muchas naciones del continente.

Positivamente las Fuerzas Armadas y de orden público han actuado de forma diferente a la que nos tenían acostumbrados en la década de los 70. Los niveles de tensión social han sido altísimos y, sin embargo, no hay el número de heridos y muertos que se podría esperar en una situación como esta. El director de la Policía ecuatoriana renunció un día antes de la caída de Gutiérrez, porque no estaba dispuesto a asumir el costo político de reprimir a la gente en las calles. El jefe de las Fuerzas Armadas hizo lo mismo, argumentando que no dispararía contra el pueblo.

¿Qué debemos aprender de lo sucedido en Ecuador? Básicamente que se trata de crisis de gobernabilidad desatadas por la frustración ciudadana frente a la existencia de muy pocos “ganadores” y demasiados “perdedores” del sistema. La ciudadanía percibe que los políticos gobiernan en beneficio propio y que las medidas redistributivas no existen. La esperanza que los ecuatorianos colocaron en Lucio Gutiérrez se vinculaba precisamente a ese punto. La frustración se desencadenó cuando se observó que el presidente no llevaba a cabo su programa y promovía el beneficio de los intereses de la minoría por sobre los de la mayoría. Si a esto le sumamos la falta de representación de las etnias, la pobreza extrema, condiciones de vida paupérrimas para vastos sectores de la población y una profunda inequidad social, nos daremos cuenta de que son problemas comunes a toda la región y que nuestros sistemas políticos se deben solucionar con urgencia si no quieren correr destinos similares.

Por lo pronto, la caída de Gutiérrez plantea un serio dilema a la comunidad internacional. Instituciones regionales como la OEA deben asumir la responsabilidad de actuar anticipadamente en la prevención de este tipo de crisis. El tema de la gobernabilidad ha sido ampliamente expuesto por José M. Insulza en su candidatura a la Organización, y más allá de quien resulte ganador, lo sucedido en Ecuador demuestra que el tema debiera convertirse en el eje de la discusión en torno a la elección de mayo y en una preocupación fundamental durante el ejercicio de la Secretaría General. La gran pregunta será si la OEA continuará asumiendo un rol pasivo-declarativo cuando estas crisis la golpean en la cara o, más bien, invertiremos en mecanismos de resolución de conflictos proactivos que tengan por objetivo prevenir crisis institucionales.

¿Se trata entonces del fin de la democracia en América Latina? Ciertamente no. Lo sucedido en Ecuador demuestra que la población está dispuesta a exigir en las calles que los políticos que ellos mismos pusieron en el poder respeten incondicionalmente las reglas del juego y los derechos ciudadanos, cuestión que sólo una buena democracia está en condiciones de garantizar.

* Claudio Fuentes: Director de Flacso-Chile. David Álvarez, Investigador de Flacso-Chile y Editor de Revista Fuerzas Armadas y Sociedad (www.fasoc.cl)