La democracia chilena en la UTI

Por Claudio Fuentes

La Tercera, 16 de diciembre, 2004

Nuestra democracia padece de una seria enfermedad y es muy poco probable que la elite política que nos gobierna se decida a evitar esta crisis. Hace pocos días, un grupo de diputados decidió no apoyar la iniciativa de hacer automática la inscripción en los registros electorales, condenando a nuestro sistema político a representar cada vez menos los intereses de la sociedad.

Los dos grandes bloques con representación en el Congreso gobiernan para menos del 60 por ciento del país. ¿Por qué sucede ello? De los 10,6 millones de personas en edad de votar, un 23 por ciento no está inscrito, un 10 por ciento se abstiene de votar y cerca de un 10 por ciento apoya a la izquierda extraparlamentaria. Dado que el sistema de inscripción electoral es engorroso, de mantenerse esta situación es probable que en dos elecciones más las coaliciones de la Concertación y la Alianza representen menos del 50 por ciento de la población adulta de Chile.

El tema va mucho más allá de una discusión sobre el tipo de inscripción electoral que debiera tener el país. Nuestra sociedad no escapa a la tendencia generalizada de la región de una actitud ciudadana de desprecio hacia los partidos políticos y desconfianza hacia las instituciones democráticas. Se trata de un quiebre fundamental entre la sociedad y las instituciones políticas. En muchos países esto se ha traducido en inestabilidad política, debilitamiento de las instituciones democráticas y la emergencia de líderes populistas o personalistas.

No es casualidad que los países más estables de la región -Uruguay, Chile y Costa Rica- presenten una larga tradición de partidos políticos fuertes e instituciones estatales que permiten darle continuidad al sistema político. El éxito de Chile no sólo depende de la disciplina estatal, la capacidad empresarial y el modelo de exportación, sino que también de la capacidad de los partidos políticos de traducir las demandas sociales en opciones de política pública.

Sin embargo, en el caso chileno aquella característica parece estar transformándose al evidenciarse una profunda brecha entre la sociedad y la clase política. Desde el restablecimiento de la democracia ha aumentado fuertemente la desconfianza hacia las instituciones y se ha reducido la participación electoral. Como la estabilidad del sistema político depende de su capacidad para expresar los intereses del conjunto de la sociedad, el gran desafío de Chile es generar las condiciones para que ello suceda.

Es evidente que el sistema de inscripción electoral voluntario tiene una gran cuota de responsabilidad en este distanciamiento entre la ciudadanía y las instituciones, por cuanto los candidatos incorporan en sus agendas políticas sólo las preocupaciones de aquellos que están inscritos. Hoy, los intereses y aspiraciones de más de un 80 por ciento de los jóvenes menores de 29 años de edad que no están inscritos en los registros no se expresan políticamente.

Ante la negativa de la oposición de incorporar 2,6 millones de potenciales electores al sistema, el gobierno debiera impulsar una serie de iniciativas para, al menos, generar las condiciones para que en el año 2005 más chilenos y chilenas puedan votar. Primero, se debiera aprobar una reforma para facilitar la inscripción electoral, ya sea mediante el uso de tecnologías (inscripción electoral en línea) o mediante la ampliación de las horas de atención al público. Segundo, se debiera aprobar una reforma para permitir la inscripción electoral hasta 30 días antes de la elección. Finalmente, se debiera aprobar una reforma que diese facilidades para que los discapacitados del país puedan ejercer su derecho a sufragio. Bajo el actual sistema se está violando flagrantemente el derecho constitucional de las personas con discapacidades físicas para ejercer su derecho a voto. En los hechos, la discriminación en Chile está instalada desde el simple acto de votar.