Agenda pro transparencia

Claudio Fuentes

La Tercera, el miércoles 8 de noviembre de 2006

A propósito del escándalo de Chiledeportes, ha resurgido la idea de avanzar en un nuevo paquete de reformas pro-transparencia. Si bien aquellas medidas son cruciales para nuestra sociedad, el énfasis parece estar puesto en lo estrictamente referido al gasto electoral y en los mecanismos para sancionar potenciales abusos. Se requiere plantear una agenda más amplia sobre el sistema político que incluya pero no se limite al tema del gasto electoral.

Primero, resulta fundamental reconocer que los partidos políticos sí juegan un rol importante en la sociedad y que, por lo tanto, se necesita plantear una agenda innovadora en el fortalecimiento de los mismos, regulando procesos electorales internos y, al mismo tiempo, perfeccionando la normativa de financiamiento permanente y en época electoral. Hoy, sólo está regulado el período de campañas electorales y tal como se ha planteado en este mismo espacio de una forma muy deficiente (La Tercera, 3/11/06).

Segundo, se necesita abordar con mayor detenimiento el conjunto de ámbitos donde la relación entre dinero y política están en juego. Ello implica enfrentar desde el tema del lobby hasta el conflicto de intereses. Asimismo, se requeriría establecer una norma para evitar que personas que ocupan puestos de confianza puedan, inmediatamente después de su salida, ocupar cargos vinculados a los intereses directamente involucrados en sus funciones.

En cuanto a la ley de financiamiento electoral, las deficiencias son evidentes: el Servicio Electoral no tiene una función fiscalizadora y la transparencia todavía es baja. No obstante, hasta el momento las propuestas se centran principalmente en incrementar los mecanismos de control y/o aumentar las penas para los infractores. Debiera pensarse en una gama de mecanismos e incentivos para promover campañas electorales limpias y transparentes.

En cuanto al establecimiento de mecanismos de control, el Servicio Electoral debiese estar habilitado para realizar auditorías aleatorias a fin de controlar la rendición de cuentas por parte de los candidatos y partidos políticos. Dichas auditorías debiesen ser operacionalizadas por entes independientes y después de un concurso público para garantizar tal independencia. De la misma forma, debiera existir un sistema informático actualizado y al día que permitiese a la ciudadanía enterarse del nivel de financiamiento de una campaña (o de un partido), así como en relación al origen de los aportes. Asimismo, es crucial eliminar las donaciones “anónimas” a las campañas electorales y que se prestan para potenciales abusos.

Pero, adicionalmente, se deben crear incentivos positivos para aquellas candidaturas que cumplen con mayores niveles de transparencia ¿Por qué no el Estado premia a las candidaturas que son 100% transparentes otorgándoles mayores subsidios que al resto? ¿Por qué no el Estado premia a aquellos partidos que contratan auditorías externas para examinar el funcionamiento de sus finanzas?

La preocupación central debiese entonces centrarse en generar un marco normativo para regular la relación entre dinero y política pero, al mismo tiempo, fortalecer el sistema de partidos políticos. Es tiempo de sentarse a conversar una agenda amplia de reforma al sistema político.