Las empresas no votan

Claudio Fuentes.

La Tercera, el miércoles 6 de diciembre de 2006

De implementarse las propuestas del grupo de trabajo anticorrupción establecido por la Presidenta Bachelet se daría un paso relevante en el financiamiento de la política. Tales recomendaciones requerirán convertirse en ley durante el próximo año, de modo de enfrentar las elecciones municipales de 2008 con un renovado marco legal.

Las principales recomendaciones de este equipo son la creación de un ente fiscalizador autónomo capaz de controlar los gastos electorales, aumento de sanciones y mejoramiento de la tipificación de las mismas, restricciones en la actividad del gobierno de turno en época electoral, regulación del financiamiento de primarias y restricción de las donaciones anónimas para incrementar la transparencia.

Uno de los puntos más polémicos –no incluido en la propuesta original del grupo- se refiere a los dichos de la Presidenta en cuanto a que “las empresas no votan”. Se trata de una pregunta sustantiva que, de hecho, fue explicitado ya en el programa de gobierno: ¿es correcto que “personas jurídicas” realicen donaciones a candidaturas? La actual legislación permite que tanto individuos como personas jurídicas (empresas con fines de lucro) puedan realizar contribuciones a campañas políticas. Se prohíben las donaciones de empresas extranjeras, personas jurídicas sin fines de lucro (como sindicatos y ONG) y se aplican restricciones a empresas que participan en licitaciones o tienen contratos con el Estado.

Existen importantes fundamentos para querer restringir la participación de las empresas en las campañas políticas. Normativamente, como un fin trascendente y legítimo de las empresas es el lucro, resultaría ingenuo pensar que una donación a una candidatura no tenga un interés asociado. En esta misma línea argumental, mientras las personas naturales se guían por preferencias, las personas jurídicas se guían por intereses específicos.

Pero, además, la actual legislación tiende a incentivar donaciones de empresas más que de individuos, contradiciendo la tendencia restrictiva hacia este tipo de aportes en el mundo desarrollado. Por ejemplo, se permite que las personas jurídicas con fines de lucro realicen donaciones, pero se prohíbe que otro tipo de personas jurídicas lo haga. Se permite que las empresas descuenten impuestos por realizar donaciones, pero no se otorga dicho beneficio a personas naturales.

Existen vías complementarias para resolver este dilema. Una opción es aumentar la transparencia del sistema, tal como sucede en Estados Unidos, permitiendo que la ciudadanía vote informadamente sobre los aportes a las candidaturas. Una segunda alternativa es eliminar completamente las donaciones anónimas y ampliar el sistema de donaciones “reservadas” de las empresas, en la que un tercer actor -el Servicio Electoral- es el único que puede identificar el origen de la donación, fortaleciendo un sistema ciego de donaciones. Una tercera opción es prohibir el aporte de personas jurídicas dejando que sean las personas naturales las que expresen sus preferencias.

La Presidenta está en lo correcto: las empresas no pueden manifestar preferencias, aunque sí lo pueden hacer las personas que dirigen empresas. Es hora de regular (también) este ámbito del financiamiento de la política.