Transparencia en el gasto electoral
Claudio Fuentes
La Tercera, el jueves 1 de febrero de 2007.
Se está discutiendo en el Congreso una reforma a
la ley de financiamiento electoral que, en gran parte, surgió de las
recomendaciones de una comisión de expertos convocada por la Presidenta. Las
reformas apuntan a la dirección correcta dado que resuelven importantes vacíos
de la normativa actual.
El tema, aunque técnico, es esencial para el fortalecimiento de la democracia,
por lo que merece un debate amplio y fundamentado. Sabemos que tres principios
están en tensión: la libertad de expresión de la ciudadanía de realizar
donaciones, la igualdad de oportunidades que es necesaria para competir y la
autonomía de los representantes para tomar decisiones una vez que son electos
sin ser objeto de presiones de intereses económicos.
Conviene advertir que hasta tres años atrás, vivíamos en una verdadera ley de la
selva donde no existía una regulación. La primera ley de la historia republicana
fue un salto cualitativo aunque contenía importantes falencias que han sido
parcialmente subsanadas en las sucesivas reformas de 2004 y 2005 y, seguramente,
lo será nuevamente este año.
El acento de esta tercera ola de reformas se coloca en cuatro asuntos: se
propone suprimir las donaciones de personas jurídicas (o empresas con fines de
lucro), establecer sanciones efectivas, generar un mecanismo de fiscalización y
avanzar en un mecanismo de financiamiento de primarias.
Es muy probable que las propuestas del Ejecutivo serán aprobadas en el Congreso
sin mayores dificultades, por el alto consenso que generan medidas como las
señaladas. Sin embargo, el Congreso podría avanzar todavía más. Colocaré tres
ejemplos fáciles de aprobar y esenciales en términos de transparencia -una
palabra que está de moda pero que es necesario darle contenido-.
Primero, si se aprobaran los proyectos de ley en discusión, en el 2009 los
electores todavía no podrán emitir un voto informado dado que el actual esquema
permite que la ciudadanía se informe de los aportes sólo seis u ocho meses
después de ocurrido el acto eleccionario. Lo que necesitamos es un sistema
-técnicamente fácil de implementar- paraa que las donaciones se hagan públicas
antes de la elección, tal como sucede en las democracias avanzadas.
Si el objetivo es transparentar, entonces un elector al momento de votar tiene
el legítimo derecho a saber quién financió las candidaturas en competencia.
Sería importante avanzar en un sistema de financiamiento electoral ex ante,
donde exista un período acotado y previo a la elección para recolectar aportes,
los cuales se hacen públicos al menos un mes antes de la elección.
Segundo, necesitamos un sistema de acceso a la información sobre los aportes
públicos y privados que permita agregar y desagregar datos sin dificultad. El
sistema actual, aunque disponible en línea, es engorroso y poco amistoso. El
proyecto de ley debiera garantizar no sólo el acceso a la información en forma
oportuna, sino que en un formato de fácil uso.
Tercero, no se requiere discutir el “financiamiento electoral” en particular,
sino el financiamiento de la política en general. Ello considera cuestiones
relativas a, por ejemplo, la financiación de partidos en época no electoral,
incentivos financieros para estimular la participación de mujeres en los
partidos y en las campañas, y el estímulo a la profesionalización de la
política. Se trata de una gran oportunidad para avanzar en forma integral en una
agenda pro-transparencia. El Congreso tiene la palabra.