Claudia Heiss, Nueva York

Stacie Jonas, a cargo de la campaña Juicio a Pinochet del Institute for Policy Studies (IPS) donde trabajaban Orlando Letelier y Ronnie Moffit, interpreta las repercusiones que a su juicio tendrán los documentos desclasificados para la investigación sobre el atentado explosivo de 1976.

Como sabíamos, quedaron en reserva los documentos con información relativa a la investigación que está activa. Pero también se desclasificaron cosas relevantes, dijo. Parte de ese material es información sobre el viaje de Michael Townley y Armando Fernández Larios a Paraguay en 1976, datos que según su versión podrían derivar en el procesamiento de Augusto Pinochet.

Townley y Fernández Larios fueron a Paraguay con identidades falsas, aparentemente con el fin de viajar desde allí a Estados Unidos. Hay versiones distintas para justificar ese viaje: se ha dicho que era para reunirse con el director de la CIA, Vernon Walters. Cuando surgieron problemas con los papeles, el mismo Pinochet llamó a Stroessner para pedirle ayuda para estos supuestos oficiales de ejército que debían ir a Estados Unidos a hacer una investigación, dijo Stacie Jonas. Entre los documentos desclasificados el lunes, hay dos, según señaló, que mencionan esa llamada de Pinochet a Stroessner para pedirle que considerase el problema de los pasaportes.

Según Stacie Jonas, que opina que el propósito del viaje era atentar contra la vida de Orlando Letelier, esta información vincula a Pinochet con el asesinato. Las fotos de esos mismos pasaportes, con los que los agentes tuvieron que regresar a Chile, se usaron para procesarlos en este caso, indicó.

La versión de la dirigente de la campaña Juicio a Pinochet dice que además de esa conversación entre Pinochet y Stroessner, los documentos proporcionan evidencia de los esfuerzos por encubrir el crimen después de la explosión. Un documento del Departamento de Estado fechado el 15 de enero de 1987 menciona una entrevista de personal del servicio exterior con Fernández Larios e información de primera mano de que existió un encubrimiento oficial después del asesinato. Pinochet aparece directamente vinculado en el encubrimiento. Ese es en sí mismo un delito por el que podría ser procesado, dijo.

Por último, hay otros documentos que describen las amenazas de Manuel Contreras al gobierno de Estados Unidos y al general Pinochet si se le culpaba del crimen. Contreras reconoció su responsabilidad pero aseguró que actuó por órdenes del general Pinochet. El ex Director de Inteligencia del Ejército y encargado del sumario sobre la falsificación de pasaportes, general Héctor Orozco, acató, según estas versiones de la campaña contra Pinochet, las órdenes de encubrir el crimen.

Stacie Jonas opinó que los documentos prueban que la investigación del departamento de Justicia norteamericano va, según ellos, por buen camino.

Afirmó que el abogado del caso Letelier Samuel Buffone y el investigador privado Scott Armstrong han convocado a un Gran Jurado y están considerando la posibilidad de procesar a Pinochet, tal vez antes de que asuma el nuevo gobierno de Estados Unidos. La institución del Gran Jurado estadounidense consiste en un grupo de civiles, elegidos al azar, que debe determinar si hay mérito suficiente para presentar una acusación judicial.

-¿Hay un intento de acelerar el caso por si una eventual administración republicana fuera menos favorable?

-No sabemos cuál sería la postura de George W. Bush en el caso Letelier, pero las personas que llevan el asunto no van a cambiar con la nueva administración. No sería presentable ante la opinión pública un intento por detener la investigación, afirmó.

Según Stacie Jonas, no hay posibilidad de que un procesamiento culmine con la extradición de Pinochet, por lo que los costos no serían demasiado altos para cualquier administración norteamericana.