El Diario Financiero - Desde
la academia
Fecha : 22/12/2006
Claudia Heiss, Ciencia Política, New School for Social Research
Palabras que hieren
La libertad de expresión es un rasgo fundamental de la democracia liberal. Por lo mismo, las controversias en torno a su defensa son un tema permanente de debate en países donde rige ese sistema político. ¿Hasta qué punto es permisible o incluso necesario tolerar discursos de odio, como los de grupos racistas, el ideario intolerante del Nazismo o la defensa del exterminio de un sector de la población? ¿Es tarea de una democracia liberal permitir o prohibir ese tipo de expresiones? La respuesta no es simple, y depende de mucho más que los acuerdos legales existentes en un país.
El nuevo libro de Ian Cram -profesor de derecho de la Universidad brittánica de Leeds- "Contested Words: Legal Restrictions on Freedom of Speech in Liberal Democracies" (Ashgate, 2006) explora la libertad de expresión desde una perspectiva comparada que contrasta los casos de Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Australia en busca de los valores y principios filosóficos que sustentan diversas respuestas institucionales a estos problemas. El autor identifica, en estas tradiciones y culturas políticas diversas, la existencia de una respuesta más comunitarista y otra más liberal a las controversias en torno a la libertad de expresión, así como un resurgimiento en las últimas décadas de mecanismos deliberativos para la toma de decisiones.
Para el autor, los tribunales de justicia son la clave para resguardar este principio fundamental del sistema democrático y promover una genuina participación ciudadana en los asuntos públicos. La justicia es la llamada a resguardar el derecho a la libre expresión, en especial en materias políticas donde el ejecutivo y el legislativo pueden tener intereses creados. La "expresión política", tema central del libro, se refiere a la capacidad de los partidos para autopromoverse y de los ciudadanos para votar libremente. Su defensa pasa por asegurar la transparencia en el financiamiento electoral y la plena información pública sobre las campañas políticas.
En estos y otros aspectos, como la expresión comercial y la pornografía, Cram defiende el papel de la justicia como árbitro. Es partidario de las restricciones legales a la libre expresión en casos como el discurso de odio o la pornografía, y asegura que la libre expresión comercial (por ejemplo, la publicidad del tabaco) no requiere la misma protección que la libre expresión de ideas políticas. No se detiene, sin embargo, en el problema de que la justicia vaya en contra del consenso nacional, como ocurre en EE.UU. con la eliminación del derecho a voto para los criminales, un principio rechazado por la mayoría.