El Diario Financiero - Desde la academia
Fecha : 14/10/2005
Claudia Heiss, Ciencia Política, New School University

Inmoralidad del orden mundial

Los ciudadanos de los países ricos y las élites de los países pobres no se sienten, en general, responsables por la miseria de los demás. El filósofo de la Universidad de Columbia Thomas Pogge cree que deberían.

Defensor de un igualitarismo liberal cosmopolita, este alumno de John Rawls se separó de las enseñanzas de su maestro de Harvard para decir que las fronteras son arbitrarias y que así como no existe justificación moral para la abismante desigualdad económica al interior de un país, tampoco es aceptable la miseria que genera el actual orden internacional.

En su libro "World Poverty and Human Rights: Cosmopolitan Responsibilities and Reforms (Polity Press, 2002), Pogge argumenta que si bien no podemos heredar responsabilidad por los pecados de nuestros antecesores -los crímenes de las potencias coloniales, por ejemplo- tampoco podemos sentirnos con derecho a los frutos de esos pecados.

Con abundante evidencia empírica respecto de la creciente desigualdad en el mundo, el autor desarrolla un argumento de teoría moral para pulverizar las justificaciones con que tranquilizamos nuestra conciencia quienes hemos sido beneficiados por la lotería natural.

Ataca, en particular, la idea de que los países pobres deben su postergación a su propia incompetencia, corrupción y precaria cultura política. En un argumento reminiscente de la vieja Teoría de la Dependencia Cepaliana, Pogge combina elementos filosóficos, económicos y políticos para enfatizar que en el mundo de hoy, la riqueza de unos es la miseria de otros.

Su conclusión es que no basta con proveer acceso legal a los derechos humanos: hay que garantizar que ellos se cumplan al menos en un nivel básico. Para eso, es necesario poner fin a una organización económica mundial que causa la muerte de un tercio de la humanidad por problemas relacionadas con la pobreza.

Pogge rechaza que los 995 millones de ciudadanos de países ricos tengan derecho al 81% del producto global que hoy poseen, mientras un número tres veces superior de personas debe conformarse con vivir en la extrema pobreza. La solución pasa por reformas institucionales que pongan fin al inconsecuente y asimétrico proteccionismo del que gozan las grandes potencias. Para eso, es necesario reformar un orden institucional diseñado por los más aventajados e impuesto a los menos aventajados.

Es deber de los gobiernos de los países ricos, y de los grupos que se benefician de este orden en los países pobres, poner fin a esta situación. Según este autor, bastaría una redistribución de un modesto 1% del producto mundial para poner fin a la aberrante violación de derechos humanos que inflinge el esquema económico actual sobre la mayor parte del planeta.