El Diario Financiero - Desde la academia
Fecha : 22/7/2005
Claudia Heiss, Political Science Department, New School University

La Poderosa Suprema

El Presidente Bush acaba de presentar al juez John Roberts como su candidato para reemplazar a la renunciada Sandra Day O’Connor en la Corte Suprema de EE.UU. La designación se produce en medio de una reavivada controversia sobre el papel que debe tener el máximo tribunal en el sistema de equilibrio de poderes norteamericano.

La poderosa Corte Suprema de EE.UU. debe su injerencia política en gran parte a la facultad de ejercer el control de constitucionalidad de leyes y actos del Congreso y el Ejecutivo por medio de sus fallos. En lugar de dirigirse a un Tribunal Constitucional, los norteamericanos reclaman a la Suprema cuando consideran que alguna norma atenta contra los derechos que les garantiza la constitución.

Muchas veces en contra de posiciones más conservadoras de los estados, y a pesar de que sus jueces suelen ser personas muy tradicionales, la Suprema ha tendido a beneficiar más la agenda progresista que la conservadora. Casos emblemáticos sobre derechos de las personas –como Brown v. Board of Education, sobre segregación racial—vinieron de la mano de cambios profundos en el sistema político.

Pero ¿es razonable que nueve jueces no electos por la gente determinen temas tan importantes? El profesor de derecho constitucional de Georgetown, Mark Tushnet, cree que no y sugiere “quitarle la Constitución a la Suprema”. El sistema, dice, es antidemocrático, por lo que propone abolir el control judicial de constitucionalidad.

A su provocadora propuesta ha respondido con vehemencia el constitucionalista de Harvard Laurence H. Tribe, señalando que el control judicial no sólo es un contrapeso al Congreso, sino también a acciones ilegales del Presidente. Además, señala que el estado de derecho exige protecciones contra quienes ostentan el poder. Jueces no sujetos a las presiones de la política son indispensables para proteger los derechos fundamentales.

En un punto intermedio, el profesor de Columbia Jeremy Waldron propone un control judicial “suave” de constitucionalidad, como existe en Inglaterra o Nueva Zelandia. El problema, contesta Tushnet, es que ese mecanismo no es estable: la Corte tiende a pasar del control suave a uno más drástico, como está ocurriendo en Canadá.

Lo interesante de esta discusión es que es transversal a conservadores y progresistas. En ambos bandos hay quienes defienden y quienes atacan la facultad de la Suprema para interpretar la Constitución. Pero si hay un punto en que casi todos están de acuerdo, es en la necesidad de involucrar más a la ciudadanía en los debates constitucionales. Por más que se trate de derechos fundamentales, la interpretación de la constitución es un asunto político, y la legitimidad del control de constitucionalidad depende de que represente los acuerdos sociales básicos de la comunidad.