El Diario Financiero - Desde la academia
Fecha : 15/7/2005
Claudia Heiss, Political Science Department, New School University

Los límites de la libertad de expresión

La libertad de expresión es un principio fundamental de las democracias liberales contemporáneas. Cuando alguien, en un sistema democrático, pretende restringir la libre expresión de ideas o preferencias, tiene que dar explicaciones. Y las justificaciones que generalmente estas sociedades estás dispuestas a aceptar son de dos tipos: el derecho de las personas a no ser objeto de acusaciones injustas que afecten su honra, y el deber del estado de proteger la seguridad colectiva.

La Primera Enmienda a la Constitución de EE.UU. se propuso en 1791 proteger la libertad religiosa y de prensa, pero fue sólo entrado el siglo XX, cuando los jueces comenzaron a interpretar esa norma de manera amplia, que los norteamericanos pudieron realmente gozar de esos derechos. Un caso emblemático en este vuelco jurídico fue el que confrontó al Presidente Nixon con el diario The New York Times por la publicación de los llamados “Documentos del Pentágono” sobre Viet Nam, en 1971.

Rompiendo precedentes, la justicia determinó que los documentos –más históricos que estratégicos— no amenazaban la seguridad nacional, y que el diario estaba en su derecho de darlos a conocer. El abogado que representó al periódico, Floyd Abrams, inició con ese caso una destacada carrera como defensor de la Primera Enmienda.

En su reciente libro “Speaking Freely: Trials of the First Amendment” (Viking, 2005), Abrams ofrece una visión desde dentro a más de treinta años de litigios sobre libertad de expresión. El abogado intentó que la reforma al financiamiento de campañas políticas que limita ciertos tipos de donaciones –el Acta McCain-Feingold del 2002– fuera declarada inconstitucional, alegando que el dinero es una forma de expresar preferencias políticas. Pero la justicia determinó que esa era una interpretación excesiva de la primera enmienda, y que el dinero puede corromper en lugar de amplificar la expresión de preferencias políticas.

Su defensa a ultranza de la libre información se refleja en el caso de las filtraciones a la prensa de la identidad de la agente de la CIA Valerie Plame, consideradas una venganza política del gobierno de Bush por denuncias de su marido, un ex embajador, sobre la guerra en Irak. Aunque publicar la identidad de un agente encubierto es un delito grave, y a pesar de las sospechas de una motivación política, Abrams sostiene que el público tiene derecho a saber que Plame era de la CIA.

En mi opinión, estas interpretaciones son excesivas. El caso de Valerie Plame recuerda la necesidad de regular este tema de manera que no permita manipulaciones de la información. En Chile estamos a años luz de este debate. Primero hay que tener libertad de prensa; luego podremos hablar de cuándo corresponde legítimamente restringirla.