El Diario Financiero - Desde la academia
Fecha : 07/01/2005
Claudia Heiss, Political Science Department, New School University

Los recientes tsunamis del Océano Indico han puesto en la tribuna al juez estadounidense Richard A. Posner y su reciente libro “Catastrophe: Risk and Response” (Oxford University Press, 2004). Publicado en octubre pasado, el texto advierte sobre la necesidad de aplicar análisis costo-beneficios a grandes catástrofes naturales o causadas por el hombre, como terremotos, el calentamiento de la tierra o el choque de un asteroide con el planeta.

El juez Posner argumenta que en casos donde la posibilidad es baja pero el costo es altísimo, resulta económicamente eficiente aplicar medidas de prevención y de emergencia. Tales políticas no de adoptan, dice, porque los líderes tienen escasa probabilidad de estar en el cargo cuando se produzcan las catástrofes. La gente, por otra parte, se niega a pensar que tales cosas pueden, efectivamente, ocurrir.

Conocido por sus estudios sobre la aplicación de la economía al derecho, el autor retoma en este libro la idea de cuantificar aspectos como el valor de la vida de una persona (la de un estadounidense se calcula en 7 millones de dólares) y posibles justificaciones para la suspensión de derechos constitucionales.

En Chile conocemos bien los dilemas de intentar cuantificar la vida y la dignidad humanas, por el debate acerca de las reparaciones económicas por las violaciones de los derechos humanos. A pesar del consenso en que la vida no tiene precio, y que la tortura produce un daño irreparable, el estado tuvo que diseñar criterios para la asignación de reparaciones.

Los complejos cálculos del juez Posner parecen un intento por dejar en manos de técnicos y expertos lo que en cualquier sociedad democrática no pude sino ser un debate político. El autor tiene razón al señalar que la baja probabilidad de una catástrofe no es justificación racional para ignorar el peligro de que ocurra. Pero se equivoca al pensar que la respuesta está en aumentar el papel de economistas y científicos en el diseño de las políticas públicas.

Ningún cálculo costo-beneficio puede determinar que torturar prisioneros en Bagdad está bien porque mejora en un determinado porcentaje la seguridad contra ataques terroristas, o que el peligro de un desastre atómico justifica cerrar los centros de investigación nuclear. Decisiones de ese tipo corresponden a la gente y a las instituciones políticas, y requieren de una amplia discusión pública y un debate sobre sus consecuencias éticas.