El Diario Financiero - Desde
la academia
Fecha : 23/7/2004
Claudia Heiss, Political Science Department, New School University
En 1944, cuando ya se vislumbraba la victoria de los Aliados en la II Guerra Mundial, el presidente F. D. Roosevelt propuso en su discurso anual ante el Congreso la creación de una Segunda Carta de Derechos. Es decir, agregar a los derechos políticos ya consagrados en la Constitución (como la libertad de expresión o de religión) derechos sociales y económicos.
La seguridad, dijo FDR, no sólo involucraba al aparato militar, sino también seguridad social, salud y educación. En una prolongación de las políticas del New Deal, señaló que garantizar un estándar de vida decente era necesario para salvar al mundo del miedo y la guerra. “La gente en el exterior que sufre el hambre y el desempleo es el material del que se construyen las dictaduras”, dijo.
El profesor de derecho de la Universidad de Chicago Cass R. Sunstein, analiza la propuesta y sus efectos en el recién lanzado libro “The Second Bill of Rights: FDR’s Unfinished Revolution and Why We Need It More Than Ever” (Basic Books, 2004). A pesar de haber sido abandonada, dice Sunstein, la idea permeó el desarrollo político de Estados Unidos a través de precedentes judiciales y de la opinión pública. Con todo, su efecto ha sido mayor en el extranjero que en casa, donde casi nadie ha oído hablar de ella. En cambio, la recoge la Declaración Universal de Derechos Humanos y, a través de ella, varias constituciones del mundo, incluida la actual Constitución de Irak.
Roosevelt argumentó en su discurso que los mismos que rechazan el intervencionismo del gobierno son los primeros en exigirle que defienda el derecho de propiedad. Y fustigó a quienes buscaban obtener ganancias económicas de la guerra. Nada más lejano de la postura que ha adoptado el Presidente Bush frente a la llamada guerra contra el terrorismo. Para Roosevelt, no era posible obtener seguridad sin justicia. Vivir libre del miedo estaba vinculado necesariamente con vivir libre de necesidad.
Según Sunstein, este mensaje pasó a formar parte del sentido común de la opinión pública de EE.UU. y, a partir de la década de los 60, encontró expresión judicial en varios fallos de la Corte Suprema, que dieron un estatus casi constitucional a ciertos derechos sociales y económicos. Pero esa tendencia se revirtió con Richard Nixon, en 1969, y el cambio en la composición de la Corte. El debate no sólo involucra el desarrollo del estado de bienestar en Estados Unidos, sino también el papel de la Corte Suprema en la interpretación de la Constitución.