El Diario Financiero, Desde la Academia
Fecha : 28/5/2004
Claudia Heiss, Political Science Department, New School University

La teoría de la separación de poderes señala que la función legislativa y la ejecutiva recaen en órganos claramente diferenciados del gobierno: a los Congresos les corresponde hacer las leyes y a los presidentes y sus ministros, velar por que ellas se cumplan en conformidad con los dictámenes del Poder Judicial. Sin embargo, no hay ningún poder ejecutivo del mundo que no cumpla con alguna función legislativa. Es imposible que el Congreso se pronuncie sobre todos los aspectos de la vida pública que necesitan ser regulados. Por eso, la mayor parte de los asuntos administrativos se definen a través de «reglamentos», lo que no genera mayores cuestionamientos.

Pero los ejecutivos no sólo hacen reglamentos: también emiten decretos. Un decreto es una especie de ley promulgada por el Ejecutivo. En Chile, conocimos bien el gobierno por decreto durante el régimen militar. Pero, incluso, las democracias recurren a decretos ante emergencias o graves crisis políticas.

John M. Carey y Mathew S. Shugart, cientistas políticos expertos en relaciones Presidente-Congreso, proponen una interesante aproximación al problema en su libro “Executive Decree Authority” (Cambridge University Press, 1998). En vez de centrarse en los decretos como ilegítima usurpación, por parte del Ejecutivo, de funciones que corresponden al Congreso, presentan la provocadora idea de que son los propios legisladores los que, por no hacer sus tareas como corresponde, empujan al Ejecutivo a legislar.

En consecuencia, los autores sostienen que es la incapacidad de los congresos para resolver situaciones complejas la causa del gobierno por decreto. Legislativos débiles o divididos y sistema políticos polarizados serán más proclives a dar amplias facultades al Ejecutivo para emitir decretos. Aunque el hecho de reunir ocho artículos sobre distintos países, escritos desde perspectivas algo diferentes, plantea dificultades metodológicas, es interesante desplazar el eje de análisis desde la crítica al Ejecutivo a los problemas del Legislativo. Desde el punto de vista de construir sistemas con mayor legitimidad democrática, el enfoque invita a fortalecer los congresos en lugar de culpar a los presidentes.