El Diario Financiero - Desde la Academia
Fecha : 8/4/2004
Claudia Heiss, Political Science Department, New School University

La frontera entre democracia y autoritarismo es, a veces, menos clara de lo que uno desearía. El «Acta Patriótica» aprobada casi sin debate por el Congreso de Estados Unidos 45 días después de los atentados del 11 de septiembre, es incuestionablemente legal. Sin embargo, muchos opinan que viola derechos fundamentales de las personas.

El periodista David Dadge, en su reciente libro “Casualty of War: The Bush Administration’s Assault on a Free Press” (Prometheus Books, 2004), dice que la primera baja en la guerra de Irak ha sido la libertad de prensa.

Dadge, editor del International Press Institute, detalla aquí las maniobras que ha hecho el gobierno -algunas veces al amparo de leyes como el Acta Patriótica y otras sencillamente de espaldas al público- por controlar la información. El libro denuncia las presiones para que La Voz de América, una cadena de radio que transmite en 44 idiomas y llega a 87 millones de personas en todo el mundo, mostrara una visión favorable de la guerra. Lo mismo ocurrió con la cadena árabe de televisión Al-Jazeera.

“La administración Bush ha sacrificado la libertad de prensa en nombre de la lucha contra el terrorismo”, dice. Y eso incluye hacer la vista gorda a violaciones de los derechos humanos efectuadas por países aliados de Estados Unidos, en tanto sigan cooperando.

El autor menciona otros fenómenos comunicacionales detonados por los atentados y, sobre todo, por la guerra en Irak. Por ejemplo, la fugaz creación de una “Oficina de Influencia Estratégica”, y la campaña por calificar de antipatriotas a los críticos del gobierno.

Pero la culpa no es sólo de la autoridad. Según Dadge, altos ejecutivos de los principales conglomerados de medios de comunicación comenzaron a censurar la información y a los periodistas que no parecían dar con el tono adecuado.

No es ninguna novedad que los gobiernos traten de inclinar a la opinión pública en su favor. De hecho, en eso consiste una parte importante de su trabajo. Pero según este libro, las acciones de Bush y sus asesores por manipular y reprimir a los medios de comunicación han pisado terrenos nuevos en la historia de la Primera Enmienda de la Constitución de EE.UU. Esa que dice: “El Congreso no hará ley alguna (...) que coarte la libertad de palabra o de imprenta (...)”.