La Violencia en el Estado de Oaxaca
Proyecto Especial 1998
Este documento fue elaborado en el Area de Análisis por el programa Proyectos Especiales a cuyo cargo se encuentra la Dra.Carmen Pedrazzini.Su contenido puede ser reproducido total o parcialmente, citando la fuente y enviando copia de lo publicado al Centro Prodh. Corrección de estilo y diagramación: Jesús S. Acosta. El Centro de Derechos Humanos "Mixtecos por la Paz A. C." agradece esta valiosa información para denunciar los actos de violencia y vejación que se dan en el Estado de Oaxaca, manifestando que la violencia no es privativa solo en estado de Chiapas, sino en toda la República Mexicana se da de manera sistemática, este ejercicio de poder es un sinónimo claro de la decadencia de un sistema político ya caduco. Los datos que aquí aparecen son sólo una pequeña muestra de lo realmente acontece en un Estado Autoritario y de partido único como ha sido el oaxaqueño.
· Costa · Istmo · Sierra Sur · Mixteca · Papaloapan · Sierra Juárez · Región central
· Militarización · Elecciones · Conflictos religiosos · Derechos Humanos · Situación económica
BIBLIOGRAFIA ANEXOS
La Violencia en el Estado de Oaxaca, no es un informe sobre los derechos humanos concebidos de manera integral en esa entidad, sino únicamente sobre las dinámicas de violencia que en ella se viven y que son fuente y expresión de violación a esos derechos como también los efectos de la marginación y problemas de rezago social que prevalecen actualmente.
Oaxaca es uno de los estados del país con mayor porcentaje de población indígena -más del 50%-, en el que la pobreza ha hecho víctima a casi la totalidad de sus habitantes. Persisten en la entidad estructuras caciquiles arcaicas y violentas, así como un régimen gubernamental inoperante y casi desinstitucionalizado. El camino por recorrer para superar estas situaciones, entonces, es todavía muy largo.
De todo el sureste del país, Oaxaca es la entidad de más elevada complejidad religiosa, étnica, política y social, sólo comparable con el estado de Chiapas, lo que, en el contexto de la ausencia de un estado de derecho, la convierte en un nuevo foco rojo de la geografía nacional.
Con regiones prácticamente inexploradas, como la Reserva de los Chimalapas, -nicho de narcotráfico y de violencia-, zonas de topografía totalmente abrupta, poblados a quince horas a pie de cualquier carretera o teléfono, Oaxaca es, en realidad, un crisol violento en donde la ley que ha imperado hasta ahora es la ley del más fuerte.
Ofrecemos este material con la voluntad de que los pocos datos que en el se hallen logren salir a la luz y sensibilicen a la opinión pública nacional e internacional y hacer sensible al gobierno de la República, de suerte que se emprenda en Oaxaca una nueva política social, con cambios sustantivos en las políticas económicas, así como una profunda reforma de Estado que fortalezca las instituciones, en el imperio de la ley, los distintos poderes y la justicia para los pobres. La investigación y conclusiones que presentamos se fundamentan en la propia investigación de campo realizada por el centro "Miguel Agustín Pro", así como en fuentes secundarias -principalmente hemerográficas-, y por diversas organizaciones (ONGs), tratando de corroborar en su mayoría la información recabada in sitium.
Agradecemos desde aquí a los distintos grupos de derechos humanos oaxaqueños que colaboraron con nosotros en la obtención de información, su buena disposición y, sobre todo, su confianza en nosotros. Queremos mencionar en especial al Centro Regional de Derechos Humanos de la Mixteca, al centro "Los Príncipes", al organismo "Flor y Canto", al Centro Regional de Derechos Humanos "Bartolomé Carrasco", a la Organización de Pueblos Indígenas de la Chinantla, a la organización "Mixtecos por la Paz A.C." y a muchos otros más. Ojalá que este documento pueda contribuir un poco al éxito de sus empeños.
GENERALIDA DES
El estado de Oaxaca, con una extensión de 95,364 kilómetros cuadrados (4.85% del territorio nacional), comprende regiones diversificadas por su geografía, población y condiciones sociales. De una población total de 3,019,560 habitantes (censo de 1990), concentrada principalmente en los Valles Centrales, el Istmo, la Mixteca y la cuenca del Papaloapan, la población económicamente activa representa sólo el 39.2%, de la cual se dedica a la agricultura el 58.9%.
El analfabetismo entre personas mayores de 15 años supera el 27%. Entre los niños en edad escolar no asiste a la escuela el 66%. El 67% de las viviendas no dispone de drenaje, el 24% no dispone de electricidad (ver anexos).
De las siete zonas en las cuales se suele subdividir el estado de Oaxaca, la Costa, el Istmo y Tuxtepec, son las de mayor importancia económica. La mayor parte de las fincas cafetaleras se encuentran en la Costa y gran parte de la industria y ganadería, en el Istmo; los cultivos de piña, caña y tabaco, en la región del Papaloapan.
De la misma manera que difiere la geografía de las distintas regiones del estado, así varían las causas directas de los atropellos y violaciones a los derechos humanos que se cometen, por ser distintos los campos de confrontación, aunque no varía el patrón usual de represión ni los tipos de violaciones que se presentan. En todos los casos, el substrato es la pobreza extrema y la marginalidad.
Oaxaca es uno de los estados de la República con mayor densidad de población indígena (53%). Sin embargo, los indígenas están relegados a un segundo plano tanto en lo económico como en lo político. La burguesía local, que detenta el poder político y económico, integra a latifundistas, comerciantes y pequeños industriales.
Las mejores tierras han sido acaparadas por los blancos y mestizos. Los latifundistas han utilizado las leyes para adueñarse de las tierras y reducir a los campesinos indígenas y mestizos a su servicio. Un gran número de ellos trabajan con salario y por temporadas agrícolas. El control de las tierras ha sido resuelto históricamente por medio de la violencia, y los asesinatos de campesinos son cosa común.
MOVIMIENTO S SOCIALES
Frente a una situación que no presentaba alternativas reales para la participación de los trabajadores y campesinos en la solución de sus problemas, se formaron en los años setenta varias organizaciones de campesinos, obreros y estudiantes con el fin de luchar por diversas demandas sociales.
En esos años, gran parte del estudiantado oaxaqueño tomó conciencia de la situación antidemocrática y la corrupción que se vivía en el estado. La Universidad "Benito Juárez" de Oaxaca aún no lograba su autonomía, los rectores seguían siendo nombrados directamente por el gobernador y el liderazgo de los alumnos recaía en la Federación Estudiantil Oaxaqueña, órgano utilizado por el estado para el control y manipulación de los estudiantes.
Los eventos de 1968 en el Distrito Federal tuvieron eco en Oaxaca, suscitando un movimiento de solidaridad de maestros y estudiantes, que resultó en una huelga general, mítines y manifestaciones. En ellos participó gran parte de la misma Federación Estudiantil Oaxaqueña. El movimiento desembocó en la ocupación militar de la universidad y en la acción represiva del gobierno que arrojó un saldo de muchos muertos y heridos. Levantada la huelga, el movimiento estudiantil continuó durante 1969 y 1970 impulsando nuevas demandas sociales.
En 1972, se constituyó la Coordinadora de Obreros, Campesinos y Estudiantes de Oaxaca (COCEO). Esta organización entró en conflicto con el gobierno estatal al defender a los campesinos cuyas tierras habían sido invadidas; las invasiones habían sido promovidas por la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), en complicidad con funcionarios del estado. Debido a su incapacidad de diseñar una política de desarrollo rural y a la presión adversa del Partido de la Revolución Institucional (PRI), la COCEO desapareció en 1979.
En 1974, se formó la Coordinadora Obrero Campesina Estudiantil del Istmo (COCEI), que incorporó a amplios contingentes populares que luchaban por la defensa de sus derechos agrarios, laborales y políticos. Los problemas agrarios surgen cuando se intenta privatizar las tierras de las comunidades, sus dueñas originales. En estos conflictos, los caciques locales han encontrado un amplio respaldo por parte de los gobiernos estatal y federal. La COCEI se enfrentó aquí con el PRI, partido identificado con caciques y terratenientes locales. En las elecciones de 1980, la COCEI triunfó en Juchitán, sufriendo después fuertes presiones por parte del gobierno estatal y de la iniciativa privada hasta que en 1983 fue sacada violentamente del ayuntamiento.
Al comienzo de los ochenta, surgieron en la Sierra Norte de Oaxaca (cuenca alta del Papaloapan) varias organizaciones integradas por indígenas zapotecos y mixes. En esta región, rica en recursos forestales y mineros, se formaron la Organización en Defensa de los Recursos Naturales y Desarrollo Social de la Sierra Juárez (ODRENASIJ), el Comité Coordinador para la Defensa de los Recursos Naturales, Humanos y Culturales de la Región Mixe (CODREMI), la Unión de Pueblos del Rincón y la Asamblea de Autoridades Zapotecas del Distrito de Villa Alta. Estas organizaciones generalmente se han movilizado y han actuado en conjunto. Su objetivo no ha sido alcanzar el poder político, sino el respeto a sus derechos comunitarios, a sus recursos naturales y a su cultura. En este contexto, se enfrenta a los caciques priístas locales que los han acusado de comunistas, agitadores, etcétera.
En la Mixteca triqui apareció, en 1985, el Movimiento Unificado de Lucha Triqui, para luchar contra los abusos de los caciques locales. En esta lucha fueron asesinados 500 indígenas en cinco años.
En 1980, se inició el movimiento magisterial independiente de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), el movimiento de mayor importancia en el estado, que demostró una gran capacidad de lucha y resistencia organizada. Debido a la fuerte represión, un gran número de profesores fueron asesinados. Otro sector combativo fue el de los choferes de autobuses de las líneas Estrella del Valle y Oaxaca-Pacífico que también fueron reprimidos duramente.
En los años setenta, surgieron también organizaciones radicales que optaban por la lucha armada, entre ellas la Unión del Pueblo que realizó atentados dinamiteros en la ciudad de Oaxaca. A partir de 1972, el Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo (PROCUP) recogió la herencia de la Unión del Pueblo y, en 1980, se unió ideológicamente con el Partido de los Pobres, de Lucio Cabañas. Sus objetivos eran la toma del poder por el proletariado mediante la lucha armada clandestina. En 1973, la región de Jamiltepec fue afectada por las operaciones de un núcleo guerillero (Brigada Revolucionaria Emiliano Zapata) que luchaba contra los caciques de la Costa Chica de Guerrero. Ejército y policía ejercieron una fuerte represión contra los indígenas, acusándolos de ser militantes de la guerrilla.
El gobernador oaxaqueño, Heladio Ramírez, tuvo una gran capacidad para desactivar movimientos sociales y estableció asociaciones campesinas controladas por la Confederación Nacional Campesina (CNC). Se crearon Uniones de Ejidos, Asociaciones Rurales de Interés Colectivo (ARIC), organizando de esta manera a los campesinos sin su consenso y hasta sin su conocimiento.
Por otra parte, en la región de Valle Nacional actuó, desde los años setenta, la Unión General de Obreros y Campesinos de México (UGOCM) que tuvo un papel dudoso al promover, por una parte, las invasiones de tierras aparentando apoyo a los campesinos y, por otra, al concertar con el gobierno dejando a los campesinos solos frente a la represión. En 1986, surgió en Tuxtepec la Unión General de Obreros y Campesinos del Pueblo (UGOCP) como un comité promotor de la unificación de los campesinos que apoyaba invasiones de tierra y programas de desarrollo rural. Sin embargo, provocó enfrentamientos entre los ejidatarios con saldo de varios muertos y heridos. Estos crímenes permanecieron impunes.
SITUACION REGIONAL ACTUAL
COSTA
La costa tiene 540 km de litoral y cinco lagunas en el Istmo que permiten una importante producción de camarón. Las poblaciones son pequeñas y la infraestructura, incipiente. Su acceso es a menudo difícil, faltan servicios básicos: centros de acopio, fábricas de hielo, gasolina, técnicos, etcétera. La pesca es todavía artesanal y se realiza en cayucos y lanchas con motor fuera de borda.
Antes de 1974, el municipio de Salina Cruz se caracterizaba por su puerto y producción pesquera. En 1974, se inició la construcción de la refinería de Petróleos Mexicanos quedando instalada en tierras ejidales expropiadas. A partir de esta fecha se modificó la estructura económica de la región. Los campesinos que se dedicaban a las actividades del campo, la comercialización de sus productos y la ganadería, fueron afectados negativamente ya que quedaron sin tierra y tuvieron poco acceso a los nuevos empleos; además apareció una población migrante que afectó al mercado del trabajo y los precios aumentaron más del 200%.
A más de diez años de iniciado el proyecto turístico de Huatulco, éste no ha significado beneficio alguno para la mayoría de sus habitantes, sumidos en la pobreza. Mientras que en la zona turística se cuenta con todos los servicios, las comunidades rurales no cuentan con agua potable, electricidad, caminos, servicios médicos y escolares ni transporte; se han visto afectadas, además, por el encarecimiento de los productos de primera necesidad y el abatimiento de la producción agrícola, fenómenos económicos provocados por el propio desarrollo turístico. Los hoteles, en su mayoría propiedad de transnacionales, no han significado desarrollo ni generación de empleo; la mayor parte de sus trabajadores son foráneos.
ISTMO
La región de los Chimalapas, que abarca prácticamente 600,000 hectáreas, se encuentra en la parte oriental del estado y hace frontera con el estado de Chiapas. Su topografía accidentada y la selva que la recubre han dificultado la construcción de vías de comunicación y, por ende, la zona está muy aislada del resto del estado. En consecuencia, ocurren ahí muchos sucesos que son poco conocidos por la mayoría de la población. Pero es una zona de primera importancia por sus riquezas y por su posición estratégica. Esta riqueza ha colocado frente a frente a multitud de interesados y la autoridad no ha podido o no ha querido mediar en muchos de los casos. Así tenemos a indígenas zoques oficialmente propietarios de la selva, enfrentados a ricos ganaderos de Chiapas apoyados por su mismo gobierno. Al mismo tiempo, por su aislamiento, es a través de esta región que transita gran parte de los migrantes centroamericanos que cruzan el país para dirigirse a Estados Unidos a trabajar. Son explotados y maltratados por las autoridades mexicanas y los mismos latifundistas chiapanecos o oaxaqueños ven en ellos mano de obra barata e indefensa.
A su vez, por el mismo hecho de su difícil acceso, los Chimalapas se prestan a la producción y tráfico de estupefacientes en cuyo negocio intervienen muchos particulares al igual que entes del mismo gobierno estatal o federal.
La mezcla de narcotráfico, indefinición de la tenencia de la tierra y riqueza maderera ha provocado, desde hace varios años, muchos conflictos entre la población originaria de la zona y los recién llegados, conflictos que las mismas autoridades oaxaqueñas no pueden o no tienen interés en solucionar. Por ende, han sido aquí innumerables las violaciones a los derechos humanos de una población que, no viendo ningún apoyo por parte de los responsables de hacer justicia, han decidido defenderse ellos mismos con los resultados previsibles de escalada de violencia y sufrimiento.
En los últimos dos años, a partir de diciembre de 1994, en la víspera de la ofensiva militar en Chiapas, se incrementó notablemente la presencia militar en el Istmo. Trenes especiales, cargados con tropas e implementos militares, se dirigieron a Chiapas; se movilizaron elementos militares de la XX Zona de Minatitlán; en la frontera chiapaneca los patrullajes eran constantes. Se establecieron retenes en Palomares y La Ventosa y se iniciaron operativos en la zona zapoteca alta y San Miguel Chimalapas. La presencia del ejército, los retenes de la Policía Judicial Federal, Policía Judicial Estatal y Policía de Caminos tuvieron el objeto de establecer en el Istmo algo así como un cordón sanitario entre Chiapas y el resto del país. Varias organizaciones sociales (UCIZONI, UCIRI, COCEI) fueron acosadas y agredidas por la fuerza pública.
En la actualidad, se reporta que en la zona del Bajo Mixe existen grupos paramilitares con armas de alto poder y equipos de radiocomunicación, presumiblemente patrocinados por caciques, ganaderos y narcotraficantes, que mantienen un clima de violencia y tensión. Se han denunciado asesinatos de luchadores sociales que no se han investigado.
En la región del Istmo, el obispo de Tehuantepec, Arturo Lona Reyes, ha impulsado programas de abasto, cooperativas de consumo, construcción de caminos y de pozos de agua. Su labor ha sido mal vista por caciques y políticos que se sienten afectados en sus intereses. En febrero de 1994, se trató de involucrarlo con el levantamiento zapatista y se le acusó de tráfico de armas. El 29 de junio de 1995, mientras viajaba en una camioneta, fue interceptado por dos personas armadas que le dispararon. Últimamente, el exalcalde de Guevea de Humboldt lo acusó en público de apoyar grupos armados en la región, obligando al propio obispo a desmentir el infundio.
SIERRA SUR
Pelear o ceder territorio, es el dilema que desde hace una década enfrentan las comunidades indígenas de la Sierra Sur. Ante la negligencia de la Secretaría de la Reforma Agraria por solucionar viejos conflictos de tierra, optan cada vez más por la violencia, para resolver sus disputas. De 1944 a la fecha, se han registrado más de 300 muertes por dicho conflicto.
Ya en 1986 se dió un enfrentamiento entre mixtecos y zapotecos de Santiago Amoltepec y Santa María Zaniza con 28 muertos y decenas de heridos. Este conflicto ha continuado a través de los años. Por el mismo hecho, habitantes de Santiago Textitlán y Santiago Amoltepec se enfrentaron el 24 de mayo de 1995, cuando los segundos pretendieron invadir tierras de los primeros. Cerca de 20,000 hectáreas que pertenecen a los municipios de Santa Cruz Zezontepec, Santa María Zaniza, Santiago Textitlán y San Mateo Yocutindoo están ocupados por habitantes de Amoltepec que no dejan entrar a nadie para sembrar. En agosto, cuatro comunidades de la Sierra Sur, los zapotecos de Santa María Zaniza, San Mateo Yucutindoo y Santiago Textitlán y los chatinos de Zenzontepec, decidieron armarse para defender sus tierras, disputadas por los mixtecos de Santiago Amoltepec. El 29 de agosto, el gobernador instaló mesas de trabajo para solucionar el conflicto. Se creó una comisión mediadora presidida por el arzobispo Bartolomé Carrasco. Sin embargo, el 17 de septiembre, fue asesinado el presidente municipal de Santa María Zaniza, Próspero Cristóbal López.
En esta zona, delitos y homicidios quedan impunes. Predomina el caciquismo. Hay múltiples asesinatos internos, debido a que grupos de poder quieren mantener el conflicto. Existe un intenso tráfico de armas; llegan armas de todo tipo, hasta lanzagranadas. Por otra parte, el Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo (Procup) tiene fuerza en varios municipios.
Columnas de hombres armados recorren la Sierra Sur, con el pretexto de invasión de tierras. Un grupo de habitantes de Santiago Amoltepec, armados y con adiestramento militar, ataca constantemente a sus vecinos, destruyen cultivos y roban ganado. Las autoridades estatales no intervienen, por lo cual los habitantes, a su vez, han decidido armarse.
En esta zona se han descubierto trincheras y campos de adiestramento y han proliferado la introducción de armas del ejército. El surgimento de grupos armados es motivo de alarma para las autoridades municipales que han solicitado la intervención estatal sin éxito. La zona está infiltrada por narcotraficantes y continuamente entran y salen avionetas. En la Sierra Sur, donde existen grupos armados con armas de alto poder y equipo de radiocomunicación, la policía interviene solamente en los casos más graves. Los pueblos están armados. De esta situación de ausencia de ley se aprovechan las mafias de narcotraficantes.
A partir de fines de 1995, incursionaron tropas a la región chatina, mixteca y zapoteca en Amoltepec, Teojomulco y Tlacotepec. Los militares intimidan a los pueblos e ignoran a las autoridades municipales. En sus operativos cuestionan a la población y a los miembros de partidos de oposición, preguntando por la identidad de sus líderes y sobre las actividades del sacerdote y los catequistas.
MIXTECA
La Mixteca es una región accidentada de tierras pobres y reservas forestales taladas sin respeto a los derechos de los comuneros. El 93% de las tierras es de temporal, los rendimientos son de los más bajos del país, predomina el minifundio. De la Mixteca proviene la mayor parte de los trabajadores migratorios hacia el DF, el norte del país y los EU.
Existen problemas territoriales en varias comunidades de la región como: San Cristóbal Amoltepec y Nueva Reforma, pertenecientes a Tlaxiaco, San Miguel Progreso, Tlaxcala y San Isidro Chicahuaxtla, Putla de Guerrero.
La región de Santiago Ixtayutla, distrito de Jamiltepec, ha vivido en tranquilidad hasta 1991, ya que en dicho año Antorcha Campesina llegó a la comunidad de San Lucas Atoyaquillo y comenzó a dividir a la población. A partir de entonces se ha dado un sinnúmero de hechos violentos. Entre julio de 1995 y mayo de 1996 se han reportado 7 homicidios, 3 atentados, además de otros atropellos. Las víctimas han sido representantes agrarios, militantes del PRD y autoridades locales. Frente a esta situación la actitud de los funcionarios de Jamiltepec encargados de realizar la investigación ha sido negligente. La CFE está realizando estudios para la construcción de una presa en esta área y surge la sospecha de que la llegada de Antorcha Campesina sea una estrategia del gobierno para dividir la comunidad y disminuir la oposición a la obra, que significaría el desplazamiento de parte de la población.
Al igual que en la Sierra Sur, en la Mixteca ha aumentado la presencia militar, principalmente en las comunidades triqui, amuzgas, nahuas, tacuates y mixtecas y distritos como el de Huajuapan de León. En Juxtlahuaca se ha construido un fuerte y una unidad habitacional para que se instale el 95 Batallón de Infantería. La población considera su presencia innecesaria porque en el área no existen grupos armados. PAPALOAPAN
El principal problema agrario es la tenencia de la tierra en esta región indígena. Debido a la tardanza de la Secretaría de la Reforma Agraria para solucionar los conflictos agrarios, los pueblos han estado en constantes enfrentamientos entre ellos, originándose hechos violentos. En dos ocasiones la región Mazateco-Chinanteca ha sido afectada por la construcción de obras hidráulicas, las presas Miguel Alemán y Miguel de la Madrid. Los habitantes tuvieron que emigrar a otras zonas, sin que la Comisión Nacional del Agua les indemnizara sus tierras, aduciendo que la demanda no procedía porque los terrenos estaban bajo el agua.
El programa gubernamental de Certificación Ejidal (PROCEDE), no soluciona los conflictos porque los afectados no cuentan generalmente con documentos legales que los ampare, aunque tengan años de estar en posesión de la tierra y por lo tanto quedan en la indefensión.
En las regiones indígenas, debido al alto grado de monolingüismo y analfabetismo, y al desconocimiento casi total de sus derechos, las autoridades municipales, solapadas por funcionarios estatales o federales, cometen abusos y atropellos en contra de los habitantes, utilizándolos únicamente para fines políticos, y explotan criminalmente sus recursos naturales.
A partir de 1972, compañías privadas saquean los recursos naturales de la región, dañando el medio ambiente. Actualmente se repite la historia, con la explotación irracional de los recursos naturales (grava, arena, etcétera.) del pueblo indígena de San José Chiltepec por parte de la CTM de Tuxtepec, con la complicidad del presidente municipal. Para la defensa de los recursos naturales de esta región se formó un Comité de Vigilancia, Protección y Administración de los Recursos de la Playa.
Los ciudadanos de Tuxtepec se quejan por los abusos que cometen la UGOCP y el PFCRN. El 26 de marzo, en este municipio, 3,000 comerciantes, taxistas, ganaderos y otros miembros de la sociedad civil, realizaron un paro general en protesta por la invasión de tierras, los bloqueos, saqueos de comercios, agresiones físicas y el secuestro de autobuses. Además de la violencia mencionada, en esta zona hay fuerte presencia de narcotraficantes.
Un ejemplo de la violencia en la zona es el hecho ocurrido el 17 de septiembre de 1995, cuando miembros del Consejo Regional Indígena Chinanteco, Mazateco y Cuicateco del Frente Independiente de Pueblos Indios (Corechimac-FIPI) sitiaron la comunidad de Piedra de Amolar, perteneciente a Soyaltepec e incendiaron y destruyeron 31 viviendas de priístas, saquearon la tienda de abarrotes y lesionaron a 3 personas. 450 priístas huyeron. El grupo armado impidió el aceso a la policía.
A raíz de las elecciones del 12 de noviembre 1995, las comunidades del municipio de San Juan Lalana eligieron al presidente municipal de acuerdo a sus usos y costumbres. Los pequeños propietarios, en complicidad con el gobierno del estado, nombraron a su candidato, negándose reconocer a la autoridad tradicional del pueblo.
SIERRA JUAREZ
Los pobladores de las comunidades de la Sierra Juárez informan sobre la presencia militar en la zona. Se quejan de que, en busca de grupos armados, los soldados del 63 Batallón de Infantería con sede en Jalapa, han hostigado a las comunidades, intimidando a niños, jóvenes y ancianos de Rincón de la Sierra Juárez para que delaten a un presunto grupo armado relacionado con el EZLN. Sin embargo, tanto el gobernador oaxaqueño Diódoro Carrasco como a Sedena, afirman que no hay elementos para afirmar que existen grupos armados.
Sin embargo, del 29 de diciembre de 1995 al 11 de enero de 1996, 300 soldados establecieron retenes a la salida de Ayotzintepec y a la entrada de los pueblos de Rincón de la Sierra Juárez, y realizaron operativos de rastrillajes en las comunidades, cometiendo varios atropellos contra la población civil.
Se cree que el objetivo real del gobierno es desactivar el movimiento organizado de los pueblos de Rincón de la Sierra Juárez que luchan por su autonomía y demandan atención a sus demandas sociales.
REGION CENTRAL
Esta región se ha caracterizado por eventos sangrientos aislados, muchos de los cuales no han encontrado una explicación satisfactoria. En la ciudad de Oaxaca, el 25 de noviembre de 1995 fue asesinado el asesor general de la UABJO. Según el rector se trató de un crimen político, ejecutado por asesinos profesionales, con el propósito de sembrar la inestabilidad en la universidad y en el estado. Más recientemente, en mayo de 1996, se registraron homicidios múltiples, ligados aparentemente con el narcotráfico; el primero, cuando fue asesinado el hermano de un conocido narcotraficante y el segundo, cuando se atentó contra una familia entera, en supuesta venganza del primer crimen.
FOCOS ROJOS ACTUALES
MILITARIZACION
La militarización se ha incrementado en todo el estado, generalmente con el pretexto de combatir el narcotráfico; sin embargo, en las zonas donde está comprobada su existencia, el ejército no realiza operativos significativos para combatirlo. En la Sierra Juárez, donde las organizaciones campesinas son muy fuertes y organizadas, el ejército cumple el papel de intimidar a las comunidades. En el Istmo, donde es fuerte la presencia del narcotráfico, no lo detiene realmente; se limita a parar algunos camiones, pero la droga y las armas pasan por otras partes.
Desde noviembre de 1994, el gobierno desplegó una gran movilización militar y policiaca en busca de militantes zapatistas en el sur del estado e Istmo de Tehuantepec. A consecuencia de esta presencia y actividad militar, el 15 de febrero de 1995, indígenas de varias partes del estado realizaron marchas y mítines demandando el retorno de los militares a sus cuarteles.
En abril de 1995, elementos del 54 Batallón de Infantería de Puerto Escondido mantuvieron sitiados a indígenas chatinos de Santos Reyes Nopala en la Sierra Sur. La organización de derechos humanos OIDHO de Oaxaca, denunció que los militares torturaron a indígenas y allanaron sus viviendas. A partir de fines de 1995 incursionaron tropas a la región chatina, mixteca y zapoteca: en Amoltepec, Teojomulco y Tlacotepec. Los militares intimidan a los pueblos y no toman en cuenta a las autoridades municipales. En sus operativos cuestionan a la población, preguntan por las actividades del sacerdote y los catequistas, preguntan a los miembros de los partidos de oposición por la identidad de sus dirigentes, etcétera.
Los indígenas zoques señalan la presencia de soldados en los Chimalalpas, que intimidan a la población, decomisan armas y los interroga sobre sus líderes, su organización y sus nexos con el EZLN. Los soldados han realizado también operativos en la Sierra Norte y en la serranía de Tezonapa para rastrear la presencia de guerrilleros. En febrero último fueron entregadas en la XXVIII Zona Militar las insignias a 101 miembros del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, 13 oficiales y un jefe, que recibieron un curso táctico y que operarán ya en el estado.
Con el pretexto de realizar campañas de despistolización, de luchar contra el narcotráfico, de ejecutar labor social o buscar grupos armados, el Ejército toma por asalto a pueblos enteros y mantiene el control de las zonas indígenas. En la realidad, a pesar de que el gobernador y las mismas autoridades militares afirmen lo contrario, el ejército rastrea las sierras en búsqueda de guerrilleros. Como antecedentes se tiene que el 11 de enero de 1995 apareció un comunicado de un supuesto Ejército Clandestino Indígena de Liberación Nacional que anunciaba su creación. Se ha reportado también que el Procup-Partido de los Pobres (PDLP) tiene pequeñas células en Oaxaca. En enero de 1994 fue descubierto un campamento en La Culebra, cerca de Xochistlahluaca, Guerrero.
A pesar de que la Secretaría de Gobernación afirma que los grupos armados son, en realidad, bandas de delincuentes, el Ministerio de Defensa de Guatemala señaló que por vía terrestre, marítima y aérea llegan a Chiapas, Oaxaca y Guerrero armas procedentes de ese país. Esta información no ha sido corroborada.
En los primeros días de julio de 1996, más de mil elementos del ejército penetraron en la Sierra Mazateca, en los límites con Puebla y Veracruz, con el pretexto de buscar un presunto grupo de centroamericanos vinculados con el EZLN e interceptar un cargamento de armas. Se instalaron retenes en Nuevo San Agustín, Plan de Guadalupe, Agua Barbacoa y en la finca cafetalera Plan Carlota. El 6 de julio, cuando se realizaban las elecciones extraordinarias en Mazatlán Villa de Flores, varios cientos de elementos del ejército llegaron al paraje Plan de Guadalupe, a unos 32 kilómetros de este municipio.
ELECCIONES
La etapa preelectoral se caracterizó por asesinatos, atentados y manifestaciones. En este contexto, el obispo de Tehuantepec, Arturo Lona Reyes sufrió un atentado a fines de junio de 1995. El 1o de julio se encontraron los cuerpos de cinco cazadores baleados en San Juan Jaltepec, distrito de Choapan. En la zona triqui fue asesinado José Albino Martínez, simpatizante del MULT y, el 5 de julio, fue asesinada la hermana del líder Martín Anacleto. En el distrito de Juxtlahuaca de esta misma área fue asesinado un vecino y, posteriormente, un ex agente de policía de San Juan Copala. También fue muerto el candidato a diputado suplente del PRI por ese distrito.
En el municipio de Pinotepa Nacional fue asesinado el presidente del comisariado de bienes ejidales de la congregación El Tamal. A seis días de las votaciones, el presidente del comité municipal del PRI en Santo Domingo Tonalá, lesionó a cuatro perredistas.
Por otra parte, en visperas de las elecciones, el gobernador Diódoro Carrasco, visitaba los municipios anunciados como "focos rojos " para el priísmo oaxaqueño, ponía en marcha grandes obras y prometía la reactivación del campo.
La jornada electoral del 12 de noviembre de 1995 registró relativamente pocos incidentes; los principales fueron hechos de sangre ocurridos en Asunción Ixtaltepec, cuando "desconocidos" tirotearon una casilla electoral, hiriendo de muerte al hermano del candidato a presidente municipal por el PRD y en Mazatlán Villa de Flores, donde se originó un enfrentamiento a balazos entre priístas y ciudadanos mazatecos. El resultado: un priísta muerto a manos de sus propios compañeros y varios heridos.
Por conflictos poselectorales, al menos 47 palacios municipales fueron tomados en el estado durante la renovación de los 570 ayuntamientos, de los cuales 416 fueron elegidos mediante el sistema de usos y costumbres. Los conflictos poselectorales originaron situaciones de tensión política en algunos municipios, en particular:
MAZATLÁN VILLA DE FLORES: después de que un grupo de priístas disolvió la Asamblea Comunal en la cual se acordaría la elección de las nuevas autoridades por usos y costumbres, se inició un enfrentamiento a bala, resultando muerto Elías García Ortega, miembro del PRI. El presidente municipal Melquiades Rosas Blanco y el síndico, Venancio Marín García, fueron detenidos como presuntos responsables de su muerte.
Este hecho alentó la rebelión priista en Mazatlán ya que, fortalecidos y apoyados por los cuerpos policiacos, intimidaron a la población y lograron imponer un cerco que impedía el acceso de personas y víveres a la comunidad. Mazatlán se encontró en estado de sitio, escaseaban los alimentos y los servicios médicos, las escuelas suspendiero las clases. Mientras se nombraba una comisión plural de diputados y la CEDH acudía al lugar para constatar los actos de violación, 900 personas custodiaban la casa comunal y otras más iniciaban una huelga de hambre en demanda de la libertad de las autoridades detenidas. Como resultado de una intensa movilización de las organizaciones sociales y la sociedad civil se rompió el cerco priísta y, tres meses después, Melquiades Rosas y el síndico fueron puestos en libertad.
JUCHITÁN: en este municipio el PRI y la COCEI-PRD protagonizaron una cerrada competencia. El triundo correspondió al candidato de la COCEI, Roberto López Rosado. Los priístas iniciaron movilizaciones y emprendieron una marcha a la capital del estado, donde tomaron las oficinas del Instituto Estatal Electoral, y propiciaron un enfrentamiento con coceistas en la Cámara de Diputados, resultando heridos de ambos bandos.
TLAXIACO: En este municipio la contienda estuvo reñida, el PAN se adjudicó la victoria y el PRI impugnó la elección, consiguiendo el triunfo. La agitación política se desató con el bloqueo de carreteras y la toma del palacio municipal realizada por los panistas. En la actualidad existen dos autoridades en Tlaxiaco: el ayuntamiento oficialmente constituido y un ayuntamiento paralelo panista.
JAMILTEPEC: en este municipio el triunfo correspondió al PRD pero, por efectos de la impugnación priísta, se volvió a realizar el conteo de los votos, otorgándose nuevamente el triunfo al PRD. Este suceso generó mayor efervecencia política. El PRI demandó elecciones extraordinarias.
GUEVEA DE HUMBOLDT: este municipio se registró bajo el sistema de Usos y Costumbres. El 12 de noviembre, cuando se iba a realizar la Asamblea Comunitaria para nombrar al nuevo cabildo, en complicidad con las autoridades electorales, un grupo de priístas registraron una planilla e instalaron casillas para que los ciudadanos acudieran a ratificarla. Este evento suscitó la ira de los ciudadanos y de algunos simpatizantes del PRD, que quemaron la paquetería electoral, impidiendo así que se realizaran las elecciones. La resolución del conflicto fue convocar a elecciones extraordinarias en febrero de 1996.
El primero de enero, fecha de cambio de autoridades en los municipios oaxaqueños, revivió las inconformidades. 47 palacios municipales fueron tomados; en Jalapa de Díaz se registró un enfrentamiento armado con un saldo de dos muertos y heridos. En Tlaxiaco se suscitaron enfrentamientos antre militantes del PAN y del PRI. En Juquila, militantes del PRI no permitieron que se integrara el ayuntamiento electo dirigido por Jorge Guzmán del PRD. Lo mismo ocurrió en Santiago Jamiltepec, donde integrantes de Antorcha Campesina se oponen a que el candidato ganador del PRD ocupe el cargo. En San Blas Atempa, militantes del PRI y del PRD sostuvieron enfrentamientos a tiros. Se instalaron ayuntamientos paralelos en Asunción Ixtaltepec, Teposcolula, Tlaxiaco, Tlacolula y Tacache de Mina.
La violencia asociada a conflictos poselectorales se ha incrementado en Oaxaca. En los últimos seis meses se han cometido 11 asesinatos políticos que han quedado impunes. A siete meses de las elecciones, existen conflictos de suma gravedad que podrían desencadenar la violencia en: Juquila, Yaitepec, Jamiltepec, San Pedro y Pablo Ayutla Mixe, Xadani, Mazatlán Villa de Flores, San Juan Coatzospan, Miahuatlán, San Jacinto Ocotlán, Guevea de Humboldt, San Sebastián Tutla y San Jerónimo Tlacochahuaya. Representantes de esas comunidades iniciaron el 18 de mayo una huelga de hambre frente al Senado de la República en protesta contra la violencia gubernamental, la ingobernabilidad y la impunidad.
CONFLICTOS RELIGIOSOS
Esta entidad ocupa el segundo lugar a nivel nacional en conflictos por intolerancia religiosa, después de Chiapas. La intolerancia religiosa en las comunidades indígenas ha tomado matices preocupantes. Los problemas involucran no sólo las asociaciones religiosas, católicas y protestantes, sino también las autoridades civiles, que pretenden supeditar la aplicación de la ley a los usos y costumbres, que varían en las diversas comunidades y que, a menudo, violan los derechos humanos de los pobladores.
La vida de los oaxaqueños, principalmente la de aquellos que habitan las regiones más apartadas de la capital, está regida por la religión, de ahí que esas diferencias afecten negativamente al resto de las actividades, la diaria convivencia y el orden en la comunidad.
El problema es de tipo cultural, lo que complica las posibilidades de soluciones legales, ya que el derecho consuetudinario que prevalece en las comunidades, muchas veces contradice a las disposiciones de la Constitución. Además, la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público es generalmente desconocida, debido a que su difusión se hizo únicamente en español, y el 80% de la población de las 16 etnias es monolingüe. La Sierra Norte, los Valles Centrales y la Mixteca son las zonas más conflictivas y comparten características comunes: alta población indígena, elevados indíces de migración, agricultura de subsistencia y una presencia heterogénea de lenguas y cultura.
Son comunes los casos de presidentes municipales con cargo de ministro religioso; se obliga a los comuneros no católicos a renunciar a su religión y a tomar cargos religiosos; se les castiga con multas económicas, suspensión de servicios y encarcelamiento. En los casos extremos se destruyen sus propiedades, se expulsan o asesinan. También existe el caso en que asociaciones religiosas, como los Testigos de Jehová, prohiben a sus miembros participar en actividades cívicas.
De 38 quejas recibidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, sobresalen los casos del distrito de Juxtlahuaca, en la región triqui, lugar en donde numerosos grupos de evangélicos han padecido hostigamiento por parte de la autoridad municipal. Otro caso es el de Santa María Tlahultoltepec, Zacatepec, en el distrito de Choapam, de donde fueron expulsadas 74 personas, integrantes de 19 familias evangélicas. En San Juan Juquila Mixe, distrito de Yautepec, varias familias pertenecientes a los Testigos de Jehová fueron amenazadas con ser expulsados de la comunidad, si no cumplían cabalmente con los cargos tradicionales que se les asignaban; su templo fue clausurado y actualmente sufren hostigamiento, con la complicidad de la autoridad municipal.
DERECHOS HUMANOS
En el período 1990-1996, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha recibido 1203 quejas y emitido 71 recomendaciones, como se observa en la siguiente tabla:
Tabla 1
|
Autoridad Afectada |
Quejas |
Recomendaciones |
|
Gobierno del Estado |
805 |
56 |
|
Tribunal Superior de Justicia |
375 |
10 |
|
Municipios |
19 |
3 |
|
Congreso Estatal |
4 |
2 |
La mayor parte de las violaciones conciernen a la deficiente impartición de justicia.
Los datos recopilados en el presente informe nos permiten constatar que en un total de 110 hechos de violencia en el estado, se produjeron 103 violaciones colectivas y 207 individuales, incluyendo 79 homicidios (ver Tablas). Se observa en la distribución regional, que la Sierra Sur es la franja donde, en el tiempo considerado (enero de 1995-julio de 1996), se han producido más eventos violentos (31), y donde son más numerosas las violaciones tanto individuales (64) como colectivas (20).
Tabla 2
|
Región |
Violaciones Individuales |
Violaciones Colectivas |
Eventos |
|
Valles Centrales |
9 |
1 |
5 |
|
Sierra Mazateca |
19 |
5 |
14 |
|
Istmo |
37 |
8 |
19 |
|
Sierra Mixe |
16 |
8 |
7 |
|
Sierra Sur |
64 |
20 |
31 |
|
Papaloapan |
27 |
40 |
11 |
|
Región Triqui |
10 |
1 |
8 |
|
Mixteca |
3 |
1 |
2 |
|
Sierra Norte |
6 |
19 |
6 |
|
Costa |
4 |
|
3 |
|
Otras |
12 |
1 |
4 |
|
|
207 |
103 |
110 |
Ha sido notorio y significativo el hostigamiento y difamación en contra de defensores de los derechos humanos, en particular en contra de Graciela Zavaleta, del centro Mahatma Gandhi, de Tuxtepec, y los integrantes de Flor y Canto, de Oaxaca, y del Centro Regional de la Mixteca, de Tlaxiaco. Desde 1994, el padre Wilfrido Mayrén Peláez, coordinador general del centro "Bartolomé Carrasco", de la Sierra Sur, ha sufrido hostigamiento. En julio de ese año fue acusado por el delegado de gobierno de ser zapatista, en diciembre, durante operaciones de patrullaje del ejército, fue detenido e interrogado. El hostigamiento continuó durante 1995. Recientemente, a partir del 19 de junio de 1996, ha recibido diariamente amenazas de muerte, así como una joven integrante del mismo centro.
Oaxaca representa el fracaso de la política social de Zedillo. En efecto el presidente afirmó en mayo de 95 que "el éxito o el fracaso de mi política social se dará en Oaxaca". Actualmente 448 municipios viven en pobreza extrema, concuerdan investigadores, religiosos y campesinos. Según el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática, de 596,225 hogares , el 35.3% no recibe ningún ingreso, 19.9 % capta menos de un salario mínimo, 17.4 % menos de dos y sólo 14.5% recibe tres o más salarios mínimos.
Debido a esta situación económica y al creciente desempleo, ha crecido de modo impresionante el éxodo de la entidad, la hambruna se ha evitado por la migración. En una comunidad de Ejutla, de 5,000 habitantes, sólo 200 se han quedado, el resto ha emigrado.
Sin embargo las condiciones en las cuales esta gente tiene que emigrar son lamentables. Indígenas mazatecos y chinantecos originarios de la cuenca del Papaloapan laboran en condiciones infrahumanas en el municipio de Caborca, en Sonora, adonde fueron llevados para trabajar en la siembra de legumbres y hortalizas y sólo les pagan en tiendas de raya, con víveres, cada fin de semana.
El dirigente estatal de la CNC advirtío últimamente que en Oaxaca es insuficiente la producción de alimentos. Según los Consejos Comunitarios de Abasto, el desabasto se presenta no sólo en granos básicos sino en productos como el maíz, aceite y azucar. Sus integrantes han realizado movilizaciones para denunciar la irresponsabilidad de los funcionarios que desoyen los reclamos de los consumidores. Esta es la situación, a pesar de las inversiones anunciadas este año por Zedillo para el desarrollo social del estado.
CONCLUSION ES
Siguiendo la tendencia de 1995, en el primer trimestre de 1996, Oaxaca ha formado parte del grupo de estados con mayor incidencia represiva. Son estados que, por la desigualdad económica, el alto nivel de conflictividad y polarización social y la creciente participación social y política de los ciudadanos, se han convertido en focos de represión por parte de Seguridad Nacional y la contrainsurgencia.
El clima de tensión en las comunidades indígenas es muy grave. Esto ha llevado a enfrentamientos, a veces entre las propias comunidades, a veces con la policía. En 1995 sufrieron emboscadas y atentados unos 30 representantes municipales y agrarios de Oaxaca, la mayoría de ellos murieron.
Existen grupos armados y posiblemente guerrilla en la Sierra Sur y Papaloapan. Las comunidades rechazan los discursos políticos de los partidos y piden armas para hacerse oír. Existen las condiciones objetivas y subjetivas para que surja un movimiento armado en Oaxaca. Sin embargo, el gobernador Carrasco insiste en que las inquietudes son de carácter social y no son de ninguna manera vinculadas a grupos armados con objetivos políticos e ideológicos.
Enfrentados con esta grave situación, que no podemos ignorar ulteriormente, consideramos, que se tienen que contemplar urgentemente las siguientes medidas:
· realizar un cambio drástico en la política social y económica, tomando en cuenta en primer lugar las necesidades reales de la población, encima de cualquier consideración económica global,
· dedicar un mayor gasto gubernamental al estado, principalmente a los municipios, sin consideraciones políticas y vigilar sobre la aplicación de los programas emergentes anunciados, para que realmente favorezcan a los más necesitados,
· dedicar una atención prioritaria a la impartición de la justicia que, como acaece en varias entidades de la República, representa uno de los principales escollos al respeto de los derechos humanos e impulsa a la gente a la desesperación y a tomar la justicia en sus manos,
· ejercer un efectivo control sobre los grupos armados, guardias blancas, paramilitares o delincuentes, investigando posibles complicidades de funcionarios y policías; detener las organizaciones agresivas, como Antorcha Campesina, que siembran división y violencia, con el pretexto de defender los intereses de los campesinos,
· introducir y afianzar relaciones democráticas en el estado, respetando y haciendo respetar la voluntad del pueblo por encima de los intereses caciquiles o partidarios en los comicios, ya sea que se trate de procesos electorales por usos y costumbre o elecciones normales; tener un trato digno con las organizaciones campesinas independientes y con sus dirigentes, ya que son la voz del pueblo; tomar en cuenta sus demandas sociales y respetar sus recursos naturales.
Recibido de El Centro de Derechos Humanos "Mixtecos por la Paz A. C."
