Contenido:
ü Los zoques y el territorio chimalapa
Informe ante la OIT sobre las violaciones a los derechos
indígenas del pueblo Zoque Chimalapa
Artículo 9.
Artículo 11.
Artículo 21.
Artículo 22.
Artículo 24.
Artículo 29.
Artículo 34.
Artículo 35.
ü
Compañía maderera Sánchez Monroy
ü
Plan de Desarrollo Integral del Istmo de Tehuantepec
(Megaproyecto Transítmico)
Anexo: Situación agraria de la región
oriente de los Chimalapas
Benito
Juárez, San Miguel Chimalapa, Juchitán, Oaxaca, México, agosto del 2001.
La
selva zoque es una de las regiones selváticas más importantes de Norteamérica
por su biodiversidad y por la cultura de los pueblos originarios en su contacto
permanente con la naturaleza. Abarca parte de los estados de Veracruz
(Uxpanapa), Oaxaca (Chimalapas) y Chiapas (Reserva de la Biósfera El Ocote), en
una extensión de masas forestales de casi un millón de hectáreas, lo que hace
de esta región ecológica una de las más extensas del continente. Forma parte de
lo que se conoce como Selva Maya en el centro del istmo de Tehuantepec.
Una
serie de conflictos por la apropiación del territorio y la explotación de los
recursos naturales mantienen en conflicto permanente a los habitantes de esta
región, principalmente en la sección oaxaqueña, conocida como Los Chimalapas.
La
pérdida de la superficie original por cambio de uso de suelo a ganadería,
explotación forestal o agricultura es mayor al 80% en el Uxpanapa, un 40% en el
Ocote y muy baja en los Chimalapas[i].
Los
Chimalapas es una región de casi 600 000 hectáreas que conforma la selva zoque
del estado de Oaxaca. San Miguel Chimalapa es uno de los dos municipios en que
se divide el pueblo zoque chimalapa, ubicado en el istmo de Tehuantepec, la
porción de tierra más estrecha de México. El otro municipio zoque de Oaxaca es
Santa María Chimalapa. Ambos municipios constituyen la comunidad del pueblo
zoque de Oaxaca, en el que conviven diversas culturas indígenas del sur de
México, como zoques de Oaxaca y Chiapas, mixtecos, tzotziles, mazatecos,
chinantecos, zapotecos y mestizos de Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Puebla y Veracruz
(Ver mapa de los zoques en el istmo)
Por
sus características étnicas podemos decir que el pueblo zoque chimalapa es una
comunidad multicultural, siendo la relación con la tierra de tipo comunal la
principal característica que une a todos los campesinos asentados en las
comunidades de los chimalapas.
Los
zoques cuentan con dos resoluciones presidenciales expedidas en marzo de 1967
que le dan a San Miguel la posesión de 134 000 hectáreas y a Santa María 460
000 hectáreas, teniendo una superficie conjunta de 594 000 hectáreas. Sin
embargo, desde un inicio las resoluciones presidenciales han sido ignoradas,
violadas y objeto de conflictos agrarios en los límites de los municipios
chimas con ejidos, colonias ganaderas y predios de particulares de Oaxaca,
Veracruz y Chiapas. (Ver mapa de conflictos agrarios)
La
indefinición agraria ha provocado invasiones territoriales, especulación de
tierras y saqueo de recursos naturales como tierras, bosques, aguas y
biodiversidad de ambos municipios chimas, principalmente en la zona oriente,
limítrofe con Chiapas y con la colonia Cuauhtémoc, en la parte norponiente de
Santa María.
Estos
problemas por la apropiación del territorio zoque han generado un clima de
conflicto permanente por lo menos desde 1960, siendo cada vez mayor la
violación de los derechos humanos y de los derechos territoriales y colectivos
de los comuneros chimas, haciendo ineficaz la acción agraria y dificultando los
proyectos de desarrollo promovidos por comunidades, gobiernos y empresas.
La
comunidad del pueblo zoque chimalapa se encuentra en una precaria situación
económica, política, social y cultural, de marginación, violencia y saqueo de
los recursos naturales.
La pobreza de los chimalapas es
económica, no así natural o cultural, en lo que existe un gran patrimonio de la
cultura madre zoque, hermana del pueblo mixe y popoluca, actualmente
conviviendo con zapoteca, mixteca, tzotzil y mestiza, huave, y muchas culturas
hermanas más que viven en el istmo de Tehuantepec y los estados de Oaxaca,
Chiapas y Veracruz, con quienes compartimos agua y aire que nace de las
montañas.
Los conocimientos de la
naturaleza y el respeto que se tiene con la selva zoque han permitido que se
conserven en buen estado de conservación casi 600 mil hectáreas donde se cruzan
diversos ecosistemas como bosques de pino, encino y pino encino, selvas baja,
media y alta.
Siendo
los Chimalapas lugar de nacimiento de más del 40% de los ríos de México y zona
de hábitat de una gran diversidad de animales y plantas, esta selva es uno de
los pulmones y centros de biodiversidad más importantes de América.
Para 1989 los científicos tenían
contabilizada la riqueza natural de los chimalapas como se especifica en la
siguiente tabla[ii]:
Grupos animales |
Número de especies en los Chimalapas |
Porcentaje respecto al total nacional |
Mamíferos |
146 |
31.3 |
Aves |
316 |
32.3 |
Mariposas |
445 |
44.5 |
La importancia biológica, hidrológica, económica y cultural de
los Chimalapas para México hace de esta región húmeda del istmo de Tehuantepec
uno de los lugares estratégicos para los planes y programas de desarrollo de la
región sur sureste de México. Particularmente desde 1996 cuando se dio a
conocer el megaproyecto de desarrollo integral del istmo de Tehuantepec y
recientemente en 2001, con el Plan Puebla Panamá del actual gobierno de México.
Sin embargo los proyectos de
desarrollo para la región no han sido consultados entre los habitantes de los
pueblos indígenas del istmo, provocando diversas violaciones a los derechos
territoriales. Además no existe actualmente un programa para solucionar los
conflictos agrarios, por lo que los derechos territoriales y colectivos del
pueblo zoque Chimalapa son burlados y violados constantemente por particulares,
ignorados por gobernantes y por autoridades judiciales y militares.
Siendo el conflicto agrario
parte de un conflicto político entre dos estados de la república mexicana,
Oaxaca y Chiapas, el problema de los Chimalapas es de competencia federal, por
lo que se ha acudido en diversas ocasiones ante autoridades de ambos estados y
del gobierno federal, sin que a la fecha se instrumente con éxito algún proceso
de reconciliación agraria y definición de límites territoriales.
En
1998 una serie de incendios forestales dañó más de 200 000 hectáreas de los
Chimalapas y otro tanto en El Ocote y el Uxpanapa. Además de las sequías provocadas por el fenómeno El Niño y el
calentamiento global del planeta, el mismo gobierno mexicano reconoció que en
la región oriente los incendios forestales habían iniciados por ejidos
asentados de manera irregular en territorio de los Chimalapas[iii].
Los
problemas territoriales son resultado de una serie de violaciones a los
derechos humanos de los habitantes de los Chimalapas, que al ser de procedencia
indígena constituyen una violación al Convenio 169 de la OIT, tema al que se
refiere el presente texto.
A
partir de estos antecedentes es que se hace imprescindible resolver los
problemas territoriales en los Chimalapas, pues su repercusión es a nivel
mundial por la amenaza a una de las últimas selvas del mundo.
Estando el proceso de acusación
y defensa jurídica en manos de autoridades federales, y ante la lenta y
negativa respuesta de nuestras demandas, hacemos conocer a la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) las violaciones al convenio 169 sobre derechos
de los pueblos indígenas.
Esperando se preste interés al
proceso de conflicto en la zona de los Chimalapas y deseando esta medida contribuya
a solucionar los problemas agrarios territoriales de nuestro pueblo zoque, por
el bien de nosotros y los vecinos, para beneficio de la biodiversidad de la
selva, lo que sabemos es por bien de la Madre Tierra.
Los antepasados prehispánicos zoques se asentaron en las selvas
del istmo de Tehuantepec hace más de 2000 años, según ser puede constatar en
investigaciones antropológicas y arqueológicas, y en los restos arqueológicos
existentes en muchas de las comunidades actuales y en el interior de la selva.
Las riquezas naturales de los
bosques y selvas del istmo de Tehuantepec, particularmente sus maderas
preciosas como caoba, cedro, huanacastle y pino; animales como jaguar, tapir o
danta, quetzal, pericos, lagartos, monos araña, saraguato, faisán, venado cola
blanca, serpientes, mariposas, ranas; y más, hacen de estas tierras las mejor
conservadas en sus ecosistemas originales en todo Norteamérica y Mesoamérica.
Junto con la selva maya, los
Chimalapas es una de las últimas selvas altas de México y la que presenta mayor
biodiversidad.
Sus características naturales,
contando con diversos pisos edafológicos que le dan alturas desde 200 hasta más
de 2000 msnm, en donde se encuentra una gran diversidad climática, contando con
la presencia de diversos ecosistemas de bosques de montaña, mesófilo, de pino,
encino y pino encino, con selvas tropicales baja o chaparral (ecosistema propio
de la región), media y alta de montaña hacen posible tanta diversidad natural.
Tanta riqueza natural, estando
aun miles de hectáreas sin explorarse, han hecho de estas tierras objeto de
ambición, invasión y saqueo por parte de gobiernos, empresas y particulares,
terratenientes madereros, ganaderos y narcotraficantes, tanto mexicanos como
extranjeros.
En distintas épocas de los
últimos 400 años de la historia de México, el territorio selvático de los
zoques chimalapas ha sido reducido y violado por decretos presidenciales, leyes
y programas de desarrollo regionales; siendo más grave en los últimos 50 años,
cuando se ha acelerado la modernización del istmo de Tehuantepec, afectando
negativamente el territorio zoque, sus riquezas naturales y su gente.
El primer documento del México
colonial que reconoce la posesión de tierras de los zoques data del 24 de marzo
de 1687, cuando Domingo Pintado, a nombre de la comunidad de Santa María de las
provincias de Tehuantepec, pagó a la corona en jícaras llenas de oro los
títulos virreynales que reconocían el territorio zoque, siendo beneficiada con
900,000 hectáreas, datadas como 360 leguas cuadradas.
Con la invasión española a México, llegaron también pestes y
enfermedades desconocidas en la región, como la viruela (matlazahua) que casi extermina a los zoques de chimalapilla, por lo que abandonaron el pueblo y se instalaron en
la actual cabecera de Santa María en 1737.
En 1780 fue fundado el pueblo el pueblo zoque de San Miguel, por migrantes
de Santa María.
Todavía en la década de 1980 los
zoques seguían fundando comunidades en la región oriente de San Miguel, como
San Antonio, Benito Juárez y Cerro Baúl, y a la fecha algunas comunidades se
cambian de territorio como Sol y Luna (2001).
Estas características
sociológicas de movilidad interna hacen de la dinámica demográfica de los
zoques un tipo semi nómada y del territorio Chimalapa una región en movimiento
constante.
El debilitamiento del pueblo
zoque por la epidemia de matlazahua facilitó la explotación de los bosques,
cuyas maderas se transportaban a Veracruz por las afluentes del río
Coatzacoalcos que nacen al norte de los Chimalapas, como el río del Corte y el
Uxpanapa.
De los puertos veracruzanos las
maderas de los chimalapas eran trasladadas a los astilleros de la corona
española, en la actual isla de Cuba.
Desde el siglo XIX se exploraba
e investigaba la posibilidad de abrir el istmo de Tehuantepec a través de un canal como el de Súez.
Francia, Inglaterra y Estados Unidos, las nacientes democracias del mundo
moderno se disputaban y especulaban con la potestad de la ruta interoceánica
por el istmo mesoamericano.
Panamá, Nicaragua y
Tehuantepec eran las propuestas para el
canal interoceánico, decidiéndose finalmente por el extremo sur de
Centroamérica, en Panamá, quedando bajo administración de Estados Unidos.
El presidente de México de mayor
constancia en el siglo XIX, general Antonio López de Santa Anna, fragmentó el
territorio del México independiente en el norte y el sur:
Al norte, México perdió sus
territorios de Texas, Arizona y California, además de La Mesilla, con lo que
Estados Unidos logró extenderse desde Nueva York hasta la costa pacífica.
Al sur, México perdió la
soberanía en Guatemala y Centroamérica, que se separaron y se constituyeron en
países independientes.
Durante los gobiernos de Santa
Anna, el istmo de Tehuantepec fue concedido en 1842 a José De Garay, un
particular para su exploración y diseño para el trazo de una ruta interoceánica
por los 300 kilómetros que separan el Pacífico del Atlántico.
Se discutía si sería un canal o
un ferrocarril para cruzar el istmo y agilizar el comercio entre Europa y
Estados Unidos, la costa atlántica, y Sudamérica y el este asiático, la costa
pacífica.
El viejo sueño de encontrar una
ruta más corta a las indias, que llevó a la expedición de Cristóbal Colón y la
conquista de América, se trataba de realizar conquistando las tierras del
sureste de México y proyectar rutas interoceánicas por el istmo mesoamericano.
La concesión del istmo y el
proyecto interoceánico fueron discutidos y rechazados por los congresos de
Estados Unidos y México.
En 1850 el presidente de México
José Joaquín Herrera canceló la concesión del istmo expedida por Santa Anna y
reconoció los títulos virreynales de Santa María Chimalapa, por lo que el
proyecto interoceánico y la tala de maderas se detuvieron un poco.
Sin embargo, durante el gobierno
de Benito Juárez se firmaron los tratados de Mac Lane¾Ocampo entre los gobiernos de
Estados Unidos y México en los que se permitía la concesión de la ruta
interoceánica del istmo a la potencia estadounidense. El congreso
estadounidense primero, y el mexicano después, rechazaron estos tratados, por
lo que perdieron validez.
Para 1908 el presidente Porfirio
Díaz inauguró el ferrocarril transístmico, hecho que abrió el istmo a la
modernización regional y a un nuevo proceso económico. En 1929 fue inaugurado
el canal de Panamá, por lo que el interés por el cruce en Tehuantepec pasó a
segundo plano en términos geopolíticios.
Con la saturación del Canal de
Panamá a partir de los años noventa, el proyecto interoceánico en el istmo
cobra vigencia y se vuelve a presentar a partir de 1996, por lo que la región
es de especial interés para los grandes capitales transnacionales.
Las riquezas del istmo no sólo
radican en su ubicación geopolíticamente estratégica, sino en su biodiversidad
(los Chimalapas, el Uxpanapa, la región mixe), zonas petroleras (Salina Cruz,
Minatitlán, Cosoleacaque y Coatzacoalcos) y por la oferta laboral que
representa la población istmeña al encontrarse en precaria situación económica
con tendencia a migrar a los Estados Unidos.
Esta situación hace del istmo
una región con amplias ventajas comparativas para las grandes inversiones
económicas y desarrollo modernizante. En el presente año 2001 el presidente de
México Vicente Fox amplía la visión de desarrollo de los anteriores gobiernos
mexicanos y presenta el Plan Puebla Panamá, en el que el viejo proyecto de
cruzar el istmo de Tehauntepec es uno de los ejes centrales.
Sin embargo, este plan no ha
sido aun dado a conocer entre los pueblos del istmo, ni ha servido para iniciar
programas que resuelvan los viejos problemas agrarios, económicos y sociales de
sus habitantes.
Siendo los Chimalapas la región
más rica en biodiversidad, agua y bosques del istmo de Tehuantepec, resolver su
problemas sociales es de suma importancia para el desarrollo de cualquier
proyecto modernizante regional, pues de los chimalapas dependen los ríos que
cruzan el istmo y vierten sus aguas a poblaciones, industrias y océanos.
El desarrollo industrial de los
centros petroleros de Coatzacoalcos y Salina Cruz, ha contribuido enormemente
en la presión a los recursos hídricos y las masas forestales de los Chimalapas,
sin que esto forme parte de los estudios de impacto ambiental del petróleo del
istmo ni se discuta públicamente.
Los árboles de los Chimalapas cumplen
la función de limpiar el aire del carbono y gas liberado por las industrias
petroleras de Coatzacoalcos y Salina Cruz, por lo que han sufrido grandes
presiones por el calentamiento de la tierra. Los incendios forestales son cada
vez más frecuentes y terribles.
El río Coatzacoalcos, que tiene
uno de sus orígenes en el Río El Corte de los Chimalapas, está prácticamente
muerto por su utilización excesiva desde la época colonial. Otros ríos del istmo de Tehuantepec, que
nacen en los Chimalapas también corren el peligro de secarse o contaminarse por
el abuso de las industrias y ciudades.
En general el desarrollo del
istmo ha significado mayor presión para el territorio Chimalapa, por lo que una
serie de propietarios saquean las tierras, maderas y aguas violando los
derechos territoriales y los documentos agrarios que dan posesión a los zoques
de sus tierras y generando graves conflictos sociales.
En 1957 se constituyó la colonia
Cuauhtémoc en el extremo norponiente de Santa María Chimalapa, ocupando 40 mil
hectáreas. Poco a poco los terratenientes de la colonia ganadera Cuauhtémoc han
despojado a los zoques de un total de 11 mil hectáreas, violando los derechos
territoriales de los chimalapas.
Los últimos conflictos entre la
colonia Cuauhtémoc y Santa María estuvieron cerca de un desenlace violento en
abril de 1998 y julio¾agosto del 2001.
En el otro extremo del
territorio Chimalapa, en la frontera con Chiapas, zona poco poblada por zoques,
desde la década de 1940 terratenientes como la familia Sánchez Monroy (de
Michoacán), Oscar Moguel y Juan Pérez,
construyeron aserraderos, fincas ganaderas y pueblos de trabajadores traídos de
otras regiones para trabajar como talamontes, vaqueros o agricultores en más de
100 000 hectáreas de tierras usurpadas a los chimalapas.
Saqueaban los bosques, abrían
las tierras al ganado y establecían poblados en la región oriente de los
Chimalapas, violando flagrantemente el territorio zoque, saqueando los recursos
naturales y destruyendo la biodiversidad.
En marzo de 1967 el entonces
presidente Gustavo Díaz Ordaz expide
dos resoluciones presidenciales que reducen el territorio originalmente
reconocido en los títulos virreinales de 1678 de 900 000 a poco menos de 600
000 hectáreas, dividiendo además la comunidad original Chimalapa en dos
municipios, Santa María y San Miguel.
Con este acto se da vigencia a
dos terceras partes del territorio ancestral zoque, legalizando el despojo de
la colonia Cuauhtémoc y otros predios de la región poniente.
A la fecha los derechos territoriales de los chimalapas
no han sido respetados por las propias autoridades agrarias, municipales,
estatales y federales, lo que ha facilitado que el despojo de tierras sea cada
vez más grave y los bosques y selvas de los chimalapas, sus aguas y animales y
con ello el pueblo zoque se vean seriamente perjudicados.
No se ha expedido el plano
agrario definitivo pese a que es de conocimiento público, ni se ha concluido el
deslinde físico de las resoluciones presidenciales. Esto facilita la
especulación de tierras y el saqueo clandestino de maderas.
Peor aun se han dotado de
tierras zoques a ejidos y colonias de campesinos y propietarios ajenos a los
chimalapas y faltos de respeto a los derechos territoriales y el sistema de
gobierno zoque.
Entre 1967 y 1992 se han creado
28 núcleos agrarios chiapanecos en el territorio comunal de los zoques, sin
considerarles sus derechos territoriales y provocando un conflicto agrario
entre Oaxaca y Chiapas, creándose un conflicto de límites estatales que se
complica año con año teniendo su base en problemas agrarios con el pueblo
zoque.
La zona de conflicto entre
Oaxaca y Chiapas a través de los ejidos chiapanecos comprende más de 160 000
hectáreas de los dos municipios de los Chimalapas, violándose las mismas constituciones estatales y las
resoluciones presidenciales.
En realidad el conflicto de
límites estatales es político, pues jurídicamente no debería existir, ya que
las constituciones de ambos estados coinciden en marcar los mismos límites.
Por otro lado, según los han
reconocido los mismos gobiernos, una resolución presidencial puede estar en dos
o tres estados, pues las resoluciones presidenciales no definen los límites
estatales[iv].
Sin embargo, en 1986, el
gobernador de Chiapas, general Absalón Castellanos Domínguez, con fuertes
intereses en la zona, particularmente en la finca cafetalera Casablanca,
publicó un mapa del estado en el que Chiapas "engordaba" comiéndose
parte de bienes comunales de los Chimalapas.
En 1989 el sucesor de
Castellanos, Patrocinio González Garrido, también con fuertes intereses en los
Chimalapas, como en el predio San Isidro La Gringa, donde se ha denunciado
presencia del narcotráfico, publicó una versión más del mapa de Chiapas en el
que se pierde un enorme territorio calculado en 221 900 hectáreas.
En el mapa de Patrocinio se
empuja el límite poniente de Chiapas hasta la longitud 94º 14', siendo la 94º
08' antes de estos cambios cartográficos que pretenden oficializar la
usurpación de tierras por terratenientes de Chiapas a los Chimalapas (Ver mapa
de Patrocinio).
Por su ilegalidad y los
conflictos causados, estos mapas han sido constantemente modificados,
presentándose cada vez una nueva versión de los límites fronterizos, por lo que
el territorio de los Chimalapas está en la incertidumbre cartográfica.
Por este problema y los
intereses de los terratenientes, ex gobernadores, ganaderos y ejidatarios de
Chiapas, no se ha querido reconocer el plano agrario definitivo de los bienes
comunales de los Chimalapas según las resoluciones presidenciales de 1967.
Como parte del proceso de
reconciliación agraria, el 20 de diciembre de 1993, la Secretaría de Reforma
Agraria (SRA) entregó los planos definitivos de los bienes comunales. Entonces
Patrocinio González, para esa entonces secretario de Gobernación, desconoció
los planos, defendiendo el mapa que había promovido durante su gobierno en
Chiapas y abortando el proceso de reconciliación agraria.
Esta situación ha permitido la
especulación de tierras, por lo que diversas prácticas ilegales se llevan a
cabo en la zona de conflicto, en detrimento de los recursos naturales, los
derechos humanos, el desarrollo de la cultura indígena y la paz.
Tales prácticas clandestinas
consisten en la tala clandestina, ganadería extensiva en tierras usurpadas,
bioprospección, siembra de enervantes como marihuana y hasta la construcción de
una pista clandestina para avionetas que facilitan la transportación del
narcotráfico en el predio La Gringa, actividades que han sido denunciadas y en
numerosos momentos detenidas por los comuneros zoques Chimalapas de ambos
municipios.
Detener la destrucción de la
naturaleza forma parte de la cultura y derecho consuetudinario de los comuneros
Chimalapas, que han emprendido numerosas acciones para detener estas
actividades ilegales.
Las acciones agraria, ecológica
y judicial del estado mexicano, lejos de apoyar y fortalecer el derecho
consuetudinario de vigilancia en el territorio de los Chimalapas, han
contribuido al deterioro del tejido social del pueblo zoque y a la violación de
los derechos indígenas.
Las acciones de las distintas
instituciones gubernamentales estatales y federales han corrompido a las
autoridades municipales, lo que dificulta mucho más la aplicación del derecho
consuetudinario, la organización comunitaria, el aprovechamiento y conservación
de los recursos naturales, la comunicación con otras organizaciones y pueblos
indígenas, el desarrollo comunitario y la cultura indígena.
Conscientes de la violación de nuestros derechos como pueblo
indígena y a los costos ecológicos que esto ha significado para las tierras,
bosques, aguas y biodiversidad de esta importante reserva natural de México y
el mundo, a continuación se presenta un informe de la violación sistemática del
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, por parte de
gobiernos, empresas y particulares.
Este informe es sólo una muestra
de la violación a los derechos indígenas al pueblo zoque de los Chimalapas,
elaborado por la comunidad Benito Juárez del municipio de San Miguel, ubicada
en el centro de la zona de conflicto entre Oaxaca y Chiapas.
Concluimos citando el
planteamiento final de la carta que las autoridades de Santa María
entregaron al presidente Vicente Fox en cuanto entró al poder, empezando el
actual año 2001:
A partir de los engaños de las autoridades
estatales y federales, la comunidad toma la decisión de no seguir apostando a
la conciliación agraria con los núcleos enclavados en los bienes comunales en
la zona noroeste de Cintalapa, del estado de Chiapas debido a que se han
intentado durante más de 10 años en la conciliación, primero de campesino a
campesino, posteriormente con las instituciones agrarias tanto estatal como
federal, pero no se ha tenido un resultado positivo a pesar de la buena
disposición de las comunidades en aceptar en primer término como comuneros,
pero el gobierno chiapaneco ha manipulado a los campesinos chiapanecos y los
presiona para que no acepten a ser comuneros, por que esto significa ser
oaxaqueño y el gobierno de Chiapas los presiona y les ofrece proyectos para desistirse
de la conciliación.
La conciliación le rompe el esquema al gobierno de
Chiapas porque en este proceso no se contemplan los ganaderos, los talamontes,
los políticos y narcotraficantes que se encuentran en la zona devastando
nuestros recursos forestales y naturales de nuestra región, por lo que la
comunidad exige que los campesinos que no aceptaron su incorporación a la
comunidad como comuneros durante todo este tiempo y que se les hizo la oferta,
pedimos que de inmediato sean reubicados fuera de nuestros bienes comunales,
esperamos una respuesta favorable a nuestros intereses como dueños legítimos de
nuestras tierras y territorio zoque.
Memoria
correspondiente al periodo: |
1990 al 18 de agosto de 2001 |
Denunciante: |
Congregación Benito Juárez, municipio San Miguel Chimalapas,
Juchitán, Oaxaca, México. Asociación civil Chimalapas Unidos en defensa de la Etnia y la
Biodiversidad CHUDEB, A.C. |
Violación
a: |
Territorio, organización comunitaria, cultura indígena, acceso
a la justicia, participación política. |
Pueblo
indígena: |
Zoque de Oaxaca (Chimalapas) |
Diversidad
cultural: |
Pluriétnica |
Etnias
involucradas: |
Zoque de Chiapas, Tzotziles, Zapotecos, Mixtecos, Chinantecos,
mestizos de Michoacán, Puebla, Veracruz, Guerrero, Chiapas, Oaxaca. |
Derecho
internacional violado: |
Convenio 169 de la OIT |
Leyes
mexicanas violadas: |
Constituciones federal y estatales de Oaxaca y Chiapas, Ley
Agraria, Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. |
Instituciones
mexicanas involucradas: |
Presidente de la República, Secretarías de Agricultura y Recursos
Hidráulicos (SARH), Reforma Agraria (SRA), Ecología, Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT),
Defensa Nacional (SEDENA), Poder Judicial, Poder Legislativo, presidencia municipal y
Comisariado de Bienes comunales de San Miguel Chimalapa |
CONSIDERANDO
Que el convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) es la máxima legislación sobre
derechos de los pueblos indígenas y tribales en países independientes del
mundo,
Que el senado de la república mexicana ratificó que dicho convenio
es ley suprema en nuestro país, entrando en vigencia el 4 de septiembre de
1991,
Que la paz entre los pueblos es condición para el desarrollo de
las culturas, la naturaleza y la economía.
Que la crisis ecológica del planeta hace de interés mundial la
situación existente en los bosques y selvas que le dan equilibrio y existencia
a miles de especies de plantas y animales, en ecosistemas de bosques, selvas,
ríos, montañas, lagunas y cuevas,
La congregación Benito Juárez del municipio de San Miguel
Chimalapa, Juchitán, Oaxaca, México y la organización Chimalapas Unidos en
Defensa de la Etnia y la Biodiversidad Asociación Civil (CHUDEB, AC), elaboran
el presente
INFORME
ANTE LA OIT SOBRE LA VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS INDÍGENAS DEL PUEBLO ZOQUE
CHIMALAPA DE MÉXICO
Con copia para su difusión a medios masivos de comunicación,
Organizaciones No Gubernamentales, sindicatos y Autoridades del gobierno
mexicano correspondientes e interesados.
En este caso nos referimos al pueblo
indígena zoque de Oaxaca, habitante de los municipios Santa María Chimalapa y
San Miguel Chimalapa, distrito de Juchitán, estado de Oaxaca, México.
El pueblo zoque de Oaxaca está ubicado al
centro del istmo de Tehuantepec, en la región conocida como los Chimalapas, por
lo que también se les dice chima.
En un territorio de 594 000 hectáreas de
bosques y selvas húmedas, el pueblo zoque de Oaxaca se divide para su
administración en dos municipios, Santa María Chimalapa, con 460 000 hectáreas
y San Miguel Chimalapa, con 134 000 hectáreas, según las resoluciones
presidenciales de marzo de 1967, ejecutadas en 1992, donde se reconocen los
derechos históricos de los zoques en su territorio.
Durante siglos los Chimalapas ha sido una
zona escasamente poblada, presentando las tasas de crecimiento demográfico más
altas en las últimas cuatro décadas por las políticas de colonización del
trópico y el estableciemiento de grandes compañías madereras. Entre 1950 y 1990
la tasa de crecimiento anual de San Miguel fue de 4.5 y la de Santa María de 7.9;
mientras que en el lapso 1980-1990 las cifras fueron de 9.7 y 8.8
respectivamente, de acuerdo con las estadísticas oficiales. En 1990 Santa María
registró 5733 habitantes y San Miguel Chimalapas 5683[v].
2.2.b. En las acciones emprendidas por dependencias gubernamentales de tipo agrario y judicial no se han
respetado los usos y costumbres de la comunidad, ni las instituciones de
gobierno, cuya máxima autoridad recae en la asamblea comunitaria. Se ha faltado
el respeto que el gobierno debe guardar a las instituciones tradicionales de
nuestro pueblo, especialmente al poder de decisión de la asamblea en todo lo
correspondiente a los municipios indígenas.
En la resolución de conflictos agrarios que
han llevado a cabo las comunidades de
la zona oriente de San Miguel Chimalapa con ejidos chiapanecos invasores de
nuestras tierras , durante parte de los años 1991 y 1992, el entonces
gobernador de Chiapas, Patrocinio González Blanco Garrido y el presidente
municipal de Cintalapa, Chiapas, impidieron la resolución pacífica que se había
acordado con los campesinos de los ejidos Gustavo Díaz Ordaz, Rodulfo Figueroa,
Ramón E. Balboa y la Flor de Chiapas, impidiendo la efectividad de los derechos
sociales y económicos de nuestros pueblos, que con la conciliación agraria
buscaban la paz.
En julio de 1991, el gobierno chiapaneco
concentró a 17 autoridades ejidales en la presidencia municipal de Cintalapa, y
las obligó a firmar un acta de desistimiento de los acuerdos y amparos contra
la ejecución de las resoluciones presidenciales de los Chimalapas. Con esto,
los avances obtenidos por las comunidades en la resolución de conflictos
agrarios conforme a los usos y costumbres de asamblea, fue impedido por el gobierno
de Chiapas con la anuencia del gobierno de Oaxaca.
Los gobiernos de Chiapas y Oaxaca han
continuado hasta la fecha con esa política de no resolver el conflicto agrario,
por lo que han impedido la resolución pacífica en posteriores reuniones con los
gobiernos estatales y federal desde 1993 a la fecha.
No se ha
cumplido el artículo 2.2.b pues los gobiernos no han promovido acciones de
promoción cultural que permitan un rescate de las tradiciones, costumbres,
fiestas, vestido, lengua, cosmovisión, sistema de cargos y mayordomía. Estas
tradiciones son la expresión de la cultura zoque y se han ido perdiendo por los
problemas sociales, la marginación económica, la falta de apoyo a los pueblos
indígenas y la intromisión de partidos políticos, que coptan a las autoridades
sin permitir la libre determinación conforme a nuestros usos y costumbres.
Las fiestas
tradicionales han dejado de practicarse por que se fueron pervirtiendo por el
uso de alcohol, lo que genera violencia en la misma comunidad. Era normal que en
cada fiesta hubiera uno o dos muertos, por eso han dejado de practicarse.
En este sentido
se ha violado el Convenio 169 de la OIT y la Constitución del estado de Oaxaca
que promete el cumplimiento de los derechos indígenas, situación que solo está
escrita en el papel.
Por la crisis
económica y la falta de recursos al campo y los municipios, nuestros pueblos se
han visto obligados a cambiar algunos conocimientos sobre la agricultura
tradicional y experimentar con agroquímicos y cultivos comerciales, lo que ha
deteriorado el medio ambiente y la cultura campesina tradicional en su relación
directa con la naturaleza.
Desde 1986 el gobierno chiapaneco ha
instalado retenes de la policía preventiva estatal y el gobierno federal ha
instalado retenes de militares y policía federal preventiva, que vigilan los
caminos de acceso a las comunidades de los Chimalapas. En varias ocasiones han
ingresando a las comunidades, lo que mantiene la paz en una situación de
tensión pues hay la memoria de enfrentamientos y encarcelamientos por parte del
Ejército y la policía de Chiapas.
Se ha violado el artículo 3 apartado 2
que garantiza que no debe emplearse la fuerza o coerción que viole los derechos
humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas al menos en los
siguientes sucesos:
Entre 1990 y 1993 se instalaron tres
retenes militares en los ejidos Rodulfo Figueroa, Gustavo Díaz Ordaz y la finca
Casablanca, todos estos asentados de manera irregular en territorio zoque según
lo amparan los títulos virreynales de 1687 y las resoluciones presidenciales de
marzo de 1967.
Los militares violaban derechos
fundamentales como la ocupación de tierras, la falta de consulta a las
autoridades para la toma de decisiones, obstrucción del libre tránsito, robo de
pertenencias, hostigamiento verbal, físico y sexual y ruptura de la paz.
La intromisión del ejército federal, la
policía preventiva de Chiapas y la policía federal preventiva se ha
incrementado desde 1998 y en los años 2000 y 2001, violentando la paz y la
resolución de conflictos conforme a los usos y costumbres de asamblea, la
libertad individual de algunos comuneros que han sido detenidos ilegalmente.
Es deseo de los pueblos zoques de los
Chimalapas constituir una reserva ecológica comunal, administrada, determinada
y manejada por los comuneros Chimalapas, según se ha expresado en diversas
actas de asamblea comunitaria. Contrario a este deseo y sin consulta de por
medio, el gobierno federal ha promovido desde 1991 el decretar Chimalapas como
reserva de la biosfera, lo que no se ha realizado precisamente por la oposición
de los Chimalapas.
La relación con el medio ambiente y el
conocimiento de plantas medicinales se ha ido perdiendo ante la falta de
promoción por parte del gobierno mexicano, y a la vigencia de la medicina de
patente como la única recomendada por las instituciones de salubridad como el
IMSS.
Se ha violado
el derecho de la información y la consulta. Durante los años de 1992 y 2001 el Congreso de la Unión aprobó
reformas constitucionales en cuestión de derechos indígenas y agrarios
(artículos 4 y 27), sin que
se nos haya informado al respecto los contenidos o se nos haya invitado a
participar. En el sexenio de Ernesto Zedillo (1994¾2000) se impulsaron muchas
reformas a las leyes ecológicas sin que se haya consultado a nuestro pueblo,
pese a que los Chimalapas es una de las regiones más importantes para los
proyectos de desarrollo sustentable del gobierno.
Las comunidades zoques Chimalapas han
señalado como iniciativa propia la declaración de una reserva ecológica
campesina de administración comunal, sin que se les haya apoyado técnica,
económica o políticamente, al contrario, se ha promovido otro modelo de
conservación ajeno a los comuneros.
Diversos proyectos de desarrollo regional
en el istmo y en particular en los Chimalapas se han llevado a cabo o han sido
planeados por gobiernos y empresas sin consultar ni informar a las comunidades
del pueblo zoque chimalapa.
Se viola el derecho que tienen los pueblos
indígenas de participar en la formulación, aplicación y evaluación de los
planes y programas de desarrollo nacional y regional. Este principio nunca se
ha cumplido pues dichos programas son elaborados por instituciones de gobierno,
estableciendo por sí mismas las modalidades de su ejecución sin tomar en cuenta
la opinión de los pueblos ni considerarlos en su administración.
No se conocen estudios de impacto
ambiental, cultural, social o económico por los proyectos de desarrollo
regional que afectan directa o indirectamente los recursos naturales de los
Chimalapas.
Sobre estos grandes proyectos de
desarrollo se especifica más adelante.
En la
aplicación de la legislación nacional, las autoridades agrarias, judiciales,
militares y ecológicas han dado nula consideración al derecho consuetudinario
zoque chimalapa.
Entre los principios del derechos
consuetudinario está la toma de decisiones conforme asamblea, y las autoridades
estatales y federales han privilegiado la negociación con las autoridades o con
comuneros en lo individual sin tomar en cuenta la asamblea.
Otro principio básico de la comunidad es
que los comuneros están obligados a organizarse y detener las actividades
ilegales de saqueo de los recursos naturales como maderas, tierras, aguas.
animales y plantas.
Los procedimientos de acción directa de
los comuneros en aplicación al derechos consuetudinario y la preservación de
los recursos naturales, se procede a la detención in fraganti en el lugar de
los hechos a los agentes que
contribuyen al saqueo de recursos naturales.
Posteriormente se entrega a los culpables
a las autoridades municipales, estatales o federales, según corresponda, pero
en todo momento se ha obstaculizado la aplicación de este derecho de detención
de actividades ilegales. Medios masivos de comunicación y funcionarios de
gobierno acusan a los comuneros de robo, secuestro y daño en propiedad ajena
por detener las maquinas que talan el bosque y a los talamontes y propietarios
terratenientes.
En abril de 1998 los comuneros de Santa
María detienen a 20 personas sorprendidas talando clandestinamente la zona de
conflicto agrario con la colonia ganadera Cuauhtémoc, por lo que son
encarceladas en la prisión municipal y se reportan ante las autoridades
ecológicas y judiciales. Lejos de apoyar la acción de los chimas, el gobernador
de Oaxaca, Diódoro Carrasco Altamirano, ordena a la policía del estado a rodear
la zona. Los policías detienen a varios comuneros chimas y se les acusa de
secuestro, en clara protección a los talamontes. Finalmente se hace un cambio
de rehenes, y se firman compromisos de solución definitiva del conflicto
agrario.
En julio del 2001 vuelve a estallar un
conflicto con la Colonia Cuauhtémoc. La comunidad chimalapa había decidido
trazar la brecha que definiera en el terreno los límites establecidos en la
resolución presidencial. Los colonos de la Cuauhtémoc, respaldados nuevamente
por la policía estatal, detienen a 20 comuneros y los trasladan a la cárcel regional
de Santa María, solamente por el trazo de la brecha. Acciones masivas de
presión en las afueras de la cárcel y bloqueos carreteros por 800 comuneros de
Santa María Chimalapa logran la libertad de los detenidos, pero el gobierno
gira ordenes de aprehensión contra los comuneros. incluyendo sus autoridades,
por delitos como secuestro, invasión de tierras, daño en propiedad ajena, etc.
Continúan los bloqueos carreteros y
finalmente se firma nuevamente el compromiso de solucionar el conflicto
agrario.
En octubre del 2000, en la zona oriente
de San Miguel Chimalapa, las comunidades Benito Juárez y San Antonio expulsan a
invasores que se hacen pasar por propietarios del predio La Hondonada y La
Orquídea, lugar de finqueros como los Gil Toledo, a quienes se expulsó en los
años ochenta por explotar los terrenos comunales de los Chimalapas sin
autorización.
La respuesta del gobierno de Chiapas fue
de apoyo a los propietarios, acusando a los comuneros en los medios de
comunicación de robo, secuestro, invasión, uso de violencia y otros delitos
prefabricados.
El gobierno federal envió a la Policía
Federal Preventiva (PFP) y al Ejército para vigilar la zona, en lugar de enviar
autoridades agrarias y ecológicas, como corresponde.
En diciembre del 2000, en otro predio
supuestamente de pequeños propietarios, en bienes comunales en la frontera con
Chiapas, se detiene una grúa y dos motosierras con las que se operaba la tala
clandestina.
El Ejército y la PFP nuevamente se
apersonaron en la comunidad, interfiriendo en asuntos de carácter agrario y
ecológico.
La Procuraduría Agraria (PA) se ha
declarado en contra de las acciones directas en los lugares de tala
clandestina, pese a que forman parte del derecho consuetudinario del pueblo
zoque de Oaxaca, acciones gracias a las cuales se ha defendido el territorio
comunal, en estricto apego a nuestros derechos indígenas.
Esta postura de la PA no ha servido para
agilizar la aplicación de justicia agraria ni para sancionar a los talamontes
que ilegalmente destruyen los recursos naturales del territorio chimalapa.
Historias como estas, de acción agraria,
son constantes en los Chimalapas, sin que por eso las autoridades federales y
estatales comprendan que defender el territorio zoque es parte de la cultura y
justicia aplicada por los comuneros chimas.
Artículo
9
Sin reporte.
En diversas ocasiones comuneros han sido
encarcelados, sin haber discutido nunca el disponer sanciones distintas al
encarcelamiento o considerar las características económicas, sociales y
culturales.
En mayo del 2001 el ejército detuvo
ilegalmente a los comuneros de Benito Juárez Jesús Jiménez Jiménez, auxiliar de
bienes comunales, Romeo Solano Pérez y Alejandro Miguel Solano, sin que hubieran
cometido delito alguno. Fueron trasladados a la agencia del Ministerio Público
de Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas, siendo liberados en menos de 24 horas al
comprobarse que no habían cometido ningún delito, sin que por ese error se les
indemnizara o se iniciaran investigaciones contra los militares que habían
protagonizado la detención ilegal de los comuneros Chimalapas.
Sin reporte.
En
ninguna ocasión se ha cumplido con el artículo 12, pues los gobiernos no han
procurado la protección jurídica contra la violación a los derechos indígenas,
ni se ha facilitado la comprensión de los procesos legales mediante abogado
intérprete o traductor a la lengua indígena, por lo que hay poco y deficiente
conocimiento de los procedimientos legales.
La
organización colectiva en torno a la tierra de los Chimalapas es de tipo
comunal pero hay diversos conflictos con ejidatarios y propietarios que están
en territorio de los Chimalapas sin reconocer su organización comunitaria, su
toma de decisiones por asamblea comunitaria y a sus autoridades comunales.
La
situación agraria del territorio Chimalapa es totalmente irregular, habiendo
resoluciones presidenciales encimadas unas sobre otras, ejidos con dotaciones
de tierras anteriores a la propia resolución presidencial y posteriores, en
clara violación agraria.
Según
el gobierno mexicano ha reconocido, la situación agraria es como se ilustra en
los cuadros anexadas. Queremos aclarar que el sobreseimiento de los ejidos en
tierras comunales viola el derecho de los zoques al territorio comunal, pues
está ocupado por ejidos que no reconocen a la autoridad comunal, sino que
reconocen al gobierno del vecino estado de Chiapas.
El
conflicto agrario se ha complicado desde 1986 cuando el entonces gobernador de
Chiapas, Gral. Absalón Castellanos Dominguez modificó el mapa oficial del
estado, abarcando las más de 100 000 hectáreas de bienes comunales que desde
los años cuarenta han sido trabajadas por madereros, ganaderos y ejidatarios de
Chiapas.
El
siguiente gobernador de Chiapas, Patrocinio González Garrido, entre 1988 y 1989
publicó una nueva versión de mapa de Chiapas en la que el estado crece 221,900 hectáreas.
Estas
modificaciones a los límites estatales no sólo violan los bienes comunales de
los Chimalapas, sino las mismas constituciones de los estados de Oaxaca,
Chiapas y Veracruz, en las que se definen las mojoneras que marcan los límites
estatales.
Hasta
la fecha 2001, cada mapa que publica el gobierno federal (el único responsable
de hacerlo, a través del INEGI) marca diferentes límites entre Oaxaca y Chiapas
y no define los límites de los bienes comunales de los Chimalapas.
La
representación cartográfica de los territorios estatales no se hace sobre el
terreno físico sino desde el escritorio, y lejos de consultarse a la población
y considerar los conflictos territoriales, se ejecutan de acuerdo a los
intereses de los terratenientes de Chiapas, que mantienen una relación muy
estrecha con los gobernantes.
Los
gobiernos estatal y federal han faltado al carácter colectivo que tiene la
organización comunitaria de nuestro territorio, por que la toma de decisiones
no se hace por asamblea. Prueba de ellos es que en el actual periodo del
comisariado de bienes comunales de San Miguel, Artemio Aguilar Juan, no se ha
logrado llevar a cabo una asamblea general desde 2000 a la fecha 2001.
La más
evidente violación a la organización colectiva del territorio lo constituye el
estatuto comunal elaborado por la procuraduría agraria y las autoridades
municipales, aprobado como ley interna de los Chimalapas en junio del 2000.
Este estatuto nunca fue elaborado por las comunidades ni discutido en asamblea
general, como lo establecen las costumbres y el derecho consuetudinario de los
Chimalapas, por lo que es una imposición y trastoca los derechos de
organización colectiva.
A la
fecha no se ha logrado el deslinde físico de los derechos territoriales
reconocidos en las resoluciones presidenciales de 1967, por lo que no se cuenta
con plano agrario definitivo deslindado físicamente.
A esta
falta han contribuido principalmente los terratenientes de Chiapas, las autoridades
municipales de Cintalapa, Chiapas y los gobiernos de este vecino estado, que se
han negado a acudir a las reuniones para deslinde territorial.
El
gobierno estatal y federal no garantizan las tierras comunitarias de los
Chimalapas, por lo que constantemente talamontes y ganaderos invaden territorio
zoque.
Se ha
violado el derechos de propiedad comunal del territorio Chimalapa por parte de madereros y ganaderos de los
vecinos municipios de Zanatepec y la colonia ganadera Cuauhtémoc (Oaxaca); así
como por ejidos de los municipios de
Cintalapa y Rizo de Oro (Chiapas) que están ubicadas en terrenos de los
Chimalapas y se asumen como propietarios con derechos de posesión, uso y
disfrute de tierras comunales.
Las
autoridades municipales y comunales, con asesoría directa de la Procuraduría
Agraria han impedido ejercer el derecho que tiene nuestro pueblo a utilizar,
administrar y conservar los recursos naturales. Desde el año 2000 y en 2001 la
congregación Benito Juárez ha solicitado a las autoridades de San Miguel la
autorización de un proyecto de explotación forestal, sin obtener respuesta
positiva.
Por su
parte la Procuraduría Agraria trata de imponer las leyes internas de la
comunidad presionándonos por aceptar las normas establecidas en un estatuto
comunal impuesto sin consulta.
Siendo
el estatuto comunal una imposición que
pretende reglamentar el acceso a los
recursos naturales y la organización comunitaria, constituye una violación a
los artículos 4, 6, 7, 13 y 15.
Distintas
dependencias académicas y organizaciones no gubernamentales como SERBO AC de
1996 a 1998 y particulares como Tomás Wendt
de 1998 a 1991, han
llevado a cabo programas de bioprospección
en los bosques de los Chimalapas, particularmente en la zona de
conflicto territorial entre Oaxaca y Chiapas, sin considerar el perjuicio para
nuestro pueblo, que nunca ha recibido indemnización. Nunca se han establecido
acuerdos para permitir la bioprospección, ni se conoce la explotación económica
de la riqueza biogenética de las plantas hecha en actividades que conocemos
como biopiratería.
Autoridades
ecológicas han permitido la explotación forestal por particulares. En abril del
2000 la delegación SEMARNAP del estado de Chiapas autorizó la explotación
forestal en predios de particulares establecidos en terrenos comunales de los
Chimalapas, por lo que fue detenida una grúa en diciembre del 2000.
En
1995, las comunidades de Benito Juárez y San Antonio detuvieron al sr. Walter
Del Pino, que explotaba ilegalmente y ocupaba tierras de bienes comunales en un
predio llamado "Rancho Quemado". Se le sorprendió iniciando un
incendio forestal que se había salido de control y llegaba a nuestras
comunidades; como no era la primera vez que ocurría el daño ocasionado por este
supuesto propietario de los Chimalapas, se le expulsó de la comunidad y se le
multó con 20 vacas, multa mínima comparada con el daño ecológico y la
explotación ilegal que había hecho de nuestras tierras hasta entonces.
Para 1998 el calentamiento del planeta
por la reducción de las regiones húmedas selváticas boscosas, y el exceso de
gas y carbono liberado al aire por la industria petrolera y sus derivados,
generó una temporada de fuerte sequía en todo México. En los Chimalapas se
produjo un gran incendio forestal que daño cerca de 200 000 hectáreas de
bosques y selvas, algunos vírgenes aun.
Según
reconoció el propio gobierno mexicano[vi],
los incendios forestales de la zona oriente fueron provocados por ejidatarios
chiapanecos de Gustavo Díaz Ordaz, La Esperanza, Pilar Espinoza, Cal y Mayor,
Las Maravillas y Rodulfo Figueroa, afectando cerca de 161 000 hectáreas, además
de otras extensiones del incnedio en los vecinos estados de Chiapas y Veracruz,
afectando importantes corredores naturales.
Otras
regiones de los Chimalapas afectadas por los incendios fueron la Sierra de los
Tres Picos, donde se siembra marihuana. Frecuentemente los narcotraficantes que
han invadido los Chimalapas son los que provocan los incendios forestales.
A la
fecha no se ha iniciado ningún tipo de
investigación, por lo que se dificulta la conservación de los recursos
naturales y el cuidado de los Chimalapas en la región, lo que perjudica el
acceso a los recursos naturales y la economía campesina, además del deterioro
ecológico para las selvas que quedan en México.
En
total 210 000 hectáreas, un tercio de los Chimalapas se vio afectado por los
incendios forestales de 1998, por lo que se perdieron miles de especies de
animales, plantas, árboles, suelo que ahora es piedra, cuencas hidrológicas en miles de hectáreas
de selva virgen.
Los traslados de pueblos indígenas como
el mazateco y chinanteco, afectados por la construcción de la presa Cerro de
Oro en la cuenca del Papaloapan, al norte de Oaxaca, también han ocasionado
conflictos territoriales, pues fueron
reubicados en tierras del Uxpanapa, Veracruz, y los Chimalapas por el gobierno
federal, a través de la Comisión del Papaloapan.
Se tiene conflicto con todos los núcleos
agrarios y grupos de campesinos que están por la línea limítrofe de la
comunidad con el estado de Veracruz, esto a falta de la línea física, ya que
existen los vértices pero por ser una distancia de más de 85 kilómetros no se
ha brechado. En el mes de mayo de 1999, en la ciudad de Acayucan, Veracruz, se
firmó la minuta de acuerdos y hasta la fecha la Comisión paritaria
Oaxaca—Veracruz no ha dado cumplimiento a los acuerdos.
Hay amenaza de desalojo de las
comunidades chimas que se encuentran en la zona de conflicto con Chiapas, pero
por la tenaz lucha que han tenido desde los años setenta contra invasores
terratenientes, ha impedido que se les desaloje y se declaren bienes
"nacionales" o chiapanecos.
También hay amenaza de desalojo por los
grandes proyectos de desarrollo que se planean sin consultar ni tomar en cuenta
el impacto social y ecológico de estos grandes proyectos, como son el complejo
hidroeléctrico de presas Chicapa Chimalapa, el tramo carretero Ocozocuautla¾Sayula, y la Reserva de la Biósfera,
proyectos que tampoco se han llevado a cabo por la lucha del pueblo zoque por
sus derechos territoriales.
La tradición de los zoques sobre la
posesión de tierras en los Chimalapas es por decisión de asamblea de comuneros,
donde cada comunero representa a una familia y tiene derechos a trabajar y
vivir en los Chimalapas, con obligaciones como el respetar las tradiciones,
aportar con trabajo comunitario o tequio, defender las tierras de los
Chimalapas y aceptar los cargos que le mande la asamblea. Toda explotación de
los recursos naturales de la comunidad es discutida en asamblea.
Para ser comunero se requiere descender
de familias zoques de Oaxaca, de Santa María o San Miguel. Otra posibilidad de
ser aceptado como comunero es solicitar ingreso, por lo que hay comuneros
chimas que no son zoques, pues nacieron en otros pueblos indígenas como
Mixteco, Zapoteco, Chinanteco, Zoque de Chiapas, Tzotzil, Mazateco y mestizos de
Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Puebla y otros estados.
Para aceptar a otras culturas en el
territorio zoque se tiene que tener confianza de que con el ingreso de otras
personas como comuneros habrá enriquecimiento cultural de todos, y que no habrá
abusos por parte de nadie.
Este sistema de acceso a la tierra se ve
amenazado por los ejidos, colonias ganaderas y predios particulares que no
reconocen el territorio de bienes comunales, ni a la autoridad zoque, ni al
pueblo chimalapa.
Otra amenaza de cambiar la forma de
transmitir los derechos sobre el territorio chimalapa, es el proyecto de
reserva de la biósfera, pues pretende regular, restringir, controlar y
administrar el acceso de nuestro pueblo a los recursos naturales, a la vida en
la montaña, a los ríos, a las selvas y bosques.
Esta amenaza es muy seria, pues de
declararse la reserva de la biósfera sin consultar al pueblo, una porción de
400 000 hectáreas pasaría a manos del gobierno, organizaciones no
gubernamentales y empresas dedicadas a la conservación, sin tomar en cuenta que
si las selvas y bosques de los Chimalapas están en buen estado de conservación
es precisamente gracias a la relación que hemos tenido como pueblo indígena con
la naturaleza, a la que cuidamos por ser nuestra madre.
Desde 1940 los Chimalapas han sufrido
invasiones de tierras por madereros ganaderos y narcotraficantes, en ese orden
de aparición, siendo más grave el conflicto con estos últimos en el predio San
Isidro La Gringa, que finalmente fue devuelto a la comunidad tras una larga
lucha en 1994.
Desde 1993 a la fecha se ha denunciado la
siembra de enervantes como marihuana, por personas ajenas a la comunidad,
ubicados en la Sierra de los tres Picos, en San Miguel y una pista clandestina
para avionetas en la Sierra del Espinazo del Diablo. Se ha señalado a los ex
gobernadores de Chiapas Absalón Castellanos y Patrocinio González como parte
del narcotráfico que opera en la zona, sin que los gobiernos competentes tomen
las medidas para detener estas actividades ilícitas.
Peor aun, se ha difamado a los comuneros
Chimalapas de nuestra comunidad acusándosenos de narcotraficantes, siendo que
nosotros mismos, como comunidad, hemos combatido y destruido sembradíos de
marihuana de terratenientes invasores de las tierras de los Chimalapas , en
estricta aplicación a los derechos indígenas y por la salud comunitaria.
Se ha violado el apartado b de este
artículo pues no se ha cumplido con la resolución de los conflictos agrarios ni
se han otorgado medios de infraestructura económica necesarios para el
desarrollo de las tierras que nos pertenecen por ley.
20.3.b. El
gobierno no tiene programas de información, prevención y atención a la salud
por el uso de agroquímicos. Estos venenos han cambiado la relación que se tiene
tradicionalmente con la tierra, la agricultura que se promueve en el istmo de
Tehuantepec es para surtir el mercado, por lo que se fomentan los monocultivos
de especies comerciales, lo que requiere de fertilizantes. Se promueven en el
mercado los agroquímicos, fertilizantes, plaguicidas, herbicidas. Ultimamente
se empieza a promover el maíz mejorado, por lo que se está en riesgo de perder
el maíz criollo.
Por el uso de
agroquímicos se han contaminado ríos, tierras, aire, animales, plantas y la
misma gente, por lo que empiezan a presentarse nuevas enfermedades como cáncer.
Artículo
21
Sin reporte.
Artículo
22
Sin reporte.
23.1. Se ha
perdido el uso y siembra de plantas de uso tradicional para artesanía como tule
y maguey.
La cacería ha
sido una actividad muy antigua en el pueblo zoque, parte del conocimiento sobre
la naturaleza y la vida de los animales. Tradicionalmente la cacería se hacía
con arco y flecha, pero ahora se usan escopetas de calibre pequeño, lo que ha
provocado problemas con el Ejército Federal, pues dicen que está prohibido usar
armas de fuego.
En numerosas
ocasiones el Ejército ha llegado a las comunidades de los Chimalapas, decomisa
escopetas y encarcela comuneros. Los casos más recientes fueron en enero del
2000, cuando el ejército detuvo a Filiberto Ruíz y lo envió a la cárcel, como
si fuera un delincuente, por que encontraron una escopeta en su casa. Sin tener
orden de cateo revisaron su casa y encontraron la escopeta, la decomisaron y lo
trataron como si fuera integrante de algún grupo armado de guerrilla o
narcotráfico, siendo que esto es falso. Poco tiempo después fue liberado.
El 6 de mayo
del 2001 el Ejército llegó nuevamente a la comunidad Benito Juárez, se instaló
a la entrada del camino sin avisar a la comunidad ni tener orden de instalar un
reten militar. Esperaron a que subiera algún auto y llegó la camioneta que
distribuye mercancías en las tiendas rurales Conasupo.
Debido a que no
hay servicio de transporte público, tres comuneros que habían pedido al chofer
de la Conasupo ser transportados de favor. Los militares detuvieron a la
camioneta, la revisaron y encontraron que entre la mercancía que distribuían a
las tiendas había balas calibre .22 para cacería, que el chofer llevaba para
negocio particular.
Pese a que no
se estaba violando la ley federal de armas de fuego, pues el calibre .22 no son
de uso exclusivo del Ejército, y a que la posesión de las balas era
responsabilidad del chofer, como este mismo lo reconoció, el Ejército detuvo al
chofer y a los tres comuneros, Jesús Jiménez Jiménez (autoridad comunal), Romeo
Solano Pérez (auxiliar de la asamblea) y Alejandro Miguel Solano, y los envió
al Ministerio Público de Chiapas. Fueron liberados en 24 horas sin que
recibieran por lo menos una disculpa, ya no digamos una indemnización o se
iniciara investigación contra los militares o el chofer de la Conasupo.
Se ha
interpretado que la cacería tradicional es un atentado contra la naturaleza,
pero nosotros mismos en asambleas hemos decidido que no se cacen venado, tapir
o tepezcuintle hembra, y que no se abuse de la cacería. De hecho hemos querido
iniciar proyectos de ganado alternativa.
La destrucción
de la naturaleza no es por la cacería que hacemos los comuneros, pues es
mínima. La principal amenaza es el conflicto agrario, los madereros, ganaderos
y narcotraficantes que invaden nuestras tierras y las queman y explotan de
manera clandestina e ilegal.
23.2 Los gobiernos municipales encabezados por
Leandro Morales Cruz y el actual presidente de San Miguel Fausto Jiménez Reyes,
con asesoría y bajo presión de la Procuraduría Agraria, SEMARNAP y gobierno de
Oaxaca a través de la delegación de gobierno de los Chimalapas, desde 1998 a la
fecha 2001, han obstaculizado la alianza de las comunidades de la zona oriente
de San Miguel con organizaciones no gubernamentales como Maderas del Pueblo y
fundaciones internacionales como World Wildlife Foundation (WWF).
Esto significa la violación del artículo
23 apartado 2, que garantiza que los pueblos indígenas tengan asistencia
técnica y financiera para lograr un desarrollo sostenido, equitativo y
respetuoso de la cultura indígena, objetivos que hemos pretendido con apoyo de
organizaciones como las señaladas.
Artículo
24
Sin reporte.
En
cuanto a los servicios de salud comunitaria garantizados en este artículo, los
médicos asignados por el Estado para cubrir las necesidades de la comunidad no
conocen ni promueven las prácticas
curativas y la medicina tradicional, sólo conocen y promueven medicinas de
patente, por lo que estos conocimientos antiguos sobre plantas medicinales
están en riesgo de ser olvidados.
Otra
preocupación respecto al servicio de salud proporcionado por el gobierno, es
que no es de tipo preventivo, sino asistencial. Peor aun, la anticoncepción es
la principal preocupación de los médicos, sin respetar el derecho de las
parejas, y en particular de las mujeres, a la libre decisión sobre la
descendencia, ni tomar en cuenta las prioridades de salud de la comunidad.
Mientras
enfermedades curables causan graves deterioros a la salud, como enfermedades
respiratorias y gastrointestinales, los médicos están más preocupados por que
nuestro pueblo controle su natalidad.
La
amenaza más grave para la salud comunitaria es la desnutrición, pues nuestro
pueblo presenta uno de los índices más altos del país. Ningún programa de salud
atiende el problema de la desnutrición.
Los
programas de desarrollo no son integrales, considerando los problemas sociales
como diferentes y desarticulados entre sí, por lo que obstáculos burocráticos
de las instituciones de gobierno impiden programas integrales de prevención de
problemas y cobertura de necesidades sociales, actuando cada institución de
gobierno aislada de las demás.
El
pueblo zoque de los Chimalapas se
encuentra por debajo del promedio nacional de educación, por lo que se ha
violado este artículo que garantiza igualdad de oportunidades del resto de la
población mexicana en el acceso a la educación.
No se
ha cumplido este artículo en lo referente al derecho de los pueblos indígenas
por participar y tomar las decisiones más importantes en materia de educación.
El pueblo zoque de los Chimalapas no
conoce ninguna instancia de participación en la elaboración de programas de
educación, ni se ha promovido que las comunidades del pueblo zoque puedan crear sus propias instituciones y medios de educación.
Pese a
que en San Miguel Chimalapa las escuelas primarias son bilingües y se reparten
libros de texto en lengua zoque, no se ha cumplido el artículo 28, pues los
profesores acreditados para los Chimalapas no conocen ni practican la lengua,
por lo que la educación primaria en realidad es monolingüe en castellano.
Esta falta de preparación de los profesores asignados a las escuelas de
San Miguel, los bajos salarios y el ausentismo hacen que la educación formal se
imparta menos días a los establecidos en el calendario escolar y con pésima
calidad, habiendo niños con escuela básica terminada que no saben leer y
escribir correctamente en lengua castellana, mucho menos en lengua zoque o en otra lengua indígena hablada en la comunidad,
por lo que el rezago educativo es muy grave.
Artículo
29
Sin reporte.
Las instituciones gubernamentales nunca han dado
ningún tipo de educación en derechos humanos, ecológicos, indígenas o de la
mujer a las comunidades del pueblo zoque de los Chimalapas. Este
conocimiento los hemos adquirido por la
necesidad de defensa y hemos sido apoyados en organismos de derechos humanos
independientes, ecologistas y particulares que han manifestado su solidaridad
con el pueblo zoque.
No
conocemos traducción alguna de las leyes sobre derechos indígenas, agrarios o
ambientales, ni el gobierno nos ha proporcionado material didáctico para
incorporar ese conocimiento a nuestra cultura.
No se ha
cumplido este artículo que dice que debe promoverse el conocimiento, la
historia y la cultura zoque en todo el país mexicano, particularmente en los
estados de la región del istmo de Tehuantepec, como Oaxaca, Chiapas, Veracruz.
Por eso se nos
discrimina en los municipios vecinos, para los mestizos y zapotecos dominantes
en el istmo, decir "Chima" a otra persona es un insulto como decir
persona ignorante, atrasada, salvaje, rebelde y otras falsas ideas sobre
nuestro pueblo.
Si somos
"salvajes" es por que vivimos en la selva, pero no somos ignorantes,
pese a que la educación en los Chimalapas es deficiente, nuestro pueblo tiene
grandes conocimientos sobre la vida de la naturaleza. Estos conocimientos no
son tomados en cuenta en la educación pública.
Los libros que
se han escrito sobre los Chimalapas no toman en cuenta la historia de nuestro
pueblo ni las necesidades, ni nos han dado una copia. Los libros que hablan de
los Chimalapas solo hablan de los animales y plantas de la selva, como si no
hubiera gente.
Ni siquiera en
los museos, donde están los indios muertos, se habla de nosotros.
Se ha violado
este artículo por que no se ha facilitado la comunicación entre pueblos
indígenas. Hasta ahora el gobierno nunca nos ha informado sobre la vida, los
problemas, la organización y cultura de otros pueblos indígenas hermanos de
México y el mundo, ni se nos ha invitado a congresos nacionales o
internacionales.
El 12 y 13 de
octubre de 1996 en la comunidad Benito Juárez se llevó a cabo un foro ecológico
comunal en donde participaron muchas comunidades de Chimalapas, organizaciones
ecologistas y de derechos humanos, representantes de pueblos indígenas
mexicanos, campesinos y académicos.
Lejos de apoyar
esta actividad en la que discutimos problemas comunes como los derechos
indígenas, agrarios y ambientales, las autoridades municipales, estatales y
federales empezaron una guerra sucia de desprestigio contra el Comité Nacional
en Defensa de los Chimalapas, dirigido por las comunidades y en el que todos
los participantes del foro están involucrados.
Los organismos
que deben encargarse de los derechos indígenas, como la Comisión Nacional de
Derechos Humanos, el Instituto Nacional Indigenista, la SEMARNAT y otros, nunca
nos han explicado los procesos políticos y jurídicos que afectan los derechos
del pueblo zoque, ni han pedido nuestra cooperación para planificar proyectos
de desarrollo regional.
Si conocemos
nuestros derechos es por la necesidad de defender nuestro territorio, los
recursos naturales y nuestra cultura, nos ha obligado a buscar información de
manera independiente, con organizaciones sociales también independientes del
gobierno.
Artículos 34 y 35
Sin reporte.
Siendo los Chimalapas una región rica en
biodiversidad, lugar de nacimiento de grandes ríos que riegan con sus aguas
gran parte del sureste de México, es considerada por biólogos, economistas y
políticos como una zona estratégica para la vida y desarrollo de millones de
personas, sin que esto sea una exageración[vii].
En las montañas de los Chimalapas se
genera agua que alimenta los complejos petroquímicos de Salina Cruz y
Coatzacoalcos, dos de los más importantes del país,, lagunas pesqueras y aire
para el bien del planeta.
Por lo mismo, Chimalapas ha formado parte
importante de grandes proyectos regionales que han fortalecido la economía del
país, pero que han contribuido enormemente a la destrucción y desgaste de la
naturaleza sin dejar ningún beneficio a los habitantes de estas tierras, que
persisten en la marginación económica.
Los comuneros zoques Chimalapas nunca
hemos sido tomados en cuenta en la planeación, ejecución, administración y
desarrollo de estos grandes proyectos, por lo que siempre nos hemos manifestado
en contra y hemos impedido se lleven a cabo, gracias a lo cual se conservan los
bosques y selvas en buen estado de conservación.
Debido a que estos grandes proyectos de desarrollo han ocasionado invasiones de
tierras, saqueo de recursos naturales y constantes violaciones al
territorio zoque chimalapa, se señalan
aun cuando algunos hayan sido proyectados o realizados con anterioridad a la
vigencia del convenio 169, pues estos grandes proyectos son el antecedente
inmediato de los conflictos territoriales actuales.
Dado que nunca se ha consultado al pueblo
zoque de los Chimalapas para la explotación de tierras, bosques, agua y
biodiversidad en estos megaproyectos de desarrollo regional, queremos denunciar
la violación sistemática de los derechos de información y consulta y de
participación en la administración de los planes de desarrollo como lo
establecen los artículos 7 y 15.
a)
Explotación forestal clandestina, ganadería
extensiva y asentamientos irregulares en un área mayor a 100 000 hectáreas en
la zona fronteriza entre Oaxaca y Chiapas, despojo de tierras efectuado desde
la década de 1940 por la compañía
maderera Sánchez Monroy y otras. La expulsión de esta compañía maderera
de la zona se logró por la organización conjunta entre comuneros zoques y
peones trabajadores de los aserraderos y potreros, en el año de 1977.
Las consecuencias que trajo este mega proyecto de
desarrollo empresarial de carácter extractivo e ilegal, es que desde entonces
hasta la fecha 2001 se practica la tala clandestina en la zona fronteriza entre
Oaxaca y Chiapas, así como el establecimiento de predios irregulares, rentados
a los madereros o dedicados a la gandería abierta.
Estas actividades constituyeron una violación a los derechos
comunales de los zoques al territorio y los recursos naturales.
Particularmente se hace responsable a los
gobiernos de Chiapas por permitir estas actividades y participar en dotación
ilegal de tierras Chimalapas a
campesinos y terratenientes chiapanecos, en clara violación a los artículos 14 y 17, entre otros.
b)
Entre 1980 y 1983 la Secretaría
de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH) realizó estudios técnicos para
otro plan de desarrollo que desde entonces ha quedado archivado en las
instituciones de gobierno por falta de los recursos millonarios que significa
este proyecto, sin que se haya informado a los zoques de su existencia.
Consiste
en la construcción de una serie de presas hidroeléctricas denominado proyecto Chicapa Chimalapa, con el
objetivo de dotar de aguas al complejo petrolero de Salina Cruz y crear el
Distrito de Riego 19 que beneficie las
planicies del istmo de Tehuantepec.
Dada la importancia que tiene este
proyecto para impulsar las industrias petrolera y agropecuaria de la zona,
constantemente se pretende su realización, sin que se consulte a los comuneros
chimas.
c)
Desde
1986, en 1989 y 1997 se
han activado estudios técnicos y promoción de un tramo carretero de autopista de 4 carriles que pretende
comunicar Ocozocuautla, Sayula y Minatitlán, cruzando el corredor biológico
natural de selvas altas compuesto por el Uxpanapa (Veracruz), Chimalapas
(Oaxaca) y la reserva de la biosfera El Ocote (Chiapas). Este corredor
biológico se extiende por más de 900 000 hectáreas y es conocido como la Selva
Zoque.
Por el
impacto significativo que tendría este tramo carretero en el medio ambiente, la
economía, sociedad y cultura de la relación de los zoques con su medio
ambiente, y dado que nunca se ha consultado al pueblo, los comuneros
Chimalapas, con apoyo solidario de otros pueblos indígenas y campesinos,
ecologistas, académicos y organizaciones no gubernamentales de México, constituimos en 1991 el Comité Nacional en
Defensa de los Chimalapas, que ha logrado suspender y desviar este proyecto
carretero, aun en planes de elaboración.
d)
Desde 1991, en 1996 y 1998 a la fecha 2001, uno de los proyectos de
desarrollo ecológico, económico y social promovido con entusiasmo por
instituciones gubernamentales como SEMARNAP¾SEMARNAT y la organización no
gubernamental conservacionista SERBO, AC, entre otras, sin presentar jamás la
propuesta completa ni incorporar al pueblo zoque en su elaboración. Consiste en
decretar una reserva de la biósfera
en 400 000 hectáreas de los Chimalapas[viii].
Por la forma en que se ha tratado de
imponer este proyecto, se han violado los artículos 7, 15 y 17 apartado 2, pues
nunca se ha tomado en cuenta la participación del pueblo zoque en los estudios
técnicos, ni en la dirección del proyecto. De esta manera se deja a un lado la
cultura de relación con la naturaleza y se atropellan los derechos
territoriales y de participación política de los chimas.
Conscientes de la importancia del
desarrollo sustentable y la conservación de la naturaleza en esta importante
selva, hemos propuesto en distintas asambleas y negociaciones con las
instituciones gubernamentales agrarias, ecológicas y de gobernación de Oaxaca y
México, una propuesta alternativa a la reserva de la biósfera, que llamamos
reserva ecológica campesina o comunal.
La propuesta de reserva comunal es que
sean las comunidades que integran el pueblo zoque, a través de sus asambleas y
cultura campesina las que elaboren las propuestas de manejo, administración y
ordenamiento ecológico de toda la región Chimalapa, lo que de hecho abarcaría
594 000 hectáreas, y no sólo las 400,000 que contempla el proyecto de reserva
de la biósfera.
De acuerdo con el artículo 6 apartado 1
inciso C, las instituciones de gobierno están obligadas a apoyar las
iniciativas propuestas por los pueblos indígenas e incluso proporcionar
recursos para su desarrollo, lo cual no se ha cumplido e incluso se ha
dificultado.
e)
De
hecho la violación a dicho artículo 6, también consiste en una falta del
gobierno al cumplimietno del artículo 158 de la Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente, que señala que la Secretaría del Medio
Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP, hoy SEMARNAT) está obligada
a...
...celebrar convenios de concertación con
organizaciones obreras y grupos sociales para la protección del ambiente en los
lugares de trabajo y unidades habitacionales; con pueblos indígenas, comunidades agrarias y demás organizaciones
campesinas para el establecimiento, administración y manejo de áreas naturales
protegidas.
El interés por decretar un área natural protegida o reserva de la
biósfera, sin participación del pueblo zoque en su adminsitración y manejo es
tan fuerte por parte de funcionarios de gobierno que se ha llegado incluso a la
corrupción, en octubre de 1999, cuando Salvador Anta y Carlos Solano,
funcionarios de la SEMARNAP para la región de los Chimalapas, ofrecieron un
millón de pesos a las comunidades de la zona oriente de San Miguel, para obtener
el acuerdo de decreto de reserva de la biósfera.
Nuestras tierras y nuestra identidad
chimalapa no está en venta.
f) En 1996 el entonces presidente de México Ernesto Zedillo
Ponce De León anunció el Plan de
Desarrollo Integral del Istmo de Tehuantepec, que consiste en la
modernización, privatización e inversión económica de capitales nacionales y
extranjeros 164 proyectos de vías de comunicación (carreteras, ferrocarril,
aeropuerto, puertos marítimos); industria (petróleo, petroquímica,
maquiladoras, agroquímica, forestal, minera, pesquera) y otras.
Nunca se ha consultado ni informado los
alcances y avances de este Plan de Desarrollo Integral del Istmo de
Tehuantepec, que conocemos en la región como el Megaproyecto Transítmico.
Tampoco se han tomado en cuenta las
prioridades de los pueblos indígenas del istmo.
El principal argumento de gobiernos y
empresas involucradas en el Megaproyecto es que se abrirán fuentes de empleo
para la población, pero nunca se nos dice cuánto van a pagar como salarios,
siendo el sueldo mínimo de México uno de los más baratos del mundo.
Además, la mayoría de esos empleos serán
temporales en la etapa de construcción e infraestructura, siendo de mayor
calificación de la mano de obra para su administración, y no se contempla la
capacitación para el empleo técnico.
Para la cultura de nuestro pueblo los
trabajos en zonas industriales o urbanas significa el abandono de las
actividades tradicionales como agricultura, pesca y caza, para trabajar como
obreros en lugares lejanos a nuestro pueblo. Las maquiladoras prefieren la
contratación de mujeres y jóvenes, e incluso niños, por lo que afecta a la
integridad familiar y el apego a la tierra.
Un grave problema que ha significado el
desarrollo industrial del istmo, es por la presión a los recursos naturales de
los Chimalapas, como la producción de agua y oxígeno de los bosques, la madera
y las tierras de cultivo.
Además, con la modernización de la
carretera transístmica, la panamericana y la de Sayula¾Cosoleacaque se necesitaría reubicar a
las poblaciones periféricas a las carreteras, que podrían ser reubicadas o
buscar tierras por sí mismos en los Chimalapas, lo que haría imposible soportar
más conflictos agrarios e invasiones.
Las plantaciones forestales que se
promueven en el Megaproyecto son de eucalipto y otros árboles que dañan los
suelos y aguas de nuestras tierras.
Nunca se han hecho consultas ni se han
presentado estudios de impacto social, cultural, económico y ecológico, como lo
indican los artículos 7 y 15.
g)
Desde 1997, en la
frontera sur del municipio de San Miguel, el municipio de Zanatepec, con quien
también existe un conflicto agrario muy antiguo, ha autorizado a la compañía
transnacional de origen mexicano Cementos
Cruz Azul, la explotación de minas de piedra y arena en el predio
Aguascalientes, ubicado en la Sierra Tres Picos, dentro del territorio
delimitado por la resolución presidencial de 1967 y sin consultar al pueblo zoque,
por lo que de esta manera se viola nuevamente el derecho al territorio y la
consulta, se ignoran las instituciones de gobierno y decisión del pueblo zoque,
se amenazan los recursos naturales y se complican los conflictos agrarios, lo
que constituye una seria amenaza a la paz y el desarrollo de nuestro pueblo
indígena.
h) El último gran proyecto de desarrollo que hemos
sabido amenaza los derechos indígenas de nuestro pueblo, y del cual nunca hemos
recibido información ni se nos ha consultado, es el Plan Puebla Panamá, promovido por el actual presidente de México
Vicente Fox, pretendiéndose impulsar
grandes proyectos de desarrollo económico y ecológico, por lo que vuelven a
surgir los viejos proyectos carreteros, industriales, el megaproyecto, la
reserva de la biósfera y otros que seguramente existen y tampoco conocemos.
Ejidos
con los que existe el conflicto territorial[ix]
Ejidos con resolución presidencial anterior a 1967, reconocidos por
Chiapas y en claro desconocimiento del territorio y autoridades Chimalapas
Poblado |
Fecha
res. presid. |
Superficie
en hectáreas |
Nuevo Tenochtitlán |
21-11-45 |
1582.00 |
Constitución |
9-04-58 |
1239.40 |
Felipe Ángeles |
29-10-62 |
4200.00 |
Rodulfo Figueroa |
28-08-63 |
2054.00 |
Ramón E. Balboa |
19-08-64 |
1143.00 |
Las Merceditas |
11-05-66 |
1700.00 |
Oreb |
18-08-66 |
674.56 |
TOTAL |
|
12,592.96 |
Ejidos con resolución presidencial o sin
documentación, posterior a las
resoluciones presidenciales de 1967, reconocidos por Chiapas y en violación
al territorio de los Chimalapas.
Poblado |
Fecha
de dotación |
Superficie
en hectáreas |
Constitución Ampliación |
26-05-67 |
1,870.00 |
Gustavo Díaz Ordaz |
26-05-67 |
4,975.00 |
Benito Juárez I |
7-11-69 |
1,650.00 |
Benito Juárez II |
5-12-69 |
900.00 |
Ignacio Zaragoza |
16-01-70 |
950.00 |
Rafael Cal y Mayor |
26-04-71 |
7,400.00 |
Nuevo Tenochtitlán Ampliación |
29-07-80 |
4500.00 |
Luis Echeverría |
14-01-81 |
2,101.00 |
Flor de Chiapas |
3-09-81 |
233.91 |
La Lucha |
16-06-81 |
835.54 |
Pilar Espinoza de León |
2-08-84 |
3516.63 |
Pilar Espinoza de León |
4-08-84 |
0. |
Jorge De la Vega |
25-09-85 |
2,677.41 |
Maravillas |
27-10-86 |
1519.16 |
Plan de Guadalupe II |
16-10-86 |
1580.70 |
Canaan |
13-04-87 |
2,651.41 |
Elsy Herrerías |
28-01-88 |
6689.00 |
Guadalupe Victoria II |
10-10-89 |
3,800.00 |
TOTAL |
|
47,849.76 |
[i] CONABIO/PRONATURA/WWF/FMCN/USAID/TNC/INE, Taller de Identificación de Regiones Prioritarias Terrestres para la Conservación en México, Regiones prioritarias terrestres para la conservación, 1996.
[ii] R. De La Maza, A. Ojeda, J.
De La Maza y A. White, Diagnóstico
biológico e institucional del estado de Oaxaca, Oaxaca, Biocenosis, 1989
(mimeografiado). Tomado de Vocalía Ejecutiva de los Chimalapas, Tequio por los Chimalapas, Gobierno del
estado de Oaxaca¾VECh, México, 1990, p. 28.
[iii] Gobiernos de los estados de
Chiapas y Oaxaca, SEMARNAP y SRA, Programa
de conciliación agraria de las comunidades Chimalapas y poblados del noroeste
de Cintalapa, Chiapas, 2 de agosto de 1999.
[iv] Conferencia de prensa del secretario de la Reforma Agraria, Eduardo
Robledo Rincón, al término de la reunión con los gobernadores de Oaxaca y
Chiapas, para tratar el asunto de los Chimalapas. SRA, 2 de agosto de 1999.
Publicado en http://www.sra.gob.mx/not29008.htm
[v] SEDESOL,
Ficha de los pueblos zoques de Oaxaca.
http://www.sedesol.gob.mx/perfiles/fichas/zoques_oaxaca.html.
[vi] Gobiernos de
los estados de Chiapas y Oaxaca, SEMARNAP y SRA, Programa de conciliación agraria de las comunidades Chimalapas y
poblados del noroeste de Cintalapa, Chiapas, 2 de agosto de 1999.
[vii] El mismo gobierno de Oaxaca lo reconoce a través del
plan de desarrollo elaborado por la Vocalía Ejecutiva de los Chimalapas en
1990, Tequio por los Chimalapas, p. 28.
[viii] SEMARNAP,
Programa de Áreas Naturales Protegidas, México, 1996¾2000, Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, página 100.
[ix] FUENTES
Oficiales: Procuraduría Agraria, Delegación Oaxaca, Poblados asentados en los terrenos de bienes comunales de Santa María y
San Miguel Chimalapas, inédito;
Gobiernos de los estados de
Chiapas y Oaxaca, SEMARNAP y SRA, Programa
de conciliación agraria de las comunidades Chimalapas y poblados del noroeste
de Cintalapa, Chiapas, 2 de agosto de 1999.
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