En documento público, los dirigentes de la Coordinadora de Defensa del Gas, de la Central Obrera de Cochabamba y de los campesinos cocaleros del Chapare y Los Yungas aseguran que no cederán al "chantaje" de Mesa, que intenta ahogar la protesta social tratando de aislar y desarticular al movimiento laboral, indígena y campesino.

"La renuncia presentada por el Presidente Carlos Mesa es un claro chantaje al pueblo boliviano, con el cual, bajo la amenaza de quebrantamiento de la institucionalidad democrática se pretende que Bolivia renuncie a sus legítimos derechos sobre sus hidrocarburos", dice el pronunciamiento firmado por los dirigentes Evo Morales, Oscar Olivera, Alberto Machaca y otros.

La misma decisión de profundizar la lucha popular la asumieron este lunes en El Alto miles de trabajadores y vecinos de los barrios más pobres, que prosiguen con la huelga indefinida y el bloqueo de caminos hasta que la transnacional del agua abandone el país, demanda a la que se opone el presidente Mesa, que a mediodía oficializó su renuncia, la que será evaluada este martes por el Congreso.

"La actitud de Mesa surge ante la posibilidad cierta de que el Congreso Nacional apruebe una nueva Ley de Hidrocarburos restableciendo, por lo menos parcialmente, los derechos del país sobre sus hidrocarburos, incluyendo el 50% de regalías, y responde a la urgencia que las empresas petroleras transnacionales tienen de evitar que la nueva Ley afecte sus intereses. El mensaje de Mesa ha sido claro: no está dispuesto a seguir gobernando un país donde se afecten los intereses de las empresas transnacionales por que lo considera "inviable", agrega el documento de los cocaleros, fabriles, regantes y trabajadores movilizados en contra de las transnacionales.

Según los sindicalistas, "las movilizaciones de los sectores populares que hoy están en pie, no han demandado ni demandan la renuncia de Carlos Mesa, más aún, sus principales demandas nacionales, a excepción de la salida de Aguas del Illimani, no están dirigidas al Poder Ejecutivo, sino al Legislativo, como es el caso de la aprobación de la nueva Ley de Hidrocarburos y de la Ley de Convocatoria a la Asamblea Constituyente. Por ello, es el Poder Legislativo y no las organizaciones sociales quién tiene en sus manos la solución de los actuales conflictos".

En la percepción de los dirigentes sociales, "la situación crítica que vive el país no se resolverá con la permanencia o la renuncia de Carlos Mesa en la Presidencia de la República, como se quiere mostrar engañosamente desde los círculos de poder con el propósito de desviar la movilización social por los hidrocarburos y la Constituyente hacia el pedido de continuidad de Carlos Mesa. Por el contrario, con Mesa o sin él en la Presidencia, la encrucijada en la que se halla el país solo se resolverá a favor de la democracia, la soberanía nacional y los intereses de las mayorías nacionales si se viabiliza en el plazo inmediato la Asamblea Constituyente y se restablecen los derechos nacionales sobre los hidrocarburos".

"Las organizaciones sociales que estamos movilizadas, hemos decidido mantener y fortalecer nuestra movilización en todo el país en demanda de La aprobación de la nueva Ley de Hidrocarburos incluyendo el 50% de regalías y restituyendo la soberanía nacional sobre ese recurso, la aprobación de la Ley de Convocatoria a la Asamblea Constituyente respetando la propuesta del movimiento indígena y campesino, y la expulsión inmediata de Aguas del Illimani, así como denunciamos que la cooperación internacional a través del Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional, la alemana GTZ y otras son las verdaderas causantes de la convulsión en el país al imponer condiciones que mantienen la estructura de saqueo de las transnacionales de nuestros recursos naturales y nuestras empresas".