Examinada la central socialista en sus aspectos internos, es necesario ahora analizar la estrategia que siguió en los primeros años republicanos. Tras la proclamación de la República, la línea oficial de U.G.T., en consonancia con el P.S.O.E., estimó el régimen republicano como el más apto para sus aspiraciones políticas y sociales, y desarrolló una estrategia basada en la colaboración a fondo con las nuevas instituciones.

La defensa explícita de la República por parte de U.G.T. se hizo el 14 de abril, juntamente con el P.S.O.E., cuando tras una reunión de ambas ejecutivas publicaron una nota en la que se marcaban las líneas que perdurarían durante el primer bienio republicano. La República era un régimen estrechamente unido a sus organizaciones, por haber contribuido de forma tan activa a su alumbramiento.

Desde un principio, P.S.O.E. y U.G.T. asumieron la responsabilidad de considerarse los máximos defensores del régimen naciente. Este fervor por el nuevo régimen y el deseo de colaborar con él hasta sus últimas consecuencias, incluso, como veremos, en el mismo Gobierno, puede comprenderse con mayor facilidad, si tenemos en cuenta que las comisiones ejecutivas de ambas organizaciones estaban dominadas por elementos decididamente colaboracionistas con el nuevo régimen y con los partidos republicanos, que también habían sido protagonistas del cambio político. Desde febrero de 1931 el sector besteirista más reticente a colaborar con los republicanos había abandonado las Comisiones Ejecutivas.

Con todo, la República en la concepción ugetista debía ser presionada para que se proyectara sobre ella un fuerte contenido social, ya que en absoluto se consideraba como un proyecto netamente socialista. El apoyo de la U.G.T. a la República implicaba, por tanto, una serie de reformas socioeconómicas y la puesta en práctica de una amplia legislación social que se llevaría a cabo desde el Ministerio de Trabajo, cuyo titular era precisamente Largo Caballero.

La República se presentaba como un régimen capaz de solucionar los gravísimos problemas que la Monarquía había legado a España. La evolución de esta República democrática y social debía realizarse en conformidad con las estructuras políticas democráticas que el nuevo régimen se estaba dando a sí mismo; en palabras de Largo Caballero: 'Dentro de los cauces jurídicos, con el Parlamento abierto'. Ahora bien, para la aplicación de los programas sociales que la U.G.T. consideraba necesarios, era preciso que junto a las instituciones democráticas republicanas operara en la realidad social la presión de las masas, siempre bien orientadas; labor de orientación asumida por U.G.T. al considerarse representante de la clase obrera.

La República democrática y social era en teoría un paso que podría llevar en un tiempo indefinido a la República socialista. Era necesario afianzarla frente a las tendencias radicales que pretendían acelerar esa evolución. Aceptada la República, se planteaba la colaboración con los partidos republicanos en principio destinados a dirigirla. El debate se planteó fundamentalmente en el ámbito del partido, aunque en él participó también la central. En concreto, en los primeros años republicanos el asunto se cifraba en la colaboración o no de los socialistas en el Gobierno.

Desde febrero de 1931, los socialistas habían aceptado tres carteras en un posible Gobierno, pero esta decisión debía ser ratificada en un congreso del partido. Con carácter extraordinario, se celebró dicho congreso en julio de 1931, presentando esta cuestión como uno de sus puntos fundamentales. Posteriormente se volvería a tratar el tema en el congreso ordinario de octubre de 1932. En ambos se dejaba la puerta abierta a la colaboración con los republicanos en el Gobierno. Este problema de la colaboración ministerial tuvo su incidencia en la propia U.G.T., aunque no mereció por su parte un tratamiento tan exhaustivo. Con frecuencia se intentó desde los órganos dirigentes desviar el asunto, manifestando que era un problema que sólo incumbía al P.S.O.E. No obstante, la central aceptó las decisiones del partido, asumiendo la presencia socialista en el Gobierno. En el mismo congreso de U.G.T. de octubre de 1932 se aprobó que no corresponde a la Unión General de Trabajadores examinar el asunto, por ser de incumbencia del Partido Socialista.

Desde octubre de 1932 se siguió apoyando a los ministros socialistas, y su salida del Gobierno, en septiembre de 1933, preocupó a los líderes de la central por el temor a que se anulara la obra político-social realizada hasta entonces. Considerándose U.G.T. como el pilar fundamental de la Segunda República, se sentía obligada a aceptar una postura de máxima responsabilidad ante la nueva situación. U.G.T. estaba dispuesta a mantener esta actitud de fuerte compromiso con la República, frente a los que consideraba máximos peligros desestabilizadores por la derecha y por la izquierda.

En un principio, la reacción de la derecha se centró en el caciquismo rural, que pretendía anular la obra progresiva llevada a cabo. Con todo, el enfrentamiento con la derecha fue tan amplio que no se redujo a los monárquicos, tradicionalistas y, en general, a todo lo que tenía cabida en las denominaciones de Acción Nacional o Agrarios, sino que se extendió incluso al Partido Radical, sobre todo a partir de 1932, cuando desde fuera del Gobierno comenzó una política obstruccionista en relación con las leyes de carácter social que llegaban al Parlamento. Pero también la actitud de U.G.T. implicaba una postura contra la estrategia comunista y sobre todo de C.N.T., que pretendían superar por vía revolucionaria la República reformista.

Frente a los movimientos revolucionarios, U.G.T. consideraba que la fortaleza y la disciplina de la organización, destinadas a mantener la República, eran un valladar protector contra las organizaciones obreras extremistas. La central socialista ejerció una fuerte presión para bloquear los movimientos huelguísticos a los que tan dados eran la C.N.T. y el P.C.E. Durante los primeros años republicanos se produjeron huelgas de tipo económico o reivindicativo, pero también huelgas políticas, algunas con carácter insurreccional, como las protagonizadas por C.N.T. en enero de 1932 y 1933, y en diciembre de este último año.

La táctica de U.G.T. abogaba por un uso racional del derecho a la huelga. Desde esta perspectiva denunció constantemente los movimientos de las otras organizaciones obreras, y al mismo tiempo, las de sus propios afiliados en aquellos casos en que no seguían sus directrices en cuanto a hacer un uso limitado de la huelga.

Proclamada la República, la U.G.T. continuó su tradicional actitud de lucha por una legislación social progresista. Con el cambio de régimen, el apoyo a la política de Largo Caballero desde el Ministerio de Trabajo era fundamental y se convertía en uno de los puntos nucleares de la política ugetista. No en vano, la obra legislativa de Largo Caballero estaba orientada en gran medida por U.G.T., respondiendo a aspiraciones largamente sentidas por ella y expresadas básicamente en sus congresos, al tiempo que se inspiraba en las directrices de organismos internacionales, como la O.I.T. y la F.S.I.

Para U.G.T., la legislación social, que desde 1919 había adquirido cierta importancia, no alcanzó nunca la consideración de la desarrollada durante el período republicano, si bien es cierto que la política de relaciones laborales instaurada durante la Dictadura de Primo de Rivera tendió a perpetuarse en los años de la Segunda República. La legislación social fue demandada con insistencia desde los primeros momentos tras asumir que las conquistas obreras habrían de venir necesariamente a través de la promulgación de nuevas leyes y de la posibilidad de presionar para el exacto cumplimiento de las mismas. Esta sería una de las primeras misiones de la central socialista en este campo. Solamente a través de la legislación social progresista se podrían encauzar los graves problemas que la clase trabajadora había heredado, así como colocarla en condiciones ventajosas para su normal desarrollo y desenvolvimiento.

Frente a la estrategia de C.N.T. que postulaba la acción directa en las relaciones laborales, la central socialista pensaba que es un deber de la clase trabajadora organizada, fiel a la bandera de la U.G.T., demostrar su simpatía por las leyes que se han establecido por la República, porque la legislación del Estado republicano ofrece a los trabajadores garantías suficientes a la defensa de sus derechos y de sus intereses, y lo que hace falta es que el poder público los respete y los haga cumplir, y si no lo hiciere, nosotros tengamos una organización fuerte para lograrlo.

Precisamente por la actitud mantenida por C.N.T. con relación al proceso de desarrollo legal realizado en estos años, la U.G.T. interpretaba que todo el avance operado en este campo era obra exclusivamente de su propia organización y del P.S.O.E. Con todo, junto a la lucha contra los movimientos extremistas del propio proletariado, U.G.T. consideraba necesario bloquear las presiones que en este campo ejerció la clase patronal y los partidos de derecha y de centro. Era necesario, desde esta perspectiva, implantar tales conquistas en la vida diaria para que todas las clases sociales encajasen la actividad social en los nuevos moldes del Derecho creado por la República.

La resistencia patronal a aceptar muchas conquistas legales llevó a U.G.T. a presionar a los poderes públicos y a perder, en cierta medida, el optimismo demostrado en los primeros momentos del nuevo régimen. Con todo, a pesar de los problemas surgidos en su puesta en práctica, U.G.T. no renunció a mantener las líneas básicas que se había trazado en este campo. Por eso, sus órganos directivos insistieron en la necesidad de que la clase obrera tomara conciencia del valor de la legislación social, y tuviera un conocimiento exacto de ella para poder denunciar enérgicamente su incumplimiento ante las mismas instancias creadas para ello.

Como puede apreciarse, la legislación social era un componente básico de la estrategia reformista de la U.G.T. Es, sin lugar a dudas, el aspecto que con mayor exactitud define la estrategia de dicha central sindical y la separa de otras organizaciones obreras que conforman el espectro político-sindical establecido en la Segunda República. La insistencia diaria en la defensa de la legislación social en la prensa, circulares y mítines, así como en todas las formas propagandísticas posibles, pone de relieve la opción sindical que representa la central socialista. Para esta central, el campo de acción de la legislación social era prácticamente inabarcable, pues debía regular aspectos tan amplios como las condiciones de vida, las relaciones laborales y la cobertura social de las clases trabajadoras. En este sentido, U.G.T. pediría insistentemente la ampliación del campo legal establecido.

La política social llevada a cabo en el primer bienio republicano no colmó las pretensiones de la organización ugetista, aunque en buena parte estas prestaciones se plasmaron en numerosos decretos y leyes que recibieron el apoyo de la central. En la estrategia sociolaboral de U.G.T. existían algunas conquistas legales particularmente destacadas a las que bajo ningún concepto había que renunciar y a las que era preciso defender fuertemente. En esta perspectiva, U.G.T. consideró de especial interés la defensa de la normativa que regulaba el contrato de trabajo, la articulación de los jurados mixtos, la colocación obrera y la ordenación del mercado de trabajo, la creación de las delegaciones de trabajo, la reglamentación de las asociaciones profesionales, el establecimiento del régimen jurídico de las asociaciones cooperativas y la reforma del régimen de indemnización de los accidentes de trabajo. Asimismo, U.G.T. demandaba el control obrero en las empresas, que no llegó a ser regulado en la Segunda República. Los jurados mixtos constituían la pieza básica de las relaciones laborales que U.G.T. quería impulsar, pero el fuerte malestar que la política sociolaboral, y en particular la práctica de los jurados mixtos, produjo en la patronal trajo como consecuencia una intensa presión contra U.G.T. y contra la presencia de ministros socialistas en el Gobierno que tuvo su momento culminante en el verano de 1933.

Aunque muchos componentes reformistas de la actuación sindical ugetista se mantuvieron hasta la misma guerra civil, algunos sectores de los cuadros de U.G.T. al compás del P.S.O.E. comenzaron oficialmente desde septiembre de 1933 a denunciar las limitaciones del sistema democrático encarnado en la República. Se replanteaban el apoyo decidido al régimen y se reclamaba un salto revolucionario. Ponían en cuestión que con la República burguesa se consiguiera un auténtico avance social, y se pensaba que era preciso superarla, conquistando el poder para el proletariado.

En realidad, este proceso de radicalización dentro de la central socialista tuvo su origen en amplios sectores de sus propias bases, principalmente entre los jornaleros del campo, los nuevos afiliados de las organizaciones tradicionales y sectores más minoritarios de algunas federaciones de trabajadores del sector terciario. En definitiva, la avalancha de nuevos afiliados en la organización ugetista que se estaba transformando y que no consiguió consolidarse posibilitó el proceso del que venimos hablando.

El radicalismo de estos amplios sectores, que en algunos casos se detectaba ya en 1932, obedecía fundamentalmente a la no consumación de las expectativas puestas al abrirse el proceso político que suponía la llegada de la Segunda República y la situación de paro en que quedaban amplios sectores de trabajadores en medio de la crisis económica. Por otra parte, el proceso de radicalismo por el que se deslizó U.G.T. era inseparable del giro que tomó la República, y por ende, las distintas fuerzas sociopolíticas. En este sentido hay que tener en cuenta la consolidación de las fuerzas de la derecha en torno a la C.E.D.A, la política cada vez más conservadora del Partido Radical y la presión de las organizaciones patronales para que la legislación social no se llevara a efecto.

En ese mismo orden de cosas hay que considerar también la presión que sobre las bases ugetistas proyectó la dinámica revolucionaria de las organizaciones anarcosindicalistas y comunistas. Tal presión fue constantemente denunciada por los órganos dirigentes de la propia U.G.T. Junto a todo esto, el avance del fascismo en Europa y la asignación que de tal fenómeno hicieron U.G.T. y otras fuerzas de la izquierda a la C.E.D.A., contribuyeron a crear un clima favorable al proceso en marcha. El proceso de radicalización contaba desde finales de 1933 con el apoyo de la dirección del P.S.O.E. presidido por Largo Caballero desde el congreso del año anterior. La Comisión Ejecutiva del P.S.O.E. canalizó perfectamente el proceso de radicalización y en diciembre de 1933 estaba decidida a iniciar un movimiento revolucionario, acudiendo al Comité Nacional de U.G.T. para que le prestara colaboración. Pero tal colaboración no llegó hasta los últimos días de enero de 1934, cuando el sector largocaballerista consiguió la dimisión de la Ejecutiva de la U.G.T., controlada desde el XVII congreso por el sector afin a Besteiro. Desde ese momento los largocaballeristas dominaron ambas ejecutivas y comenzó una confluencia estratégica entre el P.S.O.E. y la U.G.T., abriéndose una dinámica que conduciría a la revolución de octubre de ese mismo año.

Con todo, y a pesar de que el sector más radical asumió la dirección del movimiento socialista, su dinámica revolucionaria estuvo lleva de contradicciones y de verbalismo. En realidad, aunque había una intención revolucionaria, existían también componentes propios de su dinámica reformista que no se abandonaron nunca. El equipo largocaballerista siguió teniendo básicamente el mismo concepto de la organización como medio para consolidar conquistas alcanzadas, puso dificultades a la pretensión de las bases de lanzarse por la pendiente huelguística, aunque ahora su número había crecido considerablemente y era apoyado en muchas ocasiones por los cuadros de la central, y mantuvo muchas precauciones en sus relaciones con otras fuerzas sindicales y políticas de la izquierda, considerando al P.S.O.E. y a la U.G.T. los organismos básicos en torno a los cuales debía aglutinarse cualquier movimiento; en definitiva, su concepción de la unidad sindical no había variado mucho.

Dada la estrategia que la U.G.T. llevó a cabo al proclamarse la República, sus relaciones con las otras fuerzas obreras durante el primer bienio habían sido de absoluta falta de colaboración. La U.G.T. reclamaba su propia dinámica frente a la de las otras fuerzas obreras. En realidad, en estos años la central socialista tenía resuelto de antemano el problema de la unidad sindical. Tal fenómeno, que se teorizaba como positivo, debía realizarse exclusivamente en el marco de sus propias estructuras. U.G.T. se consideraba la organización más representativa de la clase obrera, y por consiguiente, en conjunción con el P.S.O.E., la única capaz de articular un movimiento de confluencia con otras fuerzas obreras.

El proceso de radicalización conllevó un cierto giro en el planteamiento de la unidad sindical y obrera, aunque con muchas reservas por parte de las organizaciones socialistas. La actitud ante las alianzas obreras es clara a este respecto. El P.S.O.E. y la U.G.T. formaron parte de ellas, considerándolas órganos de lucha, pero sin perder la propia personalidad. Ante el confusionismo de las bases y la frecuente práctica de las mismas en sentido contrario, la U.G.T. tuvo que advertir cuál debía ser la verdadera posición. Los órganos directivos seguirían marcando la línea sindical.

En fin, con el proceso de radicalización que se iniciaba y que prosiguió en los años posteriores de la Segunda República, el modelo sindical de U.G.T. que analizamos al comienzo de este trabajo, sufrió modificaciones en algunas de sus propias variables.