Carta política Nº 1
AMBIENTE PARA EL 2.005
Venezuela hoy sigue siendo una sociedad con un elevado nivel de conflicto político, pero debe aceptarse que hasta ahora las fuerzas políticas han estado obligadas e interesadas en mantenerse dentro de métodos mas o menos democráticos, debido a las exigencias de la comunidad internacional que ninguno de los sectores en pugna han estado dispuestos a violar al menos en forma totalmente evidente, predominando en la mentalidad política el llamado principio de la legalidad.
En fechas recientes se realizaron sucesivamente, un referendum para la revocatoria del Presidente de la República y de seguida los comicios para elegir gobernadores de estados y alcaldes de municipios. El primero estuvo predominado por una intervención determinante de la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Centro Carter, quienes al igual que en otros eventos de América Latina circunscribieron su acción a garantizar la estabilidad interna aplanando las diferencias y escondiendo hechos o situaciones de cuestionable legalidad y legitimidad.
El sistema electoral venezolano fue rediseñado a costos muy elevados, estableciendo la votación electrónica, aunque en medio de una crisis política que no ofreció suficientes garantías a los actores políticos, entre ellas la imparcialidad del órgano electoral y la incorporación de los sectores opositores al interior de la dirección de los sistemas. Las tradicionales formas de medición previa de las preferencias y de mediciones posteriores tales como las encuestas a "boca de urna", fueron diferentes a los resultados finales formalizados por el órgano electoral. La OEA-Centro Carter, luego de verificar que la sumatoria de una muestra significativa de los reportes electrónicos de las máquinas coincidían con los resultados del órgano electoral, declaró la legitimidad de las elecciones, sin activarse los mecanismos de auditoria física previstos con anterioridad, y la sensación generalizada del país, incluyendo la masa favorable al gobierno, fue la de que algo truculento determinó el resultado que legitimó al Presidente de la República, Hugo Chávez. Las elecciones no han contribuido a solucionar la aguda confrontación entre gobierno y oposición.
Sin embargo, no ha habido una reacción considerable de los sectores de oposición, los cuales en su mayoría han venido respondiendo a los criterios que les dicta la política hemisférica de los EE.UU.., interesados en este caso, fundamentalmente, en sosegar cualquier intento de disturbio político en Venezuela, a los fines de garantizar el suministro confiable de petróleo.
Poco tiempo luego, se realizaron bajo el mismo sistema electrónico, elecciones de gobernadores y alcaldes, obteniendo el gobierno un triunfo resonante que dejó así mismo muchas dudas, quedando una experiencia definitiva acerca del sistema electoral sobre el cual se puede concluir que mientras el diseño no sea controlado mediante pruebas físicas idóneas del voto personal, ningún grupo político diferente al gobierno podrá optar confiadamente para obtener el éxito electoral. El sistema electoral está descalificado.
Sobre la base de la relegitimación del gobierno, inmediatamente procedió a cumplir una rigurosa agenda de acciones político-jurídicas y económicas, entre las cuales se cuentan: 1) La activación de juicios políticos a adversarios, 2) La promulgación de la Ley de Contenidos de Radio y Televisión que regula la información y la expresión, y 3) La reforma del Código Penal para incluir tipos delictivos que sancionan conductas típicamente políticas y extensión de penas a los tipos ya existentes, 4) La aprobación de una Ley de Policía Nacional para concentrar los recursos armados que se encuentren a la orden de las gobernaciones y alcaldías. Ello se unió a la formalización de concesiones petroleras para empresas transnacionales, especialmente la Chevron-Texaco, que ya venían negociándose.