Para estos 150.000
inmigrantes que continúan sin permiso, la Ley de Extranjería
fija que se exponen a ser expulsados y deberán esperar
meses e incluso años para poder solicitar un permiso
de residencia por circunstancias excepcionales.
El Ministro de Trabajo saludando a unos inmigrantes.
Pero, por otra parte, según han comentado portavoces
del Gobierno, otros 400.000 inmigrantes irregulares que no están
en edad de trabajar, así como cónyuges que no
trabajan, obtendrán sus papeles gracias a los vínculos
familiares que les unan a los normalizados.
En este proceso de regularización, la mitad de los expedientes
han sido presentados por trabajadores en situación irregular
procedentes de Ecuador, Rumania y Marruecos y, además
los hombres están sobrerrepresentados, ya que suponen
el 57,8% del total, frente al 42,2 de las mujeres.
Respecto a las comunidades que han recibido mayor número
de peticiones, a la cabeza se sitúa Madrid con 153.614
expedientes, seguida de Cataluña con 120.349 y en tercera
posición Valencia con 93.283.
El Gobierno ha definido este proceso como “un éxito
de todos los
españoles” y se trata “del mayor proceso
de afloramiento de economía sumergida en Europa de los
últimos 40 o 50 años”. Sin embargo, esta
actuación iniciada el pasado 7 de febrero también
suscitó cierta polémica dentro de la Unión
Europea. La perspectiva de que los inmigrantes se dirigieran
a España esperando un trato amistoso disgustó
a otros países de la UE, que temieron que esos inmigrantes
pudieran traspasar las libres fronteras europeas.
