Guerra sucia en Argentina

Con el término guerra sucia en Argentina se designa habitualmente al régimen de violencia indiscriminada, persecuciones, represión ilegal, tortura sistematizada, desaparición forzada de personas, manipulación de la información y terrorismo de Estado que caracterizó a la dictadura militar autodenominada Proceso de Reorganización Nacional, la cual gobernó al país entre los años 1976 y 1983.

La denominación alude al carácter informal e irreglamentado del enfrentamiento entre el poder militar —desligado de la autoridad civil—, contra la misma población civil y las organizaciones guerrilleras, que no obtuvo en ningún momento la consideración explícita de guerra civil. El uso sistemático de la violencia y su extensión contra objetivos civiles en el marco de la toma del poder político y burocrático por las Fuerzas Armadas, determinó la inmediata suspensión de los derechos y garantías constitucionales y propició la aplicación de tácticas y procedimientos bélicos irregulares a toda la población. No obstante, esta denominación ha sido y aún es muy discutida por algunas organizaciones políticas y de derechos humanos, que objetan la calificación de "guerra" ya que ésta fue la definición del conflicto esgrimida originariamente por la dictadura militar para justificar la represión indiscriminada, aduciendo que "las muertes son inevitables en una guerra".

Antes de 1976, la violencia política en Argentina había ido escalando en un contexto internacional que la retroalimentaba (guerra fría, anticomunismo, movimientos de liberación nacional, foquismo, auge de la guerrilla).

De 1955 a 1966

Pocos meses antes del derrocamiento de Juan Domingo Perón, en junio de 1955, aviadores militares de la Marina de Guerra bombardearon Plaza de Mayo causando más de 300 muertos. En 1956, ya producido el golpe militar, una sublevación peronista fue reprimida con el fusilamiento del General Juan José Valle y otros participantes, incluyendo un episodio de fusilamientos clandestinos en la localidad de José León Suárez (Buenos Aires).

En 1959 se produjo la Revolución Cubana, que tendría una fuerte influencia, sobre todo entre los jóvenes y a través de la figura del Che Guevara, en la promoción de la guerrilla urbana en América Latina, también llamada por entonces "la vía armada" ^[1].

En 1963 fue secuestrado y hecho desaparecer, el activista sindical Felipe Vallese, perteneciente a la Unión Obrera Metalúrgica (UOM-CGT) y a quien se le considera como el primer desaparecido en la Argentina.

En 1964 se produjo en Brasil ^[2] el primero de una serie de golpes de estado de nuevo tipo que tenían como fin establecer dictaduras militares permanentes, categorizadas por el politólogo Guillermo O'Donnell como Estado burocrático-autoritario ^[3] . El modelo se extendería a todo el Cono Sur, promovido desde la Escuela de las Américas de los Estados Unidos en Panamá, bajo la llamada Doctrina de la Seguridad Nacional en el marco de la Guerra Fría.

De 1966 a 1973

En 1966 se instaló la primera dictadura militar de tipo permanente en Argentina: la Revolución Argentina (1966-1973). Durante su curso la violencia política se dispararía. En las manifestaciones callejeras comenzaron a ser asesinados manifestantes al azar cuyos nombres (Santiago Pampillón, Juan José Cabral, Máximo Mena, Adolfo Ramón Bello, Norberto Blanco, Hilda Guerrero de Molina, etc.) fueron enarbolados bajo lemas como "la sangre derramada no será negociada" ^[4]. Comenzaron a sucederse una serie de asesinatos de líderes sindicales, militares, políticos y empresariales de primer nivel, de alto impacto en la opinión pública (Vandor, Aramburu, José Alonso, Sallustro, Juan Carlos Sánchez, Roberto Mario Uzal, Emilio Berisso). Estallaron hechos insurreccionales urbanos masivos que adoptaron nombres como Cordobazo, Rosariazo, Mendozazo, Tucumanazo, Choconazo, Rocazo, Vivorazo. Se formaron las organizaciones guerrilleras FAR, FAP, Montoneros, ERP, que realizaron operaciones, copamientos, atentados y asesinatos de alto impacto. El 22 de agosto de 1972 un grupo de guerrilleros detenidos fueron fusilados clandestinamente en una base militar de Trelew. Este hecho en particular fue luego considerado como la primera acción concreta del terrorismo de estado en la Argentina.

1973

En esas condiciones el gobierno militar decidió convocar a elecciones el 11 de marzo de 1973, donde ganó con el 50% de los votos el candidato presentado por el peronismo, Héctor Cámpora, ante la proscripción de Juan Domingo Perón. Pocos días después Cámpora renunció para permitir nuevas elecciones libres, en la que triunfó la fórmula Juan Domingo Perón - María Estela Martínez de Perón, con el 62% de los votos. Menos de un año después, el 1 de julio de 1974, Perón falleció y debió asumir la presidencia su esposa, María Estela Martínez de Perón, que sería derrocada el 24 de marzo de 1976. En este período inmediatamente anterior al golpe militar de 1976, la violencia política agravó su escalada.

Las dos principales organizaciones guerrilleras ERP y Montoneros permanecieron activas luego de las elecciones de 1973. Ese mismo año se creó la Triple A, una organización parapolicial de tendencia derechista, dirigida desde el gobierno por el Ministro de Bienestar Social, José López Rega.

Pocos días antes de asumir el presidente Cámpora, fueron asesinados el Almirante Hermes Quijada por el ERP-22 de Agosto, y el dirigente sindical Dirk Kloosterman, secretario general del Sindicato de Trabajadores Mecánicos (SMATA), por las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP). El 20 de junio de 1973, en ocasión del regreso definitivo de Perón al país, y ante una movilización de millones de personas jamás vista en la historia argentina, se produjo un enfrentamiento armado de enormes proporciones entre Montoneros y otros grupos de civiles armados, de tendencias peronistas antagónicas, en el cual murieron entre 13 y 25 personas y 365 heridos: el hecho es conocido como la Masacre de Ezeiza. Durante todo 1973 se sucedieron atentados, secuestros y asesinatos, entre los que se destaca el de José Ignacio Rucci, secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT), también realizado por Montoneros.

El 11 de setiembre de 1973 se produjo un sangriento golpe militar en Chile en el cual asumiría el poder el General Augusto Pinochet. Existieron conexiones estrechas entre las dictaduras militares establecidas en aquellos años en el Cono Sur, que se expresaron en el llamado Plan Cóndor y que en 1974 se manifestaron con el asesinato en Buenos Aires del ex Vicepresidente de Chile y ex Comandante en Jefe del Ejército, General Carlos Prats, por haber sido un colaborador del derrocado Presidente Salvador Allende.

1974

En 1974 fueron asesinados, entre otros, el dirigente sindical Rogelio Coria, secretario general de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA); el alto dirigente radical Arturo Mor Roig; el director del diario El Día de La Plata, David Kraiselburd; el dirigente sindical petrolero Carlos Pierini; el dirigente sindical y ex-gobernador justicialista de Córdoba, Atilio López; el abogado Silvio Frondizi; el jefe de la Policía Federal Alberto Villar y su esposa; el Capitán Humberto Viola y su pequeña hija; el sacerdote Carlos Mugica; el abogado Rodolfo Ortega Peña.

En agosto de 1974, el ERP atacó la Fábrica Militar de Villa María (Córdoba) y, simultáneamente, el Regimiento 17 de Infantería Aerotransportado de Catamarca. El 6 de setiembre Montoneros pasó a la clandestinidad, y el 19 de setiembre conmovió al país con el secuestro de los hermanos Juan y Jorge Born, dueños del poderoso grupo empresarial Bunge & Born que es considerado el secuestro y extorsión más grande de la historia, estimado en 60 millones de dólares.

1975

El año 1975 registró una extremadamente alta violencia política agravada por un serio vacío de poder. El golpe militar en Uruguay, país reconocido por su impecable historia institucional, contribuyó a definir una situación subregional en el Cono Sur, donde Argentina aparecía como el único país en el que persistían las instituciones democráticas.

En ese año de 1975 las organizaciones armadas irregulares concretaron acciones de muy alto impacto. Montoneros incursionó por primera vez en el copamiento de una unidad militar, asaltando al Regimiento de Infantería 29 de Monte (Formosa) el 5 de octubre. Por su parte el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) trató de tomar el Batallón 601 Depósito de Arsenales de Monte Chingolo (Provincia de Buenos Aires) el 23 de diciembre, y en el hecho perdieron la vida gran cantidad de sus combatientes.

En 1975 la cantidad de asesinatos de impacto público disminuyeron (John Patrick Reagan, cónsul de los Estados Unidos en Córdoba; el General Jorge Cáceres Monié y su esposa), pero se multiplicó la cantidad total, alcanzando el punto más alto de las últimas dos décadas: 490 asesinatos, contra 187 que se habían registrado el año anterior ^[5].

Históricamente, el hecho más importante fue el llamado Operativo Independencia, autorizado por la presidenta María Estela Martínez de Perón en acuerdo de ministros, mediante el famoso Decreto 261/75 del 5 de febrero en el que se ordenó al Ejército intervenir y "aniquilar el accionar de elementos subversivos que actúan en la provincia de Tucumán" (art. 1). El uso del término "aniquilar" ha dado lugar a fuertes discusiones sobre el significado y alcance del mismo, en referencia directa al concepto de guerra sucia.

Esa metodología fundada en la intervención de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interior, basadas en el aniquilamiento, sería extendida a todo el país mediante los Decretos 2770, 2771, y 2772 de octubre de 1975. El 28 de octubre mediante la Directiva del Comandante General del Ejército 404/75 (Lucha contra la subversión), se dispuso la zonificación militar del país en 5 zonas, divididas a su vez en subzonas y areas, con sus correspondientes responsables militares.

1976: antes del 24 de marzo

Los primeros meses de 1976 se caracterizaron por la continuidad del alto nivel de violencia política, combinada con un casi completo vacío de poder y descontrol institucional. El 22 de marzo fue asesinado el dirigente sindical Atilio Santillán (FOTIA-CGT). El 23 de marzo el diario La Opinión de Buenos Aires tituló: "Argentina inerme ante la matanza". El 24 de marzo se produjo el previsible golpe de Estado, apoyado por algunos sectores, rechazado por otros, y ante la pasividad de la mayor parte de la población, dando así inicio a un gobierno militar que se autodenominó Proceso de Reorganización Nacional, caracterizado por implementar una política represiva en la línea del terrorismo de estado, luego conocida también como Guerra Sucia.

Política represiva de la dictadura

Estructura institucional

El 24 de marzo de 1976 asumió el poder, como "órgano supremo de la Nación", una Junta de Comandantes de las tres fuerzas armadas integrada por el General Jorge Rafael Videla, el Almirante Emilio Eduardo Massera y el Brigadier general Orlando Ramón Agosti. El primero a su vez, fue designado con el título de presidente con la mayor parte de las funciones de los poderes ejecutivo y legislativo. "En ejercicio del poder constituyente" la junta estableció un Estatuto al que deberían someterse todas las otras leyes incluida la Constitución.

El primer día la Junta Militar dictó 31 comunicados. El comunicado Nº 1 dice:

Se comunica a la población que, a partir de la fecha, el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta de Comandantes Generales de las FF.AA. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones.

El comunicado Nº 19 estableció:

Se comunica a la población que la Junta de Comandantes Generales ha resuelto que sea reprimido con la pena de reclusión por tiempo indeterminado el que por cualquier medio difundiere, divulgare o propagare comunicados o imágenes provenientes o atribuidas a asociaciones ilícitas o personas o grupos notoriamente dedicados a actividades subversivas o al terrorismo. Será reprimido con reclusión de hasta diez años, el que por cualquier medio difundiere, divulgare o propagare noticias, comunicados o imágenes, con el propósito de perturbar, perjudicar o desprestigiar las actividades de las Fuerzas Armadas, de Seguridad o Policiales.

Ese mismo primer día se impuso la pena de muerte y los Consejos de Guerra (Ley 21.264):

Art.1 El que públicamente por cualquier medio, incitare a la violencia colectiva y / o alterare el orden público, será reprimido por sola incitación, con reclusión hasta diez años. Art. 2. El que alterare en cualquier forma contra los medios de transporte, de comunicación, usinas, instalaciones de gas o agua corriente u otros servicios públicos, será reprimido con reclusión por tiempo determinado o muerte... Art.5 ....el personal militar de las fuerzas de seguridad y de las fuerzas policiales hará uso de las armas en caso de que la persona incurra en alguno de los delitos previstos de 2 a 4 precedentes.... Art. 7 Créanse en todo el territorio del país los Consejos de Guerra Especiales Estables...que juntamente con los Consejos de Guerra Permanente para el Personal Subalterno de las Tres Fuerzas Armadas, conocerán en el juzgamiento de los delitos que prevé la presente ley. Art 10. La presente ley será aplicable a toda persona mayor de dieciséis años.

El estado de sitio, con la suspensión de las garantías constitucionales, ya había sido declarado durante el Gobierno de María Estela Martínez de Perón, por Decreto 1368/1974. Pocos días después el gobierno militar sancionó la Ley 21.275 suspendiendo el derecho constitucional de opción a salir del país (Constitución Nacional, art 23).

La Junta Militar dictó leyes y órdenes discrecionales, entre ellas disponiendo detenciones o cesantías masivas, en las que no se consideraba la razón de los actos (Leyes 21.258, 21.260, 21.262, 21.274, etc). La ley 21.260 dictada el mismo 24 de marzo de 1976, por ejemplo, establecía:

Art. 1 "Autorízase hasta el 31 de diciembre de 1976 a dar de baja por razones de seguridad, al personal de planta permanente, transitorio o contratado, que preste servicios en la Administración Pública Nacional, en el Congreso Nacional, organismos descentralizados de cualquier carácter, autárquicos, empresas del Estado y de propiedad del Estado, servicios de cuentas especiales, obras sociales y cualquier otra dependencia del Poder Ejecutivo, que de cualquier forma se encuentre vinculado a actividades de carácter subversivo o disociadoras. ...Estarán comprendidos en la presente disposición , aquellos que en forma abierta, encubierta o solapada preconicen o fomenten dichas actividades.

Estructura clandestina

Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA el gobierno militar explicó que era necesario vincular "el tema de los derechos humanos con la necesidad de reprimir el terrorismo y la subversión como medio para preservar la seguridad nacional" ^[6].

Según el General Martín Balza, quien fuera jefe del Ejército entre 1991 y 1999:

La dictadura de 1976 concibió una actitud descentralizada para la ejecución. Actuaron como señores de la guerra. Como verdaderos señores feudales, instrumentando un plan sistemático para cometer crímenes de lesa humanidad. ^[7]

El 6 de mayo de 1977, el General Alfredo Oscar Saint-Jean, gobernador militar de la Provincia de Buenos Aires, declaró al periódico inglés The Guardian:

Primero eliminaremos a los subversivos; después a sus cómplices; luego a sus simpatizantes; por último, a los indiferentes y a los tibios.

En las órdenes secretas del 17 de diciembre de 1976 dictadas por el Jefe Estado Mayor del Ejército, General Roberto Viola, ya no se habla de aniquilar "el accionar" de los subversivos, sino de aniquilar a los individuos:

Aplicar el poder de combate con la máxima violencia para aniquilar a los delincuentes subversivos donde se encuentren. La acción militar es siempre violenta y sangrienta. El delincuente subversivo que empuñe armas debe ser aniquilado sin aceptar rendición. El ataque se ejecutará mediante la ubicación y aniquilamiento de los activistas subversivos. Las órdenes deben aclarar si se detiene a todos o a algunos, si en caso de resistencia pasiva se los aniquila o se los detiene, si se destruyen bienes o se procura preservarlos. Los tiradores especiales podrán ser empleados para batir cabecillas de turbas o muchedumbres. ^[8]

En el telegrama interno AT 183 de la embajada de Estados Unidos en Argentina del 14 de mayo de 1980 se relata:

Discutiendo el continuo apego a tácticas extrajudiciales contra Montoneros que son miembros de TEA y TEI (Nota: se refiere a Tropas Especiales de Agitación y Tropas Especiales de Infantería) Emboff preguntó por qué los militares no sentían que fuera posible llevar a esta gente ante cortes formales, inclusive cortes militares. Nuestro informante dio dos razones. Primero, las fuerzas de seguridad ni confían ni saben cómo utilizar las soluciones legales. Los métodos actuales son más fáciles y familiares. Segundo, no hay ningún militar importante que `tenga el coraje` para asumir la responsabilidad formal por la condena y ejecución de un montonero. Bajo las reglas actuales `nadie` es responsable en los registros por las ejecuciones. Castro. ^[9]

En otro documento oficial de los Estados Unidos, un "memorándum de conversación" titulado "Tuercas y tornillos de la represión gubernamental al terrorismo-subversión" se detalla una charla realizada el 7 de agosto de 1979 entre el consejero político de la embajada de Estados Unidos, Willam Hallman; el Oficial de Seguridad Regional, James Blystone y un alto jefe militar cuyo alias era Jorge Contreras, en la que este último detalla largamente la política de represión "por izquierda", término que utiliza para referirse a la acción ilegal:

Contreras habló de dos categorías de casos. La primera eran aquellos que fueron introducidos al sistema y que después de un `cuidadoso interrogatorio` se encontraba que no tenían ninguna conexión con la subversión. A muchos de éstos, afirmó Contreras, simplemente se los dejaba ir. Dijo que él cree que en el pasado otros eran asesinados, cuando su liberación podía constituir un riesgo para `el sistema` –personal involucrado, ubicaciones, etc–. (Contreras enfatizó que él creía que estas ejecuciones fueron comunes dos y tres años atrás pero que se volvieron raras el año pasado). Una vez más dijo, mucho dependía del personal del centro de detención: algunos comandantes estaban dispuestos a arriesgar sus operaciones y facilidades, haciéndose conocidos, con el fin de reparar a alguien cuya inocencia había sido establecida. Otros comandantes creen que el proceso era más importante que cualquier individuo y que inclusive los inocentes deben ser sacrificados a fin de evitar que el sistema en sí peligre. ^[10]

Más adelante, el mismo documento, en un sub-título denominado "Organización y Estructura", dice:

Jorge Contreras es el Director del Grupo de Tareas 7 de la "Reunión Central" sección de la Unidad de Inteligencia del Ejército 601. Su grupo de tareas fue creado durante mayo, junto con el Grupo de Tareas 6, que sigue a los sindicatos y economía. El trabajo del Grupo de Tareas 7 es estudiar las actividades de los estudiantes, grupos políticos y organismos religiosos. Hasta hace unos meses el sistema de grupos de tareas creado en 1971-1972 contaba solo con cinco de esos grupos: Grupo de Tareas 1 encargado del ERP; Grupo de Tareas 2 estaba encargado de Montoneros; en esta ocasión Contreras no entró en los deberes de los Grupos de Tareas 3, 4, y 5. ^[11]

La directiva de operaciones represivas 504/77 establecía que la detención de los obreros sospechosos "se efectuará con el método que más convenga fuera de las fábricas y de manera velada".

En el diario La Nación del 3 de noviembre de 1977 se publicó el siguiente comunicado demostrativo de la situación en el país:

El Comando de la Zona 1 informa a la población que el 2 de noviembre, en horas de la noche, en las proximidades de Plaza Constitución, una patrulla de las fuerzas leales sorprendió a un activista que incitaba al cese de actividades y trataba de impedir la concurrencia al trabajo de algunos operarios, siendo abatido por el fuego. Se procura su identificación. Las fuerzas legales cumplieron con la misión impuesta tendiente a asegurar la libertad de trabajo.

Procedimientos

Los procedimientos represivos que caracterizaron la guerra sucia en Argentina escandalizaron a la opinión pública mundial y causaron un gran desprestigio internacional de los militares argentinos.

En realidad se estableció un sistema descentralizado de represión, a cargo de las zonas y áreas militares, en el que cada jefe militar tenía carta blanca para ejecutar el plan represivo (Balza,2005 ^[12]).

Desaparición forzada

La desaparición forzada fue el régimen que caracterizó al Proceso de Reorganización Nacional. Más del 95% de los asesinatos y detenciones fueron intencionalmente ocultados.

En Argentina, durante la guerra sucia, la práctica habitual era detener ilegalmente y en secreto, a través de equipos militares especiales (GT: Grupos de Tareas), a los opositores y enviarlos a centros clandestinos de detención (CCD) donde inevitablemente eran torturados. Luego de un tiempo el prisionero o prisionera, o bien era asesinado, también en forma clandestina y sin guardar registros del momento y lugar, o bien era "blanqueado" y pasaba a una cárcel legal haciéndose pública su situación, o directamente liberado.

Un caso especial son los niños desaparecidos, hijos pequeños de los opositores secuestrados, respecto de los cuales se sabe que la mayoría no fueron asesinados, y fueron entregados clandestinamente a padres adoptivos, suprimiéndoles su identidad. La mayor parte de esos niños aún continúan desaparecidos; se estima su número en unos 500. Las Abuelas de Plaza de Mayo han encontrado hasta septiembre de 2006, 85 niños desaparecidos ^[13].

El propio General Jorge Rafael Videla argumentaba en un reportaje realizado por la periodista María Seoane:

No, no se podía fusilar. Pongamos un número, pongamos cinco mil. La sociedad argentina, cambiante, traicionera, no se hubiere bancado los fusilamientos: ayer dos en Buenos Aires, hoy seis en Córdoba, mañana cuatro en Rosario, y así hasta cinco mil, 10 mil, 30 mil. No había otra manera. Había que desaparecerlos. Es lo que enseñaban los manuales de la represión en Argelia, en Vietnam. Estuvimos todos de acuerdo. ¿Dar a conocer dónde están los restos? Pero ¿qué es lo que podíamos señalar? ¿El mar, el Río de la Plata, el Riachuelo? Se pensó, en su momento, dar a conocer las listas. Pero luego se planteó: si se dan por muertos, enseguida vienen las preguntas que no se pueden responder: quién mató, dónde, cómo. ^[14]

Decía el General Videla en la televisión de Estados Unidos el 14 de septiembre de 1977:

Debemos aceptar como una realidad que en la Argentina hay personas desaparecidas. El problema no está en asegurar o negar esa realidad, sino en saber las razones por las cuales estas personas han desaparecido. Hay varias razones esenciales: han desaparecido por pasar a la clandestinidad y sumarse a la subversión; han desaparecido porque la subversión las eliminó por considerarlas traidoras a su causa; han desaparecido porque en un enfrentamiento, donde ha habido incendios y explosiones, el cadáver fue mutilado hasta resultar irreconocible. Y acepto que puede haber desaparecidos por excesos cometidos durante la represión. Esta es nuestra responsabilidad; las otras alternativas no las gobernamos nosotros. Y es de esta última de la que nos hacemos responsables: el gobierno ha puesto su mayor empeño para evitar que esos casos puedan repetirse.

Existe también una histórica declaración de Videla, transcripta por Clarín el 14 de diciembre de 1979:

¿Qué es un desaparecido? En cuanto éste como tal, es una incógnita el desaparecido. Si reapareciera tendría un tratamiento X, y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento tendría un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido no puede tener ningún tratamiento especial, es una incógnita, es un desaparecido, no tiene entidad, no está, ni muerto ni vivo, está desaparecido. (oír grabación)

La táctica militar de hacer desaparecer a los opositores es un método represivo que se basa fundamentalmente en la producción de desconocimiento. Por esa razón, saber que pasó, conocer, recuperar la memoria, y exigir la verdad, se han vuelto reclamos principales de las víctimas y de las organizaciones de derechos humanos. Una de las consignas que refleja esta preocupación era cantada en las marchas contra el gobierno militar: "¡¡Los desaparecidos, que digan donde están!!"

La desaparición forzada de personas y su impacto en la sociedad argentina fue reflejada en una exitosa canción de Charly García titulada "Dinosaurios", del año 1983.

Los amigos del barrio pueden desaparecer,

los cantores de radio pueden desaparecer,

los que están en los diarios pueden desaparecer,

la persona que amas puede desaparecer.

Los que están en el aire pueden desaparecer en el aire,

los que están en la calle pueden desaparecer en la calle.

Los amigos del barrio pueden desaparecer,

pero los dinosaurios van a desaparecer. ^[15]

Centros clandestinos de detención (CCD)

Para implementar la táctica de desaparición forzada de personas el gobierno militar creó cientos de centros clandestinos de detención (CCD).

Las Fuerzas Armadas clasificaban los CCD en dos tipos:

• Lugar de Reunión de Detenidos (LRD): tenían una organización más estable y estaban preparados para alojar, torturar y asesinar a grandes cantidades de detenidos.
• Lugar Transitorio (LT): tenían una infraestructura precaria y estaban destinados a funcionar como un primer lugar de alojamiento de los detenidos-desaparecidos.

Los primeros CCD fueron instalados en 1975, antes del golpe militar del 24 de marzo de 1976. En ese año ya estaban en funcionamiento la Escuelita en Faimallá (Tucumán) y el Campito (Provincia de Buenos Aires). También en 1975 funcionó un CCD en la planta de la empresa Acindar en Villa Constitución, presidida por Martínez de Hoz, como parte de la estructura represiva organizada para reprimir la huelga declarada por el sindicato (UOM) en mayo de ese año ^[16].

En el año 1976 llegaron a existir 610 CCD, pero muchos de ellos fueron temporarios y circunstanciales. Luego de los primeros meses posteriores al golpe de estado, la cifra se estabilizó en 364 CCD. En 1977 la cantidad se redujo a 60. En 1978 había 45 y en 1979 7 CCD. En 1980 quedaban dos: la ESMA y el Campito (Campo de Mayo). En 1982 y 1983 la ESMA era el único campo de concentración que seguía siendo utilizado ^[17].

En Buenos Aires hubo 60 centros, en la provincia de Córdoba 59 y en Santa Fe 22.

Cinco grandes centros fueron el eje de todo el sistema: la ESMA y Club Atlético en la Ciudad de Buenos Aires; el Campito (Campo de Mayo) y el Vesubio en el Gran Buenos Aires (Provincia de Buenos Aires); y la Perla en Córdoba.

A pesar de sus diferencias los CCD fueron organizados con una estructura y un régimen de funcionamiento similar. Todos los CCD contaban con una o más salas de torturas, amplios espacios para mantener a los desaparecidos siempre en condiciones de gran precariedad, y un centro de viviendas para los torturadores y guardias. Casi todos tenían algún tipo de servicio médico. En algunos casos hubo servicios religiosos permanentes para el personal militar.

Los Grupos de Tarea (GT) estaban encargados de realizar los secuestros, generalmente de noche. Inmediatamente los detenidos-desparecidos eran llevados al CCD correspondiente, donde permanecían constantemente encapuchados y esposados. Allí eran severamente torturados e interrogados por los mismos integrantes de los GT. El tiempo de este período inicial de tortura variaba considerablemente, pero en términos generales puede decirse que oscilaba entre uno y dos meses. Con posterioridad a ese período inicial de tortura-interrogatorio, se disponía:

• el asesinato del detenido-desaparecido o detenida-desaparecida . En todos los CCD se utilizó el mismo eufemismo para referirse al asesinato del detenido-desaparecido: "el traslado". Los métodos utilizados para el asesinato y desaparición de los cadáveres variaron desde los llamados vuelos de la muerte, los fusilamientos en masa, fosas comunes, tumbas NN, incineración de cadáveres, etc.
• el blanqueo. Se legalizaba al detenido-desaparecido y se lo ponía a disposición del Poder Ejecutivo. A partir de 1980, de esta situación, podía derivar la deportación y el exilio, haciendo uso de la opción a salir del país que establece la Constitución (art. 23), o el enjuiciamiento por tribunales militares y la condena a prisión.
• la libertad.
• la continuidad como detenido-desaparecido, por razones variadas (utilización como esclavos, colaboradores, rehenes, etc.).

Durante su permanencia en el CCD se procedía sistemáticamente a la deshumanización de los detenidos-desaparecidos mediante diversos procedimientos: sustitución del nombre por un número, violaciones, animalización, humillación, hacinamiento, condiciones intolerables de alojamiento, desnudez forzada, racismo, antisemitismo, homofobia, etc.

También existió una política y un procedimiento común para las detenidas-desaparecidas que se encontraban embarazadas. En ese caso se postergaba el asesinato y se producía un parto clandestino con supresión de la identidad del bebé quien era entregado para su crianza a personas íntimamente vinculadas al sistema represivo, y en algunos casos partícipes del asesinato de los padres y/o madres biológicos.

Tortura sistemática

"«Si al salir del cautiverio me hubieran preguntado: ¿te torturaron mucho?, les habría contestado: Sí, los tres meses sin parar. Si esa pregunta me la formulan hoy les puedo decir que pronto cumplo siete años de tortura» (Miguel D'Agostino - Legajo N° 3901)". (Informe Nunca Más 1984,26).

La tortura fue un componente central del plan represivo del gobierno militar. Los centros clandestinos de detención (CCD) fueron creados y diseñados para poder practicarla ilimitadamente. Al redactar el famoso informe "Nunca Más" en 1984, los miembros de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (CONADEP) no pudieron evitar sobrecogerse ante el "inmenso muestrario de las más graves e incalificables perversiones" que tenían ante sus ojos, y debatieron el modo de evitar que ese capítulo del informe se convirtiera en una enciclopedia del horror ^[18].

El Capítulo V (Derecho a la seguridad e integridad personal), punto D (Apremios ilegales y torturas), del Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) del 14 de diciembre de 1979, está dedicado precisamente a registrar los casos de tortura que le fueron denunciados. El mismo puede leerse aquí.

Por su parte, el título C, del primer capítulo del Informe Nunca Más de la CONADEP está dedicado las torturas que se practicaban en los CCD, en tanto que se incluye un título especial para referirse a las torturas en el domicilio de las víctimas.

No es posible separar las torturas de todo el resto de análisis del terrorismo de Estado en Argentina. La tortura es un elemento omnipresente de la llamada guerra sucia en Argentina. La tortura y sus imágenes se establecieron como el eje del terror, para las víctimas directas, y más allá para los familiares, conocidos y la población en general. Aún años después, décadas después, esas imágenes conmueven hasta lo insoportable a los adultos, y angustian a los niños de las nuevas generaciones.

La picana eléctrica es el instrumento de tortura alrededor del cual se diseñaron y construyeron las salas de tormentos, a las que en todos los CCD llamaban "quirófanos". La picana era denominada "máquina"; en La Perla le llaman "Margarita". En La Perla, la sala de torturas tenía un cartel que decía: "Sala de terapia intensiva - No se admiten enfermos" ^[19], mientras que en la de El Vesubio estaba colocado un cartel que decía «si lo sabe cante, si no aguante» ^[20].

La tortura del Dr. Norberto Liwsky, sobreseído luego por el tribunal militar que lo enjuició, y que el informe Nunca Más transcribe en extenso es un ejemplo de los padecimientos de los detenidos-desaparecidos. En una parte de su testimonio el Dr. Liwsky dice:

Al principio el dolor era intenso. Después se hacía insoportable. Por fin se perdía la sensación corporal y se insensibilizaba totalmente la zona apaleada. El dolor, incontenible, reaparecía al rato de cesar con el castigo. Y se acrecentaba al arrancarme la camisa que se había pegado a las llagas, para llevarme a una nueva «sesión»." Desde entonces empecé a sentir que convivía con la muerte. Cuando no estaba en sesión de tortura alucinaba con ella. A veces despierto y otras en sueños. Cuando me venían a buscar para una nueva «sesión» lo hacían gritando y entraban a la celda pateando la puerta y golpeando lo que encontraran. Violentamente. Por eso, antes de que se acercaran a mí, ya sabía que me tocaba. Por eso, también, vivía pendiente del momento en que se iban a acercar para buscarme. De todo ese tiempo, el recuerdo más vivido, más aterrorizante, era ese de estar conviviendo con la muerte. Sentía que no podía pensar. Buscaba, desesperadamente, un pensamiento para poder darme cuenta de que estaba vivo. De que no estaba loco. Y, al mismo tiempo, deseaba con todas mis fuerzas que me mataran cuanto antes. La lucha en mi cerebro era constante. Por un lado: «recobrar la lucidez y que no me desestructuraran las ideas», y por el otro: «Qué acabaran conmigo de una vez». ^[21]

Era habitual combinar violación y tortura ^[22]. Más allá de la tortura eléctrica y la violación, los instrumentos, métodos y grado de crueldad de los tormentos, excede la comprensión de una persona promedio: simulacros de fusilamiento, el submarino, estiletes, pinzas, drogas, el cubo (inmersión prolongada de los pies en agua fría/caliente), quemaduras, suspensión de barras o del techo, fracturas de huesos, cadenazos, latigazos, sal sobre las heridas, supresión de comida y agua, ataque con perros, rotura de órganos internos, empalamiento, castramientos, sufrir tortura ante o presenciar la tortura de familiares y a veces niños, mantener las heridas abiertas, permitir las infecciones masivas, cosido de la boca...

El sadismo de los torturadores es un dato común. Todos los detenidos-desaparecidos eran torturados: hombres, mujeres, ancianos, ancianas, adolescentes, discapacitados, mujeres embarazadas y niños (hay varios casos de niños menores de 12 años torturados frente a sus padres).

El conocido periodista y director del diario La Opinión, Jacobo Timerman, que estuvo detenido-desparecido y fue liberado por la presión internacional, escribió en 1982 uno de los primeros libros de denuncia abierta, titulado Prisionero sin nombre, celda sin número. Timerman dice allí que:

De todas las situaciones dramáticas que he visto en las cárceles clandestinas, nada puede compararse a esos grupos familiares torturados muchas veces juntos, otras por separado, a la vista de todos, o en diferentes celdas sabiendo unos que torturaban a los otros. ^[23]

El informe de la CONADEP define lo que debieron padecer los desaparecidos como un "descenso al infierno" ^[24].

Vuelos de la muerte

Los "vuelos de la muerte" fueron un sello atroz de la guerra sucia en Argentina. Mediante los "vuelos de la muerte" miles de detenidos-desaparecidos fueron tirados al mar vivos y drogados, desde aviones militares.

Las evidencias sobre el asesinato de opositores arrojándolos desde aviones son incuestionables y no hay controversia sobre ello. Ya en 1977, durante el régimen militar, aparecieron varios cuerpos en las costas de los balnearios atlánticos de Santa Teresita y Mar del Tuyú, unos 200 km al sur de la Ciudad de Buenos Aires. Los cadáveres fueron enterrados raudamente como NN en el cementerio de General Lavalle, pero previamente los médicos policiales que intervinieron informaron que la causa de muerte se debió al “choque contra objetos duros desde gran altura” ^[25]

En 1995, un marino de la ESMA, Adolfo Scilingo, se quebró emocionalmente y le relató extensamente al periodista Horacio Verbitsky, el modo como se aplicaba una metodología de exterminio denominada por sus propios autores como vuelos. Su relato fue publicado como libro, con el título de “El vuelo” ^[26]. Debido a estas confesiones Scilingo resultó condenado a 640 años de prisión, en España, donde se encuentra cumpliendo su pena.

Scilingo, en sus testimonios, detalla el procedimiento, la autorización de la Iglesia Católica, la utilización de inyecciones, el tipo de aviones (Electra, Skyvan ^[27]), la amplia participación de los oficiales, la utilización del aeropuerto militar que se encuentra en Aeroparque (ciudad de Buenos Aires), entre otros detalles.

¿Cuál ha sido su primer conocimiento sobre los vuelos de la muerte de la ESMA?.

Los vuelos fueron comunicados oficialmente por Mendía (vicealmirante de la Armada) pocos días después del golpe militar de marzo de 1976. Se informó que el procedimiento para el manejo de los subversivos en la Armada sería sin uniforme y usando zapatillas, jeans y remeras. Explicó que en la Armada no se fusilarían subversivos ya que no se quería tener los problemas sufridos por Franco en España y Pinochet en Chile. Tampoco se "podía ir contra el Papa" pero se consultó a la jerarquía eclesiástica y se adoptó un método que la Iglesia consideraba cristiano, o sea gente que despega en un vuelo y no llega a destino. Ante las dudas de algunos marinos, se aclaró que "se tiraría a los subversivos en pleno vuelo". Después de los vuelos, los capellanes nos trataban de consolar recordando un precepto bíblico que habla de "separar la hierba mala del trigal".

Entrevista realizada por Martín Castellano a Adolfo Scilingo el 4 de octubre de 1997 ^[28]

Sin bien existen pocos datos, la desaparición de los cadáveres de los detenidos-desaparecidos arrojándolos al mar desde aviones, parece haber sido un método generalizado, además de las tumbas clandestinas. La Fuerza Aérea uruguaya reconoció en 2005 que se realizaban vuelos de la muerte en combinación con las Fuerzas Armadas argentinas (Operación Cóndor) ^[29].

En 2005 se probó por primera vez el itinerario seguido por un grupo de víctimas asesinadas mediante vuelos de la muerte. El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) identificó los restos de las madres de Plaza de Mayo, Esther Ballestrino, María Eugenia Ponce, Azucena Villaflor ^[30], la militante Angela Auad [9], y la monja francesa Léonie Duquet ^[31] determinando que las mismas habían sido secuestradas en Buenos Aires, detenidas y torturadas en la ESMA y arrojadas vivas al mar desde un avión frente a las playas de Mar del Tuyú.

Un trailer del film "Garage Olimpo", relacionado con los vuelos de la muerte, puede ser visto en este sitio.

Operación Cóndor

La Guerra Sucia en Argentina fue parte de una operación continental. La Operación Cóndor fue el nombre con el que se designó el plan de inteligencia y coordinación entre los servicios de seguridad de los regímenes militares del Cono Sur (Argentina, Chile, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia), con conexiones con las fuerzas militares de Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela, y cooperación y apoyo operativo de los Estados Unidos. La Operación Cóndor constituyó una organización clandestina internacional para la práctica del terrorismo de Estado a escala continental.

La Operación Cóndor ha podido ser descubierta básicamente a partir de los documentos secretos del gobierno estadounidense desclasificados en época del presidente Bill Clinton.

Fue concebida y diseñada por el entonces Coronel chileno Manuel Contreras quien en 1975, redactó un extenso documento con las proposiciones para su funcionamiento. El primer paso hacia la organización se produjo a mediados de 1975 cuando el Coronel chileno Mario Jahn, viajó a Paraguay y entregó al Coronel paraguayo Benito Guanes, el documento de organización del mecanismo y lo invitó a participar en la Primera Reunión de Trabajo de Inteligencia Nacional, realizada en Santiago de Chile entre el 25 de noviembre y el 1 de diciembre de 1975. En esa reunión se decidió organizar la Operación Cóndor entre los seis países del Cono Sur (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Luego se sumarían, con distintos grados de compromiso, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela. Tuvo su centro de operaciones en Santiago de Chile y su principal coordinador fue Manuel Contreras, quien era conocido como "Cóndor Uno".

Entre decenas de secuestros y atentados contra opositores, la Operación Cóndor concretó acciones de gran resonancia pública como:

• el asesinato del Ex-Comandante en jefe del Ejército de Chile general Carlos Prats en Buenos Aires
• el asesinato del ex presidente de Bolivia Juan José Torres en Buenos Aires
• el asesinato del senador uruguayo Zelmar Michelini y el diputado Héctor Gutiérrez Ruiz, también uruguayo, en Buenos Aires en 1974
• el asesinato del ex ministro de relaciones exteriores del gobierno chileno de Salvador Allende, Orlando Letelier y su secretaria Ronni Moffitt en Washington DC en 1976
• el atentado contra el ex Ministro del Interior del gobierno del presidente chileno Eduardo Frei Montalva, Bernardo Leighton en Roma en 1975
• la colaboración argentina en el golpe de García Meza en Bolivia en 1980.

El 26 de abril de 2000 el ex gobernador de Río de Janeiro Leonel Brizola sostuvo que los ex presidentes del Brasil, João Goulart y Juscelino Kubitschek, fueron asesinados en el marco del Plan Cóndor, simulándose un ataque cardíaco y un accidente, respectivamente y que ello debía ser investigado^[32][33].

La Fuerza Aérea uruguaya ha reconocido oficialmente la realización de vuelos de la muerte conjuntos con el régimen militar argentino ^[34].

El gobierno de Estados Unidos participó activamente de la Operación Cóndor. El 22 de agosto de 1978 el servicio de inteligencia estadounidense envió a sus principales embajadas en Sudamérica la siguiente advertencia:

La Operación Cóndor es un esfuerzo cooperativo de inteligencia y seguridad entre muchos países del Cono Sur para combatir el terrorismo y la subversión. Los miembros originales incluían a los servicios de inteligencia de Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Bolivia, mientras que Perú y Ecuador se integraron recientemente.

Orgánicamente, la Operación Cóndor comenzó a ser desmontada cuando cayó la dictadura argentina en 1983. Sin embargo, los contactos y los asesinatos coordinados continuaron. En abril de 1991, se puso en marcha la Operación Silencio para impedir el enjuiciamiento de los responsables.

El 31 de mayo de 2001, mientras Henry Kissinger se encontraba en París, fue notificado por el juez Roger Le Loire que debía presentarse a declarar sobre su participación en la Operación Cóndor, lo que provocó la inmediata salida del ex secretario norteamericano, de Francia. Pocos meses después, Kissinger debió cancelar una visita a Brasil, porque el gobierno no podía garantizarle inmunidad judicial ^[35].

El 22 de diciembre de 1992, se descubrió en una estación de policía de Lambaré, Asunción (Paraguay), los llamados archivos del terror, expedientes en los que existen constancias documentales sobre el terrorismo de estado en el Cono Sur. Según los archivos descubiertos en Lambaré (Asunción) en 1992, el plan Cóndor causó 50.000 muertos, 30.000 desaparecidos y 400.000 presos. .

En febrero de 2004, el periodista estadounidense John Dinges, publicó Operación Cóndor: una década de terrorismo internacional en el Cono Sur ^[37], donde entre otras cosas revela que los militares uruguayos intentaron asesinar al diputado estadounidense Edward Koch en 1976.

Operación Charly: la exportación del método argentino a Centroamérica

A partir de 1979 el régimen militar argentino se comprometió activamente en desarrollar la guerra sucia en Centroamérica, capacitando a fuerzas militares y paramilitares de contrainsurgencia en Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala, y exportando la experiencia argentina.

Los militares argentinos comenzaron a realizar operaciones encubiertas que la CIA ya no podía realizar bajo la administración demócrata del presidente James E. Carter y en sintonía con los grupos más conservadores norteamericanos, comenzaron a proclamar que Estados Unidos había dejado inerme al hemisferio frente al comunismo y que ellos debían cumplir ese papel ^[38].

El Operativo Centroamérica fue ejecutado a partir del grupo de militares que ya actuaban en la Operación Cóndor. La periodista norteamericana Martha Honey sostiene en su libro sobre la política norteamericana en Centroamérica que:

Habiendo perfeccionado brutalmente las técnicas de control social en su país, las fuerzas armadas argentinas estaban listas hacia 1980 para exportar estas habilidades para ayudar a vencer la insurgencia comunista en El Salvador y Guatemala y detener a los sandinistas en Nicaragua" ^[39].

En 1979, se produjo el triunfo del Frente Sandinista en Nicaragua y ese mismo año el presidente de la Junta Militar argentina, el general Viola, expuso ante la XIII Conferencia de Ejércitos Americanos realizada en Bogotá, un plan de latinoamericanización del modelo terrorista estatal.

Pero será fundamentalmente el general Galtieri quien, en consonancia con el triunfo de Ronald Reagan en Estados Unidos, llevaría a la Argentina a comprometerse plenamente en la Guerra Sucia Centroamericana, bajo los lineamientos estratégicos norteamericanos. Galtieri presentaba como un valor su capacidad para llevar la guerra sucia hasta las últimas consecuencias tanto militar, como política y culturalmente.

Pocos días antes de asumir como presidente de la Junta Militar, Galtieri expuso en un corto discurso pronunciado en Miami, la decisión del gobierno militar argentino de constituirse en un aliado incondicional de Estados Unidos en la lucha mundial contra el comunismo:

La Argentina y los EE.UU. marcharán juntas en la guerra ideológica que está comenzando en el mundo" ^[40]

A principios de 1982 Estados Unidos y la dictadura argentina planearon la creación de un gran ejército latinoamericano, que sería liderado por un militar argentino, con el objetivo de invadir Nicaragua y aniquilar a los sandinistas. Paradójicamente, la invasión de las Malvinas decidida por el propio Galtieri puso fin a la intervención argentina en Centroamérica, pero la Guerra Sucia en la región continuó hasta bien entrados los años '90 con un saldo de cientos de miles de desaparecidos.

Las víctimas

Aunque existe una discusión sobre la cantidad de víctimas, todos los involucrados están de acuerdo en que las personas que resultaron asesinadas, desaparecidas, torturadas y exiliadas, suman varias decenas de miles.

Las víctimas pertenecen a todos los sectores y estratos de la población, sin embargo una parte importante aunque no bien determinada está integrada por combatientes, pertenecientes mayoritariamente a las organizaciones guerrilleras y también, aunque en menor número, a las fuerzas militares y policiales ^[41].

El gobierno militar recurrió a la figura del terrorismo para dirigir la represión, pero por el alcance que le otorgó virtualmente cualquier persona podía ser considerada terrorista. El general Videla declaraba en 1978 al Times de Londres que "un terrorista no es solamente alguien con un arma de fuego o una bomba, sino también alguien que difunde ideas contrarias a la civilización occidental y cristiana" ^[42].

El informe Nunca Más contiene una descripción de los desaparecidos por su grupo de referencia; más de la mitad eran trabajadores; en especial fueron asesinados los sindicalistas pertenecientes a comisiones internas de fábricas, como en los casos emblemáticos de Ford ^[43] y Mercedes Benz ^[44]. Entre los desaparecidos y asesinados existe una importante cantidad de adolescentes; en este caso es emblemático el secuestro y desaparición del grupo de adolescentes conocido como la Noche de los lápices. También fueron detenidos-desaparecidos y asesinados personas discapacitadas, ancianas, sacerdotes y monjas (como la Masacre de San Patricio de los padres palotinos ^[45], o de las Monjas Francesas Léonie Duquet y Alice Domon ^[46]), periodistas (como Julián Delgado o Rafael Perrota), artistas (como Héctor Oesterheld o Haroldo Conti), deportistas, abogados (como el laboralista Norberto Centeno ^[47] o de derechos humanos, como Sergio Karakachoff ^[48] ), etc. En algunos casos se trataban de familiares o simplemente personas nombradas por otros detenidos sometidos a tortura; en algunos casos se trató de funcionarios que simpatizaban con el régimen militar como Elena Holmberg ^[49] o Héctor Hidalgo Solá ^[50]; en otros casos se trató de simples casos de robo y extorsión como con Fernando Branca ^[51], o de intentos de ocultar errores como en el caso de la adolescente sueca Dagmar Hagelin ^[52]. Entre las víctimas notables también se encuentran las madres fundadoras de la Asociación Madres de Plaza de Mayo Azucena Villaflor, Esther Ballestrino y María Ponce.

Los niños desaparecidos-secuestrados

Un caso especial de las víctimas son los niños desaparecidos-secuestrados, entregados a familias que convalidaron la sustracción de identidad, y que en algunos casos fueron cómplices del asesinato de sus padres. Existe la certeza de que la mayoría de esos niños siguen con vida. Para encontrar a esos niños, un grupo de abuelas y abuelos de detenidos-desaparecidos crearon la organización Abuelas de Plaza de Mayo, dirigida por Estela de Carlotto. Desde que se estableció la democracia en 1983 y hasta septiembre de 2006, las Abuelas habían encontrado a 85 de esos niños ^[53]. Las Abuelas de Plaza de Mayo estiman que alrededor de 500 niños fueron secuestrados y privados de su identidad. Hoy esos niños ya son jóvenes y enfrentan dificultades psicológicas sumamente complejas debido a que las personas a quienes consideraban sus padres, en quienes naturalmente confiaban, les habían negado su identidad y origen, y en algunos casos fueron cómplices o conocieron a los asesinos de sus padres biológicos.

La conocida banda de rock argentina, Bersuit Vergarabat, realizó a pedido de las Abuelas de Plaza de Mayo una canción que refleja el drama de estos jóvenes. La canción se denomina Victoria Clara, carece de copyright y puede ser libremente bajada de este sitio: Victoria Clara.mp3.

La discusión sobre la cantidad de personas desaparecidas

Existe un debate distorsionado por fuertes argumentos ideológicos sobre la cantidad de desaparecidos entre 1976 y 1983.

En la cultura popular se ha establecido el número de 30.000 desaparecidos, suma que es sostenida por las organizaciones de derechos humanos, las fuerzas políticas de izquierda y centro-izquierda, las organizaciones estudiantiles y los sindicatos, a las que pertenecían la mayor parte de las víctimas.

La Secretaría de Derechos Humanos, sobre la base de las personas que percibieron indemnizaciones del Estado hasta 2003, tiene registrados 13.000 desaparecidos ^[54]. La CONADEP registró 9.089 casos de desapariciones forzadas.

Existen abundantes evidencias de que el gobierno militar llevaba detallados registros de los detenidos-desaparecidos y la suerte que corrieron, que no han podido ser hallados. El documento más importante encontrado hasta 2006 sobre los registros clandestinos y la cantidad de desaparecidos y asesinados durante el régimen militar es un informe del agente secreto chileno Enrique Arancibia Clavel, cuyo nombre clave era Luis Felipe Alemparte Díaz ^[55], que fue hallado por John Dinges en 2002 entre más de 1500 hojas que le habían sido confiscadas por los jueces federales argentinos en 1978 y que permanecieron guardadas entre los archivos del tribunal desde entonces. Al final de su informe, realizado en julio de 1978, se informa que el ejército argentino tenía computados hasta ese momento 22.000 muertos y desaparecidos. El documento dice textualmente:

Adjunto lista de todos los muertos durante el año 1975. La lista va clasificada solamente por mes. Es decir, en estas listas van tanto los muertos "oficialistas" como los "no oficialistas". Este trabajo se logró conseguir en el Batallón 601 de Inteligencia del Ejército, sito en Callao y Viamonte de esta Capital, que depende de la Jefatura II Inteligencia Ejército del Comando General del Ejército y del Estado Mayor del Ejército. Estas listas corresponden al Anexo 74888,75/A1.E.A. y el Anexo 74889,75/id Los que aparecen NN son aquellos cuerpos imposibles de identificar, casi en un 100% corresponden a elementos extremistas eliminados "por izquierda" por las fuerzas de seguridad. Se tienen computados 22.000 entre muertos y desaparecidos, desde 1975 a la fecha. En próximos envíos seguiré ampliando las listas. ^[56]

Autores, facilitadores e involucrados

Autores de crímenes de lesa humanidad y genocidio

La violación de derechos humanos en Argentina entre 1976 y 1983 fue parte de un plan de represión sistemática decidido en los más altos niveles del gobierno militar.

La estructura para la ejecución directa de la represión ilegal se organizó fundamentalmente a través de "grupos de tareas", "centros clandestinos de detención", equipos de interrogación y tortura, y equipos de exterminio y desaparición de cadáveres. Estos equipos a menudo estaban vinculados y actuaban en el ámbito de las zonas y subzonas militares y bajo órdenes de sus respectivos jefes.

Los equipos de represión ilegal estaban integrados por personal de las tres fuerzas armadas, policía, prefectura, médicos, sacerdotes y en algunos casos personal paramilitar. Adicionalmente altos directivos de empresas privadas y dependencias públicas, así como directores y profesores de colegios y universidades, colaboraron activamente con los mecanismos ilegales de represión.

En algunas zonas y subzonas militares, paradigmáticamente en Córdoba y Tucumán, los jefes militares dieron la orden de que todo el personal militar se viera comprometido directamente en la violación de derechos humanos.

En Argentina, como en otros casos de violaciones masivas de derechos humanos, se produjo un debate sobre el alcance y gravedad de la responsabilidad penal para los autores directos, en relación al lugar que cada uno ocupaba en la cadena de mando. En total se calcula que 1180 policías, militares y civiles fueron autores directos de crímenes de lesa humanidad ^[57].

Por circunstancias diversas la identidad de algunos represores ha tomado un mayor estado público:

Las Juntas Militares y presidentes

El Proceso de Reorganización Nacional era conducido por una Junta de Comandantes de la que dependía un presidente. En los siete años que duró se sucedieron cuatro juntas; solo en la última el presidente no perteneció nunca a la Junta.

• 1976-1980: Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti
• 1980-1981: Roberto Eduardo Viola, Armando Lambruschini, Omar Domingo Rubens Graffigna
• 1981-1982: Leopoldo Fortunato Galtieri, Basilio Lami Dozo y Jorge Isaac Anaya
• 1982-1983: Cristino Nicolaides, Rubén Franco, Augusto Jorge Hughes; presidente Reynaldo Benito Bignone

Una vez establecida la democracia el presidente Raúl Alfonsín ordenó el Juicio a las tres primeras Juntas, que se realizó en 1985, en el que resultaron condenados Videla, Massera, Agosti, Viola y Lambruschini. Luego fueron indultados por el presidente Carlos Menem en 1990.

Con posterioridad han sido nuevamente enjuiciados por otros delitos como los relacionados con los robos de bebés, delito no alcanzado por los indultos. Algunos de ellos también han sido procesados en España por delitos de terrorismo y genocidio; en 2006 su extradición aún estaba pendiente ^[58].

Los miembros de la última junta y el último presidente han sido procesados por la redacción del llamado Documento Final sobre la Lucha contra la Subversión y el Terrorismo ^[59] y la sanción de una ley de autoamnistía ^[60], debido a que ello ha encubierto el secuestro de niños ^[61].

Los Jefes de Zona, Subzona y Area

El país se había dividido en 5 zonas militares, correspondientes a los cinco cuerpos en que se dividía el ejército. Al comandante de cada cuerpo del Ejército le correspondía hacerse cargo de la zona. Cada zona estaba dividida a su vez en subzonas y áreas. Cada uno de los jefes de zona, subzona y área tenía mando directo para la represión ilegal en su jurisdicción. Por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires era una subzona, ubicada dentro de la Zona 1; a su vez la subzona Ciudad de Buenos Aires, estaba dividida en 6 áreas.

Los jefes de zona y subzona actuaban con total autonomía. Su capacidad para tomar decisiones que implicaran violaciones de derechos humanos era absoluta. El General Martín Balza los definió como "señores de la guerra... verdaderos señores feudales..." ^[62]

Fueron, en algún momento, jefes de zona los siguientes generales:

• Zona 1: Guillermo Suárez Mason
• Zona 2: Ramón Genaro Díaz Bessone, Leopoldo Fortunato Galtieri, Luciano Adolfo Jáuregui
• Zona 3: Luciano Benjamín Menéndez, Antonio Domingo Bussi, José Antonio Vaquero
• Zona 4: José Montes, Cristino Nicolaides, Santiago Omar Riveros, Fernando Humberto Santiago,
• Zona 5: Abel Teodoro Catuzzi, José Antonio Vaquero

El General Balza ha declarado que estos militares “son de los pocos que pueden saberlo todo” ^[63].

Represores famosos

Alfredo Astiz

Alfredo Astiz es el caso más emblemático de la represión ilegal. Era capitán de la Marina de Guerra y perteneció al Grupo de Tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada. Se infiltró entre las Madres de Plaza de Mayo simulando ser familiar de desaparecidos. Actuó como secuestrador de las Madres de Plaza de Mayo, de las monjas francesas Léonie Duquet y Alice Domon, de la adolescente argentino-sueca Dagmar Hagelin, entre otros casos de trascendencia mundial. Se vio beneficiado por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Luego de anuladas, en 2003, fue procesado y detenido en 2006. En Francia fue condenado en ausencia a prisión perpetua.

Miguel Etchecolatz

Miguel Etchecolatz es un ex policía que fue la mano derecha del ex General Ramón Camps, Jefe de Policía de la Provincia de Buenos Aires. Fue el responsable directo del operativo de la Noche de los lápices. Inicialmente fue condenado a 23 años de prisión como responsable de haber ejecutado 91 tormentos pero la Corte Suprema anuló la sentencia por aplicación de la Ley Obediencia Debida. Fue condenado y cumplió una condena de siete años por la supresión de identidad de un hijo de desaparecidos. En 2006 fue enjuiciado nuevamente y condenado a reclusión perpetua.

Jorge Eduardo Acosta

Jorge Eduardo Acosta, conocido como "el Tigre", era un capitán de corbeta jefe del Grupo de Tareas 3.3.2 basado en la ESMA y de ese centro clandestino de detención. Era quien tomaba las decisiones sobre tortura y muerte en la ESMA. En particular fue quien tomó la decisión de arrojar al río al grupo de monjas francesas Duquet y Domon y las madres de Plaza de Mayo Villaflor, Ballestrino y Ponce , así como la muerte de Dagmar Hagelin. Está procesado por delitos contra la humanidad en Italia y España. Con la anulación de la Ley de Obediencia Debida se reabrieron las causas en las que está involucrado.

Julio Simón

Julio Simón, conocido como "el Turco Julián", fue un integrante de la Policía Federal Argentina que actuaba como torturador en el CCD el Olimpo. Llevaba una cruz svástica como llavero ^[64]. Está condenado por el secuestro de niños y torturas ^{[65] [66]}.

Ramón Camps

El General Ramón Camps estuvo a cargo de la Policía de la provincia de Buenos Aires. Tuvo bajo su dirección varios de los centros clandestinos de detención (CCD) ubicados en la provincia. Entre los casos en los que intervino se encuentran el Caso Timerman y la Noche de los lápices. Se caracterizó por su antisemitismo acérrimo. Fue condenado a la pena de 25 años de prisión pero nunca fue a prisión. Indultado en 1990. Murió en 1994.

Raúl Guglielminetti

Raúl Guglielminetti, alias "Mayor Guastavino", fue un agente de inteligencia perteneciente al batallón 601 que ha sido relacionado con múltiples actividades criminales clandestinas ^[67]. A partir de 1978 condujo el Grupo de Tareas Exterior (GTE) que organizó la colaboración del régimen militar argentino con la guerra sucia en Centroamérica, conocida como Operación Charlie ^[68]. Fue integrante de la denominada "Banda de Aníbal Gordon", fue relacionado con el secuestro del empresario Osvaldo Sivak en 1985 ^[69], y ha sido vinculado al tráfico de armas y de drogas ^[70].

Empresarios y empresas

Numerosas empresas y empresarios fueron autores directos de crímenes de lesa humanidad. Existen pruebas directas de la participación de altos directivos de las siguientes empresas en crímenes de lesa humanidad: Ford, Mercedes Benz, Acindar, Dálmine Siderca, Ingenio Ledesma, y Astarsa.

La investigadora Victoria Basualdo, perteneciente a la Universidad de Columbia dice:

La información recogida para los seis casos analizados demuestra de manera contundente que existió un patrón común de funcionamiento que se repitió con características muy similares en todos estos grandes establecimientos fabriles: la colaboración de las distintas empresas con las fuerzas represivas mediante la provisión de vehículos, infraestructura, dinero y/o personal, el otorgamiento de libre acceso a las plantas y la remoción de cualquier obstáculo al accionar de las fuerzas armadas, además de la aceptación de la contratación de personal encubierto, con el objetivo de vigilar a los trabajadores y recibir informes de inteligencia sobre sus acciones.^[71]

En todas esas empresas fueron secuestrados y torturados decenas de representantes sindicales, muchas veces señalados por los propios empresarios, detenidos dentro de las empresas y trasladados a centros clandestinos de detención (CCD) en vehículos provistos por las empresas. En el caso de Dálmine Siderca, se había instalado un CCD al lado de la fábrica, a la que se comunicaba por una puerta ^[72]. En el caso de Acindar en 1975 se instaló dentro mismo de la empresa el primer centro clandestino de detención ^[73].

José A. Martínez de Hoz

José Alfredo Martínez de Hoz, quien fuera Ministro de Economía entre 1976 y 1980, fue enjuiciado penalmente en un caso en el que existe evidencia de haber participado activamente en el secuestro de los empresarios Federico y Miguel Gutheim, propietarios de la algodonera SADECO. Martínez de Hoz había viajado a a Filipinas donde un grupo chino le habría solicitado intervenir para que los empresarios argentinos cumplieran un contrato comercial de dos millones y medio de dólares. Los Gutheim (padre e hijo) fueron secuestrados poco después de que Martínez de Hoz volviera de Filipinas, y durante su secuestro fueron llevados en dos oportunidades a negociar con los acreedores chinos y en una oportunidad a reunirse con el ministro. En 1990 Martínez de Hoz fue indultado por el presidente Carlos Menem. El 4 de septiembre de 2006 un juez declaró la nulidad del indulto y reabrió el caso ^[74].

Religiosos de la Iglesia Católica

Se encuentra probada la participación directa de religiosos católicos en la comisión de crímenes de lesa humanidad. La periodista Miriam Lewin testimonió que mientras era trasladada encadenada y encapuchada en la ESMA, donde se encontraba detenida-desaparecida, pudo ver fugazmente a una persona con ropa de obispo o arzobispo ^[75].

Uno de los campos de concentración de la Marina era una Casa de Ejercicio Espirituales de la Iglesia Católica en el Delta del Paraná. La Iglesia ha sostenido que no conocía lo que allí sucedía porque le habían vendido el inmueble a la Marina ^[75].

En el libro El Vuelo, se incluye el siguiente diálogo en el represor Adolfo Scilingo relata como fue aconsejado por el capellán de la ESMA para proceder a eliminar a los detenidos-desaparecidos mediante los vuelos de la muerte:

Al día siguiente no me sentía muy bien y estuve hablando con el capellán de la Escuela, que le encontró una explicación cristiana al tema. No sé si me reconfortó, pero por lo menos me hizo sentir mejor. —¿Cuál fue la explicación cristiana? —No me acuerdo bien, pero me hablaba de que era una muerte cristiana, porque no sufrían, porque no era traumática, que había que eliminarlos, que la guerra era la guerra, que incluso en la Biblia está prevista la eliminación del yuyo del trigal. Me dio cierto apoyo. ^[76]

Christian Von Wernich

Christian Von Wernich fue un sacerdote católico capellán de la Policía de la provincia de Buenos Aires, que solía visitar los centros clandestinos de detención, y tuvo participación directa en la desaparición de algunas personas, así como en la sustracción de la identidad de la hija de Elena de la Cuadra y Héctor Beratti, quien nació en cautiverio y luego sus padres la llamaron Ana Libertad. En 2003 fue detenido en el marco del juicio que se le sigue por crímenes de lesa humanidad. ^{[77] [78]}. Defendiendo a Ramón Camps, de quien era su confesor, von Wernich declaró que:

Que me digan que Camps torturó a un negrito que nadie conoce, vaya y pase... ¡Pero cómo iba a torturar a Jacobo Timerman, un periodista sobre el cual hubo una constante y decisiva presión mundial... que si no fuera por eso...! ^[79]

Funcionarios norteamericanos

Documentos secretos desclasificados del gobierno de los Estados Unidos han revelado que Henry Kissinger sabía de los crímenes de lesa humanidad que se cometían en Argentina, que amparó deliberadamente a la dictadura militar para evitar que la presión internacional pudiera evitar las violaciones de derechos humanos, y que le recomendó al gobierno argentino asesinar a los opositores antes de que asumiera el presidente James Carter ^[80].

Colaboracionistas

A partir de la Segunda Guerra Mundial se ha definido como colaboracionistas a aquellas personas que colaboran con las fuerzas de ocupación que cometen crímenes de lesa humanidad, los justifican y comparten su ideología^[81].

En esta situación se encuentran varias personas y organizaciones que colaboraron activamente con el gobierno militar aún sin cometer ellos mismos crímenes de lesa humanidad.

Empresas y empresarios

La participación del sector empresario en el Proceso de Reorganización Nacional fue amplia y protagónica al punto de co-organizar el golpe de estado y el gobierno. En algunos casos participaron directamente en la violación de derechos humano. En otros casos muchos empresarios simplemente aprovecharon la ausencia de estado de derecho para desconocer los derechos laborales. Muchos empresarios y empresas colaboraron más activamente con la dictadura, justificando y dando apoyo técnico al gobierno, y haciendo caso omiso de las violaciones de derechos humanos, aún conociendo su existencia.

En primer lugar, la colaboración empresaria con el golpe de estado se organizó a través de la Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias (APEGE). La APEGE fue fundada en agosto de 1975, pocos meses antes del golpe, por las principales asociaciones empresariales, con un fin claramente desestabilizador del gobierno democrático y de creación de una instancia única de diálogo con las Fuerzas Armadas. El 16 de febrero de 1976 organizó una huelga empresaria que es considerada como el inicio de la cuenta regresiva del golpe ^[82].

La APEGE estaba integrada por el Consejo Empresario Argentino(CEA), la Sociedad Rural Argentina, la Cámara Argentina de Comercio, la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), y la mayoría de las cámaras patronales sectoriales. ^[83].

Las organizaciones empresariales apoyaron abierta y explícitamente al gobierno militar. José Alfredo Martínez de Hoz, presidente del Consejo Empresario Argentino (CEA), fue ministro de Economía. El gobierno militar le entregó la Secretaría de Ganadería a la Sociedad Rural Argentina, representada por Jorge Zorreguieta (el padre de Máxima Zorreguieta) activo lobista de la SRA y activista de la APEGE ^[84].

El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Celedonio Pereda, dijo el 31 de julio de 1977:

El proceso de moralización iniciado en marzo de 1976 se nota en todos los niveles del cuerpo social. Es indudable que cuando las autoridades dan el ejemplo con su actitud de austeridad, ecuanimidad y sobrio uso del poder promueven la emulación y el respeto de todos.^[85]

El gobierno militar le entregó el Banco Central a la Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino (ADEBA)^[86]. El presidente de ADEBA, Narciso Ocampo, dijo ante la Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo de 1976:

La intervención de las Fuerzas Armadas el 24 de marzo de 1976 pone fin a un período histórico argentino. Se abre así una etapa de promisorias perspectivas ya que, cualquiera sea su evolución y resultados finales, el solo hecho de que se apunte al ordenamiento social y económico y se restituya el principio de autoridad, constituye un vuelco indiscutiblemente positivo.^[87]

El amplio apoyo que el sector empresario brindó al golpe de estado se vio claramente en la reacción del mercado financiero. La Bolsa reabrió sus actividades el 5 de abril de 1976 con un aumento de las acciones de 250% en una sola jornada ^[88].

Más recientemente, el 21 de agosto de 2005, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Luciano Miguens, en un acto público expresó su solidaridad con Juan Carlos Demarchi, un dirigente ruralista que fue Jefe de Inteligencia del Área Militar 2.3.1, que fue procesado y detenido por delitos de lesa humanidad durante la dictadura. Los socios de la entidad empresaria le brindaron su apoyo con un aplauso cerrado

Funcionarios civiles

Entre los colaboradores civiles se encuentran los funcionarios civiles del gobierno militar que no cometieron ellos mismos crímenes de lesa humanidad. Algunos de esos funcionarios han sido muy conocidos como Domingo Cavallo, Roberto Alemann, Oscar Camilión, Alberto Natale, Américo Ghioldi, etc.

Un caso paradigmático de "condena social" es el de Jorge Zorreguieta, padre de la princesa Máxima de Holanda lobista empresario de la Sociedad Rural Argentina quien llegó a ser Secretario de Agricultura después de la dictadura, a quien el gobierno holandés le impuso restricciones para estar presente en actos públicos debido a su condición de ex funcionario del régimen militar ^[90].

Se ha discutido hasta que punto funcionarios de menor jerarquía pueden ser considerados colaboracionistas. Entre las personas cuestionadas se encuentran la dirigente del ARI Elisa Carrió^[91], que se desempeñó como asesora de la fiscalía de Estado y secretaria de la Procuración del Superior Tribunal en la provincia del Chaco, Eugenio Zaffaroni^[92] quien continuó desempeñándose como juez durante el gobierno militar, y el dirigente del PJ Juan José Álvarez^[93] quien se desempeñó en la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) entre 1981 y 1984.

Periodismo y televisión

En términos generales, y con muy contadas excepciones, puede decirse que la prensa argentina colaboró ampliamente con el régimen militar, encubriendo los crímenes y justificando su proceder. Los grandes periódicos como Clarín y La Nación colaboraron abiertamente. Lo mismo puede decirse de conductores y periodistas televisivos o radiales como Mirtha Legrand ^[94], José María Muñoz ^[95], Bernardo Neustadt ^[96] o Mariano Grondona ^[97]. Aquí debe destacarse la valiente posición de dos diarios conservadores, La Prensa y Buenos Aires Herald que denunciaron desde sus páginas la situación de violación masiva de derechos humanos.

Partidos políticos

En los partidos políticos existieron dirigentes que colaboraron abiertamente con el gobierno militar y en muchos casos fueron funcionarios. En la Unión Cívica Radical Ricardo Balbín realizó declaraciones apoyando al dictador Videla^[98] y desmintiendo la existencia de detenidos-desaparecidos ^[99]. En el Partido Socialista Democrático su secretario general Américo Ghioldi fue embajador en Portugal. El Partido Comunista Argentino tuvo una posición de apoyo a los gobiernos de Videla y Viola a quienes propusieron un gobierno de convergencia cívico-militar ^[100]. El actual dirigente macrista Santiago de Estrada fue Subsecretario de Seguridad Social. Alberto Natale, diputado nacional del Partido Demócrata Progresista, fue intendente de Rosario entre 1981-1983, mientras que Rafael Martínez Raymonda, presidente del PDP se desempeñó como embajador en Italia ^[101]. Por su parte, la Fuerza Federalista Popular (FUFEPO) intentó presentarse como partido del Proceso de Reorganización Nacional, hecho que resultó en la designación de Horacio Guzmán como gobernador de Jujuy.

El 1 de diciembre de 1978, un grupo de ex-legisladores realizó una cena de homenaje al general Videla. Mientras que el peronismo con la firma de su presidente Deolindo F. Bittel rechazó el evento, la dirección del radicalismo asistió en pleno: Ricardo Balbín, Juan Carlos Pugliese, Rodolfo García Leyenda, Rubén Rabanal, Antonio Tróccoli, Francisco Rabanal, Carlos Raúl Contín, Juan Trilla, Cándido Tello Rojas y Aldo Tessio. A la reunión también asistió oficialmente el Partido Comunista representado por Fernando Nadra, miembro del Comité Central, y Juan Carlos Comínguez, ex-diputado nacional, y algunos peronistas como Luis Rubeo en contra de la resolución de su partido. En cambio no concurrieron Luis León, Fernando de la Rúa, Carlos Perette y Raúl Alfonsín ^[102].

Muchos dirigentes de partidos políticos aceptaron ser intendentes del gobierno militar. Abajo se transcribe la cantidad de intendentes militares que pertenecían a partidos políticos ^[103]:

• Unión Cívica Radical: 310
• Partido Justicialista: 169
• Partido Demócrata Progresista: 109
• Movimiento de Integración y Desarrollo: 94
• Fuerza Federalista Popular: 78
• Sapagismo: 23
• Partido Demócrata Cristiano: 16
• Partido Intransigente: 4
• Partido Socialista Democrático: 1

La Iglesia Católica

La Iglesia Católica Argentina brindó un importante apoyo al gobierno militar y a la preparación del golpe de estado, y en algunos casos religiosos participaron directamente en los crímenes de lesa humanidad ^[104].

En 2002 la Iglesia Católica pidió perdón por los pecados cometidos durante la dictadura militar de 1976-1983 ^[105].

Sin embargo hasta 2006 la Iglesia Católica Argentina se ha negado a abrir sus archivos, entre los que se encuentran los informes de los capellanes militares que podrían brindar información sobre las personas desaparecidas ^[106].

La comunidad internacional

La comunidad internacional como tal fue incapaz de detener o condenar la violación masiva de derechos humanos en la Argentina, Chile, Uruguay y Bolivia. Esa incapacidad se debió en gran medida al bloqueo sistemático de todo intento de sancionar a la Argentina que realizaron tanto Estados Unidos como la Unión Soviética.

En el caso de Estados Unidos, su participación en el golpe de estado y el encubrimiento de los crímenes de lesa humanidad fue una política consciente propuesta por Henry Kissinger. Los documentos secretos del gobierno norteamericano desclasificados no dejan lugar a dudas sobre la complicidad directa de Estados Unidos y Kissinger personalmente en la violación masiva de derechos humanos ^[107].

En el Memorándum de Conversación del Departamento de Estado de los Estados Unidos del 7 de octubre de 1976 se registra una conversación entre Henry Kissenger y el canciller argentino contralmirante Cesar Augusto Guzzetti en donde Kissinger pronuncia la siguiente frase:

Mire, nuestra actitud básica es que queremos que tengan éxito. Yo tengo una visión pasada de moda de que los amigos deben ser apoyados. Lo que no se entiende en los Estados Unidos es que ustedes tienen una guerra civil. Leemos sobre problemas de derechos humanos pero no vemos el contexto. Cuánto antes triunfen mejor. El problema de derechos humanos está creciendo. Vuestro embajador puede informarle. Queremos una situación estable. No queremos causar dificultades innecesarias. Si pueden terminar antes de que el Congreso vuelva, mejor. Cualquier libertad que ustedes pudieran restaurar ayudaría. ^[108]

La actitud de los Estados Unidos cambió completamente cuando James Carter fue elegido presidente especialmente a través de la acción de Patricia Derian, Subsecretaria de Derechos Humanos, condecorada en 2006 por el gobierno argentino en reconocimiento a su desempeño durante la dictadura ^[109]. Durante su gestión (1977-1981) se desarrolló una intensa política de derechos humanos que se concretó en la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA a la Argentina en 1979, de gran importancia para limitar las violaciones de derechos humanos. Con la elección de Ronald Reagan EEUU estableció una política de renovado apoyo a la dictadura militar organizando en forma conjunta la guerra sucia en Centroamérica (Operación Charlie), hasta que decidiera invadir Gran Bretaña en las Islas Malvinas.

La Unión Soviética por su parte estableció una estrecha relación comercial con la dictadura militar durante los gobiernos de Videla y Viola ^[110]. A raíz de ello, el Partido Comunista Argentino defendió el carácter progresista de estos militares y la URSS bloqueó las sanciones que se solicitaban contra la Argentina en los foros internacionales.

Isidoro Gilbert en su libro El Oro de Moscú: historia secreta de la diplomacia, el comercio y la inteligencia soviética en la Argentina escribe:

La diplomacia soviética pasó de la pasividad a la política activa para evitar que la Argentina fuera condenada en Ginebra. ^[111]

Cuba también mantuvo una posición tolerante frente a la violación de derechos humanos en Argentina actuando como interlocutor del gobierno militar tanto ante los países del bloque soviético como el Movimiento de Países No Alineados ^[112].

El bloque soviético y especialmente Cuba y el Movimiento de Países No Alineados jugaron un rol clave para frenar toda resolución de condena a la dictadura Argentina en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y en especial en la sesión de febrero de 1979. Un informe del gobierno militar argentino realiza la siguiente conclusión sobre el Movimiento de Países No Alineados:

“La evolución de la participación argentina en el Movimiento demuestra que ha sido como consecuencia de una actividad diplomática positiva y fértil que la República pudo lograr los apoyos necesarios para un tratamiento decoroso del caso argentino en la Comisión de Derechos Humanos, como consecuencia de la decidida actuación en su favor de los miembros No Alineados de la Comisión. Ello se puso de manifiesto en el 35° Período de Sesiones (febrero de 1979) poco tiempo después de la concurrencia del Ministro de Relaciones Exteriores, Vicealmirante Oscar Antonio Montes, a la Conferencia de Cancilleres realizada en Belgrado en julio de 1978.” (Ministerio, 1982, p. 3) ^[113]

En varios países de Europa, principalmente Francia ^[114], se apoyaron actividades de denuncia de las violaciones de derechos humanos en la Argentina. En 1978, el famoso futbolista holandés Johan Cruyff tomó la decisión de no participar en la Copa del Mundo realizada en la Argentina como una forma de protesta ^[115].

En 1980, la Academia Sueca le concedió el Premio Nobel de la Paz a Adolfo Pérez Esquivel, un luchador por los derechos humanos, que constituyó una importante medida para poner en evidencia la situación.

En 1981 el grupo musical Queen realizó cuatro recitales en Buenos Aires, Mar del Plata y Rosario, en el que criticaron abiertamente a la dictadura militar y pronosticaron su caída, que tuvo gran impacto en la juventud.

Varios países tuvieron una actitud de recepción y protección de los exiliados argentinos. Entre ellas se destacaron México, Costa Rica, Venezuela, España, Francia, y Suecia.

Resistencia y oposición

A pesar de las condiciones extremas de represión varios grupos políticos, sindicales, de derechos humanos, mantuvieron una actividad de resistencia y oposición a la dictadura militar dentro del país.

En primer lugar se destacaron los organismos de derechos humanos como las Madres de Plaza de Mayo, las Abuelas de Plaza de Mayo, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), el Servicio de Paz y Justicia, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), entre otros.

Varios sindicatos de la Confederación General del Trabajo (CGT) mantuvieron también una activa posición opositora, declarando decenas de huelgas desde el inicio mismo del régimen. En 1979 la Comisión de los 25 declaró la primera huelga general y en septiembre de 1981 la CGT convocó a la primera manifestación abierta contra la dictadura militar. Aún antes, con las huelgas prohibidas, se buscaron formas de lucha a días del golpe como el "trabajo a tristeza" que desarrollaron militantes gremiales en Luz y Fuerza, ferroviarios y automotrices, que motivaron una ola de secuestros, entr ellos Victor Vázquez del segundo, y Mario Marrero, joven comunista obrero de General Motors.

Entre los partidos políticos, mantuvieron una activa oposición varios grupos del Partido Justicialista, Franja Morada y el Movimiento de Renovación y Cambio pertenecientes a la Unión Cívica Radical, el Partido Socialista Popular, el Movimiento al Socialismo, el Partido Intransigente, el Partido Comunista Revolucionario, entre otros. En 1980 las juventudes de estos partidos reorganizaron las Juventudes Políticas como instancia de acción conjunta. En realidad las Juventudes Politicas actuaron desde pocas semanas después del golpe, participo la Federación Juvenil Comunista, la del PC, no la del Comunista Revolucionario. Impulsaron eventos importantes como el pronunciamentos en favor de la CUTA, contra el golpe de Garcia Meza en Bolvia, en apoyo a NIcargua, Jornadas por la Paz en el Beagle y, principalment el Seminario Juvenil de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, que por primera vez elaborò un lista de jovenes secuestrados por la dictadura, llegò a la conclusiòn que eran mayorìa entre los llamados desaparecidos, y lanzó la definicion que luego se popularizara de "El delito de ser jóven".En 1981 cinco partidos (Justicialista, Radical, Intransigente, MID y demócrata-cristiano) con el apoyo del Partido Socialista Popular, organizaron la Multipartidaria para presionar al gobierno militar a retirarse y establecer un régimen democrático.

El movimiento estudiantil también mantuvo una precaria organización clandestina fundamentalmente a través de la Federación Universitaria Argentina. Una investigacion más seria del período permite ubicar en los primeros años del golpe esfuerzos importantes por parte de los secundarios, principalmente las prohibidas y perseguidas revistas estudiantiles, que llegaron a más de un centenar en todo el país, y fueron base de la reorganizacion de los prohibidos centros estudiantiles. En el caso universitario el motivo movilizador fue la lucha contra el arancelamiento que impulsò el ministro Moyano LLerena, llegándose en 1980 a juntar 20.000 firmas en petitorios. En ambos casos, secundarios y universitarios, la coordinacion entre las juventudes politicas fue decisiva, y aún màs cuando se tomó la decision de volver a ganar la calles, con movilizaciones de las agrupaciones en Rosario y Capital fue fueron violentamente reprimidas.

En la Iglesia Católica Argentina, a pesar de la pasividad general de sus autoridades, existieron varios grupos y personas que adoptaron una activa posición de defensa de los derechos humanos. Entre ellos pueden destarcarse las monjas francesas Léonie Duquet y Alice Domon ^[116], los padres palotinos de Belgrano ^[117], el obispo de La Rioja Monseñor Enrique Angelelli ^[118], entre muchos otros.

En el exterior se organizaron grupos de exiliados entre los que se destacaron la Casa Argentina en México y Madrid, así como los grupos organizados en París.

Las organizaciones guerrilleras Montoneros y ERP fueron perdiendo presencia hasta quedar sumamente debilitadas.

El 30 de marzo de 1982 las fuerzas opositoras, con el liderazgo de la CGT y la Multipartidaria, organizaron una gran manifestación popular contra la dictadura que produjo la primera gran fisura del régimen.

Consecuencias de la Guerra Sucia

Luego de la derrota en la Guerra de las Malvinas el gobierno militar se vio debilitado hasta el punto de tener que llamar a elecciones democráticas sin condicionamiento alguno para el 30 de octubre de 1983. Pocos meses antes el gobierno militar dictó la Ley 22.924 conocida como Ley de Autoamnistía ^[119]. Esta ley fue un acto desesperado del gobierno militar en retirada y fue reiteradamente declarada inconstitucional incluso durante los meses finales del Proceso de Reorganización Nacional. El 15 de diciembre de 1983, cinco días después de asumir, el presidente Alfonsín envió al Congreso un proyecto de ley declarando nula la ley de auto-amnistía y una semana después el proyecto fue sancionado como Ley Nº 23.040, la primera ley de la nueva etapa democrática^[120].

La CONADEP y el Informe Nunca Más

También el 15 de diciembre de 1983 el presidente Alfonsín creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), integrada por personalidades independientes como Ernesto Sábato, Magdalena Ruiz Guiñazú, Graciela Fernández Meijide, entre otros, con la misión de relevar, documentar y registrar casos y pruebas de violaciones de derechos humanos, para fundar el juicio a las juntas militares.

En 20 de septiembre de 1984 la CONADEP produjo su famoso informe titulado “Nunca Más” y sus miembros concurrieron a entregarlo al presidente Alfonsín acompañados de una multitud de 70.000 personas ^[121].

Juicio a las Juntas Militares

Finalmente el mismo 15 de diciembre de 1983 Alfonsín sancionó los decretos 157/83 y 158/83. Por el primero se ordenaba enjuiciar a los dirigentes de las organizaciones guerrilleras ERP y Montoneros; por el segundo se ordenaba procesar a las tres primeras juntas militares que dirigieron el país desde el golpe militar del 24 de marzo de 1976 hasta la Guerra de las Malvinas de 1982, excluyendo así a la última junta que decidió entregar el poder a un gobierno elegido democráticamente sin condicionamientos.

El 4 de octubre de 1984 la Cámara Federal de la Capital Federal (tribunal civil) tomó la decisión de desplazar al tribunal militar que estaba enjuiciando a las juntas para hacerse cargo directamente del juicio.

El fiscal fue Julio César Strassera y el fiscal adjunto Luis Gabriel Moreno Ocampo. El juicio se realizó entre el 22 de abril y el 14 de agosto de 1985. Se trataron 281 casos.

Los integrantes de la Cámara Federal de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal que juzgó a las Juntas Militares fueron Jorge Torlasco, Ricardo Gil Lavedra, León Carlos Arslanián, Jorge Valerga Araoz, Guillermo Ledesma y Andrés J. D’Alessio.

El 9 de diciembre de 1985 se dictó la sentencia condenando a Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Massera a reclusión perpetua, a Roberto Eduardo Viola a 17 años de prisión, a Armando Lambruschini a 8 años de prisión y a Orlando Ramón Agosti a 4 años de prisión. En cambio fueron absueltos Omar Domingo Rubens Graffigna, Leopoldo Fortunato Galtieri, Basilio Lamí Dozo y Jorge Isaac Anaya.

Por las características que tuvo, la condena a las juntas militares realizada por un gobierno democrático constituyó un hecho sin precedentes en el mundo, que contrastó fuertemente con las transiciones negociadas que tuvieron lugar en aquellos años en Uruguay, Chile, Brasil, España, Portugal y Sudáfrica.

Sublevaciones militares y leyes de Punto Final y Obediencia Debida

Durante esos años la democracia estuvo permanentemente amenazada por sectores de las Fuerzas Armadas que se negaban a aceptar el enjuiciamiento por violaciones a los derechos humanos durante el régimen militar anterior. Para intentar mantener bajo control el descontento en las Fuerzas Armadas, en 1986 el Congreso sancionó la Ley de Punto Final imponiendo un plazo de 60 días para procesar a acusados de delitos de lesa humanidad cometidos durante el gobierno militar.

La Ley de Punto Final no fue suficiente y en la Semana Santa de 1987 se produjo una gran rebelión militar encabezada por jóvenes oficiales que se denominaron “carapintadas”. Al mismo tiempo que los jefes militares demostraban que no estaban dispuestos a obedecer las órdenes del presidente Alfonsín y reprimir la insurrección, millones de personas salieron a las calles para oponerse al alzamiento militar y la CGT declaró la huelga general en defensa del gobierno constitucional. Durante varios días el país estuvo a borde de la guerra civil.

La crisis se consideró superada el sábado 30 de abril cuando Alfonsín así lo comunicó en un discurso a la población congregada en Plaza de Mayo donde utilizó dos frases que se hicieron históricas con sentido negativo: "Felices Pascuas" y "la casa está en orden"^[122]. Alfonsín, sin poder militar para detener el golpe de estado, negoció con los líderes militares "carapintadas" la garantía de que no habría nuevos juicios contra militares por violación de derechos humanos. Esas medidas se concretaron con la ley de Obediencia Debida y el reemplazo del general Héctor Ríos Ereñú por el general José Dante Caridi, al mando del Ejército. Este último, desde su cargo, defendió públicamente la dictadura y la guerra sucia^[123]. Desde entonces hubo otras dos insurrecciones militares durante 1988 (18 de enero y 1 de diciembre) y un permanente estado de insubordinación de las Fuerzas Armadas.

Las leyes de Punto Final y Obediencia Debida fueron objetos de fuertes cuestionamientos por parte de las organizaciones de derechos humanos, el movimiento estudiantil, y las fuerzas políticas progresistas.

Indultos

El presidente Carlos Menem dictó varios decretos el 7 de octubre de 1989 y el 30 de diciembre de 1990, indultando entre otros a todos los autores de crímenes de lesa humanidad no beneficiados por las Leyes de Punto Final y Obediencia Debida, incluidos los miembros de las juntas condenados y el ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz ^[124].

Las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y los indultos a los jefes militares y guerrilleros ya condenados, concedidos por el presidente Carlos Menem en 1989, fueron conocidas como las leyes de impunidad.

A partir de 2004 gran cantidad de jueces comenzaron a declarar la inconstitucionalidad de los indultos de delitos de lesa humanidad, reabriéndose así las causas contra los indultados por esos crímenes. El 6 de septiembre de 2006, la Corte de Casación, máximo tribunal argentino en materia penal declaró por primera vez la inconstitucionalidad de un indulto ^[125].

Nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y reapertura de juicios

El 21 de agosto de 2003 el Congreso sancionó la ley 25.779 declarando insanablemente nulas las leyes de Obediencia Debida y Punto Final ^[126].

Poco después se reabrieron las causas por delitos de lesa humanidad cerradas en la década del '80. El 3 de agosto de 2006 se habían reabierto 959 causas penales en las que 211 acusados se encontraban con prisión preventiva ^[127].

Entre las causas reabiertas se destacan algunas que involucran gran cantidad de represores denominadas "mega-causas". Entre ellas se destacan: las mega-causas ESMA, I Cuerpo de Ejército, Regimiento de Infantería 9, Santiago del Estero, San Martín, Chaco, Mar del Plata, Misiones, Rosario, Santa Fe y Tucumán.

Los juicios reabierto están generando nuevos elementos, pruebas de crímenes que eran desconocidos y niños secuestrados que no estaban registrados. Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo declaró que:

Conforme han pasado los años, la gente se ha sacudido el temor que sentía, incluso en los años 80, después de que se restableció la democracia... Como resultado, los testimonios que estamos escuchando son más completos y detallados que nunca. ^[128]

En el marco de la reapertura de los juicios el 19 de septiembre de 2006 se produjo una histórica sentencia condenando a Etchecolatz a reclusión perpetua, en la que el tribunal aceptó por primera vez la figura del "genocidio". Etchecolatz ya había sido condenado a 23 años de prisión en 1986 por violaciones de los derechos humanos, pero fue liberado gracias a las normas de impunidad^[129]. Al día siguiente Jorge López, testigo clave en el caso desapareció sin dejar rastros.

Previamente se había dictado la primera sentencia contra el ex policía Julio Simón, conocido como "El Turco Julián", condenándolo a 25 años de prisión por violaciones de los derechos humanos ^[130].

Otros juicios

Juicio a la última Junta Militar

Los miembros de la última junta y el último presidente fueron procesados por la redacción del llamado Documento Final sobre la Lucha contra la Subversión y el Terrorismo y la sanción de una ley de autoamnistía. La razón jurídica utilizada para abrir este juicio fue que con ese acto se encubrió el secuestro de niños ^[131].

Juicios por la verdad

Como consecuencia de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, y los indultos decretado por el presidente Menem prácticamente cesaron todas las investigaciones sobre delito cometidos durante el gobierno militar. Ello no solo dejó impunes esos delitos, sino que también cerró la posibilidad de conocer lo que había sucedido con las víctimas, y en muchos casos incluso con los niños que aún continúan en poder de sus captores desconociendo su identidad.

Por esa razón algunos familiares iniciaron una serie muy peculiar de juicios que fueron conocidos como "juicios por la verdad". Los juicios por la verdad reclamaron a la justicia que reconozca:

"la inalienabilidad del derecho a la verdad y la obligación del respecto al cuerpo y del derecho al duelo dentro del ordenamiento jurídico argentino, así como también el derecho a conocer la identidad de los niños nacidos en cautiverio y la obligación del Estado argentino de investigar y castigar a los responsables" y que "arbitre las medidas necesarias para determinar el modo, tiempo y lugar del secuestro y la posterior detención y muerte y el lugar del secuestro y la posterior detención y muerte y el lugar de la inhumación de los cuerpos de las personas desaparecidas" ^[132].

Varios tribunales aceptaron la procedencia de estos juicios que se caracterizaron por no buscar culpables sino por averiguar la verdad.

La significación de los juicios por la verdad ha sido precisada por el jurista marplatense Mario Portela como un mecanismo para reconstruir la memoria de Argentina:

"La reconstrucción de la memoria tiene mucho que ver con la dignidad humana", y que lo que se pretende con estos procesos judiciales - que son de carácter declarativo, no normativo - es "rescatar la dimensión humana, sacar al ámbito público lo que es privado, en una especie de catarsis", porque "nada mejor que el miedo, el esconderse, para el poder totalitario". ^[133]

En los Juicios por la Verdad se descubrió, entre otras cosas, la existencia de redes de apropiación y tráfico de bebés a cuyas madres se ejecutaba.

Causa Operación Cóndor

Los delitos de lesa humanidad cometidos en el marco de la Operación Cóndor no resultaron alcanzados por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida ni por los indultos del presidente Menem.

Por esa razón, en 1999 se abrió una causa para investigar esos crímenes, en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Perú y Uruguay. Están procesados 16 jefes militares por el secuestro y desaparición de 110 personas. En la causa se había pedido la extradición del ex dictador chileno Augusto Pinochet, fallecido en 2007^[134].

Juicios en otros países

Italia

La idea de enjuiciar represores argentinos fuera del país se originó en Italia. En 1983 familiares de 100 italianos desaparecidos durante la dictadura argentina presentaron la primera denuncia en Roma.

En 1985 se inició un primer juicio que concluyó el 6 de diciembre del 2000 con la condena a cadena perpetua de los generales Guillermo Suárez Mason y Santiago Omar Riveros, y a 24 años de cárcel a Juan Carlos Gerardi, José Luis Porchetto, Alejandro Puertas, Héctor Oscar Maldonado y Roberto Julio Rossin ^[135].

En 2006 junio de este año, la justicia italiana inició otro juicio conocido como causa ESMA donde están acusados Jorge Eduardo Acosta, Alfredo Astiz, Antonio Bañen, y Emilio Massera.^[136]

Francia

En Francia en 1990 el capitán Alfredo Astiz fue condenado a cadena perpetua por la Corte de Apelaciones de París por la muerte de las monjas francesas Léonie Duquet y Alice Domon

España

En 1996 el Juzgado nº 5 de la Audiencia Nacional española inició una investigación por los delitos de terrorismo y genocidio contra españoles durante la dictadura militar en Argentina. En estas causas se encuentran imputados decenas de represores argentinos para los que se ha solicitado extradición . En ese marco en 2005 fue condenado el represor Adolfo Scilingo a 640 años de presión

En 1997 el juez español Baltasar Garzón solicitó la detención y extradición de 45 militares argentinos y un civil a quienes procesó por genocidio, terrorismo de Estado y someter a torturas a presos políticos durante el régimen de facto que gobernó en Argentina entre 1976 y 1983. Entre ellos se encuentra Jorge Anaya . El pedido fue rechazado varias veces por el gobierno argentino alegando el principio de territorialidad.

El 27 de julio de 2003 el presidente Néstor Kirchner mediante el Decreto 420/03 modificó el criterio de rechazo de las extradiciones sustentado hasta ese momento ordenando "obligatoriedad del trámite judicial" solicitado por la Justicia española, y abriendo así el camino a la extradición efectiva de los militares requeridos

En agosto de 2003 el entonces presidente de España José María Aznar ordenó no continuar con el proceso de extradición de los solicitados por crímenes durante el gobierno de facto en Argentina. Esta decisión fue anulada por la Corte Suprema de España en 2005, ordenando continuar adelante con las extradiciones solicitadas por Garzón.

En España también se encuentra detenido el ex militar (marino) Ricardo Miguel Cavallo quien se desempeñó en la ESMA. Durante varios años se desarrolló una fuerte lucha judicial para evitar que pueda ser juzgado en España, sosteniendo la defensa que debía ser enjuiciado en Argentina. En diciembre de 2005 la justicia española decidió que Cavallo será enjuiciado en ese país, pero el tribunal supremo revocó su regreso en julio de 2007. En enero de 2006 la Fiscalía pidió una pena mínima de 13.332 años de cárcel para Cavallo por genocidio

Alemania

En 1983 un grupo de familiares de los desaparecidos alemanes o descendientes de alemanes en Argentina presentó en Argentina un habeas corpus conjunto por la desaparición de 48 alemanes y de origen alemán que nunca tuvo respuesta por parte de las autoridades judiciales del país.

El 31 de enero de 1983, algunos de los familiares de los desaparecidos alemanes, como Idalina R. de Tatter y María Christina Bogado Tatter, denunciaron al Ministro alemán de Relaciones Exteriores, Hans Dietrich Genscher, por denegación de auxilio solicitado en caso de necesidad urgente. Ellas fundamentaron la denuncia presentando como ejemplo los secuestros y desaparición forzada de Jorge Federico Tatter, secuestrado de su domicilio el 15.10.1976 y de Claudio Manfredo Zieschank, secuestrado de su centro de prácticas pre-profesionales en Buenos Aires el 26 de marzo de 1976. Los familiares de los desaparecidos explicaron el desinterés del gobierno federal alemán de Relaciones Exteriores en prestar ayuda a los secuestrados por la dictadura militar Argentina. Esta denuncia fue archivada muy pronto por la Fiscalía de Bonn. En mayo de 1998, los familiares de los desaparecidos alemanes volvieron a realizar en Alemania una denuncia penal por los secuestros o desaparición forzada de Betina Ehrenhaus, Marcelo Weisz, Jorge Federico Tatter y Gerardo Coltzau, durante los años de la última dictadura militar Argentina. Más tarde denunciaron los secuestros y homicidios de Elisabeth Kaesemann y Claus Zieschank, contando para esto con el apoyo de la Coalición contra la Impunidad.

En el 2006 algunas de las causas denunciadas se encontraban en investigación, sin condenados. La Fiscalía y el Tribunal de Nuremberg solicitaron la captura y extradición de seis altos oficiales argentinos, entre ellos el ex presidente de facto Jorge Rafael Videla, así como el ex almirante Emilio Eduardo Massera, los generales Juan Bautista Sasiain y Franco Luque, y el coronel Pedro Alberto Duran Saenz

Las marchas por los derechos humanos

El 30 de abril de 1977 las Madres de Plaza de Mayo realizaron la primera ronda alrededor de la Pirámide de Mayo en Plaza de Mayo, frente a la Casa de Gobierno. La costumbre de realizar una ronda se originó en la orden de las fuerzas policiales de que debían "circular". A partir de ese día las rondas se realizan cada jueves.

Desde los últimos años del gobierno militar las marchas convocadas por las organizaciones de derechos humanos comenzaron a convocar a grandes cantidades de personas, entre las que se destacan los jóvenes. Estas marchas multitudinarias han desempeñado un papel muy importante en el desarrollo de una conciencia favorable hacia los derechos humanos y la memoria.

Entre las grandes marchas pueden destacarse la 1ª Marcha de la Resistencia el 10 y 11 de diciembre de 1981 , la Marcha por la Vida el 5 de octubre de 1982 , la 2ª Marcha de la Resistencia, el 9 y 10 de diciembre de 1982, la del 20 de septiembre de 1984 acompañando a la CONADEP para entregar el Informe “Nunca Más” al presidente Alfonsín , la del 26 de abril de 1985 cuando se inició el Juicio a las Juntas, la del 20º Aniversario del golpe militar el 23 y 24 de marzo de 1996, la del 24 de marzo de 2006 (30º Aniversario del golpe) .

Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF)

Inmediatamente después de recuperada la democracia y que entrara en funcionamiento la CONADEP comenzaron a realizarse exhumaciones porque se sospechaba que muchas de las tumbas NN podrían estar ocultando desaparecidos asesinados sin identificar. Pronto fue evidente que se necesitaban métodos científicos para reconstruir la memoria. La CONADEP y las Abuelas de Plaza de Mayo tomaron la iniciativa y viajaron a Estados Unidos donde recibieron el decisivo apoyo de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia. Se creó una base de datos genéticos en el Hospital Durand de Buenos Aires, y un equipo de antropólogos forenses organizados por Clyde Snow con gran audacia . Sobre esta base en 1986 se creó el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), como una organización no gubernamental y sin fines de lucro

El EAAF desarrolló un método de investigación organizado en tres etapas:

1. Una etapa preliminar de recopilación de fuentes escritas y orales del desaparecido o desaparecida;
2. Una etapa de análisis de la documentación y registros que tiene como fin establecer donde pueden encontrarse los restos;
3. Una etapa arqueológica, similar a la arqueología clásica en un contexto médico legal. En esta etapa se utilizan también las técnicas de investigación genética a través del ADN.

El EAAF fue pionero en el desarrollo de estas técnicas. Dice Clyde Snow que:

por primera vez en la historia de la investigación de violaciones a los derechos humanos empezamos a usar metodología científica para investigar estos crímenes. Aunque empezamos de a poco, produjo una verdadera revolución en el modo en que se investigan las violaciones a los derechos humanos. La idea de usar la ciencia en el área de derechos humanos comenzó aquí en la Argentina y ahora se usa en todo el mundo. El equipo llevó la idea a todo el mundo y ayudó a la formación de equipos en otros países como Guatemala, Chile, Perú. Los países europeos tienen ahora sus equipos de antropología forense. Pero los argentinos fueron los pioneros... Cuando comenzamos ellos recibieron amenazas de muerte. Yo recibí algunas llamadas nocturnas extrañas pero como mi español era tan malo no entendía.

Hasta el 2000 el EAAF había logrado identificar los restos de 60 personas, mientras que había otros 300 casos que se continuaban investigando .

Claudio, un hijo de desaparecidos que buscaba a sus padres dice:

Me acuerdo de que llegué a mi casa y me estaba esperando Alejandro (Inchaurregui, médico e integrante del EAAF) con mi mamá adoptiva. Y me contó todo, quiénes eran mis viejos, que eran desaparecidos... Y supe también que tenía un hermano.

Algunos de los miembros del EAAF son: Luis Fondebrider, Darío Olmo, Silvina Turner, Patricia Bernardi, Anahí Ginarte, Rafael Mazzella, Daniel Bustamante, Carlos Somigliana, Miguel Nieva, Sofía Egaña, Cecilia Ayerdi, Andrea del Río.

Museos y Espacios de la Memoria

Desde 1984 existieron varios proyectos para crear instituciones, casas o museos en los que se pudiera organizar la memoria de la guerra sucia en Argentina, pero por más de una década los mismos fracasaron o no se consolidaron.

En Rosario la Municipalidad creó el Museo de la Memoria, dependiente de la Secretaría de Cultura, por ordenanza el 26 de febrero de 1998. Inició sus actividades el 30 de marzo del año 2001. El museo dedica una atención especial al accionar del II Cuerpo de Ejército, que tuvo su sede en la ciudad de Rosario desde donde se diseñó el plan represivo sobre seis provincias. Es el primero de Argentina

En el año 2000 se sancionó la Ley 392/2000 de la Ciudad de Buenos Aires que estableció que el edificio de la ESMA fueran destinados a la sede de un futuro museo. El 24 de marzo de 2004 se firmó un convenio entre el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Estado Nacional para trabajar conjuntamente en la construcción de un “Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos”, que funcionará en el predio de la ESMA

Otros centros clandestinos de detención también han sido expropiados o propuestos para constituirse en espacios de memoria, como el sitio donde estaba el Club Atlético, el Olimpo, el CCD ubicado en la calle Virrey Cevallos 630 de Buenos Aires, la ex Jefatura de Policía en Rosario, la Mansión Seré en Morón (Gran Buenos Aires), etc.

También en la Ciudad de Buenos Aires se decidió construir el Parque de la Memoria frente al Aeroparque. En 2006 estaba parcialmente construida. En Córdoba, el 24 de marzo de 2007 el gobierno nacional entregó el CCD «La Perla» para crear un espacio para la memoria.

Autocrítica de las Fuerzas Armadas y el papel del General Balza

A partir de la recuperación de la democracia el 10 de diciembre de 1983, comenzó a hablarse de la necesidad que las Fuerzas Armadas rechazaran los métodos criminales de acción. El hecho tenía importancia para que las Fuerzas Armadas pudieran integrarse como parte del Estado de derecho.

El primer acto en ese sentido fue realizado en diciembre de 1985 por el entonces Jefe del Estado Mayor Conjunto, Brigadier general Teodoro Waldner (Fuerza Aérea), en el Colegio Militar en ocasión del egreso de los nuevos oficiales, con la presencia del presidente Raúl Alfonsín

La autocrítica del Brigadier general Waldner fue elogiada por diversos sectores de la vida nacional, pero al mismo tiempo otros altos mandos de las Fuerzas Armadas reivindicaban la legitimidad del accionar durante la guerra sucia.

La sucesión de presiones, planteos y levantamientos militares desde 1985, que lograron frenar el enjuiciamiento de los responsables de crímenes de lesa humanidad y luego indultar a los condenados, abrió nuevamente sospechas sobre el verdadero pensamiento de las Fuerzas Armadas respecto a los derechos humanos.

En ese marco histórico, en abril de 1995, durante la presidencia de Carlos Menem, el General Martín Balza, en ese momento Jefe del Ejército, se presentó en un importante programa televisivo para leer una declaración. Esa declaración de Balza está considerada como la primer autocrítica profunda de las Fuerzas Armadas. El General Balza dijo entonces entre otras:

Sin buscar palabras innovadoras, sino apelando a los viejos reglamentos militares, aprovecho esta oportunidad para ordenar una vez más al Ejército, en presencia de toda la sociedad: nadie está obligado a cumplir una orden inmoral o que se aparte de las leyes o reglamentos militares. Quien lo hiciera incurre en una conducta viciosa, digna de la sanción que su gravedad requiera. Sin eufemismos, digo claramente: delinque quien vulnera la Constitución Nacional. Delinque quien imparte órdenes inmorales. Delinque quien para cumplir un fin que cree justo emplea medios injustos e inmorales. La comprensión de estos aspectos esenciales hace a la vida republicana de un Estado...Comprender esto, abandonar definitivamente la visión apocalíptica, la soberbia, aceptar el disenso y respetar la voluntad soberana, es el primer paso que estamos transitando desde hace años, para dejar atrás el pasado, para ayudar a construir la Argentina del futuro, una Argentina madurada en el dolor, que pueda llegar algún día al abrazo fraterno. Si no logramos elaborar el duelo y cerrar las heridas no tendremos futuro. No debemos negar más el horror vivido, y así poder pensar en nuestra vida como sociedad hacia delante, superando la pena y el sufrimiento. (versión completa en Wikisource)

Con posterioridad el propio General Balza realizó varias ampliaciones de la autocrítica del Ejército en 1998  y 1999 . Como consecuencia de ello fue expulsado del Círculo Militar, la asociación civil más importante con las que cuentan los militares en Argentina.

El 3 de marzo de 2004, con motivo de la decisión del presidente Néstor Kirchner de establecer un museo de la memoria en la ESMA, el Jefe de la Armada Argentina, Almirante Jorge Godoy, realizó una importante autocrítica sobre el papel desempeñado por la fuerza bajo su mando durante la guerra sucia, declarando entre otras cosas:

El actual personal que ha sufrido y sufre un inmerecido escarnio por causas imputables a quienes mal dirigieron y controlaron, desde la conducción política y operativa, el empleo de la fuerza del Estado;... Quiera Dios que efectivamente la cesión de este inmueble ayude al mejor entendimiento social, al pleno imperio de la justicia y los derechos humanos, al progreso del país y al bienestar de todos sus habitantes. Que por su fruto se obtenga la ansiada reconciliación que debe emerger necesariamente entre el Estado, sus instituciones y su pueblo. (Versión completa en Wikisource)

La autocrítica militar abrió paso también para las autocríticas de otros sectores de la sociedad argentina respecto de su conducta durante la guerra sucia como las organizaciones guerrilleras ERP y Montoneros .

Por su parte la Iglesia Católica publicó una carta el 27 de abril de 1996 firmada por los obispos donde piden perdón por la participación de hijos de la Iglesia en la guerrilla y en la represión de la dictadura militar:

Imploramos perdón a Dios nuestro Señor por los crímenes cometidos entonces, especialmente por los que tuvieron como protagonistas a hijos de la Iglesia, sean los enrolados en la guerrilla revolucionaria, sean los que detentaban el poder del Estado o integraban las fuerzas de seguridad. También por todos los que, deformando la enseñanza de Cristo, instigaron a la violencia guerrillera o a la represión inmoral.

El 24 de marzo: Día de la Memoria y feriado

La Ley 25.653 del 22 de agosto de 2002 estableció que el 24 de marzo sería considerado el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, para conmemoración de las víctimas de la última dictadura militar.

En 2006 la Ley 26.085 declaró el día 24 de marzo feriado nacional. La intención de la ley es crear un día de memoria y reconocerlo como día tradicional de movilización por los derechos humanos. La medida generó apoyos y críticas entre los partidos políticos y las organizaciones de derechos humanos

Interpretaciones históricas

Las interpretaciones sobre la Guerra Sucia en la Argentina han generado y continúan generando acalorados debates. En general puede decirse que hay cuatro grandes grupos de interpretaciones:

• Represión por medio de terrorismo de Estado
• Teoría de los dos demonios.
• Guerra de contrainsurgencia
• Guerra civil revolucionaria

Represión por medio de terrorismo de Estado

En general las organizaciones de derechos humanos y los partidos progresistas, de izquierda y de centro izquierda, sostienen que se trató lisa y llanamente de un proceso represivo de opositores ejecutado mediante un plan sistemático y prediseñado de terrorismo de Estado. Dentro de este enfoque algunos sostienen que el golpe militar de 1976 tienen una continuidad de creciente violencia represiva con los golpes militares de 1930, 1955, 1962 y 1966 contra las fuerzas democráticas.

Teoría de los dos demonios

Otros sectores más relacionados con las ideas de centro, sostienen que las Fuerzas Armadas, por un lado, y las organizaciones guerrilleras, por el otro, ejercieron actos de violencia terrorista, que no solo afectaron al bando al que decían combatir, sino a decenas de miles de ciudadanos que no hacían uso de la violencia. Esta interpretación ha sido denominada por sus críticos en forma despectiva como "teoría de los dos demonios".

Guerra de contrainsurgencia

Los sectores que defienden el accionar de las Fuerzas Armadas durante entre 1976 y 1983, sostienen que se trataba de una guerra, que no obedecía a las reglas de la guerra tradicional. Dentro de esta concepción las violaciones de derechos humanos son consideradas como excesos habituales en toda guerra, pasibles de ser amnistiados. Dentro de esta interpretación algunos sectores sostienen que las Fuerzas Armadas combatían una agresión marxista-leninista en el contexto de la Guerra Fría, mientras que otros sectores sostienen que simplemente se combatía al terrorismo.

Guerra civil revolucionaria

Los sectores vinculados con las organizaciones guerrilleras suelen sostener también que se trató de una guerra civil revolucionaria. En mucho casos cuestionan la comisión de crímenes de guerra por parte de las Fuerzas Armadas y de delitos de lesa humanidad contra combatientes y no combatientes.

Impacto cultural

El impacto de la guerra sucia en Argentina sobre la cultura ha sido considerable, tanto dentro como fuera del país.

Por una parte la población en líneas generales y la juventud en particular, se sintió fuertemente afectada por los horrores revelados por las investigaciones realizadas una vez caído el gobierno militar. Los derechos humanos, la paz y la democracia, como ideales sociales, adquirieron una valoración máxima en la sociedad argentina. Los programas educativos, en escuelas, colegios y universidades incluyeron la enseñanza de las violaciones de derechos humanos durante la dictadura militar, denominada explícitamente con ese término.

En el campo artístico puede decirse que la guerra sucia ha impactado todas las áreas y prácticamente a todos los artistas de un modo u otro.

Cine

Entre las películas realizadas sobre la temática de la guerra sucia en la Argentina pueden mencionarse:

• Tiempo de revancha (1981) de Adolfo Aristarain,
• La Historia Oficial (1984) de Luis Puenzo que obtuvo el Oscar a la mejor película extranjera,
• Cuarteles de invierno (1984), de Lautaro Murúa, con libro de Osvaldo Soriano
• El exilio de Gardel (Tangos) (1985) de Pino Solanas
• Hay unos tipos abajo (1985) de Rafael Filippelli.
• La Noche de los Lápices (1986), de Héctor Olivera y libro de María Seoane y Héctor Ruiz Nuñez
• La República perdida II (1986) documental de Miguel Pérez
• El ausente (1987) de Rafael Filippelli.
• Mirta, de Liniers a Estambul (1987) de Jorge Coscia y Guillermo Saura.
• La amiga (1989) de Jeanine Meerapfel con Liv Ullmann, Federico Luppi y Cipe Lincovsky
• El lado oscuro (1990) de Gonzalo Suárez.
• 1977, casa tomada (1997) documental de María Pilotti.
• Por esos ojos (1997) documental de Gonzalo Arijón y Virginia Martínez.
• H. G. O. (1999) documental de Víctor Bailo y Daniel Stefanello.
• Garage Olimpo (1999) de Marco Bechis
• Yo, Sor Alice (2000), documental de Alberto Marquardt.
• Botín de Guerra (2000) documental de David Blaustein.
• Historias cotidianas (2000) documental de Andrés Habegger.
• Ni vivo, ni muerto (2001) de Víctor Jorge Ruiz.
• Los pasos perdidos (2001) de Manane Rodríguez
• Kamchatka (2002) de Marcelo Piñeyro.
• Assassination tango (2003) de Robert Duvall, con Robert Duvall, Rubén Blades.
• Imagining Argentina (2003) de Christopher Hampton, con Antonio Banderas, Emma Thompson y Rubén Blades.
• Nietos: identidad y memoria (2004) documental de Benjamín Ávila.
• Crónica de una fuga (2005) de Adrián Caetano, con Rodrigo De La Serna y Pablo Echarri.
• Hermanas (2005) de Julia Solomonoff.
• Historias de aparecidos (2005), documental de Pablo Torello

Música

Durante la dictadura militar muchos artistas estuvieron prohibidos e incluidos en listas negras. Luego de la derrota en la Guerra de las Malvinas y la apertura del proceso electoral, los artistas censurados comenzaron a retornar a los escenarios. Muchos de esos recitales se convirtieron en acontecimientos culturales como los de Mercedes Sosa en el Teatro Opera en 1982 , Joan Manuel Serrat en el Luna Park en 1983, y los de Silvio Rodríguez y Pablo Milanés en Obras en 1984 .

Existen algunas obras musicales que han sido paradigmáticas de la guerra sucia, como las canciones:

• Los dinosaurios, de Charly García
• Canción de Alicia en el país, de Charly García interpretada por Serú Girán 
• Todavía cantamos, de Víctor Heredia
• Sobreviviendo, de Víctor Heredia  
• Informe de la situación, de Víctor Heredia  
• Una canción posible, de Víctor Heredia  
• Avenida de los tilos, de María Wérnicke, cantada por Luciana.
• Victoria Clara, interpretada por Bersuit Vergarabat
• La banda musical de la película El exilio de Gardel
• Noche de los Lápices del cantautor canario Rogelio Botanz compuesta sobre el testimonio de Pablo Díaz, único sobreviviente del grupo de adolescentes secuestrados en ese operativo.  
• Matador, por los Los Fabulosos Cadillacs
• Hombres de hierro, de León Gieco 
• Las madres del amor, de León Gieco 
• Pensé que se trataba de cieguitos, de Pipo Cipolatti, por Los Twist
• Undercover of the night por los Rolling Stones
• Mothers Of The Disappeared, por U2
• Con la frente marchita de Joaquín Sabina
• Sin cadenas, interpretada por Los Pericos
• Vuelos, interpretada por Bersuit Vergarabat

Escultura y monumentos

Se han levantado esculturas en todas partes del país con el fin de expresar los sentimientos despertados por la guerra sucia. Algunas de ellas son:

• Plaza Francia Trenque Lauquen (Provincia de Buenos Aires): cuatro esculturas en memoria de los desaparecidos: "Fragmentos y esfera" de Ferruccio Polacco, "Esencial" de Carlos Cornejo, "Retrato de un tiempo" de Juan Alfredo Percivalle e "Imágenes" de Luis Jiménez
• Parque de la Memoria (Ciudad de Buenos Aires):
  • Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado (en construcción en octubre 2006). Diseñado como un sendero-rampa con la forma de una herida gigantesca en el césped en dirección al Río de la Plata en donde estarán los nombres de cada uno de los desaparecidos y asesinados.
  • 18 esculturas conmemorativas: doce de ellas elegidas por concurso y otras seis pertenecientes a artistas con un compromiso especial con la lucha por los derechos humanos. Las esculturas pertenecen a Claudia Fontes (Retrato de Pablo Míguez), Marie Orensanz (Pensar es un hecho revolucionario), Clorindo Testa (Sin título), Marjetica Potrc (La casa de la historia), Nicolás Guagnini (30.000), Germán Botero (Huaca), Norberto Gomez (Torres de la memoria), Grupo de arte callejero (Carteles de la memoria), Nuno Ramos (Olimpo), Juan Carlos Distéfano (Por gracia recibida), Per Kirkeby (Memoria espacial), Jenny Holzer (Sin título), Rini Hurkmans ( Pietà de Argentina), Leo Vinci (Presencia), Roberto Aizenberg (Sin título) Magdalena Abakanowicz (Figuras caminando), Dennis Oppenheim (Monumento al escape) y William Tucker (Victoria). En octubre de 2006 se habían colocado las esculturas de Aizenberg, Oppenheim y Tucker.
• Puerto Madero (Ciudad de Buenos Aires): Escultura en memoria de los trabajadores portuarios desaparecidos: Eduardo De Pedro, José Manuel Moreno, Francisco Pana, Rubén Correa y Osvaldo Camarotti. Realizada por Omar Gasparini. Ubicada en el Boulevard Azucena Villaflor.
• Iglesia de San Patricio, Belgrano (ciudad de Buenos Aires): Camino de los Palotinos, monumento obra de Roberto Frangella, en recuerdo de los religiosos asesinados en la Masacre de San Patricio.

También existen emotivas esculturas populares, anónimas o colectivas, que en general han sido colocadas en los centros clandestinos de detención. Entre ellas se destacan la columna rodeada de cuerpos que emerge de las profundidades del CCD Club Atlético, o las esculturas colocadas en las rejas de la ESMA.

Pintura

Entre las obras artísticas relacionadas con la guerra sucia se destaca "Identidad" un complejo de fotos y espejos realizado por trece artistas argentinos a pedido de las Abuelas de Plaza de Mayo. Entre los artistas se encuentran Carlos Alonso, Nora Aslan, Mireya Baglietto, Remo Bianchedi, Diana Dowek, León Ferrari, Rosana Fuertes, Carlos Gorriarena, Adolfo Nigro, Luis Felipe Noé, Daniel Ontiveros, Juan Carlos Romero y Marcia Schvartz.

Literatura

Entre las obras literarias relacionadas con la guerra sucia se pueden mencionar:

• Proteo (1979) de Morris West  
• Nadie nada nunca (1980) de Juan José Saer
• Respiración Artificial (1980) de Ricardo Piglia
• Flores robadas en los jardines de Quilmes (1980) de Jorge Asís
• Cuarteles de Invierno (1983) de Osvaldo Soriano
• Del poeta Juan Gelman deben mencionarse sus libros Hechos y relaciones (1980), Citas y comentarios (1982), Hacia el Sur (1982), entre otros.
• Mi hija Dagmar (1984), libro de Ragmar Hagelin sobre la desaparición de su hija Dagmar Hagelin, una joven adolescente sueca secuestrada por Alfredo Astiz por error durante la dictadura argentina de 1976-1983.

El siguiente fragmento pertenece al poema Carta Abierta de Juan Gelman, incluido en el libro Citas y Comentarios (1982), originado en el asesinato de su hijo:

deshijándote mucho
 

deshijándome
 

buscándote por tu suavera
 

paso mi padre solo de vos
 

pasa
 

la voz secreta que tejés
 

paciente
 

como desalmadura de mi estar
 

¿niñito que pasás volando por
 

los trabajos grandísimos?
 

¿atando?
 

¿desatando?
 

¿atando para
 

que no me quepa en vos?
 

¿me fuese afuera
 

de este dolor?
 

¿a dónde?
 

¿qué país
 

sangrás
 

para que sangre carnemente?
 

¿por dónde andás
 

tristísimo de tibio?
 

Teatro

En 1981 se produjo el Movimiento del Teatro Abierto, una reacción cultural contra la dictadura militar que tuvo una amplia influencia en la población. Teatro Abierto fue organizado por un grupo de gente del teatro integrado por Osvaldo Dragún, Roberto Cossa, Jorge Rivera López, Luis Brandoni y Pepe Soriano, apoyados por Adolfo Pérez Esquivel, recién elegido Premio Nobel de la Paz y Ernesto Sábato. El movimiento se inició en el Teatro Picadero ubicado en la cortada Rauch de la ciudad de Buenos Aires, que por esa razón fue mandado a quemar obviamente por el gobierno militar. Teatro Abierto se movió entonces al Teatro Tabaris .

El ciclo se repitió en 1982, en 1983 (con el lema de "ganar la calle"), y en 1984 (el "teatrazo"). Entre las obras de aquellos ciclos pueden mencionarse Gris de Ausencia (1981) de Roberto Cossa, Tercero Incluido (1981) de Eduardo Pavlovsky, Oficial Primero (1982) de Carlos Somigliana.

Teatro Abierto influyó en el resto de las actividades artísticas organizándose actividades similares en otrosn campos como Danza Abierta, Música Siempre, Libro Abierto, Poesía Abierta, Tango Abierto o Folclore Abierto, tanto en la capital como en algunas provincias .

Artistas

Algunos artistas en los cuales la guerra sucia ha impactado especialmente son Mercedes Sosa, Víctor Heredia, Charly García, Juan Carlos Distéfano, Juan Gelman, León Ferrari, etc.