Los países miembros consideran que su fecha de creación fue el 30 de noviembre de 1985, fecha de La Declaración de Foz de Iguazú que puso en marcha el proceso. Sin embargo, el nombre le fue asignado el 26 de marzo de 1991 por el Tratado de Asunción, en tanto que su existencia como persona jurídica de Derecho Internacional fue decidida en el Protocolo de Ouro Preto, firmado el 16 de diciembre de 1994, pero que recién entró en vigencia el 15 de diciembre de 1995. El Protocolo de Ouro Preto estableció un arancel externo común y desde 1999 existe una zona libre de aranceles entre sus integrantes con la sola excepción del azúcar y el sector automotriz. La Unión Aduanera se encuentra aún en proceso de construcción. El Mercosur es el mayor productor de alimentos del mundo.

Tratados y protocolos

Las normas de importancia extraordinaria para el Mercosur, se realizan como tratados internacionales y por lo tanto necesitan ser ratificados por los parlamentos nacionales. Toman la forma de protocolos complementarios del Tratado de Asunción, que constituye la norma institucional básica del Mercosur.
Por tratarse de una norma complementaria de un tratado, los protocolos suelen tener una tramitación más rápida para su ratificación parlamentaria en cada país. Excepcionalmente, en algún caso, como el Acuerdo Multilateral de Seguridad Social de 1997, se recurrió a la forma del tratado, y la tramitación para su ratificación demoró 8 años.

Declaraciones presidenciales

En algunos casos, los países miembros han recurrido a las declaraciones presidenciales, como en el caso de la Declaración sobre Compromiso Democrático de 1996, o la Declaración Sociolaboral de 1998. Las declaraciones son actos firmados por todos los presidentes que no necesitan ningún tipo de ratificación parlamentaria ni acto de internalización. Se discute entre los juristas la validez de estas normas, con gran variedad de puntos de vista.

Recomendaciones y demás actos de los organismos auxiliares

Los demás organismos del Mercosur producen recomendaciones a alguno de los tres órganos decisorios, y solo se transforman en normas obligatorias, si son aprobados y adoptan la forma de algunas de las alternativas tratadas en el punto anterior.
Un caso especial lo constituyen las recomendaciones de la Comisión Sociolaboral. Desde el punto de vista meramente formal no tiene diferencia alguna con las recomendaciones realidas por otros organismos del Mercosur. Pero debido a su peculiar composición tripartita (gobiernos, empleadores y sindicatos), las recomendaciones que realiza constituyen actos de consenso entre los tres sectores, lo que hace de las mismas verdaderos actos de diálogo y concertación social regional. El peso de ese consenso y el hecho de que los gobiernos están representados hace que su aprobación se encuentre virtualmente asegurada.

Internalización de las normas del Mercosur y el Derecho comunitario

El modo en que se logra la aplicación efectiva de las decisiones, resoluciones y directivas del Mercosur como derecho interno de cada país, y el rango jurídico que ellas ocupan frente a las normas nacionales, ha generado un problema específico conocido con el nombre de "internalización" de las normas supranacionales.
Los países miembros del Mercosur poseen diferentes mecanismos constitucionales para "internalizar" las normas establecidas por el bloque y le asignan diferentes rangos de supremacía frente a su derecho interno. En Argentina y Paraguay, que han adoptado el sistema conocido como "monista", los tratados y protocolos ratificados tienen valor superior a las leyes nacionales, y por lo tanto no pueden ser derogados ni suplidos por estas. En Brasil y Uruguay, que han adoptado el sistema conocido como "dualista", los tratados y protocolos tienen el mismo valor que las leyes nacionales, y por lo tanto estas predominan sobre aquellos si son de fecha posterior.
Por otra parte, las constituciones de los países miembros no tienen definido con claridad el status jurídico de las normas obligatorias dictadas por los organismos decisorios del Mercosur, ni sus condiciones de validez interna en cada estado.
En la práctica cada país ha elaborado procedimientos que permitan una rápida incorporación de las normas mercosureñas como derecho interno, pero en ningún caso hay una aplicación directa. Esto ha llevado a varios especialistas a sostener que el derecho mercosureño no tiene la condición de derecho comunitario.

Estados asociados al Mercosur

Tiene como estados asociados a Bolivia (1996), Chile (1996), Perú (2003), Colombia (2004) y Ecuador (2004). Bolivia, Perú, Colombia y Ecuador integran la Comunidad Andina (CAN), bloque con el que el Mercosur también firmará un acuerdo comercial.
El estatus de Estado asociado se establece por acuerdos bilaterales, denominados Acuerdos de Complementación Económica, firmados entre el Mercosur y cada país asociado. En dichos acuerdos se establece un cronograma para la creación de una zona de libre comercio con los países del Mercosur y la gradual reducción de las tarifas arancelarias entre el Mercosur y los países firmantes. Además de participar en calidad de invitados a la reuniones de los organismos del Mercosur y efectuar convenios sobre materias puntuales.

El Mercosur se concibe cómo un proyecto de integración a nivel América Latina, por eso prevé la incorporación de más estados de la región, sea para el estatus de estado asociado o estado miembro.

Acuerdos con otros bloques regionales.

Existe un acuerdo con la Comunidad Andina, establecido en el Acuerdo de Complementación Económica celebrado entre la Comunidad Andina y el Mercosur del 6 de diciembre del 2002. Además de la cooperación económica también se efectúa un diálogo político. Se abre también la posibilidad de entablar negociaciones con cada uno de los estados integrantes del bloque andino.
En noviembre de 2005 el Congreso Colombiano ratificó un Tratado de Libre Comercio (TLC) con el Mercosur. En consecuencia, el acceso a Mercosur de productos colombianos aumenta el peso político de Colombia en las negociaciones que actualmente se llevan a cabo para un tratado de libre comercio (TLC) con los Estados Unidos.
El 30 de diciembre de 2005, el presidente colombiano Álvaro Uribe firma la Ley 1.000, para la creación de una zona de libre comercio entre la Comunidad Andina y el Mercosur. Con este nuevo acuerdo, los productos colombianos consiguieron un acceso preferencial al Mercosur, a la vez que Colombia obtuvo la oportunidad de importar materias primas y bienes de capital de Mercosur a costos más bajos según lo establecido en el TLC. Colombia también logró unas condiciones de asimetría favorables que le permiten aplicar una desgravación gradual y progresiva de las importaciones provenientes de las economías más grandes del Mercosur, como Argentina y Brasil.

Libre residencia y circulación de personas

Reunión de jefes de Estado del Mercosur, en junio de 2005.
El Mercosur, Bolivia y Chile han establecido que todo su territorio constituye un Área de Libre Residencia con derecho a trabajar para todos sus ciudadanos, sin otro requisito que acreditar la nacionalidad y no poseer antecedentes penales. Esta área fue establecida en la Cumbre de Presidentes de Brasilia, mediante el Acuerdo sobre Residencia para Nacionales de los Estados Parte del Mercosur, Bolivia y Chile firmado el 6 de diciembre de 2002.
Si bien el Área de Libre Residencia y Trabajo no se asimila completamente a la libre circulación de personas (donde no se requiere tramitación migratoria alguna), los seis países han dado un gran paso adelante y establecido expresamente su voluntad de alcanzar la plena libertad de circulación de las personas en todo el territorio.

Mercosur Sociolaboral

Iguazú, 30 de noviembre de 2005, 20 años del Mercosur: Lula, Sarney, Kirchner, Alfonsín
A pesar de que la estructura original del Mercosur (Tratado de Asunción) no contemplaba ningún ámbito para tratar cuestiones socio-laborales, desde sus inicios, los sindicatos del Mercosur representados por la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur (CCSCS) con el apoyo activo de los ministerios de Trabajo, y un considerable sector de las organizaciones de empleadores, pugnaron por crear espacios tripartitos para analizar, debatir y decidir mediante el diálogo social regional, el impacto que la integración tendría sobre los mercados de trabajo y las condiciones socio-laborales.
De ese modo un año después de fundado el Mercosur se crea el SubGrupo de Trabajo para Asuntos Sociolaborales, dependiente del GMC, que en los inicios llevara el número 11, pero que a partir de 1995 es numerado definitivamente como SGT10. El SGT10 se organizó como un ámbito tripartito (ministerios de trabajo, empleadores y sindicatos) y se ha dicho que tomó la forma de "una OIT en miniatura". Generó una fructífera cultura subregional de diálogo social que originó todo lo que hoy se conoce como Mercosur Sociolaboral.
A partir de los acuerdos derivados del diálogo social en el SGT10, el Mercosur se fue dotando de organismos e instrumentos socio-laborales.
En 1994 se crea el Foro Consultivo Económico Social (FCES), mediante el Protocolo de Ouro Preto, integrado por las organizaciones de empleadores, trabajadores y de la sociedad civil, en "representación de los sectores económicos y sociales"; pero recién comienza a funcionar en 1996.
En 1997 se firma la primera norma de contenido socio-laboral del Mercosur, el Acuerdo Multilateral de Seguridad Social del Mercado Común del Sur (que va a tardar años en ser ratificado) y se crea el Observatorio del Mercado de Trabajo, dependiente del SGT10.
En 1998 los cuatro presidentes firman la Declaración Sociolaboral del MERCOSUR] (DSL), que a su vez crea la Comisión Sociolaboral (CSL), de composición tripartita, con el fin de seguir la aplicación de la DSL.
En 2000 el Mercosur más Bolivia y Chile proclaman la Carta de Buenos Aires sobre Compromiso Social.
En 2001, como consecuencia directa de los acuerdos tripartitos alcanzados en materia de formación profesional y la primera reunión de la CSL, se dicta la primera resolución socio-laboral de aplicación directa a los países miembros (sin necesidad de ratificación), la Resolución sobre Formación Profesional que sanciona el GMC (Resolución 59/91).
En 2003, por primera vez la CMC, el organismo supremo del Mercosur, sanciona una norma socio-laboral (de aplicación directa), la Recomendación 01/03 estableciendo el Repertorio de Recomendaciones Prácticas sobre Formación Profesional. El mismo año la CMC convoca a la Primera Conferencia Regional de Empleo que se realiza en abril de 2004 con composición tripartita (ministros de trabajo, empleadores y sindicatos) y finaliza con una importante Recomendación de los Ministros de Trabajo sobre una Estrategia Mercosur para la Creación de Empleo. En diciembre de 2004 se decide crear el Grupo de Alto Nivel para la elaboración de una estrategia MERCOSUR dirigida al crecimiento del empleo.
La XXX Cumbre de Presidentes de Córdoba de julio de 2006 aprobó importantes iniciativas referidas a la dimensión sociolaboral. En particular aprobó la Estrategia Mercosur de Crecimiento del Empleo (Decisión CMC Nº 04/06) y creó el Instituto Social del Mercosur.

Está constituida por Bolivia, Colombia, Ecuador, y Perú, junto con los órganos e instituciones del Sistema Andino de Integración (SAI). Antes de 1996, era conocida como el Pacto Andino o Grupo Andino.
Venezuela fue miembro hasta el 2006 y su proceso de desvinculación al parecer podría revertirse durante 2007.
Chile originalmente fue miembro entre 1969-1976, pero se retiró durante el Régimen militar de Augusto Pinochet debido a incompatibilidades entre la política económica de ese país y las políticas de integración de la CAN. Al volver a la democracia en 1990 se iniciaron inmediatamente las conversaciones para que Chile se reintegrara a la CAN como socio (mismo status que tiene la CAN con el Mercosur), cosa que se concretó el 20 de septiembre de 2006.
Ubicados en América del Sur, los cinco países andinos agrupan a 120 millones de habitantes en una superficie de 4.710.000 kilómetros cuadrados, cuyo Producto Interno Bruto ascendió en el 2002 a 260 mil millones de dólares.

Organización del SAI (Sistema Andino de Integración)

Principales organismos

Otros organismos

Libre tránsito de personas

Desde el 2003, los ciudadanos de los cinco países de la Comunidad Andina pueden ingresar sin visado a cualquiera de ellos, en calidad de turistas.
De esta manera, y de acuerdo a la Decisión 503 “Reconocimiento de documentos nacionales de identificación” y la Decisión 603 “Participación de la República Bolivariana de Venezuela en la Decisión 503”, se reafirma que la libre circulación de personas es una de las condiciones requeridas para la constitución gradual del Mercado Común Andino.
Los ciudadanos deberán presentar ante las autoridades del país receptor su documento nacional de identidad o el pasaporte en el caso de visitar Venezuela. El visitante recibirá la Tarjeta Andina de Migración (TAM), en la que se indicará la fecha de ingreso y el tiempo de permanencia autorizada.

Pasaporte Andino

El Pasaporte Andino fue creado por medio de la Decisión 504 en Junio de 2001. La Decisión 504 dispone que su expedición se base en un modelo uniforme que contenga características mínimas armonizadas en cuanto a nomenclatura y a elementos de seguridad. El documento es actualmente expedido por Ecuador, Perú y Venezuela. Se espera que Bolivia y Colombia lo hagan en 2006.

Crisis del 2006

La crisis de la Comunidad Andina se acentuó debido a la intención de Estados Unidos de negociar Tratados de Libre Comercio (TLC's) bilaterales con cada país. Dicha situación llevó a una disputa entre los miembros de de la Comunidad, quienes sostuvieron opiniones divergentes respecto a cómo negociar tratados de libre comercio o TLCs con otros países o bloques económicos.
Venezuela y Bolivia proponían que la negociación con bloques regionales o países grandes preferiblemente se hiciera en bloque, como Comunidad Andina, con el objetivo de impulsar el desarrollo y la integración regional, así como también, para proteger y fortalecer la normatividad regional.
Los otros tres países miembros consideraron que la negociación de TLCs bilaterales con Estados Unidos no perjudicaba la integración sino que podía ser complementaria a ella, además de que veían difícil concretar antes del 2007 una negociación como bloque debido a las diferencias políticas y económicas de los países de la región. El gobierno de Colombia, por ejemplo, expresó en varias ocasiones su preocupación por el vencimiento a finales del 2006 de las preferencias arancelarias que Estados Unidos le había concedido a Ecuador, Perú, Colombia y Bolivia por medio del llamado "ATPDEA", sin que hubiera muchas posibilidades de conseguir su extensión en el tiempo.
Los TLCs bilaterales que Estados Unidos empezó a negociar también se contraponían a la posición de la Unión Europea, que condicionaba un TLC con los países andinos a que éste se hiciera de bloque regional a bloque regional y a que la Comunidad Andina demostrara que había alcanzado un avanzado nivel de integración.
Aunque no se logró concretar una posición común, la Comunidad Andina en su conjunto expresamente autorizó al Perú, Ecuador y Colombia a negociar TLCs con Estados Unidos.
El 19 de abril de 2006, Hugo Chávez, quién cree que los TLCs bilaterales firmados por Perú y Colombia con Estados Unidos han perjudicado la integración andina, dijo que: "A la CAN le han clavado una estaca en el corazón y difícilmente va a salir indemne de los tratados de libre comercio (TLC) que algunos países han firmado con Estados Unidos". El canciller del Ecuador, país que continúa negociando un TLC bilateral con Estados Unidos, su similar del Perú y el presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez expresaron por separado que no compartían la opinión del presidente Chávez, considerando que la firma de un TLC sigue siendo compatible con el esquema de la CAN.
Con la firma de los TLC bilaterales, Perú y Colombia se comprometieron a modificar su legislación interna en aspectos que también contemplaba la normatividad andina, particularmente el artículo 266 que regula los derechos de propiedad intelectual. El artículo 266 exige que los ensayos clínicos tienen que ser solicitados a las agencias de salud relevantes para la solicitud de certificados de mercadeo para drogas y para químicos de uso en la agricultura. El artículo no impide a las agencias de salud la emisión de certificados a competidores y fabricantes de medicamentos genéricos o químicos a bajo costo.
Venezuela y Bolivia rechazaban la modificación del artículo para impedir la emisión de certificados a los fabricantes de drogas genéricas. El 6 de abril de 2006, en una reunión entre los cancilleres de Ecuador, Perú y Colombia, sin la participación de Bolivia y Venezuela, acordaron modificar el Artículo 266 sobre los medicamentos para cumplir con los requerimientos de los TLCs con Estados Unidos.
El 22 de abril de 2006 Venezuela oficialmente denuncia el Acuerdo de Cartagena, formalizando con ello su retiro de la Comunidad Andina. Según el Acuerdo de Cartagena (Artículo 153), el país que formaliza su retiro, deberá mantener las ventajas recibidas y otorgadas de conformidad con el Programa de Liberación de la Subregión, por un plazo de 5 años. Plazo que puede ser disminuido en caso fundados por decisión de la Comisión Andina y a petición del país miembro interesado.
Según Maria Cristina Iglesias, Ministra de Industrias Ligeras y Comercio de Venezuela, los TLC le entregaron a Estados Unidos la tutela de la CAN, lo cual exige que el grupo regional inmediatamente desregularice el mercado, de esta manera las importaciones procedentes de Estados Unidos hechas por Colombia invadirían el mercado venezolano. El retiro de Venezuela protegería la industria nacional de esta competencia subsidiada.
El canciller Alí Rodríguez justificó la salida de Venezuela afirmando que el TLC traerá efectos negativos como la flexibilización laboral, desmejoras al trabajador, concentración de capital, renuncia del Estado a la generación de políticas públicas, daño al desarrollo agrícola y bloqueo al desarrollo interno que impulsa Venezuela.
El presidente Colombiano Alvaro Uribe durante su campaña de reelección en mayo del 2006, defendió el TLC con Estados Unidos afirmando que Colombia tenía derecho a negociarlo buscando las mejores condiciones para el país, además dijo extrañarse de que el gobierno venezolano no hubiese manifestado su desacuerdo a la CAN cuando Colombia había anunciado sus intenciones con 22 meses de anticipación. También manifestó que le extrañaba la posición de Venezuela respecto a las negociaciones del TLC con Estados Unidos dado que este país, a pesar de las diferencias de Chávez con Bush, sigue siendo el principal socio comercial de Venezuela, especialmente en el campo petrolero. A pesar de la fuerte defensa hecha por Uribe de la firma de un TLC y de haber anunciado la conclusión del mismo, ésta no se ha materializado completamente a julio de 2006. Todavía continúan las negociaciones respecto a algunos temas específicos donde se presentaron divergencias en las interpretaciones de los dos equipos negociadores, una vez acordado el grueso del texto.
Durante las elecciones presidenciales peruanas del año 2006, el presidente venezolano Hugo Chavez apoyó abiertamente la candidatura del nacionalista Ollanta Humala, quien se mostraba abiertamente en contra de la firma del tratado de libre comercio con Estados Unidos. El presidente venezolano se enfrentó a los candidatos oponentes de Ollanta Humala, como el caso de la socialcristiana Lourdes Flores Nano y el socialdemócrata Alan García. Este último tuvo varios intercambios de palabras con el mandatario venezolano y contra el presidente peruano Alejandro Toledo, acusándolo de "perro faldero del imperio" por su tenáz lucha a favor de la firma del TLC. Este problema llevó a una crisis diplomática entre ambos países, llegando al punto que el gobierno peruano decidió retirar su embajador de Caracas y mantener con Venezuela solo relaciones comerciales.
Mientras tanto, en junio 29 de 2006, el ministro chileno de relaciones exteriores, Alejandro Foxley, realizó el anuncio que entre las prioridades comerciales de su cartera estaba el regreso del país andino a la CAN.  Existe la posibilidad de que Chile vuelva a vincularse en el futuro como miembro asociado.

La ALADI se ha configurado como el marco en el que se desarrollan el resto de las políticas y acuerdos de integración. De hecho, su estructura jurídica da cabida a los más diversos acuerdos subregionales, multilaterales y bilaterales de integración que surgen en forma creciente en el continente (Comunidad Andina de Naciones, MERCOSUR, etc.)

Son países originarios de la ALADI, signatarios del TM80, la República Argentina, la República de Bolivia, la República Federativa del Brasil, la República de Chile, la República de Colombia, la República del Ecuador, los Estados Unidos Mexicanos, la República del Paraguay, la República del Perú, la República Oriental del Uruguay y la República Bolivariana de Venezuela.

Posteriormente, el 6 de noviembre de 1998, la República de Cuba fue aceptada como país miembro en la Décima Reunión del Consejo de Ministros por la Resolución 51(X), pasando a ser miembro pleno de la ALADI el 26 de agosto de 1999, luego de haber cumplido las formalidades pertinentes.

Pueden ser parte de la ALADI aquellos países latinoamericanos que así lo soliciten (Artículo 58 del TM80) y sean aceptados, previa negociación con los países miembros, conforme al procedimiento establecido por la Resolución 239 del Comité de Representantes.

Corresponde al Consejo de Ministros aceptar la adhesión de un país como miembro de la ALADI, decisión tomada por el voto afirmativo de los dos tercios de los países miembros y sin que exista voto negativo.

Con el claro objetivo de lograr un desarrollo económico equilibrado de todos sus miembros el éxito inicial de este proceso generó grandes expectativas que no se vieron materializadas ya que los acontecimientos políticos precipitaron su crisis. Casi cumplida su primera década el Mercado Común sufre una crisis que culmina con el conflicto bélico entre El Salvador y Honduras a mediados de 1969. Tras varios intentos fracasados de reestablecer el funcionamiento de este esquema regional la situación permaneció sin grandes avances, paralizada por la inestabilidad interna en varios de los países miembros y las consiguientes tensiones que esta situación generó entre ellos. La gravedad internacional que adquirieron estas tensiones a lo largo de la década de los ochenta constituyó un factor adicional para debilitar el alicaído esfuerzo de integración.
A pesar de las enormes dificultades el Mercado Común Centroamericano (MCCA) consiguió subsistir para resurgir fortalecido y renovado durante los últimos años. Las instituciones y la normativa creada durante sus primeras dos décadas sirvieron de base para el resurgimiento de la integración en la región y su posterior consolidación política.
En 1990 y como parte del proceso de paz de Esquipulas, los Presidentes centroamericanos acordaron reestructurar, fortalecer y reactivar el proceso de integración, así como sus organismos. Este proceso llevó a la firma del Protocolo de Tegucigalpa el 13 de diciembre de 1991 por los Estados de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. De este modo se creaba el Sistema de Integración Centroamericana iniciando una nueva etapa transformadora con la aplicación de este nuevo marco jurídico y ordenamiento institucional. La entrada en funcionamiento del SICA fue el 1 de febrero de 1993.
La nueva realidad regional plasmada en el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), representa una región más abierta, más ordenada y más democrática. La nueva integración es global al abarcar los aspectos económicos, sociales, culturales, políticos y ecológicos, y al promover el desarrollo integral en forma armónica y equilibrada.
El Sistema de Integración Centroamericano (SICA) agrupa a los organismos de integración económica, la Corte Centroamericana de Justicia, el Parlamento Centroamericano y un Comité Consultivo Multisectorial. En 1997 los gobiernos acordaron una reforma por la cual se creó la Secretaría General con sede en El Salvador. El SICA agrupa actualmente a los países miembros del MCCA y a Panamá.

Desde el año 2000, los mandatarios de América del Sur inauguraron un nuevo foro político con la intención de impulsar el proceso de cooperación regional. Fruto de este impulso, los jefes de Estados de América del Sur han lanzado la propuesta de una "comunidad de naciones" que engloba a 12 países, que cubren 17 millones de kilómetros cuadrados, con 361 millones de habitantes y un producto interior bruto de más 970.000 millones de dólares. 

Este intento de superación de los esquemas tradicionales de integración (MERCOSUR o Comunidad Andina) tuvo su momento inaugural en diciembre de 2004, en el marco de la tercera cumbre de jefes de Estado, en la ciudad de Cusco, en los Andes peruanos. Sus principales promotores fueron los presidentes Luiz Inacio Lula da Silva de Brasil, y Alejandro Toledo de Perú, con el fuerte apoyo del MERCOSUR, y del argentino Eduardo Duhalde, Presidente de la Comisión de Representantes Permanentes de esta organización.

La Comunidad Sudamericana de Naciones (CSN) fue presentada como un programa muy ambicioso, y sus defensores la comparaban con la Unión Europea. Sin embargo los pasos son todavía tímidos. Los presidentes no firmaron un tratado constitutivo de la "Comunidad", y apenas lograron una declaración con compromisos genéricos en temas como luchar contra la pobreza, generar empleo, asegurar la educación o comprometerse con la paz y la democracia. Su principal objetivo es la creación de un "espacio sudamericano integrado en lo político, social, económico, ambiental y de infraestructura", y que la Comunidad se desarrollaría apelando a la "concertación y coordinación política y diplomática". Para ello se establecieron tres grandes pilares:

- Cooperación polí;tica, social y cultural con áreas prioritarias como el fortalecimiento de la democracia, la lucha contra las drogas y la corrupción.
- Integración econóe;mica, comercial y financiera partiendo del Acuerdo de libre comercio CAN-MERCOSUR en busca una mayor convergencia entre los dos bloques regionales y con Chile, Guyana y Surinam.
- Desarrollo de la infraestructuura física, la energía y las comunicaciones a través de la Iniciativa IIRSA (Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana)  ya propuesta en el año 2000 durante la I Cumbre de Presidentes y que prevé proyectos para los próximos 30 años.

Grandes retos futuros
Como ha ocurrido tradicionalmente en la cooperación regional, el acercamiento propuesto es esencialmente económico y comercial, basado en el acuerdo de complementación comercial entre los dos bloques, y muy especialmente por medio de la conexión por carreteras, energía y comunicaciones.

El proceso de integración sigue en marcha, aunque aún quedan muchos temas pendientes de solución. En el momento que se promovía la creación de la CSN, se mantenían las disputas comerciales entre los miembros plenos del MERCOSUR (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay). En este sentido, varios jefes de Estado apuntan a la necesidad de fortalecer el MERCOSUR y otros esquemas de cooperación como paso previo a la construcción de un verdadero espacio de integración en una Comunidad Sudamericana.
Uno de los problemas que plantea esta comunidad, es que las nuevas naciones que se suman lo hacen solamente como "miembros asociados" y, por lo tanto, no ingresan a la estructura de compromisos políticos del bloque propia de los "miembros plenos", aspecto que ha de ser solucionado si se pretende caminar hacia una integración plena.

Además, en el momento que se promovía la creación de la CSN, se mantenían las disputas comerciales de baja intensidad entre los miembros planos del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay). En este sentido, varios jefes de Estado apuntan a la necesidad de fortalecer el Mercosur y otros esquemas de cooperación como paso previo a la construcción  de un verdadero espacio de integración en una Comunidad Sudamericana.

En este camino a la integración, el 19 de abril de 2005 altos mandatarios de las 12 naciones que forman parte de la CSN celebraron una reunión en Brasilia (Brasil) con el objetivo de fortalecer este proceso de integración. Por otro lado, a pesar de su carácter embrionario, la Comunidad ha tenido ya la oportunidad de actuar en el plano político, a través del envío de una comisión observadora a Ecuador con motivo de la crisis que terminó con la dimisión del presidente del país, Lucio Gutiérrez.

Fue creado en 1965 por acuerdo suscrito entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Gobierno de la República Argentina. Desde el punto de vista institucional el INTAL forma parte del Departamento de Integración y Programas Regionales del BID. A lo largo de casi 40 años ha desarrollado tareas de investigación, cooperación técnica y capacitación a gobiernos e instituciones en los ámbitos académico, empresarial y de la sociedad civil en apoyo a los procesos de integración y cooperación regionales.
De acuerdo con ello, el objetivo general es promover y consolidar el proceso de integración en América Latina y el Caribe en los niveles subregional, regional, interregional, hemisférico e internacional.
Dentro de las actividades del INTAL se concentran las siguientes líneas temáticas
(i) El desarrollo de la infraestructura física; (ii) Aspectos jurídicos de los Acuerdos de Integración; (iii) Coordinación y convergencia macroeconómica; (iv) Integración y cambios de la estructura productiva en América Latina y el Caribe; (v) Cuestiones sociales en los marcos subregionales; (vi) Integración y desarrollo de áreas de frontera; (vii) Grado de preparación de países de la región para adherir al TLCAN o vincularse con la Unión Europea y APEC, y participar en la convergencia hemisférica; (viii) Corrientes de inversión directa intrasubregional inducidas por los acuerdos de integración y complementación económica; (ix) Armonización de las regulaciones de los mercados de servicios; y (x) Desarrollo de sistemas subregionales de información.
Desde 2001, el INTAL es sede de la Secretaría del Comité de Coordinación Técnica del proyecto IIRSA -Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana en América del Sur. Este Comité está formado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA).

Durante la Segunda Reunión Ministerial institucionalizada de Cancilleres de la Unión Europea (UE) y el Grupo de Río celebrada en Santiago de Chile el 28 y 29 de mayo de 1992, se acordó la puesta en marcha de un Programa de Formación para la Integración Regional destinado a la capacitación de cuadros en integración regional.

En este contexto, en marzo de 1993, se creó con carácter permanente y con un equipo mínimo y de alta flexibilidad destinado a la instrumentación, gestión y coordinación y desarrollo del Programa en América Latina, el Centro de Formación para la Integración Regional (CEFIR), con sede en Montevideo, Uruguay. La ejecución del Programa fue encomendada al Instituto Europeo de Administración Pública (IEAP).
A partir de la Cuarta Reunión Ministerial Institucionalizada Unión Europea - Grupo de Río celebrada en San Pablo (Brasil), los días 22 y 23 de 1994, este Programa se inscribe a su vez en el Programa UE / GRIO de Formación de Recursos Humanos (FOR CE-RIO).
 El 21 de mayo de 1996, el Comité PVD/ALA aprobó el "Programa de Formación para la Integración Regional en el marco del Grupo de Río (CEFIR)" por el bienio 1996-1998.
 Durante la XI Cumbre Presidencial del Grupo de Río realizada en Asunción en agosto de 1997 se decidió crear una "Comisión Especial CEFIR" con la finalidad de concertar una posición común con respecto al Centro. Dicha Comisión elaboró una propuesta de estudio para la consolidación y ampliación del CEFIR.
En la VII y VIII Reunión Institucionalizada Grupo de Río - Unión Europea (Noordwijk, 8 de abril de 1997 y Panamá, 11 y 12 de febrero de 1998 respectivamente), los Ministros de ambas regiones acordaron la consolidación y ampliación del CEFIR, y subrayaron la conveniencia de establecer mecanismos que le permitan continuar y ampliar sus actividades (Noordwijk) y reconocieron la necesidad de decidir la futura estructura institucional y la financiación equilibrada del CEFIR (Panamá).