La idea de "contrato social" y sus avatares
André Panchaud.

Desde el origen de las primeras comunidades humanas existía ya un contrato social. Una colectividad no se puede concebir sin que se regulen las relaciones de los individuos que la componen según ciertas convenciones. La armonía de una sociedad es resultado de la concordancia de las aspiraciones y los intereses de todos, así como del justo equilibrio de la independencia individual y colectiva.

Esto es casi lo mismo que enunciaba J.J. Rousseau y que resumía de este modo: "Se ha de encontrar una forma de asociación que defienda y proteja a la persona y los bienes de cada asociado, y por la cual cada uno, uniéndose a los demás, no obedezca sin embargo más que a sí mismo y permanezca igual de libre que antes".

No obstante, el autor del contrato social añade: "Sólo pertenece a los que se asocian para regular las condiciones de la sociedad". Pero el conjunto de estos asociados ¿es capaz de discernir el sistema que mejor le convenga? No, responde Rousseau: "La voluntad general es siempre recta, pero el juicio que la guía no siempre es claro". De ahí la necesidad de un guía, de un legislador, de un gobierno.

¿Cuáles serán entonces los socios del contrato social? Por una parte, los que gobiernan y, por tanto, detentan el poder y, por otra parte, los que no disponen de autoridad alguna y sólo tienen que obedecer. Ahora bien, la noción de "libre contrato" supone que los socios comprometidos por dicho contrato están todos en el mismo plano de igualdad. Este no es evidentemente el caso cuando se establece un supuesto contrato social entre el soberano real, el Estado, y el soberano ficticio, el pueblo.

El "contrato federativo" de Proudhon

Sin rechazar la idea de Estado ni la de gobierno, Proudhon plantea la solución de un "contrato federativo". Dicho contrato debería garantizar al ciudadano "toda su libertad, su soberanía y su iniciativa, menos lo relativo al objeto especial por el que se ha creado el contrato". En virtud de este contrato, cada uno deberá recibir del Estado tanto como ha sacrificado por él.

"Es preciso -dice Proudhon- suprimir, en una palabra, todo lo que quede de divino en el gobierno de la sociedad, y reconstruir el edificio sobre la idea humana de contrato. Si, no obstante, el contrato que hago con algunos lo puedo hacer con todos; si todos pueden renovarlo entre ellos; si cada grupo de ciudadanos, municipio, distrito o provincia formado en un contrato semejante y considerado como persona moral, puede a continuación y siempre en los mismos términos, tratar con cada uno de los demás grupos y con todos, sería exactamente como si la voluntad se repitiera hasta el infinito. Estaría seguro de que la ley así hecha sobre todos los puntos de la República, bajo millones de iniciativas diferentes, no sería jamás otra cosa que mi ley, y si ese nuevo orden de cosas se llamara gobierno, ese gobierno sería el mío".

Bakunin y la organización social

El antagonismo flagrante existente entre los intereses de los gobernantes y los de los gobernados fue puesto en evidencia por Bakunin. Él fue el primero en denunciar el contenido maniqueo del contrato social establecido entre el Estado y el pueblo. Todo lo que sirve a la conservación, la grandeza y el poder del Estado, es el bien; todo lo que es contrario, es el mal. "Según este sistema -escribía- el bien y lo justo comienzan con el contrato, es decir, con el interés común y el derecho público de todos los individuos que lo han formado entre ellos, con la exclusión de todos los que han quedado fuera del contrato; por tanto no habrá más que la mayor satisfacción dada al egoísmo colectivo de una asociación particular y restrictiva que, basada en el sacrificio parcial del egoísmo individual de cada uno de sus miembros, rechaza de su seno, como a extranjeros y enemigos naturales, a la inmensa mayoría de la especia humana, formada o no en asociaciones análogas".

La autoridad del Estado bajo todas sus formas (monarquía, democracia totalitaria o socialista) excluye toda posibilidad de "pacto social". A este respecto no se puede ser más categórico que Bakunin: "Rechazamos enérgicamente toda tentativa de organización social que, ajena a la más completa libertad tanto de los individuos como de las asociaciones, exigiría el establecimiento de una autoridad reglamentaria cualquiera que fuera su naturaleza".

La imposibilidad de establecer un verdadero contrato social en el marco del sistema estatalista debería ser hoy reconocida por todos.

El contrato federalista libertario

Los anarquistas fueron los primeros y los únicos que denunciaron la superchería del contrato social en el seno de estructuras estatalistas. "Jamás, en ningún sitio -escribía E. Armand- se ha propuesto ningún contrato social libremente, consentido libremente. En el sistema actual de sociedad, la ley somete a todos los individuos (en fin, a casi todos…) con reglas de elaboración en las que no han participado. E incluso cuando, en ciertos países, el pueblo es llamado a pronunciarse sobre la aplicación de una ley, incluso la minoría que se opone es obligada a someterse."

Contra esta pretensión excesiva por parte del Estado de doblegar a todos los individuos a sus caprichos se rebeló Aristide Lapeyre: "En la sociedad actual existe un contrato social. A mi no se me ha llamado para discutir sus términos. No lo acepto. Incluso aunque la cláusula me sea favorable. Ese contrato se me ha impuesto. Según las circunstancias, denuncio lo arbitrario. Lucho por su abolición. Al ser débil, empleo la astucia; a la espera de que otros muchos débiles se unan para rechazar el reconocimiento de las leyes, desobedezco yo sólo evitando al policía, al juez y al soldado. Este contrato unilateral está basado en la fuerza o en el sofisma. Su única realidad reside en la ignorancia de los individuos a los que se les impone".

Mientras que la ley del Estado se impone autoritariamente a todos, el contrato social debe ser resultado del consentimiento libre y directo de los que lo establecen. Así lo hace notar André Prudhommeaux: "El régimen de la ley y el del contrato son antagonistas; uno supone el reino del Estado, el otro el del federalismo".

He aquí lo que establece claramente la antinomia de las nociones de Estado y de federalismo. Son dos términos opuestos como lo son el de autogestión y patronal. Y no se repetirá nunca lo bastante, pues estas ideas están ya muy trilladas en todos los programas "socialistas" y "democráticos".

Porque, todavía hoy, siendo los únicos que combaten y rechazan el principio de libertad, los libertarios están también solos cuando preconizan un proyecto coherente de contrato social: el contrato federalista libertario. No reposa en ningún poder, es "popular" y no se regula por el "juego democrático" del sufragio (¿o del su-plagio?) universal.