El estado
Jean Marestan. Encyclopédie Anarchiste, 1934.

Estado (del latin status; de stare, estar de pie). Situación duradera de una cosa. Esa es la significación genérica de la palabra, que se usa con acepciones muy variadas. Se dice, en efecto: el estado de salud de nuestro amigo inspira inquietud. Su estado de ánimo es satisfactorio. Esa población vive en estado salvaje. Hemos encontrado la casa en buen estado. Esa persona tan escrupulosa hace estadillo de los menores detalles.

Desde el punto de vista social, que es el que más nos interesa, es útil, en primer lugar, citar, explicándolas, dos locuciones que han tenido su lugar en la historia: Los Estados Generales son una asamblea nacional extraordinaria, compuesta de representantes de diversos órdenes o clases sociales, reunidos para deliberar sobre intereses comunes. El Tercer Estado era, con la antigua monarquía francesa, el tercer orden de la sociedad, compuesto por el pueblo y la burguesía, estando contituidos los dos primeros estados por el clero y la nobleza.

Mencionamos también, para recordarlo, que un estado mayor es el cuerpo de oficiales generales que dirige un ejército; que el estado civil (en España, registro civil) es un servicio público que tiene por objeto registrar oficialmente el nacimiento, matrimonios o divorcios y la muerte de los habitantes de un país. Y llegamos entonces a los dos sentidos de la palabra Estado que mejor debemos recordar:

Políticamente hablando, un Estado es una importante colectividad de individuos que ocupa un territorio claramente delimitado, regido por leyes particulares y con una autoridad encargada de su aplicación.

Una sociedad, incluso si es numerosa, no constituye forzosamente un Estado. Las naciones modernas organizadas son Estados. Las hordas primitivas, las tribus nómadas o salvajes no son sino sociedades rudimentarias.

Sería un error, sin embargo, creer que toda sociedad organizada bajo la forma de Estado representa a un pueblo de esclavos, dotado de aspiraciones sociales más generales, y capaz de llevar a cabo espontáneamente el orden más fraternal, pero oprimido bajo el yugo de una minoría tiránica, que reprime por la fuerza todos sus deseos.

En las repúblicas democráticas, como Francia, Estados Unidos o Suiza, el proletariado industrial y agrícola constituye la mayor parte de la población. Las libertades de prensa, de expresión y de asociación no son apenas violadas. Todos los ciudadanos, o casi, son admitidos para votar y, cuando votan, nada les impide pronunciarse a favor de un programa o de otro.

Ahora bien, en esos países de mayoría proletaria, donde no es ciudadano el que no haya sido tocado -ocasionalmente al menos- por una propaganda revolucionaria, en la que pueda interesarse, resulta que los programas más favorables son de un reformismo muy moderado. Que haya numerosas abstenciones no modifica apenas el resultado; basta, en efecto, con ver las débiles tiradas de la prensa anarquista -la única que es abstencionista- para darse cuenta de que la abstención electoral es fruto, por lo general, de la indiferencia y la volubilidad, más que de una voluntad de acción sistemática. En Francia misma, hogar de la Gran Revolución de 1789-1793, la experiencia de más de medio siglo de tercera república nos ofrece el espectáculo de las consultas populares, en el que la balanza oscila del conservadurismo social prerreaccionario al radicalismo más sólido. El proletariado insurrecto, en el seno de la propia clase proletaria, no es más que una minoría de oposición, y el colectivismo, que se declara "a favor del progreso en el orden y la legalidad" es acogido con reservas.

Estas constataciones no invalidan este dato evidente: que las ideas socialistas, comunistas, sindicalistas y anarquistas se han desarrollado en el mundo, desde la fundación de la Primera Internacional en 1865, de una manera considerable. Pero llevan a concluir que el pueblo obrero y campesino, en su conjunto, no es tan enemigo como se podría pensar de las formas sociales actuales y que, si se ve obstaculizado en su emancipación, es más debido a su ignorancia y prejuicios tenaces que a las exacciones de las clases dirigentes.

Sin embargo, incluso en las repúblicas democráticas, el Estado no es el conjunto de la nación. En las tribus primitivas, los hombres tienen un consejo para tomar las decisiones, y las aplican ellos mismos buscando lo que creen el interés común. Abstracción hecha de la oposición, siempre posible, del jefe o del hechicero, es el régimen directo, con todas sus ventajas, lo que no quiere decir que se inspire necesariamente en la sabiduría y la delicadeza. Pero eso sólo es posible en aglomeraciones poco numerosas, con medios de producción y de consumo elementales, sobre porciones de terreno limitadas. Con las múltiples actividades de una capital del siglo XX, que agrupan a varios millones de habitantes, resulta prácticamente imposible para toda la población -necesitaría un espacio enorme- reunirse en congreso todos los días, o casi todos, para discutir y sacar conclusiones para las cuestiones tan numerosas y diversas que comporta la intensa vida de una ciudad moderna. No tendría ni la capacidad ni el tiempo libre, e iría dejando esa labor a merced de las exigencias de la población. Por fuerza debe actuar la división del trabajo, la creación de especialistas, el nombramiento de delegados, provistos de poderes, para la defensa de los intereses de los grupos de ciudadanos que les han encargado que les representen en las asambleas en las que se tratan los asuntos públicos.

Y lo que es verdad para una gran ciudad, lo es con más razón para un país, que cuenta con decenas de millones de habitantes, a la vez sólidamente asociados por las necesidades más variadas, y repartidos por cientos de miles de kilómetros cuadrados. Las centralizaciones administrativas se imponen pues, del mismo modo que ocurre con el abastecimiento, el correo, las comunicaciones telefónicas o la correspondencia de las vías férreas.

Pero eso tiene sus inconvenientes, los administrados pierden de vista a su delegados, agrupados a partir de ahora en un punto central del territorio. Estos, absorbidos por su función, se ven obligados a abandonar sus labores, y a dejar su antigua profesión. Formarán a partir de ahora una casta aparte, con sus intereses particulares, sujetos a todas las tentaciones que confiere el poder. Porque su mandato dura varios años, durante los cuales podrán realizar todo tipo de arbitrariedades sin que sus electores puedan sancionarlos; su función no es en realidad la de delegados, sino de gobernantes, o dicho de otro modo, de tutores, provistos de un cheque en blanco que les permite disponer no sólo de los fondos y propiedades nacionales sino también, en gran medida, de la persona y de los bienes de sus pupilos: los ciudadanos corrientes.

Por esta situación y por todos los abusos que ha desencadenado es por lo que la palabra Estado que, al menos en las repúblicas democráticas, debería haber servido para designar, políticamente hablando, la nación organizada, ha servido sobre todo para designar algo bien distinto a eso que no sirve más que para oprimir: la autoridad legislativa.

Pero los inconvenientes no son inevitables. Si la vida de una gran nación moderna hace necesaria la centralización administrativa y los delegados permanentes, eso no significa que deban beneficiarse de unos derechos de carácter monárquico sobre las colectividades que los han designado. Nada se opone a que sean elegidos entre los que representan a las federaciones de trabajo y de consumo, pero sí a que no sean revocables y responsables, del mismo modo que los gerentes de una empresa comercial o de una industria.

En esas condiciones, el Estado dejaría de ser un organismo superpuesto a la nación, cuyo poder arbitrario se basa en la abdicación de ésta. En estas condiciones, el Estado representaría bien a la sociedad organizada por sí misma y para ella y, aunque se mantengan algunas reglas impuestas por la necesidad, al menos no serían emanación de las concepciones particulares de unos pocos.

Con el Estado así considerado, parece que se llena en gran parte el abismo que separa a las tesis socialistas de las anarquistas, al menos en lo relativo a los planes de una nueva sociedad. Con la condición, en cualquier caso, de que el socialismo deje que entre un poco más del sol y del aire de la libertad en sus sólidos edificios en forma de cuarteles y de conventos. Con la condición también de que el anarquismo renuncie a ciertos esquemas, un poco pueriles, según los cuales el futuro y la prehistoria se confunden, y el comunismo de la gran civilización de las ciudades del mañana se asienta en bases análogas a las de cualquier ciudad hotentote en la que, de una cabaña a otra, se hacen benévolamente pequeños favores.