DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS DE ATTAC COLOMBIA



                                                           Ay! si con sólo una gota de poesía o de
                                                        amor pudiéramos aplacar la ira del mundo,
                                                        pero eso sólo lo pueden la lucha y el
                                                         corazón resuelto.

PABLO NERUDA



Pobreza, desempleo, exclusión, impotencia y la sombra de un futuro sin ilusiones caracterizan la hora presente para los pueblos de Colombia y América Latina. La solución que al respecto se nos ha venido proponiendo, además de erigirse en factor de agravamiento del problema, corresponde a una interpretación de nuestra realidad que no es propia, ni es autónoma, ni se ha alcanzado mediante un debate democrático, sino que ha sido concebida y liderada por los grandes centros de poder internacional (el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial de Comercio y su red de tratados globales y regionales), quienes han encontrado en nuestros sectores dirigentes unos ejecutores fáciles, subalternos y sin sentido de patria. Dicha solución, de otra parte, está cargada de valoraciones y prejuicios no demostrados pero nos es presentada como verdad científica: se deben eliminar los controles que el Estado nacional estableció sobre el proceso económico a lo largo del siglo anterior y dejar que sean las propias leyes del mercado las que, sin interferencias, fijen todas las condiciones. En Colombia la puesta en ejecución de este tipo de políticas ha venido adelantándose en los últimos quince años, como puede constatarse al considerar las reformas laboral, cambiaria, arancelaria y bancaria, así como la ya casi consumada privatización de las empresas de propiedad estatal, medidas, todas estas, que al mismo tiempo que buscan atraer la inversión extranjera, echan por tierra las posibilidades del Estado colombiano para fijar políticas económicas de manera autónoma. Esta pérdida de autonomía, a su vez, se ha visto reforzada, desde finales de los años setenta, por una progresiva disminución del interés del empresariado nacional por el mercado interno como eje de la dinámica económica y por el correspondiente volcamiento hacia el mercado internacional.

Pero aunque no estemos de acuerdo ni de lejos con la esencia de semejante orientación, no debemos, sin embargo, llamarnos a engaño: la reducción de las posibilidades de controlar políticamente el proceso económico a través del aparato de Estado es un proceso irreversible. En efecto, hemos entrado a lo que algunos llaman la política posinternacional o, si se quiere, la era de la globalización, en virtud de la cual la soberanía de los Estados nacionales y, muy en especial, la de los Estados periféricos, queda enormemente debilitada. La globalización, aunque se ve jalonada por el poder económico de las empresas multinacionales
--las cuales relativizan la idea de la soberanía estatal a medida que buscan territorios en donde resulte más barato producir y mercados en donde vender--, es también el producto del desarrollo tecnológico y de sus aplicaciones al transporte, la información y las comunicaciones. Así pues, el accionar de unos poderes económicos gigantescos y en expansión, combinado con la disponibilidad de unos recursos tecnológicos inimaginables hasta hace muy poco, crean un tejido de mutuas dependencias que vincula pueblos y territorios a escala planetaria, sin reconocer fronteras estatales ni proyectos voluntaristas de aislamiento. En tales condiciones, el que quiera ubicarse con acierto en este naciente nuevo mundo debe partir de reconocer dos cosas: primero, que la pretensión del Estado moderno de controlar espacios territoriales y de homogeneizar culturalmente las poblaciones respectivas alrededor de la idea de 'nación', se halla seriamente cuestionada, por lo menos en lo que a los países subalternos se refiere. Y, segundo, que gústenos o no, la globalización es un proceso irreversible en el que todos, pobres y ricos, débiles y fuertes, nos hallamos inmersos sin remedio.

Sin embargo, el que reconozcamos esta situación como real, no significa que debamos insertarnos pasivamente en ella. Somos realistas, pero mantenemos un sentido de insatisfacción con la realidad. Y con mayor razón cuando se trata de un proceso como el descrito, que atropella a las personas comunes y corrientes a lo largo y ancho del planeta, sin que ellas puedan participar en las decisiones ni interponer ningún instrumento de control. Y esta es precisamente la clave del problema: no es cuestión de, ilusamente, tratar de darle marcha atrás a la globalización, sino de someterla a controles democráticos. Y en particular, de regular, mediante una decidida acción ciudadana, los flujos especulativos del mercado de capitales a escala global, sancionando los paraísos fiscales e incrementando los impuestos a las rentas del capital. Si las elites nacionales son pusilánimes e incapaces de interpretar patrióticamente su propia realidad, nos corresponde a los ciudadanos asumir, a escala global, la defensa de nuestros intereses y de los de las generaciones futuras. Si la globalización conlleva el deterioro de la soberanía estatal, entonces la separación entre lo público y lo privado que ha caracterizado la organización social nacional en los últimos siglos y que llevó a que la acción política fuera monopolizada por unas clases políticas autonomizadas, también se deteriora. Tal es el lado positivo de la globalización: asistimos al surgimiento de una cierta forma de sociedad transnacional sin centralización política en la que lo social y lo político vuelven a estar unidos; es, por lo tanto, la hora de los ciudadanos.

En tales condiciones, un grupo de ciudadanos y ciudadanas colombianos hemos constituido el movimiento ATTAC Colombia, como federación del «Movimiento internacional de ciudadanos para el control democrático de los mercados financieros y sus instituciones», el cual se propone una «acción por una tasa Tobin de ayuda a los ciudadanos» (ATTAC). En otras palabras, se trata de gravar con el impuesto conocido como Tasa Tobin las transacciones especulativas en los mercados de divisas a escala mundial, ya que se estima que, «con un nivel del 0.1%, la tasa Tobin (llamada así en honor del Premio Nobel norteamericano de economía que la propuso en 1972) captaría anualmente unos 166 mil millones de dólares», suma con la cual se podría erradicar la pobreza en el planeta.

Ahora bien, aunque suscribimos estos principios generales que identifican la acción global del Movimiento ATTAC, creemos que es necesario tomar posiciones frente a temas más específicos, de índole regional y nacional. En esa dirección, nos inscribimos en la masiva corriente de latinoamericanos y latinoamericanas que han venido proponiendo, como
gran tarea regional, la necesidad de emprender una resistencia decidida al ALCA, el Tratado de Libre Comercio de las Américas, que los Estados Unidos, aupados por las corporaciones multinacionales, quieren imponernos en su afán de conquista de mercados. Su pretensión es absorvernos, manejar nuestras economías, dictar nuestras políticas y conquistarnos de una vez por todas. En oposición a ello, proponemos impulsar la convocatoria regional de un Plebiscito de No Anexión, para que los pueblos de América Latina no sólo puedan expresarse en torno a este tema, impidiendo que se tomen decisiones tan fundamentales en cenáculos cerrados y a sus espaldas, sino, además, avanzar en el proyecto más alto, más antiguo y cada vez más urgente de la unidad continental. Así, pues, se impone una labor de divulgación para dar a conocer a la opinión pública de nuestros países lo que se pretende con el ALCA y sus efectos de desindustrialización y mayor precarización del trabajo, ya observados en la experiencia del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLC).

En el mismo sentido, creemos que es necesario tomar posiciones frente al tema de la deuda externa latinoamericana. En 1980 la región debía 222.5 miles de millones de dólares y desde entonces ha pagado por utilidades e intereses 365.9 miles de millones de dólares, pero la deuda, en vez de desaparecer, ha crecido. En 1990 alcanzaba ya la suma de 423 mil millones de dólares y en el 2000 se ha incrementado hasta llegar a los 750 mil millones. En otras palabras, se ha pagado casi seis veces la deuda original de 1979, pero el total se ha multiplicado por cuatro. La deuda, de otra parte, ha sido el mecanismo con base en el cual se nos han impuesto los famosos 'programas de ajuste' que han llevado al desmonte del sector público en América Latina, con el consiguiente derrumbe de los pocos mecanismos de protección social existentes, con el inicio de una amplia política de privatizaciones en todos los ámbitos de la vida social y económica y con la puesta de sectores estratégicos en manos del capital extranjero. En tales condiciones, se cierra cualquier posibilidad de impulsar políticas de desarrollo propias, quedando sujetos también en esta materia a los intereses transnacionales: monocultivos de exportación, semillas transgénicas y uso de fertilizantes y plaguicidas, que acaban con los cultivos nativos, con la economía local y con los saberes ancestrales y la identidad cultural de nuestros pueblos.

Para nosotros la deuda ya fue pagada de antemano, con las riquezas que han alimentado el sistema financiero mundial y que han sido el producto de los saqueos coloniales, tanto antiguo como contemporáneo, en nuestro continente. Por eso, al igual que en el caso del ALCA, proponemos la unidad del pueblo latinoamericano en torno a este principio: ¡No debemos, no pagaremos y no aceptaremos el uso de la deuda para imponer programas de ajuste estructural!

Es de destacar que la defensa de estas posiciones se inscribe en unas convicciones y unos procedimientos de acción pacíficos. No obstante, el rechazo de la violencia como forma de acción política, que nos conduce a defender la solución negociada del conflicto armado colombiano, no debe llevar a dudar acerca de la firmeza de nuestra decisión política, ni a pensar que incurrimos en el error de creer que la paz se alcanza sólo con el cese de la confrontación militar, sin hacer las transformaciones necesarias para superar las enormes inequidades socioeconómicas y los déficits democráticos existentes en nuestro país. Así pues, reivindicamos la acción política directa y pacífica y la resistencia civil; nos sintonizamos con los movimientos indígenas, de mujeres, ecologistas y alternativos del mundo, que como el 'Pueblo de Seattle' se oponen a los grandes poderes globales; y rechazamos las interpretaciones puramente electorales de la democracia, que sólo han servido para legitimar el control político de las camarillas partidistas, el predominio de los poderes económicos nacionales y extranjeros, la vigencia del patriarcado y la embrutecedora manipulación mediática de la información.

Igualmente, con relación a las llamadas 'substancias ilícitas', compartimos la idea de que la legalización y la educación son los únicos caminos para evitar los efectos perversos de la actual guerra antinarcóticos, que tanto daño social, cultural y ecológico hace en los países productores, dejando impunes a los gigantescos capitales derivados del tráfico ilegal.

Creemos, finalmente, que en este, como en los otros temas, se hace necesario e inaplazable el trabajo por una ecología de la mente, que permita superar el horizonte del racionalismo occidental moderno, instrumental y tecnocrático, que ha llevado al triunfo del egoísmo individual en lo social y a la destrucción de la naturaleza. Sólo por esa vía podremos acercarnos, así sea tenuemente, al objetivo que tan bien han sabido definir los movimientos sociales contemporáneos, pero que en realidad expresa un anhelo muy antiguo: ¡Por una humanidad libre, solidaria y justa sobre un planeta habitable!


Bogotá, Colombia, agosto de 2001.



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