Así, tenemos que el administrador que se desempeña en los organismos gubernamentales se ve constantemente asediado por conflictos surgidos del normal funcionamiento de la organización -cualidad que comparte con la administración privada-, pero hay un tipo de conflictos que emergen de la propia naturaleza de las organizaciones públicas: la lucha por el poder.

De esta manera, hemos visto que durante estos días los medios electrónicos han inundado los espacios con argumentos que evidencian una intención: desprestigiar a los cuerpos legislativos (al minimizar a un poder, el adversario cree entonces ejercer dominio sobre ese poder).

Parece ser un lugar común el decir que la política sufre un evidente desprestigio. Pero si existe tal, ese desprestigio alcanza también a la Administración Pública y, por ende, a los administradores.

Contra esto se sobrepone la necesidad de replantear --y rescatar-- los objetivos esenciales de los organismos públicos y fijarlos como la meta principal a alcanzar dejando de lado intereses ajenos.

Ante las turbulencias del constante conflico, la salida puede estar en un buen ejercicio de la administración pública; en la aplicación y práctica de sus principios, de sus métodos y de sus valores. Este es uno de los retos al que los administradores se enfrentan actualmente. La interrogante es: ¿habrán de responder?