3. El Estado, responsable de los hechos de Atenco: Centro Pro Documenta uso excesivo de la fuerza p�blica y abusos

Organismos de derechos humanos demandaron la renuncia de Enrique Pe�a Nieto, gobernador del estado de M�xico, as� como las del procurador Abel Villica�a; Wilfrido Robledo, comisionado de la Agencia Estatal de Seguridad P�blica, y de Eduardo Medina Mora, secretario de Seguridad P�blica federal, por su "responsabilidad en el uso excesivo de la fuerza p�blica" y los abusos policiacos cometidos en Texcoco y San Salvador Atenco.

"Hay una responsabilidad compartida del gobierno estatal y federal, porque el Consejo de Seguridad P�blica del estado sesion� para dise�ar el operativo policiaco conjunto del 4 de mayo", afirm� Edgar Cortez, de la Red Todos los Derechos para Todos. En dicha reuni�n participaron el secretario general de Gobierno, Humberto Ben�tez; Wilfrido Robledo, Eduardo Medina Mora y Ardelio Vargas Fosado, jefe del Estado Mayor de la Polic�a Federal Preventiva (PFP).

En conferencia de prensa, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agust�n Pro Ju�rez present� su Informe Atenco, que da cuenta de las violaciones a los derechos humanos de los pobladores, como allanamientos de morada, golpes, detenciones ilegales y arbitrarias, agresiones sexuales y otros abusos de polic�as estatales y federales. "Hay una responsabilidad del Estado, no se puede alegar que s�lo fueron funcionarios menores o polic�as los responsables de estos hechos", asever� David Velasco, director del centro. Tambi�n se presentaron fotograf�as de los destrozos a las casas y se mostr� un video con el testimonio de tres polic�as estatales que participaron en el operativo en Atenco.

Los abogados Luisa P�rez Escobedo y Santiago Aguirre; H�ctor Guerra, de Amnist�a Internacional M�xico, Velasco y Cortez, se�alaron que "mal empieza" la elecci�n de M�xico como miembro fundador del nuevo Consejo de Derechos Humanos de la ONU, "mientras en el pa�s sigue la preocupaci�n por los acontecimientos de Atenco", que dejaron un saldo de un muerto, 200 detenidos, innumerables heridos y golpeados, adem�s de varios polic�as lesionados. Los representantes de organismos de derechos humanos exigieron la liberaci�n de todas las personas detenidas. Demandaron a los jueces que llevan el caso tomar una decisi�n "apegada a derecho, fundada en el irrestricto respeto al principio de presunci�n de inocencia". Tambi�n demandaron "el esclarecimiento de los hechos mediante una investigaci�n independiente, imparcial y p�blica de lo ocurrido", acompa�ada de "un informe oficial de las autoridades involucradas".

Tras presentar pruebas y testimonios de las ilegalidades y abusos cometidos por la polic�a el 3 y 4 de mayo en Texcoco y Atenco, el Centro Pro se�ala que "el an�lisis de lo ocurrido muestra un uso excesivo de la fuerza p�blica, no ce�ido a los principios de proporcionalidad, razonabilidad y absoluta necesidad, lo que se tradujo en violaci�n masiva a derechos humanos, present�ndose detenciones arbitrarias, allanamientos, privaci�n arbitraria de la vida, agresiones y violaciones sexuales, as� como violaciones procesales. Podemos afirmar que la actuaci�n de las corporaciones policiacas estatal y federal, el d�a 4 de mayo, tuvo orden expresa de detener indiscriminadamente a cualquier persona y allanar moradas sin ning�n respeto por los derechos fundamentales. La fuerza p�blica busc� cobrar venganza por los hechos del d�a anterior".

El informe del Pro contiene un recuento pormenorizado de los antecedentes del conflicto social en Atenco, tras el intento de construir un aeropuerto en la regi�n; el acuerdo pol�tico entre el gobierno mexiquense y el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra en 2003, y el problema de los floricultores en Texcoco. Con una cronolog�a detallada y el testimonio de las v�ctimas, se documentan cada una de las ilegalidades cometidas. Del operativo policiaco del 4 de mayo, el informe se�ala que "si bien las circunstancias podr�an justificar la necesidad del uso de la fuerza p�blica -para la liberaci�n de polic�as retenidos-, se demuestra que hubo un excesivo uso de la fuerza p�blica".

El testimonio de la joven estudiante Susana lo confirma: ''La ma�ana del 4 de mayo, cuando empezaron a aventar bombas con gas lacrim�geno, la gente ya no ten�a fuerza para resistir, los granaderos avanzaban hacia nosotros, as� que corrimos y vi que de una casa abrieron las puertas; ya iba un muchacho herido (Alexis Benhumea) que iba sangrando, lo hab�an golpeado con una bomba que le peg� en la cabeza y su pap� lo acompa�aba (...) La polic�a entr� con gritos, insultos; yo escuchaba que dec�an 'putas con que sus pinches bombitas que estaban haciendo �eh?' Escuch� a otras compa�eras de la universidad que gritaban que no las golpearan, luego escuch� tres disparos...''

Violando la Constituci�n y la legislaci�n internacional, ''la mayor�a de los detenidos el 4 de mayo fue privada arbitrariamente de su libertad''. As� lo corrobora Rosa, de 27 a�os: ''Encerraron a la familia en un cuarto, ten�an a ni�os y una mujer embarazada, gasearon, rompieron los vidrios. C�sar del Valle estaba adentro, lo sacaron, enca�onaron a dos muchachos, les cortaron cartucho y de ah� se llevaron a tres hermanos y brutalmente los golpearon. A las personas de la casa las volvieron a encerrar y a gasear... Ah�, sin orden de aprehensi�n ni de cateo se llevaron a los muchachos y la casa qued� destrozada (...). Fue algo inhumano''.

Las polic�as estatal y federal ''irrumpieron violenta e indiscriminadamente en domicilios de la poblaci�n. Con ello las autoridades violentaron el derecho a la intimidad y la inviolavilidad del domicilio''. Mariana, ama de casa de 32 a�os, relata: ''A las ocho de la ma�ana se congregaron (los polic�as) alrededor de la casa (...) Entraron y destrozaron todo (...). La polic�a se llev� a mi esposo (...) Entraron al cuarto y mis hijos empezaron a gritar (...) La polic�a los vio, les apunt� con sus armas".

Seg�n la mam� de Indalecio, de 60 a�os, ''nos atacaron s�lo por ser de la familia de Nacho (Del Valle). Tengo una hija con su bebito; ah� est�bamos con ella; ya nom�s fue ella que les dijo 's�lganse porque aqu� hay puros ni�os'. Cuando vi ya estaban apuntando por las ventanas. �C�mo dice el gobierno que no traen armas?, c�mo no van a traer armas, s� las tra�an, golpearon a mis hijos. �Por qu� el helic�ptero rode�ndonos?, �qu� somos? No somos delincuentes, somos gente pac�fica".

El informe describe que al ser remitidas a Santiaguito, las personas detenidas ''fueron maltratadas y violados sus derechos''. Como cuenta Fernando, campesino de 24 a�os: "Nos bajaron del cami�n y al entrar al reclusorio nos siguieron golpeando. Nos hicieron pasar por una fila de polic�as que nos siguieron golpeando, nos daban con sus toletes. No nos dejan hacer llamadas (...) a nuestros familiares les niegan el paso, nos tienen a 15 en cada cuarto".

A los detenidos se les ''violaron sus derechos a un debido proceso legal: fueron incomunicados, no tuvieron acceso a sus abogados, no conocieron la acusaci�n hecha en su contra, declararon sin asistencialetrada y permanecieron en incertidumbre jur�dica".

FUENTE: La Jornada, 11 de mayo *******