Jamás nos imaginamos que al presentar el 7 de agosto de 2002 una queja por arbitrariedades y abuso de autoridad contra la entonces coordinadora de los CENDI adscritos al gobierno delegacional en Tláhuac, María del Refugio Bocanegra Salinas, terminaríamos por enfrentarnos a un tentáculo de la red de corrupción incrustada en el gobierno de la demarcación.

El caso afecta a Emiliana Martínez Miguel, mi esposa, a quien sin justificación alguna se le cambió de funciones de maestra titular de grupo a labores de intendencia, bajo la amenaza de ser despedida si no aceptaba y se le despojó de su trabajo.

La funcionaria señalada en la queja resultó ser comadre del ex jefe delegacional, Francisco Martínez Rojo, y su ex concubina, Rocío Mendoza, ex presidenta del DIF en Tláhuac y directora de Servicios Educativos, en el gobierno delegacional encabezado por Fátima Mena, la nueva compañera sentimental del ex funcionario, lo que le ha permitido quedar impune ante diversas irregularidades cometidas.

Aún cuando la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal dio instrucciones a Contraloría Interna para investigar el caso, descubrimos que la servidora pública tiene por lo menos dos denuncias similares archivadas tras una campaña de descrédito contra los denunciantes.

Se nos informó que el caso había sido ya discutido con la ex directora general de Desarrollo Social, Chantal Crespi, quien se negó a proceder contra Bocanegra Salinas.

Luego de que Fátima Mena asumió el gobierno delegacional, Bocanegra Salinas es "acompañante" de su comadre, designada como directora de Servicios Educativos, al mando de su hermana Patricia Mendoza, directora general de Desarrollo Social. La ex directora de los Cendis dejó "limpio" el archivo, según revelaron trabajadoras de esa área.

La única respuesta recibida fue una campaña de descrédito, con el consentimiento de Crespi, contra Martínez Miguel, que incluye el intento de que una psicóloga dictaminara que la maestra estaba incapacitada para trabajar con los niños, maniobra a la que si se prestó la directora del Cendi de Tláhuac, sobrina de la secretaria de Bocanegra Salinas. Otra sobrina de la secretaria es maestra en el mismo Cendi.

El silencio se impuso también en el jefe del gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, mientras que en represalia, el gobierno delegacional le despojó el 31 de diciembre del 2002 de su empleo a la denunciante, a quien le indicaron que si no hubiese presentado la denuncia hubiera conservado su trabajo.

Trabajadoras de los Cendi nos revelaron que cuando el nueva directora quiso proceder contra las irregularidades en la contratación de personal y sustracción de alimentos destinado a los niños, la nueva directora general, Patricia Mendoza, le indicó que no quería problemas, por lo menos hasta mayo, cuando termina su compromiso político con la jefe delegacional y que era necesario suspender cual medida al respecto.

El 31 de octubre del 2002, se nos notificó que los honorarios de octubre están retenidos hasta que presentemos nuestra renuncia. El 1 de octubre se había conminado a presentarla al asegurarme que el jefe delegacional "necesitaba mi plaza para cumplir un compromiso político".

La petición de renuncia también fue hecha luego de que rechazáramos trabajar en la imagen y la relación con los medios de la entonces candidata por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) apadrinada por el ex jefe delegacional, y como represalia por hacer públicas las irregularidades en los Cendis.

La denuncia fue presentada desde el 1 de noviembre del 2002 ante el jefe del gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, quien mantiene absoluto silencio, mientras que hemos recibo amenazas de que nos van a "chingar", que nos van a "tronar", que nos "van partir la madre". Lo que nos hace temer por la integridad física y moral de nuestra familia.

Desde enero del 2003, funcionarios delegacionales filtraron que se hacía necesario investigar la adquisición de diversos inmuebles escriturados a nombre de familiares de Martínez Rojo y su ex concubina, Rocío Mendoza. La contraloría ha guardado silencio.

Los inmuebles incluyen un hotel, una gasolinera, un rancho y un centro comercial en la ciudad de Pachuca, capital del estado de Hidalgo, así como un hotel en la ciudad de Texcoco, en el estado de México, y un edificio de departamentos en la colonia Tierra y Libertad. También se menciona gasolineras en Tláhuac.

Otras denuncias se refieren al pago de obras de mantenimiento pagadas y no ejecutadas por tres millones 479 mil 604 pesos, que benefician a las constructoras Omyusa S.A.de C.V. con un millón 910 mil 929 pesos, a Grupo Constructor Bonner S.A. de C. V: con 456 mil 218 pesos, a Beta Imagen, Ingeniería y Construcción S.A. de C.V. con 509 mil 581 pesos y a Grupo Constructor en Asociación Palif S.A. de C.V. con 602 mil 876 pesos.

Las facturas fueron autorizadas por el director general de Obras y Desarrollo Urbano, Guillermo Pena García, y destaca que en las de Palif fueron firmadas por José Peña Ramírez, como administrador único.

El equipo responsable de la supervisión de las obras en las escuelas a cargo de Jesús Valle fue de desintegrado y sus integrantes fueron trasladados a otras áreas.

En julio del 2003, la Contraloría General del Distrito Federal confirmó ante medios de comunicación que el 23 de diciembre del 2002, la demarcación de Tláhuac, gobernada por Martínez Rojo, otorgó el fallo a favor del grupo, contratos suscritos con fecha del 1 de enero del 200, con un plazo de ejecución del 15 de enero del 2003 al 15 de diciembre del 2005.

Los contratos se referían reencarpetado y conservación de la carpeta asfáltica, pero sin proceder a investigar a fondo la relación entre el jefe delegacional con Ahumada.

Los denunciantes destacaron que son muchas más las irregularidades que tienen que ser investigadas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ya que la Contraloría General del Distrito Federal se hace de "oídos sordos".

Es cada día es más evidente que tanta impunidad no sería posible sin el silencio cómplice de López Obrador y de Berta Lujan, contralora general del Gobierno de Distrito Federal, a quienes desde el 7 de agosto y 1 de noviembre se les denunció de manera escrita los hechos, sin que se conozca el inicio de investigación alguna. Otros datos se les hizo llegar por correo electrónico, con la misma respuesta: el silencio.

La reacción a las denuncias recibida fue despojarnos de nuestro trabajo, junto con más de 200 funcionarios de diversos niveles y formas de pago, despedidos o obligados a renunciar por negarse a apoyar a Mena, lo que en su momento también hecho de conocimiento de López Obrador, incluso por la dirigencia del PRD en Tláhuac.

También se nos fabricó en la Fiscalía para Servidores Públicos cargos penales por difamación y calumnia y uso indebido de recursos, los cuales fueron desmantelados ante el Ministerio Público, dictaminó al final el no ejercicio de acción penal.

La justificación que recibimos de dirigentes perredistas delegacionales y estatales y funcionarios delegacionales fue que si se actuaba ante las denuncias presentadas se desataría un escándalo que dañaría la imagen de López Obrador y sus aspiraciones a la presidencia.

En menos de un año, han sido designados tres contralores internos diferentes, lo que ha influido en la falta de continuidad en los procedimientos administrativos iniciados en ese mismo período.

Se entregó diversos documentos que respaldaron cada uno de los puntos señalados.

Además de investigar la administración de Tláhuac, Probidad pidió al jefe del gobierno del Distrito Federal disponer medidas de protección a los denunciantes.

Los intereses de "Rosario"

Hasta ese momento, pensábamos, de manera equivocada, que la lucha era sólo contra hechos cometidos en el gobierno delegacional, encabezado por Martínez Rojo, pero después descubriríamos que estábamos equivocado.

Dirigentes delegacionales del PRD revelaron desde el 27 de enero del 2003 que la presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, Rosario Robles, pidió por teléfono al ex presidente de ese partido en el Distrito Federal y aspirante a la jefatura delegacional en Iztapalapa, Víctor Hugo Cirigo, que le echara la mano para que Mena resultara ganadora en Tláhuac.

Las fuentes agregaron que se pactó que Círigo, tercero en la lista de preferencias en lztapalapa, ganará la encuesta en esa demarcación, a cambio de que Mena quedara en el primer lugar en Tláhuac, después de estar también en la tercera posición después de Juventino Rodríguez y Gilberto Ensástiga.

Por separado, periodistas locales de la delegación de Iztapalapa destacaron que Círigo había negociado la candidatura en esa demarcación a cambio de las candidatura en otras cuatro, entre ellas, Tláhuac.

Los dirigentes perredistas en Tláhuac también revelaron que Robles pidió a la ex directora general de Administración del gobierno local, Edith de Alba Martínez, que "le bajara" en las denuncias de corrupción contra el jefe delegacional acusado de utilizar los recursos públicos a favor de su compañera sentimental.

Según los denunciantes, las fricciones entre Martínez Rojo y de Alba Martínez se agudizaron después de que el director de Recursos Humanos, el médico veterinario, Juan Meneses, "brincó" a en ese entonces su jefa y comenzó a despachar de manera directa el manejo de la nómina, lo que le permitió al ex jefe delegacional manejar a su manera y antojo del personal.

Los denunciantes destacaron que otro de los puntos de la disputa entre el jefe delegacional y su directora general de Administración fue un intento de meterle "un gol" por medio del director de Adquisiciones, Sigifrido Apac, a quien por negarse se le pidió la renuncia.

Otras fuentes del PRD filtraron a la prensa local que días antes de la encuesta para determinar a los candidatos que serían impuestos, Martínez Rojo se entrevistó con René Bejerano, para proponerle un "acuerdo económico" a fin de que le garantizara que Mena quedara como candidata para dale continuidad a varios contratos multianuales, cuyo destino le preocupaban al entonces jefe delegacional.

Otros dirigentes delegacional que confirmaron la entrevista destacaron que entre las principales beneficiadas con los contratos multianuales son empresas del consorcio Grupo Quart, en el cual hay intereses económicos de la dirigente nacional del PRD, por pertenecer a quien es su compañero sentimental, Carlos Ahumada.

Según los dirigentes perredistas de Tláhuac, detrás de la imposición de Mena están los intereses de constructoras, en las cuales la dirigente nacional tiene vínculos por ser propiedad de su compañero sentimental, Carlos Ahumanda.

La actitud de Robles y la del jefe del gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, ha sido cuestionada con dureza por dirigentes delegacionales que consideran que uno de los principales factores de la crisis del PRD es la disputa entre los dirigentes nacionales por la candidatura a la presidencia de México.

Ambos dirigentes son acusados de encubrir y garantizarle impunidad al jefe delegacional.

Dirigentes perredista revelaron además que en los cinco últimos meses de la administración de Martínez Rojo, un grupo de contadores ingresaba de las 22:00 horas a las 05:00 horas del día siguiente para maquillar las cuentas del gobierno delegacional.

Compra de dirigentes de otros partidos

Uno de los aspectos que ponen evidencia la posibilidad de que se haya manejado de manera ilegal recursos para las elecciones en Tláhuac son las denuncias ciudadanas de que Martínez Rojo compró el silencio de dirigentes de varios partidos, entre ellos de Acción Nacional (PAN) y del Revolucionario Institucional (PRI).

Desde enero del 2003 circuló en medios políticos circuló la copia de un cheque de la cuenta particular de Martínez Rojo a nombre del entonces candidato del PAN a la jefatura delegacional y ex presidente de esa organización política en Tláhuac, José Luis Galicia Estrada.

El cheque 0100105 fue expedido el 3 de diciembre del 2002 de la cuenta No. 00453825280 del banco BBVA Bancomer por 10 mil pesos a nombre de José Luis Galicia Estrada.

En junio del 2003, el candidato a jefe delegacional por Fuerza Ciudadana, Julio Chirinos, denunció que el ex jefe delegacional en Tláhuac ofreció 300 mil pesos y dos direcciones generales a dirigentes de su partido a cambio de la declinación del aspirante de esa organización a favor de Mena.

Chirinos también denunció que Martínez Rojo financió la campaña de la ex candidata a diputada local, Mangolia Martínez.

Fuentes perredistas aseguraron que la incorporación como director general de Servicios Urbanos del ex candidato a jefe delegacional del PRI, Misael Morales, se debe a que el dirigente cumplió con diversos compromisos adquiridos con Martínez Rojo y Mena, como son no atacar en la campaña a la gestión delegacional y abstenerse de impugnar los resultados de julio del 2003.

Como los panistas sólo cumplieron el compromiso de abstener de impugnar los resultados electores, sólo les tocó la dirección de Fomento Económico, para Armando Calzada, y la jefatura del departamento de Turismo para la ex presidenta del PAN, Blanca Flores, y la Coordinación de los Cendis para Nancy Cruz Martínez.

Director de la agencia ciudadana de noticias NOTIDF