Al margen de la euforia que el gobierno del presidente Alvaro Arzú y la Comandancia General de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) le han impreso a la suscripción de los acuerdo de paz el pasado 29 de diciembre, muchas son las dudas y expectativas sin resolver en diversos sectores de Guatemala.
Un sentimiento de frustración por los resultados de las negociaciones entre funcionarios gubernamentales y líderes guerrilleros se generó tras la firma del acuerdo sobre la comisión de la verdad, instancia protocolaria sin incidencia alguna en la abolición de la impunidad que ha prevalecido en Guatemala. La fustración se incrementó al conocer el contenido del acuerdo ambiguo sobre la reinserción de la guerrilla a la vida civil que se concreto en una ley de amnistía encubierta, que por sus términos se presta a las mas diversas interpretaciones y convalida la impunidad.
En Guatemala se institucionalizó que sólo quienes tengan los recursos económicos para sufragar los costos del proceso tendrán acceso a los tribunales, parte de un sistema basado en la corrupción, para reclamar justicia.
Desde hace 17 años, ha sido ignorada, a pesar de reiteradas peticiones de organismos internacionales, la exigencia de justicia por el asesinato de nuestros padres, un dirigente sindical y su esposa, Rodolfo Ramírez y Andrea Rodríguez Muralles de Ramírez.
En las negociaciones entre el gobierno y la guerrilla se pasó por alto la necesidad de desclasificar todos los documentos de la inteligencia militar y cualquier otra institución que pudieran permitir esclarecer los 175 mil asesinatos y 75 mil desapariciones ejecutados por las fuerzas de seguridad en sus acciones contrainsurgentes.
Muchas son las justificaciones que los dirigentes de la URNG ha querido dar a las inquietudes de quienes consideramos que los comandantes cedieron en favor de las presiones internacionales y de sus intereses particulares políticos y económicos en detrimento de las más sensibles reivindicaciones de las víctimas de las acciones contrainsurgentes del ejército.
Pablo Monsanto, de la comandancia de la URNG, argumentó en la última ronda de conversaciones en México que los términos de la amnistía aprobada por los diputados unos días antes de la suscripción de los acuerdos es responsabilidad excluiva del congreso y del gobierno de Guatemala, ya que la posición de la insurgencia estaba ya definida en el acuerdo firmado en Madrid, donde se establece que la reinserción se refiere sólo a los combatientes.
Las declaraciones de Monsanto sólo pueden considerarse como una salida al estilo Poncio Pilatos, ya que sí es responsabilidad de la URNG la forma en que se concreten los acuerdos.
Considerar valida la posición de la URNG respecto a evadir responsabilidad de los términos en que se cumplan los compromisos pone en entre dicho la capacidad de la guerrilla a adjudicarse, como lo hizo, el derecho a ser un interlocutor de la sociedad guatemalteca.
La situación nos demuestra que los diversos sectores guatemaltecos deben buscar sus propias alternativas para hacer valer sus reivindicaciones. ¿Qué valor tienen los compromisos adquiridos, si las partes se deslindan de su responsabilidad de cumplirlos o hacerlos cumplir?
Es innegable que los documentos suscritos, aun con sus deficiencias, vacíos y ambiguedades, establecen cambios políticos e históricos para la sociedad guatemalteca, pero serán sueños guajiros si se quedan sin concretarse en la práctica. Es condenable que los antes adversarios se unan hoy para enfrentar a los críticos al sacralizar los intereses de la "paz" por sobre el derecho de las víctimas a la justicia. Ambos parecen retomar los discursos de funcionarios y militares enalteciendo las masacres y asesinatos políticos en aras de la defensa de la soberanía ante "los intereses extranjeros y la seguridad nacional".
La URNG, aunque no lo quiera, deberá pagar el costo político por los términos en los que firmó los documentos y de la falta de concreción de sus compromisos. 
* Periodista guatemalteco