LA CRISIS DE JUSTICIA ES MÁS QUE FALTA DE RECURSOS
La crisis del sistema judicial en Guatemala va más allá de la falta de recursos para su modernización e incluye un cambio radical en el funcionamiento de los tribunales y garantías de cumplimiento de la ley y romper el poder que aún tiene las fuerzas armadas.
Uno de los aspectos más sensibles de la impartición de la justicia en el país centroamericano es la falta de credibilidad, lo cual quedó en evidencia con el asesinato de un testigo de cargo contra agentes de la policía nacional implicados en la muerte de varias personas.
El coordinador de la Comisión para el esclarecimiento histórico, resultado de los acuerdos de paz de diciembre pasado, Christian Tomuschat, reveló que la población se abstiene de declarar por temor a represalias.
Otro de los factores que motiva a los guatemaltecos a hacer caso omiso de la comisión es falta de credibilidad en la inoperancia de la instancia internacional, ya que según declaró Tomuschat, "nosotros (la comisión) no vamos a sacar verdades que el público no conoce".
¿Qué sentido tiene, entonces, arriesgarse si al final de cuenta la verdad va a continuar oculta y sus resultados carecerán de significado jurídico?
Lo más significativo es que quienes establecieron la comisión, el ejército y la guerrilla, se niegan a colaborar en las investigaciones a pesar de las promesas de hacerlo.
El experto destacó que "las dos partes no han proporcionado toda la información, y estamos esperando que la envíen porque está atrasada. Esta es la base de nuestro trabajo, porque servirá para confirmar nuestras investigaciones, y sin esto, nuestro informe sería más débil."
A un año de la firma de la paz son muy escasos y opacos los resultados de los acuerdos, que se reflejan en el alto índice de criminalidad, la indefensión de los guatemaltecos ante los delincuentes, el alto coste de la vida, el desempleo, el incremento a las tarifas de los servicios públicos.
Está en entredicho la actitud de las partes firmantes respecto al cumplimiento de los acuerdos, en especial en lo que respecta la desaparición del ex guerrillero "Mincho" como una parte de la reestructuración de la justicia, sin que ni el gobierno o la ex dirigencia guerrillera puedan explicar el caso, como si hubiese una oculta confabulación entre los enemigos de otrora.
El analista Eduardo Villatoro destacó este lunes que "los misteriosos silencios y contradicciones gubernamentales y de la ex insurgencia en el caso, presuponen una secreta alianza estratégica que cobra mayores relieves con la sospechosa discreción de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca ante las políticas privatizadoras y antipopulares del gobierno, que, en otras épocas, merecerían, por lo menos, declaraciones públicas de rechazo".
La reestructuración del organismo judicial de Guatemala requiere de mucha voluntad política y muchos pasos concretos, que van mas allá de la creación de más juzgados y mejoras salariales a los administradores de los tribunales.
La prensa guatemalteca aboga por el incremento del presupuesto estatal para reformar el sistema judicial del país centroamericano, cuya critica situación fue revelada por una comisión especial.
El diario guatemalteco Siglo XXI destaco que "la reforma del sistema de justicia exige realismo y sentido de responsabilidad" y cuestiono la reducción de la asignación a los tribunales prevista para 1998.
El informe de la Comisión para la Modernización del Sistema Judicial reveló que se contratan jueces sin que previamente sean sometidos a exámenes de aptitud y con deficiente formación profesional, lo que los hace vulnerables a presiones de quienes desean que se resuelva según sus intereses.
Al preguntar cuál seria la justificación de la medida, el periódico considero inaceptable que se pretenda |hacer depender el sistema de justicia de las donaciones de otros países, "fundamentalmente por dignidad y porque la administración de justicia es la obligación más fundamental y primaria del Estado" guatemalteco.
Siglo XXI planteo la necesidad de reasignar los pocos recursos disponibles para asignar al organismo judicial guatemalteco y propuso reprogramar los fondos del Instituto Guatemalteco de Turismo, del Instituto de Energía Nuclear o la propaganda gubernamental, cuyos fines resultan "frívolos.
Desde Madrid, el vocero de la organización Alianza contra la Impunidad, en Guatemala, Miguel Angel Alvizures, pidió el miércoles la solidaridad internacional para que se presione al gobierno del presidente Alvaro Arzú y se ponga fin a la impunidad y a la ausencia de justicia en su país.
Alvizures citó a varios hechos que, a su criterio, contradicen los objetivos de los acuerdos y que impiden se pueda construir un estado de Derecho, porque en Guatemala hay una ausencia total de justicia, un mal funcionamiento de los juzgados, de los jueces y de los magistrados.
El electo presidente de la Corte Suprema de Guatemala, Angel Alfredo Figueroa, explicó que tres mil cien trabajadores de tribunales deben atender una población de 10 millones de habitantes.
Varios secretarios, notificadores, oficiales y auxiliares de los jueces ocupan cargos para los cuales no tienen el mínimo conocimiento. Son improvisados, acomodados y sin avance en sus estudios, revela el diagnóstico de la comisión.
El sistema judicial guatemalteco cuenta con 61 jueces de cortes de apelaciones, 170 jueces de primera instancia, 253 de paz penal y dos mil 603 auxiliares de justicia para atender a un total de 10 millones de habitantes.
La situación se agudiza en el interior de la república, donde se nombran jueces desconocen el idioma de los pobladores y las resoluciones son al margen de la declaración de los testigos.
El sistema de justicia en el país nació y creció pero envejeció al quedar estancado. Tenemos un organismo judicial enfermo, pero la Comisión de Modernización procura darle el remedio, afirmó.
El 88 por ciento de los guatemaltecos demostraron descontento y desconfianza en el sistema judicial de su país y de cada cuatro entrevistados, tres opinaron que la administración es grave.
"Que quiten a todos los jueces que ya tienen años de estar allí para que se termine la corrupción", "a los indígenas no nos tratan bien porque no entienden nuestro idioma", "la justicia debe privatizarse", "si no hay cambio se desalienta la inversión extranjera", son sólo algunas de las quejas de la población.
Entre las propuestas de la comisión están la creación de 130 juzgados de paz, 38 tribunales de primera instancia, 9 de segunda instancia, 44 de niñez y juventud, la construcción de 211 edificios para juzgados de paz y de nueve centros de administración de justicia, con una inversión mínima de 150 millones de dólares.
El plan que deberá concretarse antes del año 2002 también considera la creación de ocho oficinas regionales de la Supervisión General de Tribunales e igual número de Auditoría y la instalación de la Oficina de Intérpretes, capacitación del personal y dotación de vehículos en la provincia.
Incorporar en el servicio el respeto a la identidad étnica e incrementar la cobertura de los servicios, crear programa de detección técnica de corrupción, impulsar oralidad en procesos y evitar trámites engorrosos y depurar funcionarios y empleados corruptos, son otras de las propuestas. 
* Periodista guatemalteco
