Guatemala
UNA CONDENA TARDÍA
La comunidad internacional condenó y pidió, en forma tardía, el esclarecimiento del asesinato del coordinador general de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, Juan Gerardi. El director de la Misión de Naciones Unidas para Guatemala, el francés Jean Arnault, advirtió que el hecho representa un duro golpe para el proceso de paz y reconciliación del país.
Gerardi presentó la última semana de abril el informe "Proyecto Interdiocesano de Recuperación de la Memoria Histórica. Guatemala: Nunca Más" (Remhi), basado en una investigación realizada entre 1995 y 1998.
El informe involucra o responsabiliza al ejército en la mayoría de los crímenes cometidos en Guatemala en los 36 años de guerra interna que culminaron con la firma de los acuerdos de paz el 29 de diciembre de 1996.
Gerardi fue asesinado con saña en el interior de su iglesia, que se ubica apenas a unas tres cuadras de la Casa Presidencial y del Palacio Nacional, zona de con fuertes medidas de seguridad.
Días antes, la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas dio por cerrado el caso de Guatemala y lo eliminó de la lista de países con altos índices de violación de los derechos humanos, a pesar de las advertencias de los grupos humanitarios de que era prematuro tomar esa decisión.
Pesaron más lo intereses políticos de los estados latinoamericanos que han pactado evitar en bloque cualquier sanción o critica a los derechos humanos en sus países, partiendo de que al hacerse de la vista gorda evitarán mutuas inculpaciones sobre el tema y se cubrirán unos a otros la espalda.
El asesinato del obispo pone en evidencia que las autoridades están muy lejos del desmantelamiento de la estructura clandestina de represión creada por los regímenes militares.
Las condolencias del secretario general de la Organización de Naciones Unidas, del gobierno estadunidense y del costarricense, llegan tarde ya que avalaron la posición de la administración del presidente Álvaro Arzú, que vendió la idea de que la situación cambió de manera automática con la simple firma de los acuerdos de paz con la ex dirigencia guerrillera.
Un conflicto tan complejo y de raíces tan profundas como el guatemalteco no termina por arte de magia; al contrario, es un proceso lento y difícil que en momentos se exacerba. Tras la firma de los acuerdos de paz, en queda o se pretende desterrar las formas violentas de lucha, pero no se renuncia a defender sus derechos.
Las circunstancias evidencian que el asesinato no es producto de la delincuencia común y que tiene un trasfondo político, vinculado a los órganos de represión del Estado guatemalteco.
Gerardi, quien ejerció su sacerdocio en el norteño departamento del Quiche, el más afectado por el conflicto armado interno, debió salir de esa región ante una escalada de represión militar del gobierno del general Romeo Lucas García (1978-82).
El informe forense establece que el obispo murió a consecuencia de una fractura de cráneo de cuarto grado, causado por un bloque de cemento que le destruyó los huesos del rostro y lo dejo irreconocible, a tres cuadras de la sede del gobierno guatemalteco y la residencia presidencial. Geraldi fue golpeado en no menos de 11 ocasiones en el rostro y las manos.
Al menos cuatro hombres participaron en el asesinato del obispo guatemalteco, a quien esperaron varias horas frente a su residencia parroquial.
El asesinato pretende intimidar a las víctimas que dieron su testimonio a los investigadores del arzobispado guatemalteco y a quienes pretendemos que los crímenes de lesa humanidad cometidos por el ejército no queden impunes.
Hace 18 años, el 15 de abril de 1980, un comando del ejército guatemalteco asesinó a nuestros padres, el dirigente sindical Rodolfo Ramírez y su esposa, Andrea Rodríguez, sin que las autoridades guatemaltecas hayan hecho ni el menor esfuerzo por esclarecer el hecho y castigar a los responsables, a pesar de los pedidos de justicia hechos a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otros organismos nacionales e internacionales.
Hoy sus nueve hijos, sobrevivientes del exterminio denunciado por Gerardi, al igual que miles de guatemaltecos que permanecemos en el exilio, nos estremece pensar que de haber creído en la propaganda oficial, pudiéramos haber sido quienes estuviéramos en lugar del obispo.
Nos estremece más, cuando hace unos días uno de nuestro hermanos estuvo a punto de ser deportado hacia Guatemala por las autoridades suecas, al argumentar que en el país centroamericano ya había cambiado la situación y no existían razones para no regresar a nuestra patria.
Nos estremece pensar que al pisar las calles de Guatemala, en ellas también circulan sin preocupación alguna los asesinos de nuestros padres, primos y amigos. Y nos aterra pensar que con la impunidad que les garantiza el Estado guatemalteco, puedan tomar acciones contra nosotros, por atrevernos a pedir justicia.
Y nuestro caso dista mucho de ser único. Pues la impunidad es general aun en Guatemala; una burda manipulación de pruebas y el proceso judicial pretende desviar el juicio contra militares que asesinaron en octubre de 1996 a 11 guatemaltecos que habían retornado de México, a donde se habían refugiado para salvar sus vidas de las operaciones contrainsurgentes del ejercito de su país.
La comunidad internacional debe ir más allá de declaraciones protocolarias, pues de lo contrario será corresponsable de las acciones contra quienes claman justicia, la cual aun está lejana en Guatemala.
No podemos olvidar que Estados Unidos, Israel, Taiwán y Argentina, están entre los principales gobiernos que financiaron y asesoraron al ejército guatemalteco y a las otras fuerzas de seguridad, en su accionar contrainsurgente, que incluyen la desaparición, tortura y asesinato de quienes se atrevieron a divergir de quienes han gobernado Guatemala. Hoy esos gobiernos están entre los principales promotores por eliminar al Estado Guatemalteco de las listas de violadores de los derechos humanos. 
* Periodista guatemalteco
