Esta semana, los legisladores mexicanos iniciaron la discusión del proyecto sobre derechos y cultura indígenas elaborado por la Comisión de Concordia y Pacificación, y dias antes el gobierno dio a conocer el desmantelamiento de los 53 retenes militares instalados en la zona de conflicto en Chiapas.

Ambas medidas, prometidas por el presidente Vicente Fox, han generado en algunos sectores una euforia triunfalista al considerar que la firma de la paz en Chiapas está a un paso.  Sin embargo, a pesar del compromiso de Fox de poner fin a siete años de rebelión indígena en el sur del país, el problema es más complicado de lo que él o sus colaboradores admiten.

El envío por si mismo de la ley al congreso no asegura su aprobación sin cambios sustanciales, además de que la urgencia de la Cocopa por acelerar la discusión bicameral contrasta con las posiciones de indiferencia asumida por las bancadas de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN).

Incluso, sectores del PAN encabezados por Diego Fernández no descartan promover reformas al proyecto de la Cocopa y rescatar su propuesta partidistga sobre el tema, lo que podría generar el peligro de que la ley que fuera aprobada difiriera con la propuesta inicial y provocara un rechazo de los zapatistas.

¿Está la posibilidad incluida en la estrategia gubernamental?  Fernández de Cevallos aclaró que el Congreso no se dejará presionar, ni dará pase automático a toda iniciativa proveniente del presidente, como sucedía en el pasado.  “A nosotros no nos va a importar lo que se diga de nosotros, nos va a importar lo que marque nuestra conciencia.

De esa manera estamos tranquilos para aceptar aquello que nos parezca legal y justo, y rechazar lo que nos parezca mal, aunque venga del Presidente de la República la propuesta o lo que sea'', advirtió.

Críticos a la propuesta enviada por Foz  argumentan que la autonomía de los pueblos indígenas con relación a las leyes nacionales crearía agudizaría los cientos conflictos vinculados a la tenencia de la tierra, el agua y el poder.

La posición es refutada por el comisionado para la paz en Chiapas, Luis Alvarez, al asegurar que la ley ''no contiene ninguna inconstitucionalidad'', porque reconoce la autonomía de los pueblos indígenas, les garantiza acceso a las instancias de representación política, recursos materiales, defensa jurídica, educación y protección de derechos compatibles con sus usos y costumbres.

Fox mismo advirtió que la propuesta de la Cocopa debe analizarse a la luz del principio de la unidad nacional reiterado en los acuerdos de San Andrés.  La aprobación de la propuesta de Cocopa es una de las condiciones de los zapatistas para la reanudación de las conversaciones de paz suspendidas desde septiembre de 1996, luego de que el gobierno de Ernesto Zedillo se retracto del cumplimiento de los compromisos adquiridos con el grupo rebelde.

Además, el simbólico retiro de los retenes del ejército mexicano pareciera ser un buen augurio, pero debe ser seguido de una real desmilitarización del estado y el desmantelamiento de los grupos paramilitares vinculadas al PRI, que por cierto es otra de las condiciones zapatistas.

Es preocupante que vecinos del lugar aseguren que ninguna guarnición del ejército en la región de las cañadas fue levantada.  A pesar de la supuesta desaparición de los puestos de control en algunos lugares y la suspensión de las acciones de vigilancia en las comunidades, soldados siguen visitando los sitios como es su costumbre.

En la comunidad de Cuxulja, la tentación ha sido tanta que los soldados continúan con la detención y el interrogatorio de las personas, aún después de haberse ordenado el levantamiento de los puestos de control.

Los cuarteles militares en Gudalupe Tepeyac siguen intactos y calles, oficinas, supermercados, gimnasios, bodegas y una población de varios cientos de soldados que siguen sin moverse, dejan en claro que la desmilitarización de la zona, si la de haber, no ha comenzado, por el contrario se evidencia una mayor concentración de efectivos.

Los zapatistas condicionan la reanudación de las negociaciones al cumplimiento de acuerdos sobre derechos indígenas firmados en 1996; la liberación de todos los zapatistas o simpatizantes presos, y la desmilitarización de los llamados ''territorios zapatistas''.

El alzamiento zapatista impuso la problemática indígena como uno de los principales puntos de la agenda nacional, pero su finalización no significa necesariamente la solución a esa problemática.

El nuevo gobierno ha prometido trabajar para lograr la incorporación de los pueblos indígenas al desarrollo social del país, y la política que buscará esa integración estará a cargo de las dos veces denominada “empresaria del año”, Xóchitl Gálvez.

Entre las propuestas de Gálvez está la creación de un consejo nacional para el desarrollo de los pueblos indígenas, que deberá garantizar la representación y la participación de las comunidades indígenas en la toma de decisiones estratégicas.

Antes de ser designada como parte del gabinete de “desarrollo humano”, Gálvez trabajó en los últimos cinco años en las comunidades indígenas en acciones para abatir la desnutrición, un trabajo comunitario y la interculturalidad.

En otras palabras, la solución a una realidad caracterizada por una analfabetismo del 44.17 por ciento, frente a un promedio nacional del 10.46 ciento, estará en manos de una empresaria salida de las filas del altruismo mexicano acostumbrado a pretender darle una salida asistencia a la problemática de 62 pueblos indígenas.

¿Será a caso que con despensas se pretenderá abatir el 53.5 por ciento de desnutrición, frente a una media nacional del 36.5 por ciento?  ¿Se podrá dar una salida asistencial a más del 50 por ciento de las viviendas en regiones indígenas carecen de electricidad, el 68 por ciento no tienen agua entubada, el 90 por ciento tampoco tiene drenaje y el 76 por ciento tiene piso de tierra?

Se supone que uno de los compromisos adquiridos por el gobierno de Foz es terminar con el paternalismo, “establecer las bases de un Estado facilitador de oportunidades” para así “erradicar” la pobreza y la ignorancia y la racionalidad en el uso de los recursos administrados por el Estado.

Poco antes de tomar posesión, Fox aseguró que la nueva relación con los pueblos indígenas deberá partir de reconocer su derecho a ser diferentes, a tener sus propias reglas de convivencia y de gobierno.

Una de las inquietudes que surge es si acaso el considerar a los pueblos indígenas como “especiales” no es una forma encubierta de fomentar el segregacionismo al partir de “pobrecitos, necesitan ayuda”, en lugar de impulsar un trato de iguales.

Las aspiraciones de los ellos son en principio las mismas que las de millones de mexicanos que comparten las condiciones de pobreza y marginación, las cuales no necesariamente se resuelven con legislaciones especiales que nunca se apliquen.

Qué tan necesario es establecer un consejo especial para dotar de servicio de agua potable, drenaje o energía eléctrica, para construir carreteras, fuentes de empleo que les proporcionen salarios dignos.

Según Gálvez, las metas más importantes de su oficina  son mejorar la calidad de vida de los indígenas y poner en marcha campañas sanitarias para evitar muertes por infecciones intestinales, en vías respiratorias y de desnutrición.

Los pueblos indígenas tienen derechos no por concesión de las autoridades sino porque les son inherentes a su calidad de seres humanos y no se trata de otorgarlos sino de reconocerlos.

* Coeditor de la revista Veneno
Suplemento dominical Contexto, del diario Milenio, 10/12/2000