Por:
Franz Flórez
Antropólogo
Noviembre 10 de 2003

*Ponencia Presentada en el Simposio “Arqueólog@s y Arqueología en Colombia”, X Congreso de Antropología en Colombia, Manizales, Septiembre del 2003. Se publica con autorización del Autor.

Durante el Simposio “Arqueólog@s y Arqueología en Colombia”, realizado en Manizales a instancias del X Congreso de Antropología en Colombia (Septiembre 2003), se planteó la necesidad de desprofesionalizar el pregrado en antropología para arqueólogos/as. Esto con el fin de que los y las investigadores/as encargados de producir “conocimiento arqueológico” salgan mejor calificados, para lo cual resultaría insuficiente el pregrado y resulta necesario el posgrado (Maestría y, de ser posible, Doctorado). 

En el mismo evento se dio a conocer una encuesta de la Sociedad Colombiana de Arqueología, respondida por 30 profesionales (de unos 100 en ejercicio y otros 200 que ejercen esporádicamente). En uno de sus puntos se preguntaba por la identidad profesional y la respuesta dada por la mayoría fue que, en el país, para ser arqueólogo/a no se toma en cuenta el título de posgrado en arqueología, sino el tener uno de pregrado en antropología y experiencia laboral. 

A esto se suma el que algunos meses antes fue declarado desierta la Convocatoria de investigación arqueológica Luis Duque Gómez del año 2003, realizada por la Fundación de Investigaciones Arqueológicas Nacionales, que fue dirigida por el mismo Luis Duque durante tres décadas (1971-2000). El monto de $ 100´000.000 no fue adjudicado a “raíz de las marcadas deficiencias observadas en las propuestas”, en cuanto a que mostraron “falta de coherencia entre la orientación conceptual, la definición de hipótesis, la formulación metodológica y la delimitación de la variedad de análisis posibles de realizar en el marco de cada proyecto”. Esto indicaba para el jurado (compuesto por una pareja de graduados en antropología con posgrado en arqueología y una extranjera con posgrado, egresados los tres del mismo posgrado en la Universidad de Pittsburgh), en forma “evidente” que en la mayoría de las propuestas se desconocían “algunos de los componentes fundamentales de los procesos de investigación científica”.

 De estos tres hechos surgen algunos interrogantes puntuales: ¿el título de posgrado garantiza a quien presente un proyecto al tipo de convocatorias mencionadas (ínfimas en el contexto local) que podrá conocer y aplicar “los componentes fundamentales de los procesos de investigación científica”? Si ese es el caso, ¿quienes han ejercido la profesión sin contar con el título de posgrado, no han producido conocimiento arqueológico “científico”? ¿Dónde quedan los calificativos de trabajos de pre/grado “meritorios” y “laureados” que otorgaban universidades como la Nacional de Colombia a los egresados? ¿Cómo se puede saber si el conocimiento producido en un trabajo de maestría en arqueología no tiene el nivel de lo que era un trabajo de pregrado? Y finalmente, ¿debemos descartar los proyectos y/o los resultados de proyectos realizados por profesionales que no cuentan con títulos de posgrado?

 A mi modo de ver, desde mi interesada posición de “profesional universitario grado 13” (antropólogo con dos años de experiencia después del grado según reglas institucionales del Estado), debo decir que cualquier respuesta tendería a ser maniquea, porque las preguntas en sí mismas lo son.

 Por principio, utilicé deliberadamente la noción de “título” y no de “estar calificado para”, que son equivalentes pero no intercambiables. El título no se refiere necesariamente a la capacidad de alguien para resolver (o poder formular) un problema, en este caso, de tipo “científico”. De lo que habla es de unas relaciones de poder y unas realidades construidas institucionalmente y que se legitiman a través de tal tipo de indicadores. La capacidad para manejar o estar al corriente de “algunos de los componentes fundamentales de los procesos de investigación científica (en arqueología)”, no depende del reconocimiento de una institución materializado en un título de pregrado o posgrado. Pero la institucionalización de una manera de practicar la arqueología, hace que la identidad de un sujeto dependa de su reconocimiento universitario, de posgrado para el caso de la presente discusión.

 La institucionalización de la práctica arqueológica en Colombia a partir de la los/as egresados/as del Instituto Etnológico Nacional en la década de 1940, fue marcadamente “nacionalista”, no sólo por estar vinculada a un proyecto político de reivindicar las “raíces indígenas” ante proyectos de nación construidos sobre su negación y estigmatización, sino porque eran escasos los hallazgos o huellas locales que interesaban a la academia mundial: “urbanismo” precolombino en la Sierra Nevada de Santa Marta, estatuas y templetes en el Alto Magdalena, e hipógeos en el Macizo Colombiano. Todas estas eran huellas de “civilizaciones” en pequeña escala, que se perdían en el Área Intermedia, ubicada precisamente entre las áreas en donde estuvieron las “civilizaciones” Azteca, Maya e Inca.

 Sin embargo, era imposible que hubiera “investigación nacional” a nivel sintáctico en tanto el primer término excluye al segundo. Era a nivel pragmático que la formulación de ciertas preguntas (difusionistas, histórico-culturales) tomaba un acento local (el primer colombiano, la cerámica más antigua, los contactos entre culturas distantes), pero la manera en que eran contestadas requería de criterios universales.

 Esas preguntas comenzaron a ser replanteadas en la década de 1960, por investigadores como Gerardo Rechel-Dolmatoff que estaba al corriente de las investigaciones neoevolucionistas y ecológico culturales surgidas en contrapeso al difusionismo y el histórico-culturalismo. Esto se tradujo en su interpretación de la “prehistoria nacional” que se mantendría hasta comienzos de la década de 1990, cuando el neoevolucionismo procesual se comenzó a consolidar a nivel institucional (guiones de museos, proyectos de posgrado que vinculaban estudiantes de pregrado, textos de educación oficiales y convocatorias de becas de investigación).

 A riesgo de tergiversar, creo que la hegemonía (inconsciente) de este tipo de orientación se puede ejemplificar en los “temas” sugeridos por la FIAN para hacer propuestas de investigación en la Convocatoria ya citada. Estos eran: “Origen y desarrollo de las organizaciones socio-políticas complejas”, “Medio ambiente, producción económica y complejidad social”, “Organización social, desarrollo de tecnologías y cambio socio-cultural”, “Cultura material, sociedad e ideología” y “Etnicidad e interacción social”.

Dentro de esta pluralidad se puede observar que los tres primeros temas sugeridos tenían en común una versión estándar de evolucionismo amparada bajo los rótulos de cambio y complejidad. Al descalificar a los proponentes, los jurados legitimaron en parte sus propios proyectos de políticas de investigación y definieron una estrategia de organización de la investigación con respecto al Estado (pues la FIAN depende directamente del Banco de la República).

 Y entonces uno se podría preguntar si esos jurados y sus homólogos evaluadores que han rechazado proyectos desde la FIAN por desconocer “los componentes fundamentales de los procesos de investigación científica”, son en sí mismos miembros de esa élite intelectual cosmopolita a la que supuestamente vamos a pertenecer de llegar a adoptar el modelo “internacional” (estadounidense) de formación docente orientada a la investigación. ¿Son interlocutores frecuentes de la academia noratlántica? ¿Su opinión es requerida cuando se trata de hacer un reader sobre archaeological theory o un debate en Current Anthropology? ¿Sus artículos son incluidos en esos reader como muestras o ejemplos de la puesta en práctica y evaluación de la teoría arqueológica de punta? ¿Son profesores/as invitados/as a dictar conferencias sobre sus respectivos proyectos de investigación? ¿Dirigen trabajos de posgrado de estudiantes estadounidenses, canadienses, ingleses?

 En ciertos casos, es posible que estos académicos con posgrado que se autoreconocen institucionalmente como arqueólogos, habida cuenta de que han puesto como condición para ese reconocimiento el detentar el título de posgrado que ahora ostentan; conozcan mejor al gremio y la academia noratlántica que la local, pero no son académicos del “deber ser” allá sino del “deber ser” en el acá. No son referentes de la academia “global” (anglo parlante) sino planetas que reflejan la luz que emanan los autores que fueron sus profesores.

 En cierta forma, se trata del liberalismo económico cosmopolita traducido a términos académicos. Se trataría, con los posgrados y la adopción como propias de preguntas de investigación surgidas y debatidas en el primer mundo, de abrir la academia “nacional” a esas influencias que disocian ese sentimiento de una arqueología “nacional”.

 Esa apertura unilateral está en sintonía con la debilidad de la “tradición arqueológica local”, en relación con la academia-mundo. A nivel local no hay instituciones que promuevan la innovación, encaminada a garantizar que los programas de pregrado (en antropología) y posgrado en arqueología aumenten el capital intelectual, que tome en cuenta la pluralidad de intereses y la participación del gremio.

 Esto se refleja en los “grupos de investigación en arqueología” que trata de localizar Colciencias a nivel nacional y brillan por su irregular existencia. ¿Dónde están los grupos de investigación en arqueología consolidados de las universidades públicas y privadas? ¿Dónde están los proyectos a mediano y largo plazo que avalan la existencia de esos grupos y no de aventuras individuales? ¿Dónde están las publicaciones, reseñas, debates textuales y orales en foros y seminarios que muestran la vitalidad y recepción crítica de los resultados de esas investigaciones?

 El caso de la Convocatoria de la FIAN muestra cómo se trata de que haya criterios más objetivos para apoyar la investigación arqueológica a nivel local. Porque mientras su director fue Luis Duque, existía una forma institucional relativamente paternalista en la manera de apoyar ciertas investigaciones.

 Se pretende que un jurado con posgrados sea más objetivo, como si se pudiera hacer abstracción de las agendas de investigación personales y las prevenciones personales (o palmario desconocimiento) hacia la variedad de agendas de investigación de individualidades que eventualmente jalonan esos grupos de investigación. 

Vivir en una academia arqueológica relativamente autocomplaciente y que producía para sí misma, llevó en buena medida a que usáramos con “éxito” los conceptos avalados por ciertas corrientes como más científicos o críticos de los anteriores (cacicazgos por sociedades complejas, cazadores por foragers, analogías de metates y artefactos de piedra para hablar de subistencia se cambia por el catchment analysis). Pero la adopción de “temas de investigación” que están de moda en la academia noratlántica, sin que eso incluya la participación bilateral en publicaciones, el intercambio de estudiantes y profesores, las becas para posgrado (en Colombia), el mercado académico universitario de docentes, es hacer abstracción de las condiciones laborales, académicas y sociales propias del contexto local. 

Por otra parte, es por lo menos discutible que se asocie la profundidad de la investigación con un tipo de investigación (neoevolucionista, histórico-cultural) cuyos fundamentos conceptuales se dan por sentados a partir de cierto canon de autores (Binford, Flannery, Drennan, Service, Reichel-Dolmatoff, Trigger).

 Hace unas dos décadas llegaba a México, el arqueólogo británico Ian Hodder a explicar a los arqueólogos de la academia manita que la hermenéutica jugaba un papel clave en el replanteamiento de los supuestos conceptuales de la arqueología procesual impulsada por Lewis Binford en la década de 1960, y con menos optimismo en la década de 1970. Para comienzos de la década de 1980 estaba en pleno auge la “arqueología marxista” o “arqueología social latinoamericana” (alias con el que era reconocida “en sociedad”), y quienes cultivaban ese enfoque también venían cuestionando los supuestos del procesualismo de Binford. Algunos asistentes a una de las conferencias de Hodder (como Manuel Gándara y Luis Bate) le indagaron si estaba retomando planteamientos de Hans-Georg Gadamer sobre las condiciones de posibilidad de todo proceso de comprensión, adaptados de la fenomenología de Husserl y Heiddeger y la hermenéutica clásica de Dilthey. Y el futuro faro del postprocesualismo arqueológico señaló que no conocía la obra del alemán. El británico iba a llevar la luz a tierra de infieles y era colgado de un farol con todo y sus títulos de posgrado.

 Más recientemente, el “relativismo” epistemológico ha ido de la mano con el “empoderamiento” de los conocimientos sobre el pasado no procesuales que han sido revalorados. Pero eso ya era un problema en la década de 1970 en la llamada “antropología del debate” y la “antropología marxista”. Se trataba de ver el contexto en el que había “temas” de estudio antropológico que aparecían como desconectados de variables económicas y políticas internacionales. La falta de memoria institucional es una de las condiciones para la aparición de novedades arropadas de pirotecnia verbal formal. Amén de que el cuestionamiento de las “relaciones de poder” inherentes al ejercicio “científico” de la disciplina arqueológica, fue algo que pasó totalmente desapercibido en el simposio que motivó este escrito. El “poscolonialismo arqueológico” supondría deslegitimar precisamente el afán por afianzar la verdad arqueológica en títulos de posgrado. Pero llegar a eso supondría tomar en serio este romanticismo primermundista que vino a renegar de una ilustración arqueológica frágil y dependiente.

 En resumen, veo con prevención la “sentida necesidad” de algunos arqueólogos y arqueólogas por crear, ahora sí, sujetos investigadores merced al paso por una universidad dos años más y el aplazamiento del rito del trabajo de grado. Por supuesto que el sistema actual tiene problemas protuberantes. Se llega al trabajo de grado sin tener claro cómo se plantea un problema arqueológico a partir de Claude Lévi-Strauss, Emile Durkhem, Victor Turner, Clifford Geertz, Marvin Harris, Pierre Bourdieu, Michel Foucault. Se conoce en forma parcial el acumulado de experiencia y debates del gremio nacional y latinoamericano de las últimas tres o cuatro décadas. Pero en dos o tres años más esa claridad meridiana no se va a tener, y la experiencia de campo y laboratorio no se va a conseguir en macroproyectos de universidades extrajeras, sino en proyectos de rescate que duran un par de semanas o a lo sumo algunos meses.

 Sin embargo, a mi modo de ver, el problema de fondo es que los precarios y contados avances en el conocimiento arqueológico que se lograron sin tener el peaje de los posgrados, dependieron de proyectos de vida dedicados u obsesionados con un problema en particular: desde el “hombre temprano” de G. Correal, hasta la “arqueología histórica” de M. Therrien, pasando por los “chamanes jaguares” de H. Llanos, la secuencia Ilama-Yotoco/Malagana-Sonso de los “procalimas” (W. Bray, L. Herrera, M. Cardale), la cultura/fase/cacicazgo “Tumaco” de D. Patiño, las “culturas” de la suela plana del Valle del Cauca de C. A. Rodríguez, o los antrosoles del Bajo San Juan (H. Salgado y D. Stemper) y los del Caquetá estudiados por el grupo de Erigaie (S. Mora, M. Cardale, L. F. Herera, C. Rodríguez). Estos grupos incluyeron numerosos estudiantes de pregrado en los que, con los bemoles propios de todo proceso académico-laboral, se formaron quienes hacen la arqueología de rescate de la década de 1990. No se trata de que todos estos estudios sean mejores que los legitimados en espacios como la “nueva” FIAN, sino que son diferentes y han sido reconocidos en publicaciones internacionales a las que se aspira a llegar con los posgrados y sin la misma variedad de proyectos ligados a políticas de investigación explícitas.

 Y es particularmente difícil en el presente “modo de producción arqueológico” colombiano vislumbrar cómo puede darse espacio para esa pluralidad de enfoques y experiencias. Está previsto en el mediano plazo un default financiero similar al de otros países suramericanos (en un contexto de guerra, narcotráfico, desterrados, clientelismo y economía informal con el que apenas si han convivido procesuales como K. Flannery o “post” como C. Tilley), y en esa medida lo primero que se recorta es el gasto público a la investigación (proyectos, publicaciones, foros y seminarios) administrado por Colciencias, Banco de la República, ICANH y universidades públicas. Es factible que paralelo a esto se entiendan como “trabas” los requisitos para obtener licencias de estudio ambiental para las firmas de ingenieros y sus obras de infraestructura. Y esta última forma de ejercicio de la profesión, junto con el rebusque de la docencia, son las principales fuentes de ingresos de los/as arqueólogos/as realmente existentes. ¿O a partir de qué gremio y realidad institucional es que resulta tan necesario y productivo creer en los títulos, así como hasta ayer creímos en la experiencia como garante de la producción de conocimiento sobre el pasado?