ESPAÑA: LEY DE ESTRANJERIA, RACISMO LEGAL

La Unión Europea celebró en 1997 el año internacional contra el racismo. Sin embargo, todos sus países miembros mantienen en vigencia leyes que discriminan a los extranjeros y establecen diferencias entre los seres humanos en función de su origen y por tanto de su raza. Así fomentan, legalizan e institucionalizan el racismo. La Ley de Extranjería, vigente en el Estado Español, es un claro ejemplo. Esta ley cínicamente llamada de derechos y libertades de los extranjeros, tiene un preámbulo revelador que afirma que el ejercicio de los derechos y deberes de los extranjeros está limitado por "razones de seguridad pública". Se empieza tratando al emigrante como asunto de seguridad pública y se termina hablando de inmigración invasora.

Entiéndase, de paso, que al ser el Reino de España signatario del Convenio de Schegen (firmado por los países de la Unión Europea), debe entenderse como extranjero al extracomunitario. La conjunción de la Ley de Extranjería y el Convenio de Schegen es gravemente discriminatoria y demuestra que mientras Europa se abre al paso de mercancías y capitales, se cierra a la libre circulación de las personas.

Sin papeles y sin derechos

El resto de derechos reconocidos por la Constitución a los extranjeros son letra muerta al estar su ejercicio regulado por la Ley de Extranjería. Los artículos de esta Ley empiezan con la fórmula: "los extranjeros que se hallen legalmente en territorio español tendrán derecho a...". Se establece una discriminación evidente entre extranjeros legales e ilegales, los primeros serían titulares de determinados derechos, los otros no. Se infringe así la Declaración Universal de Derechos Humanos que establece la igualdad de los seres humanos como ciudadanos del mundo.

Los extranjeros ilegales, es decir, la inmensa mayoría, independientemente del tiempo que lleven en territorio español, de que trabajen dignamente, de que sean ciudadanos integrados en su comunidad, de que tengan familiares españoles... por el mero hecho de no haber podido acceder a un papel que acredite su legalidad son privados de circular libremente por el territorio español y de fijar libremente su residencia, del derecho de reunión, del de asociación y manifestación, del de sindicalización, del de huelga. Es decir, carecen de todas las libertades democráticas que la Constitución presume garantizar. No hay democracia ni libertad para los sin papeles.

Esto es aún más sangrante si se considera la dificultad existente para acceder a la legalidad en España. Los inmigrantes que vienen a España para trabajar y buscarse el sustento, la mayoría se ven obligados a pasar por el filtro de los famosos cupos. El gobierno español en febrero de 1997 hizo entrar en vigor el sistema de cupos para 15.000 inmigrantes que les daría la posibilidad de obtener empleo en España. Un total de 50.000 extranjeros extra-comunitarios han presentado su documentación respaldada con la oferta real de trabajo, con la ilusión de obtener su legalidad y residencia. Ante tamaña demanda, el Consejo de Ministros ha decidido ampliar el sistema de cupos a 24.900. En resumen más de 25.000 extranjeros no podrán acceder al cupo. Hay que tener en cuenta que solo hay cupo para determinadas actividades, generalmente las más esclavas y peor remuneradas, aquellas que los ciudadanos españoles no desean ocupar: peones agrícolas en invernaderos a más de 40 grados de temperatura, asistentas esclavizadas todo el día trabajando en casa del patrón... Y también, que los cupos se sortean y que nadie puede controlar su sistema de adjudicación. Para los que solicitaron el cupo y no lo consiguieron, personas que en su mayoría viven en el país por más de tres años, han demostrado que desean vivir y trabajar digna y legalmente, que aspiran a integrarse en la sociedad en que viven; queda la orden de expulsión teniendo sólo dos meses para alegar su defensa. El democrático Estado Español frente a la intención del inmigrante de buscar su legalidad, lo penaliza con un expediente de expulsión, siendo más fácil el proceso de retornarlos a sus lugares de origen porque ya cuenta con la documentación, dirección laboral y domicilio.

Otra forma de acceder a la legalidad en España es la reunificación familiar. Este procedimiento está lleno de trabas: ha de demostrarse capacidad económica, las parejas mixtas son investigadas y han de demostrar que de verdad son parejas con más de 2 años de convivencia, porque se las tacha de matrimonios de conveniencia,... y todo queda a la libre decisión de las autoridades del Ministerio del Interior o los Gobiernos Civiles, la extranjería sigue tratándose como un problema de orden público. Una muestra más de lo injusto de esta legislación lo constituye el que la mujer que pretende su reunificación familiar queda sometida legalmente al marido, perdería su residencia en caso de separación y su tarjeta de residencia constata su dependencia económica bajo el epígrafe de "Persona de la que depende".

Ley discriminatoria y racista

Los extranjeros legales también ven restringidos sus derechos. Tienen derecho a reunión pero deben solicitar autorización que les puede ser denegada por razones tan generales y susceptibles de arbitrariedad como "la seguridad, el orden público, la salud o la moral pública". Tienen derecho a asociarse, pero el Consejo de Ministros a instancias, otra vez, del Ministerio del Interior podrá disolver las asociaciones formadas mayoritariamente por extranjeros invocando de nuevo la salud o la moral pública. En resumen cada artículo de la Ley, lo que en esencia plantea es que se dan derechos pero a renglón seguido los quita o restringe gravemente. La Ley considera ciudadanos de segunda clase a los inmigrantes con papeles y lo hace enfatizando que primero son los españoles y luego si se puede el extranjero no comunitario; cada artículo de la ley va remarcando que las libertades y derechos no son gratuitos, siempre van a depender de mostrarse sumiso, complaciente y agradecer a la Administración el estar en suelo español con papeles. ¿Es esto democrático?

Al señalar que hay personas que no pueden realizar las mismas actividades que los nacionales, el gobierno y su Ley de Extranjería enfatizan que los nacionales son superiores ¿no es esa la esencia del racismo?.

El inmigrante sin papeles no tiene derecho a la educación y a la libertad de enseñanza. Cuando se esgrime el argumento de que los pobres lo son por ser ignorantes, las propias leyes refuerzan esta situación pues impiden a los sin papeles acceder a una formación que les permita salir de la ignorancia. También les impiden estudiar la cultura, tradiciones, costumbres y leyes del pueblo donde viven cuyo conocimiento resulta imprescindible para poder integrarse en el.

Ley culpable de las mafias

En los medios de comunicación, el gobierno proclama que la legislación de extranjería tiene por objetivo impedir la existencia de mafias dedicadas a la entrada de inmigrantes en la UE y "proteger al extranjero". Nada más falso. La Ley de Extranjería da al cuerpo policial la potestad de impedir la entrada de los emigrantes en el territorio español. Somete a los que ya han entrado al constante acoso policial bajo el pretexto de controlar su estancia legal y les amedrenta con centros de detención y disposiciones penitenciarias especiales.

Si el emigrante no puede entrar en España como cualquier turista, si se le detiene en los aeropuertos simplemente por su color, aspecto o carencia de bienes económicos, entonces recurrirá a las mafias o a cualquier medio de transporte por peligroso que sea y seguirán registrándose muertes cuyo número nunca conoceremos.

Si pagando el caro billete de avión, el emigrante no puede acceder al territorio español, pagará lo que sea a las mafias que se enriquecen con el trafico de personas. Y todo esto lo consienten los gobiernos, que sólo de vez en cuando detienen a alguien para salvar las apariencias y deportan salvajemente a los extranjeros afectados; y eso cuando no obtienen dinero del soborno de estas mismas mafias.

Para digno colofón, la Ley tiene un reglamento que induce a la delación de los inmigrantes sin papeles, algo que recuerda a la exigencia del régimen nazi de que la población delatase a los judíos.

Los extranjeros ilegales seguirán llegando al Estado español y seguirán buscando trabajo y sustento, la Ley de Extranjería no podrá impedirlo. Lo que si impedirá la Ley es la igualdad entre las personas. Los trabajadores extranjeros son acusados repetidamente por los medios de comunicación y por las instituciones de "quitar el trabajo a los ciudadanos españoles porque trabajan en condiciones y salarios de miseria". Si, efectivamente, trabajan en condiciones esclavas, pero no por su propia voluntad, sino porque la legislación española les obliga a ello impidiéndoles acogerse a los convenios y salarios colectivos, impidiéndoles sindicalizarse o realizar huelgas. Un ejemplo sangrante de esto lo constituyen las extranjeras que trabajan en España como empleadas de hogar: ellas mismas tienen que pagar su seguridad social, su jornada es de 14 a 16 horas por día, no tienen la posibilidad de acogerse a la baja por enfermedad so pena de ser despedidas, no tienen pagas extras ni vacaciones remuneradas, etc.

Esta Ley que rebaja a los inmigrantes privándoles de derechos, que les convierte en materia de orden público y les somete a un trato policial y a condiciones de retención degradante, no puede por menos que ser calificada de racista y exige ser derogada. Papeles para todos y abajo la Ley de Extranjería y su reglamento.