Universidad Yacamb�
MODELOS PARA LA TOMA DE DECISIONES
AUTOR: �NGEL
CONTRERAS
EL DECISOR P�BLICO EN EL ENTORNO
VENEZOLANO
Localizaci�n:
Las sociedades
democr�ticas se distinguen de las no-democr�ticas en dos t�picos fundamentales.
En primer lugar, en la forma en que se accede al poder, el cual implica la
realizaci�n de elecciones competitivas y regulares sobre la base del sufragio
universal. El segundo aspecto se refiere al modelo de toma de decisiones. En
este �ltimo caso, el principal inter�s es obviamente la habilidad del gobierno
para producir decisiones concertadas y con ellas asegurar la estabilidad social
y pol�tica del pa�s. En este modelo de representatividad no existe ninguna
pretensi�n de que los votantes establezcan la agenda pol�tica o tomen las
decisiones pol�ticas; de cualquier manera los votantes ni generan los temas a
tratar ni eligen las pol�ticas. Este modelo decisional se soporta en el voto
secreto, los derechos civiles, las elecciones peri�dicas y competitivas. Esta
breve referencia al modelo decisional dominante en la mayor�a de las sociedades
en el mundo nos permitir� caracterizar el modelo venezolano y evaluar al decisor
p�blico.
En Venezuela, adem�s, de las competencias
tradicionales del Poder P�blico nacional, en el �mbito legislativo, ejecutivo y
judicial, se han incorporado, dos nuevos poderes, el Poder Ciudadano y el Poder
Electoral. Indudablemente ambos poderes, representan una innovaci�n
institucional sin precedentes en Am�rica Latina. La democracia social y
participativa no s�lo evoca un conjunto de fen�menos pol�ticos-jur�dicos que
van m�s all� de la defensa de un procedimiento electoral, sino que adem�s, tiene
importantes implicaciones sobre la manera como se distribuye y se configura el
poder pol�tico y las oportunidades entre los distintos actores. El cambio en el
dise�o constitucional implica transformaciones importantes respecto a la
mediaci�n entre el Estado y la sociedad venezolana.
Ello repercute tambi�n
en el modelo decisional y en las nuevas y complejas funciones que debe cumplir
el decisor p�blico en el pa�s. Obviamente, ello implica distinguir entre lo
p�blico y lo privado. Lo p�blico alude a lo visible, a lo com�n; su esfera ser�
la de los intereses colectivos, la de los asuntos p�blicos. Lo privado se
refiere, por el contrario, a lo oculto, a lo propio, y apunta al �mbito de las
cuestiones dom�sticas, al dominio de las relaciones personales. En todo caso,
el decisor p�blico tiene entre sus funciones esenciales: dise�ar, promover e
instrumentar pol�ticas p�blicas que afectan a las colectividades humanas. El
decisor p�blico est� representado, en el entorno venezolano, por las diversas
ramas del Poder P�blico Nacional. En cada una de sus instancias el decisor
p�blico (se refiere siempre a decisiones de elites o grupos) se encarga de
dise�ar, promover, concertar y ejecutar decisiones que fomenten el bienestar colectivo.
Tal
como reza el T�tulo IV en su art�culo 136 �El Poder P�blico se distribuye entre
el Poder Municipal, el Poder Estadal y el Poder Nacional. El Poder P�blico
Nacional se divide en Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral.
Cada una de las ramas del Poder P�blico tiene sus funciones propias, pero los
�rganos a los que incumbe su ejercicio colaborar�n entre s� en las realizaci�n
de los fines del Estado�. En el caso que nos ocupa centraremos nuestra atenci�n
en el Decisor P�blico vinculado al Poder Ejecutivo (ya que es a este le
corresponden las funciones de gobierno). Lo que nos interesa destacar es la
dial�ctica entre el Decisor P�blico y los intereses colectivos, en cuanto a la
prestaci�n de los servicios p�blicos. Como es sabido, en los �ltimos a�os se
han instrumentado un conjunto de reformas (descentralizaci�n) con el objeto
mejorar los servicios p�blicos.
An�lisis
Cr�tico:
Podr�amos comenzar afirmando que en
Venezuela persisten un conjunto complejo de problem�ticas que impiden el
mejoramiento efectivo y eficaz de los servicios p�blicos. En primer lugar, a
pesar de las transformaciones institucionales de los �ltimos a�os, se observa
un deterioro progresivo de las instituciones y del marco regulatorio que sirve
de soporte al decisor p�blico. La desinstitucionalizaci�n se refiere a los
enfrentamientos entre un modelo decisional que se ha agotado definitivamente y
la emergencia de un nuevo modelo que no ha terminado de nacer. A este respecto,
persisten en las instituciones venezolanas pr�cticas sociales cimentadas en el
clientelismo pol�tico, que obstaculizan la instrumentaci�n de pol�ticas
p�blicas que beneficien al colectivo nacional. En segundo lugar, nos
encontramos con un t�pico de car�cter cultural referido a un decisor p�blico
que orienta sus decisiones en el inter�s particular y de los suyos, y que
coloc�ndose en un �mbito m�s all� de bien y del mal, escasamente consulta sus
decisiones (quien detenta el poder tiene sobre s� una aureola o manto sagrado
-autoimpuesto- que le permite tomar decisiones sin importar la influencia o
consecuencias que ocasiona sobre la comunidad).
Obviamente, ello implica, la
ausencia de patrones culturales vinculados al bien p�blico, teniendo un patr�n
privatizado de sus decisiones en oposici�n al bienestar colectivo. Por �ltimo,
los procesos de reforma no han implicado el desarrollo de formas complejas de
colaboraci�n entre las ramas de Poder P�blico Nacional (como aparece bosquejado
en el art�culo 136), observ�ndose una competencia desleal en donde debe existir
concurrencia. Las contradicciones esbozadas repercuten en el proceso decisorio
y por consiguiente en la prestaci�n del servicio p�blico. Partiendo de dichas
premisas, el decisor lejos de pensar el bienestar colectivo y las formas de
acceder a �l, resuelve situaciones como si realizara un favor (el ciudadano es
objeto de mi favor y por ello debe estar agradecido). Por lo tanto, podr�amos
puntualizar que en el proceso decisorio en el pa�s persisten visiones que
entorpecen la posibilidad de pensar y realizar el bienestar colectivo, en virtud
de que el modelo es discrecional (de acuerdo al punto de vista de la persona
que la impone).
Toda esta forma de administrar decisiones trae consigo alguna de las
siguientes consecuencias:
�
La toma de decisiones al no ser consultada tiene escasa legitimidad (los
costos y consecuencias son altos si es una decisi�n errada).
�
�La toma de decisiones est� muy
unida en las instituciones venezolanas a la discrecionalidad del funcionario.
�
�La toma de decisiones lleva
consigo muchas veces consecuencias en personas y equipos de trabajo que, al
sentirse afectados, dan lugar a conflictos, pero por otro lado la no adopci�n
de decisiones puede originar en muchos casos m�s problemas y conflictos que una
decisi�n tomada, aunque �sta no haya sido acertada.
El segundo, a�n no bien entendido, habla del servidor p�blico cuyo �nico
inter�s es su don de servir a la comunidad, considerando siempre la alternativa
que se ajusta mas a la justicia, sin tomar en cuenta los intereses personales
suyos o ajenos, en el se cumple la gesti�n p�blica cient�fica, donde el
ciudadano tiene iguales derechos con respecto al decisor.
El estado venezolano se
halla inmerso en una serie de cambios estructurales, uno de ellos tiene que ver
con la formaci�n del venezolano como ciudadano. Educar al ciudadano com�n en
sus derechos y prepararlo a defenderse ante el poder p�blico. Tienen que ver
estos cambios con la calidad de gesti�n p�blica, donde el funcionario se halle
al servicio del ciudadano y no al rev�s. Ac� el inter�s del estado debe ser
como prestador de servicios y garante de los deberes y derechos del venezolano.
Es significativo, el caso del decisor p�blico venezolano se halla en
franca oposici�n con la visi�n neoliberal la cual est� orientada a asignarle al
Estado un rol m�nimo, que plantea que es la sociedad por si sola la� que genera los equilibrios y el desarrollo
de la colectividad, y las necesidades de los individuos, asumiendo el Estado funciones
secundarias, aquellas que la sociedad no puede resolver, esto se traduce en la
pol�tica de privatizar el conjunto de los servicios y empresas p�blicas y
contar con una econom�a lo m�s abierta posible, evitando los papeles
reguladores del Estado, aplicando medidas como la reducci�n de impuestos y
bajas arancelarias.
Seg�n la noci�n de
�Crecimiento con equidad� desarrollado por la CEPAL, posterior a la crisis de
los ochenta, sustentado en la l�gica de que el Estado no debe desentenderse de
las pol�ticas sociales sin la idea del Estado Empresario,� La concepci�n que� debe considerar el proceso decisorio� p�blico es la llamada visi�n de Estado Regulador, que manteniendo
los patrones del modelo anterior, le asigna�
al Estado un papel m�s protag�nico, intermediario y regulador entre el
mercado y la sociedad, en s�ntesis la l�gica de estado que est� en juego en la
actualidad es la de Estado m�nimo versus Estado regulador.
Bien conocidos son los
�ltimos sucesos ocurridos en territorio venezolano por parte de la sociedad
civil en las decisiones de estado. Esta�
situaci�n repercute directamente en los mecanismos de participaci�n
ciudadana. Raz�n poderosa en este hecho se halla en el distanciamiento del
gobierno y los partidos pol�ticos de los problemas cotidianos de la gente. No
es desconocido el escaso inter�s del pueblo en los partidos pol�ticos; la falta
del establecimiento de doctrinas mas acordes con las circunstancias mundiales
de parte de los partidos pol�ticos puede se�alarse como uno de los motivos para
este desinter�s, los l�deres de las organizaciones pol�ticas ya no representan
un ente mediador entre la sociedad civil y el estado, sino de sus propios
intereses� particulares. Este
entremetimiento induce a una nueva visi�n de la toma de decisiones p�blicas,
donde la sociedad civil tiene un papel protag�nico y ya estas deben tener sobre
s� un poderoso aval, el consentimiento del pueblo.
INFOGRAF�A
http://www.kas-ciedla.org.ar/archivo/huneeus4.pdf
http://www.cfnavarra.es/INFO-POINT.EUROPA/boletin/52/actual3.htm
http://www.farn.org.ar/docs/p10/publicaciones10-7.html
http://www.poderciudadano.org.ar/accesoderechos.htm
http://www.asies.org.gt/economico/proyecto-presupuesto/rol-estado.htm