QUERIDOS COLEG@S:
A 3 semanas de los sucesos de Quito,
cuando varios militares se unieron al
movimiento indígena, se provocó la
salida del presidente Jamil Mahuad y se
conformó un efímero Triunvirato con
la participación de un líder indio, los
datos ocultos, las motivaciones, las
reacciones, etc. de tal suceso ya se
han venido conociendo mejor.
Por
ello esperé hasta hoy para enviarles un breve documento sobre
los
acontecimientos del Ecuador, que les sea útil no sólo para su
información,
sino para contribuir a sus investigaciones y puntos de
vista.
Agradezco a todos ustedes (y a todos aquellos que se incorporarán
al
interés por este tema) por sus notas de aliento, de solidaridad,
de
preocupación y, desde luego, de interés por los sucesos de mi país,
que
todavía no concluyen, pues "hay cola para rato"...
Espero que este
documento inicie un fructífero contacto entre nosotros y me
complacerá mucho
recibir sus sugerencias, sus aportes y sus críticas.
Permítanme,
además, presentarme en forma breve ante quienes no tienen
referencias mías:
mi apellido es Paz y Miño (son las 3 palabras) y no Paz,
como a veces se
difunde; tengo un Doctorado en Historia y soy profesor de
la Universidad
Católica de Quito; mis cátedras son "Historia Económica del
Ecuador" e
"Historia Económica de América Latina"; mis investigaciones
preferentes son,
además de la historia económica, la historia
socio-política y principalmente
la del siglo XX. Tengo varios trabajos
publicados sobre el liberalismo
ecuatoriano, los partidos políticos, el
movimiento obrero, el conflicto
limítrofe, la lucha política en el Ecuador.
Cada semana se publica en el
diario HOY de Quito un artículo mío en la
columna "Desde el Baúl" que a veces
se incluye en el web
(http://www.hoy.com.ec). Aprovecho allí para juzgar los
sucesos del
presente desde los acontecimientos del pasado ecuatoriano. Además
escribo
mensualmente para la sección "historia económica" de la revista
GESTION.
(http://www.gestion.com.ec). El pasado 26 de enero fui
incorporado a la
Academia Nacional de Historia y el discurso que presenté,
ampliado con el
aparato técnico requerido, fue publicado la semana pasada
como libro. Su
título "REVOLUCION JULIANA. Nación, Ejército y bancocracia".
Cuando ustedes
lean el documento que adjunto comprenderán por qué ese tema
está "candente"
en mi país. Fui presidente de la Asociación de Historiadores
Ecuatorianos
(ADHIEC) y en la actualidad soy Vicepresidente de la Asociación
de
Historiadores Latinoamericanos y del Caribe (ADHILAC) por el Area
Andina.
Un caluroso saludo para todos.
JUAN PAZ Y
MIÑO
[email protected]
+++++++++++++++++++++++++
EL
COMPLEJO PROCESO DE LA CRISIS CONSTITUCIONAL EN EL ECUADOR
Apuntes sobre
"Historia Inmediata", desde Quito
Juan J. Paz-y-Miño
Cepeda
Vicepresidente de la Asociación de Historiadores
Latinoamericanos y
del Caribe (ADHILAC)
[email protected]
Quito,
ECUADOR, febrero de 2000
Estos breves apuntes han sido preparados
para la red internacional de
"Historia a Debate". Responden a la demanda de
numerosos colegas
historiadores, interesados por los sucesos que ocurrieron
en el Ecuador el
pasado 21 de enero de 2000 y cuyo desenlace, a partir de la
"rebelión de
los coroneles" unidos al movimiento indígena, fue la caída del
presidente
Jamil Mahuad, la efímera formación de un Triunvirato que incluyó a
un líder
indígena y, finalmente, la sucesión constitucional a favor del
nuevo
presidente Gustavo Noboa.
Incluyen un marco histórico para la
comprensión de los sucesos. Anhelan
abrir reflexiones sobre la "historia
inmediata", en la perspectiva del
intercambio académico entre investigadores,
cuyos criterios y análisis
seguramente enriquecerán lo que aquí queda
esbozado.
ECUADOR
Suelen haber pocas referencias sobre el Ecuador en
la historiografía
latinoamericana. Y, sin embargo, es un país con una rica
historia nacional,
en muchos casos "sui géneris", con respecto a muchos otros
países de la
región. Su historia reciente es una muestra de ello.
Entre
1972 y 1979 se sucedieron 2 dictaduras militares: primero, con el
General
Guillermo Rodríguez Lara, que presidió el llamado "Gobierno
Nacionalista y
Revolucionario de las Fuerzas Armadas" (1972-76) y luego, un
Triunvirato
Militar (1976-79). Ambas dictaduras coincidieron con un período
excepcional
de riqueza petrolera, que fue manejada por el Estado, lo cual
le
"independizó" de su habitual dependencia de los agroexportadores.
Fue
posible, entonces, articular un
"modelo-estatal-nacional-desarrollista",
pues el Estado se convirtió en el
principal agente promotor de la economía,
una "vía" distinta y "tardía"
frente a aquellos países en los cuales el
desarrollo capitalista fue posible
por burguesías pujantes. La burguesía
ecuatoriana creció amparada por el
Estado. A pesar de la época, tales
dictaduras militares nunca adquirieron los
rasgos represivos de las
dictaduras del cono sur latinoamericano y, en
diversos aspectos (sobre todo
con Rodríguez Lara) incluso fueron
"reformistas".
Fue el Triunvirato militar el que inició el denominado
"proceso de
reestructuración jurídica del Estado", inédito en América Latina,
pues, en
lugar de convocar la típica Asamblea Constituyente para elegir
al
presidente constitucional, el gobierno convocó a un referéndum sobre
2
proyectos de Constitución (se realizó en enero de 1978 y triunfó
una
Constitución bastante progresista) y luego al proceso electoral
que
introdujo el sistema de doble vuelta, sobre la base de
la
institucionalización de los partidos políticos (fueron inscritos cerca
de
una veintena de partidos), únicos en capacidad legal para
postular
candidatos al Ejecutivo, al Congreso y a los organismos seccionales.
El 10 de agosto de 1979 se inició la fase de los
gobiernos
constitucionales (Ecuador fue el primer país latinoamericano).
Triunfó
Jaime Roldós Aguilera (1979-81), candidatizado por "Concentración
de
Fuerzas Populares", un partido populista y un líder "sui géneris"
en
alianza con "Democracia Popular-Unión Demócrata Cristiana". Roldós murió
en
un trágico accidente de aviación. Le sucedió el
vicepresidente
demócratacristiano Osvaldo Hurtado (1981-84), con una línea
reformista que
inquietó al empresariado nacional (muchos le acusaban de
"filo-comunista")
y a quien le sucedieron, por elecciones populares: León
Febres Cordero
(1984-88), candidato del "Partido Social Cristiano" y
respaldado por el
"Frente de Reconstrucción Nacional" (una coalición de
fuerzas de derecha),
con amplísima aceptación (y hasta euforia) entre los
empresarios del país;
Rodrigo Borja Cevallos (1988-92), candidato de la
socialdemócrata
"Izquierda Democrática", Sixto Durán Ballén (1992-96), viejo
líder del
socialcristianismo, pero auspiciado por el efímero "Partido
Unión
Republicana" y Abdalá Bucaram (1996-97), caudillo populista del
"Partido
Roldosista Ecuatoriano". Derrocado Bucaram a los 6 meses, por la
reacción
verdaderamente nacional contra su corrupto y corruptor gobierno y
por
decisión del Congreso, que encontró en la "incapacidad mental"
del
presidente una causal legal ajustada a las circunstancias (en el
exterior
la imagen del Ecuador llegó a ser francamente lamentable), le
sucedieron
(nombramientos del Congreso): por unos días, Rosalía Arteaga
(primera
Presidenta en la historia nacional) y a continuación Fabián
Alarcón
(1997-98), dirigente del "Frente Radical Alfarista", un partido y
un
gobierno manejados en el viejo estilo de las componendas y
"amarres"
políticos.
En 1998 se reunió una Asamblea Nacional que dictó
una nueva Constitución.
Con ella comenzó el nuevo gobierno del democristiano
Jamil Mahuad
(1998-2000), elegido por votación ciudadana, pero derrocado a
los 15 meses
de gestión, a quien sucedió Gustavo Noboa.
Así, en el
Ecuador, a diferencia de todos los países latinoamericanos,
durante 2 décadas
se han sucedido 10 gobiernos (5 gobiernos entre 1996 y
2000), cada uno con
una orientación "ideológica" distinta. Pero, a
diferencia de las dictaduras
de los 70, a partir de 1982, y coincidiendo
con un proceso similar en América
Latina, los gobiernos constitucionales
del Ecuador debieron obrar en el marco
de una acelerada y progresiva crisis
económica, originada en la
desestabilización de la economía petrolera, el
deterioro de la producción
interna y del comercio externo, el brutal
impacto de la deuda externa (hoy
unos 16 mil millones de dólares) y la
arremetida de las "variables
internacionales": el derumbe del socialismo
real, la difusión del
neoliberalismo, los condicionamientos del Fondo
Monetario Internacional, el
retiro del Estado, las privatizaciones, etc.
Paulatinamente el "modelo
estatal-nacional-desarrollista" se agotó, se
volvió inviable y, en su lugar,
tomó impulso el nuevo "modelo empresarial"
de desarrollo económico. Esta
transición ha condicionado a todos los
gobiernos sucedidos en el país, a
partir de 1982, por sobre sus distintas
vertientes
"ideológicas".
MOVIMIENTOS SOCIALES y FUERZAS POLITICAS
Me refiero
sólo a aquellos que aparecen como actores centrales de la
historia
reciente.
La institucionalización de los partidos políticos les convirtió en
el
centro de la actividad política durante las últimas 2 décadas y originó
una
"clase política". Con las excepciones de rigor, sus prácticas cotidianas
e
intereses inmediatistas, desprestigiaron su acción. A pesar de ello,
los
ecuatorianos aprendimos a vivir bajo regímenes constitucionales y a
superar
los fantasmas de las dictaduras. Sin duda, en el Ecuador se afirmaron
los
valores de la democracia representativa. Eso no ha impedido que
la
población sea muy crítica frente a los sucesivos gobiernos,
demande
permanentemente contra las deterioradas condiciones de vida y
finalmente
estalle contra la situación existente. Los ecuatorianos, en
semejantes
condiciones, hemos "derrocado" a dos gobiernos: Bucaram y Mahuad.
Estuvo en
igual peligro León Febres Cordero, a quien el Congreso, por primera
vez en
la historia contemporánea, llegó a pedir (mediante resolución) su
renuncia.
Por cierto, nuestras rebeliones ciudadanas no han sido sangrientas,
sino
admirablemente "pacíficas", un asunto difícil de entender en otras
latitudes.
Al comenzar la década de los 80 el movimiento obrero alcanzó una
presencia
significativa a través del FUT (Frente Unitario de Trabajadores,
creado en
1981), que agrupó a las principales centrales del Ecuador. El FUT
impulsó
una serie de impactantes "huelgas nacionales", con apoyo poblacional.
El
derrumbe del socialismo mundial y el autoritario régimen de Febres
Cordero
(fue más grave que las dictaduras de los 70), sustentado por la
derecha
política y por poderosos grupos económicos de la costa
ecuatoriana,
desarticularon la fuerza que tuvo el movimiento obrero. Los
partidos de
izquierda quedaron históricamente mal parados. Otros movimientos
sociales
intentaron afirmar nuevas alternativas, lográndolo
parcialmente.
En 1990 incursionó un activo movimiento indígena, si bien su
presencia de
lucha y resistencias tiene una historia de siglos. Pero ahora se
hizo
evidente su indudable y creciente significación política. Ese año, con
una
impecable coordinación a nivel de todo el país, ejecutaron el
primer
"levantamiento indígena nacional", que bloqueó carreteras, hizo
marchas,
provocó sustos. Surgió la reivindicación por las "nacionalidades
indias".
Se acercaba la conmemoración de los 500 años del contacto de Colón
con
América. En adelante, nadie pudo dejar de observar que los
indios
constituían, en el Ecuador, una fuerza capaz de imponer nuevos rumbos
a la
sociedad. Desde entonces, las movilizaciones indígenas y
otros
"levantamientos" se han sucedido contra las políticas
gubernamentales
neoliberales, la corrupción, la carestía de la vida, la
desatención a las
comunidades indias, etc. El movimiento indígena lucía como
el más
importante (los obreros estaban en "crisis") y con sus características
y
reivindicaciones específicas, que le hacían diferente a los
otros
precisamente por tratarse de un sector de la población
tradicionalmente
marginado y "despreciado" por los sectores
dominantes.
Durante las dos últimas décadas han actuado, a la par que
cualquier otro
grupo de presión política, las cámaras de la producción
(gremios
empresariales). Acogieron rápidamente los postulados difundidos por
el
neoliberalismo, aceptaron la globalización, demandaron el retiro del
Estado
y se convirtieron en el sustento del nuevo "modelo empresarial"
de
desarrollo. El alto empresariado respaldó gobiernos como el de
Febres
Cordero y Sixto Durán. Dirigentes empresariales y personalidades
ligadas a
las cámaras pasaron a ocupar ministerios y los principales aparatos
de
conducción económica en esos gobiernos, pero también fueron visibles en
otros.
En el ambiente político de creciente hostilidad al gobierno de Mahuad
se
afirmaron, además, dos fuerzas no siempre bien referidas en el
extranjero:
los regionalistas y las oligarquías. Los regionalistas combatían
no sólo a
Mahuad sino al "centralismo" de Quito y de la sierra (la región
andina).
Han sido muy hábiles en esconder sus intereses particulares tras
las
legítimas aspiraciones de descentralización administrativa y
autonomías
regionales. Porque en el Ecuador ha progresado mucho el sentido de
la
necesaria administración descentralizada para que beneficie a
los
ciudadanos de las diferentes provincias en que se halla dividido el
país,
llegándose ahora a planteamientos novedosos sobre la autonomía. Sin
duda,
actúan también fuerzas "regionalistas" en todo el país, pero
son
particularmente visibles en la costa.
La oligarquía, por su parte, se
expresó a nivel nacional exigiendo, en
forma agresiva, el definitivo rumbo
neoliberal del Ecuador. Ella abanderó
la lucha a favor de la "dolarización"
de la economía, con mil y un
justificaciones respaldadas por los "datos"
macroeconómicos claves: una
inflación galopante (60%, la más alta en América
Latina), en los últimos
meses la subida incontenible del dólar (1 dólar
equivale a 25 mil sucres,
la moneda nacional), la ruina de la producción, la
dolarización "de hecho"
existente en el país, etc. Sin duda, la propuesta
arrastró tras sí a un
amplio sector del empresariado.
En el conjunto
latinoamericano, las oligarquías ecuatorianas se demuestran
como unas de las
más atrasadas en concepciones sociales y de las más
adelantadas en arrogancia
económica, sin capacidad para generar, por sí
solas, un ambiente de
estabilidad y progreso humano para la mayoría de la
población nacional. Por
sobre la retórica social, ningún esfuerzo serio
articulan, desde su visión y
sus propuestas, para encarar definitivamente
la pobreza, la abismal
distribución de la riqueza y las miserables
remuneraciones, pues el salario
mínimo en el Ecuador equivale a 6 (seis)
dólares mensuales y la mayor parte
de la población económicamente activa
recibe ingresos menores a los 100
dólares mensuales. Ante semejantes clases
dominantes, es difícil culpar a
"los gobiernos" o al "Estado" de una
realidad forjada a lo largo de la
historia nacional, que ha hecho del
Ecuador uno de los países más atrasados
del continente, lo cual no
significa que los gobiernos y el Estado queden
exentos de su propia
responsabilidad.
LAS FUERZAS
ARMADAS
Durante el siglo XX se producen 5 intervenciones militares en la vida
del
Ecuador. La primera, en julio de 1925, conocida como "Revolución
Juliana",
tuvo el propósito de imponer el interés estatal- nacional sobre los
de la
"bancocracia" de la época, aliada con el "liberalismo
plutocrático".
Entonces se rompieron los principios del liberalismo económico
tradicional
y el Estado pasó a ser el instrumento de la centralización de
rentas, la
organización del sistema monetario-financiero (se fundó el Banco
Central en
1927) y se institucionalizó la "cuestión social" como política del
Estado.
Los jóvenes militares julianos hablaron a favor de los "proletarios"
y de
la necesidad de reivindicar a la "raza indígena". Sus políticas
fueron
seriamente resistidas y boicoteadas por la poderosa clase económica
dominante.
La segunda intervención militar (la más corta) se produjo en
1937-38. Se
logró la expedición del primer Código del Trabajo en el Ecuador.
La tercera intervención ocurrió entre 1963-66, cuando se instauró una
Junta
Militar. Era la época influyente de la Revolución Cubana, la del inicio
de
la "guerra fría" sobre Latinoamérica, el plan Kennedy de "Alianza para
el
Progreso". La Junta Militar del Ecuador nació (algo parecido ocurrió
en
otros países de América Latina) de las acciones encubiertas de la
CIA,
según el libro de un exagente norteamericano. Hubo persecución
al
"comunismo" y a la izquierda, pero nunca al estilo de los
fascismos
pinochetistas posteriores. Pero, paradójicamente, la Junta ejecutó
un
programa que incluyó la reforma agraria (con ella terminó el
sistema
tradicional de la hacienda), la promoción industrial, la
planificación
estatal, la orientación gubernamental sobre el desarrollo, la
apertura al
capital extranjero, etc., todo lo cual afirmó un
"capitalismo
nacional-dependiente" ecuatoriano, antes esbozado en forma
todavía pobre e
insuficiente.
La cuarta intervención militar ocurrió en
1972-76, con el "Gobierno
Nacionalista y Revolucionario de las Fuerzas
Armadas" y continuó entre
1976-79 con un Triunvirato. Con estas dictaduras, a
las que me referí
antes, se consolidó el "modelo-estatal", que produjo el
"espectacular"
salto capitalista del Ecuador.
Todas las dictaduras
militares referidas han tenido como rasgo común el de
ser fruto de la
decisión "institucional" de las Fuerzas Armadas. No fueron
movimientos
caudillistas o de algún oficial que seguido por sus tropas
decide tomar el
poder y triunfa. Los gobiernos militares son de las Fuerzas
Armadas, bajo
unánime decisión de sus mandos superiores. Este rasgo es
importantísimo
considerarlo, porque siempre han fracasado los intentos
"golpistas" de
oficiales y tropas aislados: uno, en 1975 contra Rodríguez
Lara y otro, en
1986, contra Febres Cordero. El "golpe" del 21 de enero
pasado, contra Jamil
Mahuad, creó un Triunvirato con dos civiles (un indio)
y un General del
Ejército. Apenas duró 3 horas, pues, otra vez más, la
institución militar se
pronunció, finalmente, por la sucesión
constitucional de Mahuad.
Hay,
pues, otro hecho significativo: durante estas dos décadas de sucesión
de
gobiernos, las Fuerzas Armadas se convirtieron en soporte del
sistema
constitucional. Pero, a la vez, tanto en la salida de Bucaram como en
la de
Mahuad, en medio de las tensiones políticas y las expectativas de la
"clase
política", se esperaba siempre la "última palabra" de los militares, a
fin
de resolver el vacío político y definir la sucesión. Lastimosamente,
esto
ha sido perjudicial para el Ecuador, pues, con ello, las
instituciones
democráticas han demostrado su falta de institucionalización y
de capacidad
efectiva para resolver los problemas propios de cualquier
régimen
constitucional, sin necesidad de acudir a la "última
instancia"
representada por las Fuerzas Armadas.
EL GOBIERNO DE JAMIL
MAHUAD
El 10 de agosto de 1998 Jamil Mahuad asumió la presidencia. El 26
de
octubre lograba un acuerdo definitivo de paz y límites con el Perú.
El
conflicto entre el Ecuador y el Perú, que condujo a enfrentamientos
armados
en 1981, 1995 y que estuvo en peligro de desembocar en una guerra
total en
1998, a veces ha sido visto en el exterior como algo "típico" del
"tercer
mundo". Como suele ocurrir, esa incomprensión era fruto del
desconocimiento
de la historia territorial entre ambos países, que ha marcado
la identidad
nacional y la construcción del Estado-Nación en las dos
repúblicas. La
solución pacífica del conflicto (era el problema territorial
más agudo en
toda Latinoamérica) fue un paso de enorme importancia para el
futuro del
Ecuador y del Perú. Particularmente para mi país significó afirmar
la
identidad, concluir con el peligro de una guerra, evitar recursos para
un
armamentismo que habría agravado nuestros problemas, redefinir el papel
de
las Fuerzas Armadas, redefinir la política y los valores sociales hacia
el
interior de nuestra sociedad, garantizar la vida de la presente y
futuras
generaciones. La mayoría del Ecuador lo interpretó así y Mahuad logró
un
consenso y una legitimación significativa, a pesar de las voces
que
criticaron los acuerdos.
Pero tan auspicioso respaldo se derrumbó
durante el año 1999. Cierto es
que Mahuad heredó la peor crisis económica en
la historia del Ecuador.
Cierto también que el propio Mahuad reconoció las
dificultades. Sin
embargo, comenzaron a pesar más los compromisos políticos y
la
subordinación a las fuerzas de los grupos de poder económico
y
principalmente de la bancocracia. La situación de los bancos
era
insostenible desde hace mucho tiempo atrás. Cayeron varios: 16 de un
total
de 41. Y el gobierno se empeñó en "salvatajes" nada transparentes,
que
evidenciaron no sólo su temor a una crisis financiera y
bancaria
generalizada, sino la "protección" a los bancos e incluso a unos
cuantos
banqueros corruptos, que utilizaron los fondos para sus propias
empresas
(créditos vinculados) y no remitieron al fisco el cobro que
habían
realizado como agentes de retención de los impuestos. Este último fue
el
caso del banquero Fernando Aspiazu, que fue detenido más por obra de
las
Fuerzas Armadas, que por la decisión gubernamental que (ahora se
sabe
mejor) incluso prestó oídos sordos a quienes, al interior mismo
del
gobierno, pedían firmeza. En marzo de 1999 Mahuad decretó la congelación
de
los depósitos en los bancos. Según los analistas económicos, esta
medida
constituyó el mayor atraco en beneficio de los bancos. Provocó la
ira
popular, los llantos de jubilados y personas de la tercera edad,
la
desesperación de quienes habían ahorrado por años, etc. Se prometió
la
devolución de fondos en forma escalonada. Era la evidencia completa:
el
gobierno de Mahuad se hallaba esclavo de la "bancocracia", a la
que
procuraba salvar a toda costa. Desde entonces, la caída de la
legitimidad
de Mahuad fue meteórica.
Finalmente, el régimen de Mahuad
llegó a estar cercado por todos los
lados. Los sindicatos opuestos. Los
indios, opuestos. Las cámaras de la
producción opuestas. Los regionalistas en
combate. Las oligarquías en
búsqueda de más poder. Los movimientos sociales
opuestos. La burocracia,
opuesta. La misma Iglesia Católica (hegemónica en el
país) muy crítica. El
país entero en movilizaciones a diario. Ahora se saben
muy bien dos hechos:
uno, que el expresidente Osvaldo Hurtado, amigo y
coideario íntimo de
Mahuad, llegó a pedirle (apenas unas semanas antes del
"golpe"), en una
carta privada, su renuncia; otro, que las Fuerzas Armadas
presionaron al
gobierno de Mahuad para un cambio de rumbo desde hace meses
atrás. Nada
pasó. De manera que el malestar en la institución armada también
fue
creciendo. La "dolarización" finalmente adoptada el 9 de enero del
2000,
más que una necesidad económica y técnica (no había estudios serios
para
ello por parte del Banco Central ni de cualquier otra institución
pública)
resultó, como observó toda la prensa del país, una hábil maniobra
de
supervivencia política, que incluso remontó unos puntos la imagen
del
Presidente… por poco tiempo. Desde luego, los poderosos grupos
enamorados
con la dolarización se sintieron asegurados y buena parte del
país
confundido, pues la medida luce "salvadora" en la superficie y en
la
perspectiva del triunfo del capital.
EL AMBIENTE FINAL
En enero
del 2000, los movimientos sociales explosionaron. La CONAIE
(Confederación de
Nacionalidades Indígenas) lanzó una consigna audaz: la
salida del Ejecutivo,
del Legislativo y del Judicial, por no responder a
las necesidades del país.
Los indios amenazaron con tomarse carreteras y
ciudades en un nuevo
"levantamiento". En coordinación con otros movimientos
sociales, se llegaron
a establecer "Parlamentos del Pueblo" en diversas
provincias. Y un
impresionante número de indios (se calculan 8 mil o más)
marcharon sobre
Quito, la capital de la República y entraron a ella. El 20
de enero la
situación del Ecuador y particularmente la de Quito eran
dramáticas (desde
las categorías de la sociología política, ¿se siente
alguien tentado a
calificar como "prerevolucionarias" las condiciones del
país?). El 21, los
indios ocuparon el local del Congreso (Palacio
Legislativo). Otros marcharon
sobre el palacio de Justicia. Y anunciaron
que irían a tomar el palacio de
Gobierno (sede del Ejecutivo). ¡Ocurría lo
que nadie habría pensado:
"literalmente" se iba a producir la "salida" del
Ejecutivo, del Legislativo y
del Judicial… y eran los indios quienes
cumplían su palabra!.
Es en esas
circunstancias en las que actúan los militares. También ahora
conocemos mejor
los detalles de lo sucedido: fue un grupo de oficiales y
soldados el que
permitió el ingreso de los indígenas al Palacio Legislativo
y en su interior
(precisamente en la Sala del Congreso), se constituyó una
"Junta de Salvación
Nacional" integrada por: Coronel Lucio Gutiérrez, por
el Ejército, Antonio
Vargas, máximo dirigente indígena de la CONAIE, y el
Dr. Carlos Solórzano
Constantine, un expresidente de la Corte Suprema de
Justicia. (Hay que
resaltar que la figura de Solórzano fue mal vista por
amplios sectores desde
el primer momento, pues sobre ellos pesaron los
antecedentes políticos de
este abogado).
Ese mismo 21 de enero, por órdenes superiores, llegó al
Congreso el
Coronel Fausto Cobo, a fin de pedir a su compañero Gutiérrez que
deponga su
actitud. Allí tropas, oficiales y emocionadas masas populares e
indígenas
clamaron por una definición y Cobo se unió al movimiento. En las
ruedas de
prensa que se produjeron a continuación, el coronel Cobo habló de
una nueva
"Revolución Juliana". Unidos a sus compañeros estaban los coroneles
Jorge
Brito y Gustavo Lalama.
No se trató de "cualquier" tipo de
militares: Fausto Cobo era, nada menos,
que el Director de la Academia de
Guerra , brillante oficial y primera
antigüedad en todos sus cursos
militares; Lucio Gutiérrez era, según sus
compañeros, "un cerebro" para los
estudios, brillante militar y asesor del
Comando Conjunto de las Fuerzas
Armadas; Gustavo Lalama, con una carrera
similar, era director de la Escuela
de Perfeccionamiento de Oficiales;
Jorge Brito, con carrera prestigiosa, era,
además, un héroe de Paquisha y
del Cenepa (en referencia a dos lugares
históricos en el conflicto
limítrofe del Ecuador con el Perú). Pero lo que
llamó la atención del
Ecuador (y nuevamente la desinformación internacional
en ésto fue más
fuerte) es que a los "golpistas" se unieron unos 500
oficiales,
provenientes de la Academia de Guerra, de la Escuela de
Perfeccionamiento y
de la Escuela Politécnica del Ejército, es decir, de lo
mejor de la
intelectualidad del Ejército, por lo que la prensa del país ha
hablado de
los "militares académicos". Y, además, hay que entender, que, por
propias
declaraciones de los "golpistas" al momento de los sucesos y las que
han
aparecido con posterioridad, los oficiales jóvenes y de mandos medios
se
unieron al movimiento indígena, porque éste, a su vez, reflejó una
profunda
aspiración nacional de cambio, pues "todos" querían la salida de
Mahuad.
Tampoco parece entenderse en el exterior la formación y situación de
las
Fuerzas Armadas. A diferencia de otros países latinoamericanos,
los
militares desarrollan en el Ecuador una serie de actividades y programas
de
apoyo a las poblaciones más necesitadas: ayudan en la construcción
de
caminos y otras obras públicas, sirven para comunicación en
regiones
apartadas, han creado escuelas y centros de salud entre las
comunidades
indígenas, realizan la conscripción agraria, etc., etc. Todas
estas
acciones han puesto a los militares en contacto con las necesidades
reales
e inmediatas de la población, en un país en el que la pobreza es
extrema.
Además, en sus institutos de formación académica y profesional,
estudian no
sólo cuestiones técnicas y relativas a sus armas, sino cátedras
sociales,
de historia, economía y política, que les capacitan en la
comprensión
teórica del Ecuador. Con frecuencia son invitados en calidad
de
conferencistas, los más prestigiosos académicos sociales del país. En
los
últimos años la formación de los oficiales se ha conjugado con las ideas
de
responsabilidad frente a la sociedad, de ayuda al desarrollo y
de
compromiso con la nación. Por eso los militares dicen hallarse
íntimamente
ligados al que consideran como "su pueblo". Es en este marco que
también se
debe comprender la actitud de los coroneles y oficiales que el 21
de enero
se unieron al movimiento indígena y al clamor del país por la salida
del
presidente Jamil Mahuad.
En consecuencia, algunos analistas sostienen
que no se trató de un simple
"golpe de estado" sino de una "rebelión popular"
que concluyó con el
derrocamiento de Mahuad. En otros casos no deja de
considerarse que el
movimiento, por espontáneo y sin previa "planificación",
puso en evidencia
mas bien el "sentimentalismo" social de los militares y sus
afanes
reformistas. También se ha comentado que es un asunto de "populismo"
militar.
Desde la perspectiva institucional, sin duda la rebelión de los
oficiales
puso en jaque a los mandos superiores y rompió con los órdenes
jerárquicos,
lo cual, evidentemente, afectaba a las propias Fuerzas Armadas.
Pero el
Coronel Gutiérrez fue forzado a declinar su posición inicial a favor
del
general Carlos Mendoza, nada menos que Jefe del Comando Conjunto de
las
Fuerzas Armadas, quien, en la noche del 21 de enero, integró el
Triunvirato
de Salvación Nacional definitivo. La foto de los triunviros:
Mendoza, el
general; Vargas, el indio y Solórzano, el abogado, dio la vuelta
al mundo.
Pero, inquiridos por los medios de comunicación, se hizo evidente
que los
triunviros carecían de un programa de gobierno inmediato. La
participación
de Mendoza parece que también respondió a una estrategia del
alto mando
militar para recobrar su posición jerárquica y permitir la
sucesión
constitucional del gobierno, ya que las Fuerzas Armadas, como tales,
no
desearon el control del poder, que quisieron que se respete de acuerdo
a
las normas de la Constitución. El Triunvirato duró poco: apenas 3 horas.
El
General Mendoza, de acuerdo con la estrategia personal que había
definido,
renunció continuar en el Triunvirato. Ello implicó un "vacío de
poder" que
dio paso al desenlace del drama.
Horas antes, el propio alto
mando de las Fuerzas Armadas había retirado su
apoyo a Mahuad y en una cadena
de televisión solicitaron la renuncia del
Presidente. Mahuad apareció en una
nueva cadena de televisión, acompañado
sólo por sus ministros, sin sus
edecanes, y dijo que él no renunciaba y que
si se quería dar un golpe contra
él, pues que se lo dé y que se lo haga en
forma abierta. Después, fue
invitado a salir del palacio de gobierno para
ir a otro lugar considerado más
seguro, pues la marcha sobre ese local ya
estaba anunciada. Al mismo tiempo
el Vicepresidente Gustavo Noboa se
desplazó, en un avión militar, desde
Guayaquil a Quito. Ocurrían, en las
horas sucesivas, el ascenso y la caída
del Triunvirato.
A la mañana siguiente, sábado 22, a eso de las 7 o 7:30 de
la mañana,
buena parte de los ecuatorianos se enteraban que ya no había
triunvirato y
veían, a través de la cadena de televisión, que el
Vicepresidente Gustavo
Noboa, firmaba el primer decreto asumiendo la
Presidencia de la República y
lo hacía ante la superioridad militar, en el
edificio del Ministerio de
Defensa. Anunció, además, que continuaría con la
"dolarización" de la
economía ecuatoriana. Sólo a las 10:00 de la mañana se
instaló el Congreso
en la ciudad de Guayaquil y sólo entonces resolvió
declarar el abandono del
cargo por parte del presidente Mahuad y la sucesión
"constitucional" de
Noboa. Para diversos analistas, caben muchas dudas sobre
esa cadena de
"irregularidades" constitucionales: Alto Mando que quita su
respaldo al
Presidente de la República; Triunvirato efímero; Vicepresidente
que asume
el poder antes de que el Congreso examine la situación del
Presidente;
Jamil Mahuad que nunca renunció… Con habilidad, sólo un espectro
de la
"clase política" funge como absolutamente "demócrata" y exige castigo a
los
"golpistas"…
REACCIONES Y LECCIONES
Los sucesos del 21 de enero
impactaron en el Ecuador y en el mundo. Un
indígena "en el poder" era una
situación inédita en 400 años, más allá de
cualquier significado jurídico y
político que se quiera dar al "golpe"
contra Mahuad. La presencia indígena
destapó sentimientos racistas y
prejuicios ancestrales en algunos sectores.
Al hablar de una nueva
"Revolución Juliana", los coroneles "golpistas"
ocasionaron el gran susto
de la oligarquía, del alto empresariado y de las
fuerzas de derecha. El
temor de que el proyecto económico neoliberal se
derrumbe y que la
"dolarización" termine pusieron los pelos de punta a
muchos. Era previsible
una "toma de cuentas" desde el Estado, especialmente
contra los banqueros
corruptos. De acuerdo con una encuesta difundida por la
empresa Market el
pasado 7 de febrero, el 51% de la población estuvo de
acuerdo con la
formación del Triunvirato. El 72% de la población piensa que
no hubo
"golpe de estado" sino una "rebelión popular". Un 70% califica
de
"conveniente" la caída de Mahuad.
Con su peculiar visión sobre la
democracia institucional, desde los
Estados Unidos se amenazó al Ecuador con
colocarle en una situación
parecida a la de Cuba. Entre sus agencias de
prensa los sucesos lucían como
un simple "golpe" contra la democracia,
ejecutado por unos cuantos
"coroneles ambiciosos". Evidentemente un "golpe
militar" parecía escaparse
a los dictados y controles del gobierno
norteamericano y parecía cuestionar
la visión neoliberal del mundo económico.
Además, es seguro que el gobierno
norteamericano creyó que se ponía en
peligro la continuidad de la base
militar de la ciudad de Manta, que los
norteamericanos lograron establecer
en la costa del Ecuador para cerrar el
candado sobre Colombia con el
pretexto de "combatir el narcotráfico y la
narcoguerrilla" (recuérdese que
las bases militares concluyeron ya sus
programas en Panamá), sin que hayan
interesado las críticas y las reacciones
que tal base ha provocado entre
los ecuatorianos.
Ciudadanos honestos del
Ecuador observaron que los sucesos afectaban la
imagen del país y rechazaron
la "dictadura". Progresivamente el Ecuador
tomó conciencia de la situación
creada y, finalmente (aunque a posteriori),
el 60% de la población aprobó la
sucesión presidencial de Gustavo Noboa.
Más del 70% de la población respaldó
las acciones indígenas y la toma del
Congreso. Después de los sucesos, la
mayoría de la población considera que
los indios habían servido como
instrumento para derrocar a Mahuad. Y que
los militares "golpistas" habían
cometido un error político e
institucional, que afectaron la vía
constitucional, pero que también son
oficiales sensibles y respetables. Por
ello ya ha cursado en el Congreso un
pedido de amnistía que no se sabe si
será acordado.
La "clase política" reaccionó contra los "golpistas". Sectores
de poder
respiraron con tranquilidad y pasaron a la ofensiva "antigolpista".
La
"cacería de brujas" aún no termina, aunque los cálculos políticos
van
aliviando las tensiones.
Para un historiador los sucesos tienen
múltiples aristas. El Ecuador ha
recobrado, sin duda, su institucionalidad
democrática. Pero no puede
dejarse de observar que el nuevo presidente ha
ofrecido la continuidad del
"modelo económico" tan grave para las mayorías
nacionales, si es que no se
toman las medidas sociales que es lo que el país
exige. De otro modo, la
salida de Mahuad puede convertirse en un simple
cambio de nombres y de
estilos políticos.
El "golpe" no fue, pues, un
"fujimorazo". Parece que Mahuad lo intentó, sin
tener el respaldo de las
Fuerzas Armadas. Tampoco se ha tratado de un
movimiento parecido al
"chavezaso" venezolano. Para los investigadores de
la historia
latinoamericana resulta importante el estudio renovado sobre
las Fuerzas
Armadas de la región, en la que los militares ecuatorianos
escapan al
encasillamiento tradicional como simple fuerza al servicio del
sistema. El
auge de los movimientos sociales y las rebeliones capaces de
tumbar gobiernos
sin "derramamientos de sangre", constituyen una novedad en
Latinoamérica,
originada en el Ecuador. Han planteado el desafío de volver
efectivo, real,
aplicable, práctico, un nuevo "derecho político": el de la
"rebelión
nacional", dentro del sistema constitucional y de la
democracia
representativa, para revocar el mandato de gobiernos originados
en
elecciones populares y cuando ese mismo constitucionalismo y esa
misma
democracia se vuelven simplemente institucionales, pero se colocan
al
servicio de minoritarios grupos de poder económico.
Este me parece un
asunto crucial y digno de reflexión en la ciencia
política y jurídica
latinoamericana, región en la que se exige a nuestros
pueblos (más aún en
países como el Ecuador, con enormes mayorías pobres y
desatendidas -aquí el
desempleo y el subempleo llegan al 70% de la
población económicamente activa
y el país tiene unos 12 millones de
habitantes-), guardar respeto absoluto a
la democracia y el
constitucionalismo, aunque los gobiernos instaurados
legítimamente
abandonen después, para privilegio de minorías poderosas, la
misión que
esos mismos pueblos han depositado en ellos. Por cierto, el Art.
26 de la
actual Constitución de la República del Ecuador dice "Los
ciudadanos
ecuatorianos gozarán del derecho de elegir y ser elegidos, de
presentar
proyectos de ley al Congreso Nacional, de ser consultados en los
casos
previstos en la Constitución, de fiscalizar los actos de los órganos
del
poder público, de revocar el mandato que confieran a los dignatarios
de
elección popular, y de desempeñar empleos y funciones públicas. /
Estos
derechos se ejercerán en los casos y con los requisitos que señalen
la
Constitución y la ley". Las resistencias para definir normas que
apliquen
tal revocación del mandato están, como se comprenderá, a la orden
del día,
con mil y un argumentos "democráticos".
Y no puede dejarse de
lado la apreciación sobre el movimiento indígena,
cuya fuerza y cuyas
estrategias políticas han resultado verdaderamente
inéditas. En estos mismos
días de febrero el movimiento indígena vuelve a
la carga con otro
planteamiento audaz: la recolección de firmas en todo el
país, para que se
convoque a un plebiscito en el que los ecuatorianos se
pronunciarían por la
disolución del Congreso y el cambio de la Función
Judicial, además del
rechazo a la "dolarización". Estas consignas van
tomando una fuerza increíble
en el país, de manera que la "clase política",
junto al Congreso y ahora
también el Ejecutivo, presentan los argumentos
legales y constitucionales más
variados a fin de deslegitimar y hasta
impedir un pronunciamiento
plebiscitario en el sentido acordado por el
movimiento indígena. Cabe añadir
que hoy, domingo 13 de febrero, los
periódicos informan sobre las 5 preguntas
que planteará la CONAIE: cese de
los actuales miembros del Congreso Nacional,
de la Corte Suprema de
Justicia y del Consejo de la Judicatura; devolución
inmediata de los fondos
congelados en los bancos; rechazo a la dolarización y
a las privatizaciones
(se plantearía el control de cambios y el no-pago de la
deuda externa);
libertad y archivo de las causas en contra de los militares,
policías y
civiles que participaron en el movimiento del pasado 21 de
enero;
ratificación de la revocatoria del mandato de Mahuad; y, salida
inmediata
de cualquier fuerza militar extranjera que se halle operando en el
Ecuador.
Como en todo proceso histórico, también las fuerzas políticas, las
propias
Fuerzas Armadas, los movimientos sociales y, sin duda, el
movimiento
indígena presentan contradicciones, generan dudas, plantean
caminos
diferenciados, provocan definiciones, afinidades o resistencias. Se
mueven
en un marco nacional complejo y en un mundo internacional que
mira,
presiona y actúa. De manera que uno de los problemas centrales en el
futuro
del Ecuador es el de la construcción de un proyecto nacional, que
logre
integrar los contrapuestos intereses del país, que a lo largo de
nuestra
historia interna han sido tremendamente beligerantes. A esto se
convoca en
mi país con la búsqueda del "gran acuerdo nacional", que
constituye una
"idea-fuerza" en la que todos los ecuatorianos tenemos
esperanza.
El futuro inmediato del Ecuador tiene, por tanto, nuevas
incógnitas. En lo
de fondo, se ha cuestionado una democracia simplemente
"formal", que los
ecuatorianos queremos que sea "efectiva y real", a fin de
que logremos una
sociedad en desarrollo económico, pero con justicia social,
equidad humana
y dignidad como nación en el concierto internacional.
Gracias por su visita. Quito