Continúa la farsa antidemocrática
Elecciones en la UCV
Los próximos viernes 30
de abril y 7 de mayo, se llevarán a cabo las elecciones para escoger las
autoridades (rector, vicerrectores y secretario) de la Universidad Central de
Venezuela. Estos procesos electorales se producen en un momento particularmente
sensible para el país, y revisten una gran importancia para el futuro de nuestra
Universidad. De los resultados que se obtengan dependerá, en gran medida, que la
UCV se ponga a tono o no, con los cambios que hoy experimenta el país.
Las universidades venezolanas, en general, y particularmente la UCV, son
instituciones profundamente antidemocráticas y conservadoras. Cualquier política
que se trace desde los organismos de co-gobierno o desde los órganos de máxima
dirección de la misma, chocará con estructuras y procedimientos retrógrados,
alejados de los intereses de los integrantes de la comunidad, así como de su
entorno social. De allí que sea urgente abrir un proceso de discusión amplio y
democrático en todas las Escuelas y Facultades a fin de conformar una
CONSTITUYENTE UNIVERSITARIA, que refunde a la UCV sobre nuevas bases.
Lamentablemente, los sectores llamados a llevar adelante este debate
desaprovecharon la coyuntura electoral, cayendo en los mismos vicios
burocráticos y antidemocráticos de los partidos de la IV República, designando
un candidato a rector a través de conciliábulos profesorales y sin una
participación mayoritaria de los distintos gremios universitarios. De lo que se
trata entonces, es de poner en los pasillos de nuestra Universidad, así como en
la calle, un proyecto transformador de largo aliento, más allá del inmediatismo
electoral, dirigido a recuperar la Universidad Democrática y Popular que
progresivamente se ha perdido.
¿Qué hacer ante la coyuntura electoral?
En las condiciones actuales, con estas estructuras antidemocráticas que tenemos,
es imposible acometer ningún cambio sustancial en el funcionamiento de la UCV.
Este sistema electoral que hoy prevalece, está absolutamente divorciado de la
Constitución vigente, y de su carácter democrático, participativo y protagónico,
de allí que apoyemos el recurso de nulidad de algunos artículos de la Ley de
Universidades que se introducirá ante el TSJ a fin de suspender el actual
proceso electoral para luego, iniciar un proceso de transformación que permita
la refundación de la UCV, y que sirva de precedente para realizar los cambios
que la Universidad Venezolana exige. Sin embargo, una sentencia favorable del
máximo tribunal del país, sólo será posible acompañando la presentación del
recurso con la movilización y la presión de todos los sectores de la comunidad
ucevista.
¿Qué proponemos?
Desde nuestro punto de vista, los cambios a los que aludimos, deben tener como
eje de articulación, los siguientes aspectos:
1. La Universidad se ha convertido, como dijéramos previamente, en una
institución conservadora y antidemocrática. Además, es una instancia elitesca,
clasista y discriminatoria socialmente, y esto se evidencia en los mecanismos de
selección que limitan el acceso a la misma de los sectores más pobres de la
población. Esto significa que la UCV debe proponer salidas en función de
democratizar el ingreso de los bachilleres y desmontar los mecanismos de
selección y permanencia internos, actualmente existentes.
2. El carácter antidemocrático de la UCV se evidencia en la inoperancia y
elitismo de los organismos institucionales. Esto se expresa en cuestiones como
las siguientes: las autoridades centrales son juez y parte en todas las
decisiones, tal como se puso de manifiesto en las sanciones a los estudiantes
participantes en la toma del Consejo Universitario; los profesores instructores,
la mayoría del profesorado, no tiene derecho a votar para escoger a las
autoridades y a sus representantes ante los organismos de co-gobierno
universitario; los directores son designados a dedo por los decanos, salvo
algunas Escuelas donde se han iniciado procesos de consulta interna, aunque el
decano retiene la decisión definitiva; los directores de las Escuelas no tienen
derecho a voto en el seno de los Consejos de Facultad; los estudiantes no tienen
el mismo derecho que los profesores a la hora de votar, su voto tiene un valor
menor; los empleados no participan en las elecciones. Se impone entonces,
establecer una participación igualitaria y democrática de todos los sectores
universitarios en la toma de decisiones. Apoyamos el 1X1 estudiantil y el voto
sin limitaciones, de todos los integrantes de la comunidad universitaria.
3. Producto de ese carácter antidemocrático de nuestra Universidad, el
presupuesto universitario es manejado por un sanedrín a su buen saber y
entender, sin ninguna participación de la comunidad en su distribución y
ejecución. De allí que se imponga la necesidad de establecer su manejo
transparente, procurando la contraloría social universitaria, a través de un
control participativo de los gremios (APUCV, FCU, AEA, Centros de Estudiantes,
delegados estudiantiles, Asociación de Profesionales y Técnicos, y sindicatos de
obreros) sobre el presupuesto universitario.
4. Es urgente definir una política de reposición de cargos que atienda a formar
a la generación de relevo de los profesores que se jubilan.
5. La Universidad no puede seguir a espaldas del país. Su actividad académica,
la producción de conocimientos y la docencia, deben estar al servicio de la
sociedad, y en particular, de los sectores más necesitados de la misma. En ese
sentido, la autonomía debe servir para que la producción y transmisión de
conocimientos no estén sometidos a la lógica de ningún gobierno, ni determinados
por intereses mercantiles nacionales o transnacionales, pero sí en función de
darle respuesta a los principales problemas del país.
6. Cualquier política de transformación profunda de la Universidad debe tomar en
cuenta la cuestión del saber o de los “saberes”, entendiendo que el mismo, o los
mismos, no son potestad exclusiva de ningún sector, de sabios o “expertos”. La
investigación y los supuestos sobre los que se desarrolle el proceso de
enseñanza-aprendizaje, no deben estar supeditados a intereses transnacionales o
mercantiles. Nuestro objetivo debe ser formar profesionales sensibles
socialmente y nuestra investigación debe dar respuesta a los principales
problemas del país y de los sectores más pobres y excluidos de la sociedad.
7. Cualquier política de transformación y la concreción de los aspectos antes
mencionados, debe pasar por declarar una amnistía general para todos los
estudiantes y empleados sancionados como consecuencia de su participación en la
toma del Consejo Universitario en marzo de 2001, y su reincorporación inmediata.
Prof. Miguel Angel Hernández Arvelo
Profesor de la Escuela de Sociología de la UCV
Miembro de la dirección nacional de Opción de Izquierda Revolucionaria (OIR)
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