Diana Scialpi
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Socióloga y
Especialista en Planificación
y Gestión de Políticas Sociales
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Una investigación exploratoria
verificó que la conducta violenta es perpetrada, en democracia y en las
instituciones estatales, por quienes tienen la responsabilidad de proteger
a todos los ciudadanos. Esta violencia verificada en la transformación del
protector en violento, produce efectos mucho más devastadores por cuanto
se convierte en modelo autorizado además de resultar condición necesaria
para el nacimiento y la realimentación permanente de la
corrupción. Existe una íntima relación
entre violencia político-burocrática, sufrimiento personal (impacto en la
salud física y psíquica de los agentes públicos) resultados de la gestión
pública y resquebrajamiento del sistema democrático y el Estado de
Derecho. La presente nota aspira a
propiciar la reflexión colectiva para revertir situaciones concretas.
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Aunque la violencia ha sido objeto de numerosos estudios desde el punto
de vista de diversas disciplinas, su abordaje como problema de salud
pública es relativamente reciente. Los expertos señalan que la violencia
puede y debe ser tratada como un problema de salud pública, no sólo porque
produce directamente lesiones y defunciones, sino por su impacto en el deterioro
del entramado de relaciones sociales de solidaridad y cooperación que hoy suele
denominarse "capital social". (Filho, 1999)
Más aún, actualmente, diversos organismos internacionales de salud pública,
entre ellos,
A la luz de este vacío de conocimiento, la conceptualización, medición y análisis de las conductas violentas en diferentes contextos y la comprensión de sus causas y factores asociados, fueron establecidas como tareas urgentes encaminadas a orientar las acciones de salud pública en los referente a la prevención de la violencia y la atención a las víctimas y agresores.
Todos los organismos internacionales de salud subrayan la necesidad de profundizar en el conocimiento y la comprensión de la compleja trama de factores políticos, socioeconómicos, psicosociales y culturales que se asocian con la violencia y resaltan la importancia de fundamentar un enfoque integrado de prevención. Para ello consideran prioritario la promoción y realización de investigaciones y el mejoramiento de los sistemas de información y registro.
En consonancia con el enfoque explicitado a título introductorio, han
comenzado a surgir estudios sobre la violencia en los ámbitos laborales. Si bien
es posible que las conductas violentas en el trabajo sean un fenómeno tan
viejo como el trabajo mismo, como fenómeno de patología laboral han
comenzado a hacerse visibles en Europa y E.E.U.U, sólo desde hace una década.
En los países anglosajones y en los países nórdicos, se lo denomina "mobbing"
( de mob: muchedumbre, manada, plebe) En Suecia, el psicólogo del trabajo Heinz
Leymann, investigador de estos procesos, lo designa "psicoterror". En este país,
el hostigamiento psicológico en el trabajo origina entre el 10% y el 15% de los
suicidios registrados, según señala un informe de
En Francia, se advierte que la tensión laboral afecta negativamente a la salud de las personas y genera un costo económico aunque todavía no se ha evaluado con exactitud. La especialista en Victimología, Marie France Hirigoyen (1999) acuñó el concepto "acoso moral" para describir un proceso de maltrato psicológico mediante el cual "un individuo puede conseguir hacer pedazos a otro y el ensañamiento puede conducir incluso a un verdadero asesinato psíquico". La victimóloga francesa describe minuciosamente el perfil del perverso y visibiliza la dinámica del fenómeno: "Por acoso en el lugar de trabajo hay que entender cualquier manifestación de una conducta abusiva y, especialmente, los comportamientos, palabras, actos, gestos y escritos que puedan atentar contra la personalidad, la dignidad o la integridad física o psíquica de un individuo, o que puedan poner en peligro su empleo, o degradar el clima de trabajo."
Según la experta, "cuando el proceso de acoso en la empresa se instaura, la víctima es estigmatizada: se dice que el trato con ella es difícil, que tiene mal carácter o que está loca. Se considera que su personalidad es la responsable de las consecuencias del conflicto y la gente se olvida de cómo era antes o de cómo es en otro contexto." Más aún, "las víctimas, al principio y contrariamente a lo que los agresores pretenden hacer creer, no son personas afectadas de alguna patología o particularmente débiles. Al contrario, el acoso empieza cuando una víctima reacciona contra el autoritarismo de un superior y no se deja avasallar. Su capacidad de resistir a la autoridad a pesar de las presiones es lo que la señala como blanco". Por último, Hirigoyen advierte que "la empresa en su conjunto se puede convertir en un sistema perverso cuando el fin justifica los medios y cuando está dispuesta a todo - incluso a destruir a sus empleados - con tal de alcanzar sus objetivos. En este caso, la mentira desencadena el proceso perverso en el mismo nivel de la organización del trabajo."
Por encima de la visibilización del fenómeno del "hacelérement moral", la especialista destaca que la dificultad para defenderse del acoso moral reside en el hecho de que casi nunca se dispone de pruebas flagrantes.1
Sobre la misma cuestión argumenta la socióloga argentina Inés Izaguirre (1998) en su contribución al debate conceptual sobre la violencia y las dificultades e interrogantes que plantea su traducción en observables.
La palabra violencia, evoca, de inmediato, imágenes que tienen que
ver con el empleo de la fuerza material: golpes, hechos de sangre, estallido,
combate. Pero la violencia, en términos generales es una forma de ejercicio
del poder mediante el empleo de la fuerza (no sólo) física, (sino también)
psicológica, emocional, económica, política. En sus múltiples
manifestaciones implica la existencia de un arriba y un abajo, reales o
simbólicos, que adoptan habitualmente la forma de roles complementarios:
padre-hijo, hombre-mujer, maestro-alumno, patrón-empleado, joven-viejo. El
empleo de la fuerza se constituye en un método posible para resolver conflictos
como un intento de doblegar la voluntad del otro, de anularlo precisamente en su
calidad de "otro". La violencia implica una búsqueda de eliminar los obstáculos
(las normativas) que se oponen al propio ejercicio del poder, mediante el
control de la relación obtenido a través del uso de la fuerza ( abuso de poder )
(Corsi, 1995)
Ahora bien, cuando el empleo de la fuerza y la voluntad de doblegar al otro, es perpetrado, en democracia, precisamente, "por quienes tienen la responsabilidad social y legal de cuidar a los ciudadanos, de mantener el orden en su mundo, de preservar la estabilidad y predictibilidad de sus vidas ( el Estado a través de sus agentes), la violencia tiene un efecto (doblemente) devastador y de largo alcance." Ello en virtud de que "la transformación del carácter protector en carácter violento ocurre en un contexto y en un discurso que destruye o falsea los significados y deniega esta transformación." (Sluzky, 1994)
Estamos hablando entonces de una violencia ejercida por quien tiene la obligación de proteger. De manera análoga a la situación donde, en el contexto familiar, el padre (que tiene la obligación legal y moral de proteger a sus hijos) viola a su hija o hijo.
Este tipo de violencia es la que define Sluzky con tanta justeza: "La calidad siniestra y el efecto traumático devastador de la violencia familiar y política son generados por la transformación del victimario de protector en violento, en un contexto que mistifica o deniega las claves interpersonales mediante las cuales la víctima reconoce o asigna significados a los comportamientos violentos y reconoce su capacidad de consentir o disentir." (Sluzky, 1994)
Así, la violencia adquiere características devastadoras cuando el acto de violencia es re-rotulado: ej: "Esto es organización y capacitación para la eficiencia y la eficacia " y su efecto, sea dolor físico, o emocional, es negado o mistificado. El corolario de valores es redefinido: ej: " De esta manera estamos modernizando el Estado." La re-rotulación corre por cuenta del violento, quien atribuye a su conducta un significado diferente del que realmente tiene."2
Para Sluzky, esta definición de violencia política, que subraya la transformación de la fuente de protección en fuente de terror en un contexto engañoso, lejos de ser específica de la violencia política, borra buena parte de la distinción entre la (macro) violencia política y la (micro) violencia familiar y permite abarcar un amplio espectro de situaciones.
Con la convicción de que este modelo general de Sluzky resulta un instrumento
preciso y oportuno para estudiar el territorio de
En contraste con el fenómeno del "acoso moral" (tratado en el punto 2) para el cual resulta difícil hallar "pruebas flagrantes", sostengo que para la violencia político-burocrática, no resulta muy difícil encontrar pruebas contundentes. Hay claros indicadores y aún expedientes que develan lo que está pasando.3
A mi juicio, resulta urgente abordar la tarea de identificación y
esclarecimiento de algunas de las principales modalidades de violencia que
padecen los trabajadores de
Si para los organismos internacionales de salud pública resulta urgente
la conceptualización, medición y análisis de las conductas violentas en
diferentes contextos y la comprensión de sus causas y factores asociados, el
análisis de las conductas violentas en el ámbito de
Ello en virtud de que, tal como razona Sluzky (1994) la transformación de la
fuente de protección en fuente de terror, en un contexto engañoso, hace que los
efectos de las conductas violentas en la gestión de personal de
Además del impacto que tiene esta violencia político-burocrática sobre la salud de los agentes públicos y sobre los resultados de la gestión de los organismos estatales, se convierte en modelo autorizado (Coria, 1994) y ofrece un soporte instrumental estratégico para la corrupción, fenómeno éste que, en la actualidad, comienzan a combatir los organismos multilaterales de crédito y las grandes corporaciones multinacionales que reclaman más respeto a las reglas y prácticas internacionales.
Resulta obvio que para perpetuarse, la corrupción en el Estado requiere en
primer término, conductas violentas en la gestión de personal de
La investigación de campo permitió constatar la íntima relación que existe entre violencia político burocrática, sufrimiento personal (impacto en la salud física y psíquica de los agentes públicos), resultados de la gestión pública en términos de servicios prestados a la población argentina en su conjunto y resquebrajamiento del sistema democrático.
La visibilización de este fenómeno habilita el debate de esta singular
problemática que afecta potencialmente nada menos que al 14,4% de
Cabe esperar que el reconocimiento, la identificación, en suma la
visibilización de la violencia en la gestión de personal de
Es necesario recordar que la sola existencia de ciertas condiciones sociales objetivas, no es condición necesaria y suficiente para su reconocimiento como problema social. Es preciso, además, que esa condición "afecte a un número importante de personas de un modo considerado inconveniente y que la gente crea que puede y debe hacer algo para corregirla, mediante la acción social colectiva, en virtud de que es considerada socialmente indeseable." (Horton, 1987)
En este sentido es posible encontrar antecedentes alentadores. En el tema de
la violencia, como en otros fenómenos sociales, hay un largo camino que va desde
el momento en que se identifica (y se visibiliza) una modalidad de violencia
como problema social hasta que se elaboran marcos teóricos comprensivos y se
toman decisiones para su atención y tratamiento. Así por ejemplo, hace veinte
años, poco o nada hablábamos de violencia familiar en
Una problemática similar a la de la violencia en el contexto familiar, es identificable en los lugares de trabajo. Por encima de las particularidades observables en cada sector de actividad, la conducta violenta en ámbitos laborales es verificable, aunque ocultada como ocurrió con la violencia familiar.
Menos denunciada aún es esta violencia en
La detección y la denuncia, adquieren carácter de emergencia social. Su tratamiento y corrección también.
Creo firmemente que eludir esta parte sustancial de la conflictiva humana, subestimarla o minimizarla es una forma de justificación. Más aún no exponerla equivaldría a incurrir - a mi entender - en una "doble victimización"8. En tal caso estaríamos favoreciendo conscientemente el desarrollo y la perpetuación de estas formas de violencia que son, en rigor, formas de antidemocracia. En igual sentido corresponde buscar y encontrar, de inmediato, cauces adecuados para prevenirla y corregirla.
Felizmente quienes así pensamos no estamos solos. Hirigoyen (1999) apunta que "basta con que un grupo, una empresa o un gobierno cuenten con uno o con varios individuos perversos para que todo el sistema se vuelva perverso. Si esta perversión no se denuncia, se extiende subterráneamente mediante la intimidación, el miedo y la manipulación. Efectivamente, para atar psicológicamente a un individuo, basta con inducirlo a la mentira o a ciertos compromisos para convertirlo en cómplice del proceso perverso. Sin ir más lejos, ésta es la base del funcionamiento de la mafia o de los regímenes totalitarios."
Podemos definir a la violencia político-burocrática como una
variante de la violencia política, perpetrada por funcionarios políticos de
En cualquiera de sus muchas variantes, esta violencia política-burocrática
tiene un efecto devastador y de largo alcance en quienes han sido y son sus
víctimas. Este efecto se deriva de la coexistencia de dos factores a saber a)
Que la violencia político-burocrática es perpetrada, precisamente por los
funcionarios políticos y aún por Personal Jerárquico (de planta) y
administrativos de carrera de alto rango de
El aprendizaje social le impone al agente respetar a su superior, lo que conlleva la ideología (creencia) de que tiene la obligación de complacerlo, subordinándose a todo capricho o impulso del superior. Implícita e históricamente muchos agentes ( ¿la mayoría?) han incorporado este "deber de complacer" . Esto significa no discutir en situaciones de trabajo y aceptar las re-rotulaciones (resignificaciones) de las conductas que realizan los jefes. El desamparo aprendido en que vive la población afectada encubre y perpetúa "la existencia y el funcionamiento de las relaciones violentas más frecuentes y cotidianas de nuestra sociedad, donde no se ve el ejercicio de la fuerza material y por ello han sido naturalizadas, normalizadas."(Izaguirre, 1998)
Entre las modalidades que padecen los agentes de
Abierta violación de normas vigentes; criterios irracionales de selección de
personal; concursos espurios; asignación clientelar, corporativa o amiguista de
los cargos de dirección en el aparato estatal y de los gastos reservados,
existencia de regímenes de privilegio y de onerosas consultorías financiadas por
organismos internacionales que contribuyen a aumentar la deuda externa, sumarios
injustificados; sistema de capacitación con "clientela cautiva" y desaliento a
la excelencia profesional mediante criterios perversos de equivalencias para la
capacitación externa al Instituto Nacional de
En un caso recientemente denunciado aparece claramente la relación entre
violencia y corrupción. La situación plantea la experiencia de un profesional
médico, con el cargo de Jefe de Hemoterapia de un hospital público. El
profesional ha llegado a ocupar el cargo por concurso público y lo ejerce desde
hace algunos años. La dirección renovada del hospital tiene la intención de
sacarlo del medio. Se trata de quitarle el cargo y "dárselo" a otro. En virtud
de que no hay evidencias que justifiquen la iniciación de un sumario o la
querella formal y legal, se recurre al procedimiento violento. Amenazas,
denuncias falaces, y todo tipo de avasallamientos personales.
El fin que justifica la conducta violenta es obtener, por cooptación, el control de un servicio hospitalario que produce dinero. Otros profesionales de servicios hospitalarios tales como el servicio de Farmacia, de Laboratorio, de Rayos, que son los principales productores de recursos monetarios, también han resultado víctimas de procedimientos similares.
El proceso ha seguido - con sus particularidades específicas - el sendero habitual y las características generales de estos procedimientos: contradecir, humillar, no compartir información, bloquear y desviar material técnico, juzgar y criticar, acusar y culpar verbalmente, atormentar, socavar aduciendo comportamientos confusos, sabotear, interrumpir, olvidar, insultar, ordenar, negar, amenazar telefónicamente a la familia.
El propósito es silenciar a la víctima, acorralarla, dejarla atrapada entre luchar o callar y aceptar sin protestar, controlarla y dominarla para que deje el camino libre para los corruptos que aspiran a medrar y realizar pingües ganancias con la comercialización del servicio. Muchos abandonan la lucha por miedo a mayores y más graves consecuencias personales y familiares.
Hemos establecido que la re-rotulación corre por cuenta del
violento, quien atribuye a su conducta un significado diferente del que
realmente tiene. Podemos agregar que esta dinámica que subraya la transformación
de la fuente de protección en fuente de terror en un contexto engañoso, es de
sencilla verificación.
Ya sea por medio de la observación empírica o merced a la puesta a prueba (comparación) entre el discurso y los hechos documentados, puede constatarse que se falsean los significados y se tergiversa el carácter de las conductas.
El procedimiento es tan habitual, está tan normalizado que se dan por normales conductas que no lo son. Más aún, se llega a calificar de "persona equilibrada" o "persona que sabe adaptarse a las circunstancias " (entendido como elogio) a la persona que no cuestiona las abiertas violaciones a las normativas vigentes, ni mucho menos las arbitrariedades, algunas de ellas incluidas (avaladas y consolidadas) en las mismas normativas vigentes.
La abierta discrepancia con tales iniquidades y con la violación de las normas, se atribuye a características personales conflictivas. Por el contrario, lo natural, lo esperable es la "conformidad automática" (Fromm, 1984), el aval a la arbitrariedad, el sometimiento y la impotencia aprendida, conductas que también cobran vida en los diversos relatos de casos y experiencias que integran la muestra intencional de la investigación.12
La mayoría de los casos seleccionados como casos en la investigación
realizada, cuentan con expedientes de reclamos administrativos presentados, lo
que habla a las claras de individuos que conocen sus derechos, más allá de que,
lamentablemente, en casi todos los casos la respuesta de
Esta violencia no-accidental requiere de un contexto en el cual algunos miembros del sistema tienen el poder de decidir - poner en acto - qué es lo que va a ser validado como "real" para todos los miembros del sistema administrativo público. Por lo mismo, la persona (se trate de profesionales, científicos, técnicos, empleados administrativos o personal de maestranza) es negada o invalidada en tanto "sujeto social" y es tratada como "objeto social". Cuando ocurre esto, cuando las instituciones que deben proteger, causan daño, lo hacen de una manera tal que, la violencia y el daño quedan mistificados y justificados, llegando incluso a desfigurar el Estado de Derecho.
Del listado de violencias enumeradas en el punto 6, seleccionaré otros
ejemplos de mecanismos muy ocultos - ¿violencias sutiles? - que ocasionan
insomnio, palpitaciones, ahogos, malestares físicos diversos, y afectan el
rendimiento laboral, dañando el espíritu con sentimientos de profunda
frustración, tristeza y desesperanza. ¿Acaso puede albergarse alguna duda de
que, además de los efectos sobre la salud psíquica y física de los agentes,
estas violencias alimentan la corrupción, impactan sobre los resultados de la
gestión pública y vulneran nuestro sistema democrático?
9.i Cursos de capacitación
En 1990
En los hechos (documentados) la excelencia profesional es drásticamente
desalentada. Los profesionales con títulos universitarios de grado y de
posgrado, pertenecientes al escalafón SINAPA, son obligados a realizar cursos de
menor nivel académico al título que poseen, dictados en el INAP. Vale decir que
para obtener créditos de capacitación y "progresar" en la carrera administrativa
deben "des-capacitarse". En caso de optar por realizar cursos de excelencia
externos al Instituto Nacional de
9.ii Evaluaciones de desempeño
"Las prácticas de promoción son subjetivas y clientelares. La implementación de los sistemas de evaluación de desempeño se ve inhibida por la dificultad para construir parámetros representativos para aislar favores personales que afectan la neutralidad para construir mediciones confiables de desempeño y de aspectos actitudinales. En el sector público la neutralidad es aún más difícil de lograr que en el privado, ya que existe un alto margen de discrecionalidad en la medida en que las posiciones más altas de la escala administrativa son evaluadas por funcionarios políticos, que no siempre dan prioridad a variables de mérito en la gestión, sino a la mayor o menor maleabilidad de los directores de carrera frente a sus demandas" (Tesoro, 1999)
La evaluación concreta se realiza "con cupos". El evaluador tiene establecida, de antemano, la cantidad de agentes que pueden obtener determinada calificación. Esta modalidad desvirtúa de plano cualquier evaluación. Por añadidura se ha implementado un "premio en dinero" para el agente que obtiene la "mejor calificación".
Como síntesis de la perversión, el ascenso en la carrera administrativa para los agentes que pertenecen al escalafón SINAPA, depende de la evaluación de desempeño y de los créditos de capacitación obtenidos.13
Muchos profesionales del escalafón SINAPA, han dejado de concurrir a los cursos de capacitación del INAP, y tienen la categoría congelada. No ascienden en el escalafón y su salario se mantiene estático, desde hace más de cinco años, por resistirse a la humillación de concurrir a cursos de menor nivel académico al que poseen y por añadidura, ajenos tanto a sus necesidades como a las de los organismos que integran.
9.iii Sistema de selección por concursos "espurios"
El enfoque de la violencia transgresora
El fin justifica los medios a la hora de ubicar "amigos o personas dóciles a requerimientos no técnicos. El uso perverso del sistema ha causado descreimiento y desaliento entre quienes creyeron que constituiría una vía legítima para la incorporación de gerentes con alto grado de competencia" (Tesoro, 1999)
A los efectos de la investigación, para representar las re-rotulaciones y
conductas violentas que se practican cuando se llevan a cabo los concursos de
selección de personal, seleccioné dos casos. El primero fue el único caso con
nombre y apellido porque la damnificada realizó una denuncia pública y entabló
un debate periodístico (en cuatro notas sucesivas) con el entonces Secretario de
Programación Económica del Ministerio de Economía de
Después de definir a la violencia transgresora Puget, Bianchedi y otros (1993) analizan el caso de un paciente cuyos sufrimientos describen minuciosamente. El paciente había sido notificado de haber ganado un concurso y, no obstante, se encontró con que el cargo le había sido adjudicado a otra persona. El estudio advierte cómo, el paciente, ante la imposibilidad de subsanar la injusticia por vía legal, se siente invadido por un "estado de amenaza" que lo impulsa a apelar a "cualquier método" (incluido el soborno) para rectificar la situación. Lo ilustrativo del caso es que el paciente ( quien lucha interiormente entre discriminarse o mimetizarse con el sistema) manifiesta enojado, que "todo el mundo" hace lo mismo y que él, por no haberlo hecho (sobornar) ha perdido esta oportunidad de trabajo. Más aún, llega a la conclusión de que en esta sociedad es la "única manera" de conseguir cosas. El paciente llega a sugerir que por su situación económica, la continuidad de su análisis depende en parte del resultado de ese concurso. Esto podría promover en el analista una alianza transgresora, obturando nuevamente la posibilidad de pensar. El soborno al analista consiste en paralizar su función y proponerle una alternativa donde se alía con el sistema perverso o pierde a su paciente, e incluso, desde otra perspectiva aparentemente altruista, hacer perder a su paciente la posibilidad de analizarse.
El trabajo analítico llevó al Señor X a experimentar el profundo malestar inherente a la toma de conciencia de formar parte de una estructura social en la que tanto él como su analista juegan un papel pasivo. El caso presentado por Puget, Bianchedi, Braun y Pelento, como modelo, puede ser utilizado para pensar otras situaciones donde la alianza con la sociedad transgresora aparenta resolver el conflicto. Ello ocurre - como apuntan los psicoanalistas autores del estudio - cuando la violencia social transgresora ha transformado al sujeto en cómplice activo del sistema.
9.iv Las arbitrariedades legales
No todas las violencias son estrictamente ilegales. A mi juicio, las abismales diferencias salariales y otras disparidades injustificables, constituyen una violencia genuina y legal. Veamos algunos ejemplos
Un cuerpo especial, creado en 1984 e integrado por sólo 200 profesionales que aprobaron un proceso de selección y un curso de dos años de formación (Cuerpo de Administradores Gubernamentales ) "perciben salarios superiores a los agentes superiores del SINAPA, quienes también deben ser graduados universitarios y desarrollan funciones similares de organización, planeamiento y control." (Oszlak,1994) Este cuerpo es, además, "una organización que se reproduce a sí misma" ya que ellos mismos "son responsables de la selección de nuevos cursantes, de la coordinación del cuerpo y de la evaluación preliminar de desempeño de sus miembros. El sistema privilegia claramente la promoción automática por antigüedad". (Oszlak,1994) Esto se verifica en el año 2000 donde la mitad del cuerpo (unos noventa agentes) aparece en la categoría B2 con$ 5.549, la más alta alcanzada hasta el momento, ya que nadie ha llegado a la categoría A. En la actualidad, los ingresos del Cuerpo de Administradores Gubernamentales oscilan entre los $3.975 y los $5.549.15
Por otra parte, en claro contraste con los padecimientos de los profesionales
del escalafón SINAPA, (detallados en 9.i. y 9.ii) el ventajoso régimen de
licencias de los Administradores Gubernamentales incluye, según el artículo 50
de
Estas iniquidades, sumadas otras perversiones de las que todavía adolece el castigado sector público argentino tales como la asignación clientelar, corporativa o amiguista de los cargos de dirección en el aparato estatal, la existencia de regímenes de privilegio, de onerosas consultarías financiadas por organismos internacionales que contribuyen a aumentar la deuda externa y otras, sirven para que el imaginario social se nutra de concepciones genéricamente devaluatorias de los sufridos empleados estatales, quienes resultan ser las principales víctimas de estas inequidades. Un ejemplo elocuente de ello es la aplicación del Decreto 430/2000 que redujo el 12% en los salarios del PEN superiores a los $1000. Ahora, el 80% de los agentes del PEN, gana menos de $1.320. Veamos:
En el mes de enero de 2000, el Poder Ejecutivo Nacional ocupaba a 255.432 agentes, incluyendo en ese número al personal de las fuerzas armadas y al de seguridad. En aquel momento, casi el 50% de la planta de personal del PEN percibía salarios de hasta $1.000 mensuales, en tanto otro 27% recibía remuneraciones que oscilaban entre los $1.001 a $ 1.500 por mes.
PODER EJECUTIVO NACIONAL - CONSOLIDADO
DISTRIBUCION DE LOS SALARIOS POR
TRAMOS DE
LOS AGENTES OCUPADOS EN EL PODER
EJECUTIVO NACIONAL
ENERO
2000
|
TRAMO |
Cargos
Ocupados (1) | |
|
Número |
Participación | |
|
Hasta $
500 |
18,626 |
7.3 |
|
501-1000 |
101,879 |
39.9 |
|
1001-1500 |
69,023 |
27.0 |
|
1501-2000 |
35,364 |
13.8 |
|
2001-2500 |
15,604 |
6.1 |
|
2501-3000 |
5,178 |
2.0 |
|
3001-3500 |
3,259 |
1.3 |
|
3501-4000 |
2,356 |
0.9 |
|
4001-4500 |
1,269 |
0.5 |
|
4501-5000 |
739 |
0.3 |
|
5001-5500 |
510 |
0.2 |
|
5501-6000 |
546 |
0.2 |
|
Mayor a $
6000 |
1,079 |
0.4 |
|
TOTAL |
255,432 |
100.0 |
Fuente:Boletín Fiscal-1° Trimestre de 2000
Es decir, casi el 80% de los empleados civiles16, militares, policiales y de otras fuerzas de seguridad que ocupaban cargos en las jurisdicciones de la administración pública central y en todos los organismos descentralizados que dependían de ella, ganaban -en el mes de enero de 2000- salarios cuyos montos mensuales no superaban los $1.500. Si se tiene en cuenta, además, que la complejidad de las actividades inherentes al funcionamiento de los estados modernos y la incorporación de las nuevas tecnologías informáticas exige la creciente profesionalización de la planta de empleados estatales, las remuneraciones de la inmensa mayoría de los asalariados públicos nacionales no debería dar la impresión de un derroche de dinero que justifique más ajuste. (Redondo y Scialpi, 2000)17
El Convenio Colectivo de Trabajo General para
El Capítulo III del Título XIV dedicado a "Igualdad de Oportunidades y de Trato" lleva el sugerente nombre de "Erradicación de la violencia laboral" y tiene un solo artículo - el 137 - que dice:
"Los agentes que incurran con su accionar en la figura de acoso sexual, quebrantando las prohibiciones del inciso e) del artículo 28 del Régimen Jurídico Básico, o la norma que lo reemplace en el futuro, serán sancionados con cesantía de acuerdo a lo normado en el articulo 32 inciso f) del mismo ordenamiento legal. La agente afectada por el accionar descrito en el párrafo precedente, podrá denunciar los hechos ante el responsable del área de recursos humanos del organismo. "
La flagrante reducción está a la vista. El artículo 137 que acabamos de citar
textualmente permite inferir que según los redactores del Convenio Colectivo de
Trabajo para
A la luz de esta simplificación cabe preguntarse: ¿Los redactores del
Convenio habrán sido sólo varones? y aún así, ¿sólo el acoso sexual constituye
violencia laboral? Las abiertas violaciones a las normativas vigentes, los
criterios irracionales de selección de personal, los concursos espurios que no
prevén recurso de apelación, los cargos no otorgados a los ganadores declarados
de concursos, las designaciones a dedo, las unidades retributivas distribuidas a
criterio del jefe político, la falta de ocupación efectiva y la subutilización
de capacidades y talentos; el sistema de capacitación con "cliente cautiva", el
desaliento a la excelencia profesional con perversos criterios de otorgamiento
de equivalencias para la capacitación externa al INAP, las evaluaciones de
desempeño con cupos, ni objetivas ni confiables como exige el mismo Convenio
Colectivo; las escandalosas diferencias salariales entre profesionales que deben
ser graduados universitarios y desarrollan funciones similares de organización,
planeamiento y control pero pertenecen a plantas permanentes y escalafones
distintos, las becas de estudio - incluidas maestrías costosas - no difundidas y
reservadas sólo para los amigos/as de los jefes de turno, el hacinamiento
laboral y la inadecuación del mobiliario, la falta de lugares destinados para el
almuerzo de los trabajadores que comen sobre el escritorio, atendiendo, a veces,
simultánemente al público; el no-pronunciamiento administrativo ante los
reclamos efectuados por los agentes, en definitiva la falta de cuidado de los
recursos humanos que son el "activo" principal de las administraciones, ¿acaso
no constituyen violencia laboral ejercida contra todas las mujeres y todos los
varones que trabajan en
Esta violencia de la que hablamos, así incorporada a la vida cotidiana dentro
de
Cabe preguntarse si se trata de violencias menores en comparación con otras violencias sociales aunque se impone dudarlo frente a importantes "hallazgos anómalos" referidos a tasas de mortalidad y tasas de enfermedad específicas del sector.21 (Evans, Barer y Marmor, 1996) Sea cual fuere la respuesta a este interrogante, el análisis de este tipo de violencias nos parece útil y necesario para dar sentido y alcance a una democracia efectiva.
Con referencia a los efectos directos, mi estudio del territorio
administrativo, desde la perspectiva de las conductas violentas en la gestión
del personal, requirió una descripción pormenorizada de los efectos psicológicos
de la violencia, que fue realizada en términos de escenarios teóricos posibles:
a) discrepancia cognitiva b) procesos de ataque o fuga c) enseñanza-aprendizaje
d) lavado de cerebro e) Síndrome de Estocolmo) adaptando el modelo general de
Sluzky que pone énfasis en dos variables mutuamente independientes: las
consecuencias atribuidas a la violencia y su naturaleza aislada o repetitiva.22
No existen datos que permitan evaluar debidamente el impacto que esta violencia causa en la salud física y písiquica de los agentes públicos. Algunos hallazgos surgidos de las entrevistas confirmaron ciertos "hallazgos anómalos" de investigaciones científicas recientes que muestran el significativo impacto que tienen sobre la salud de los agentes del sector público, tanto la infrautilización de habilidades y capacidades individuales como el nivel que ocupan en el escalafón y la cada vez más desigual distribución de los ingresos.
Los casos estudiados ( sobre expedientes y entrevistas) remiten directamente a los estudios que sugieren, por un lado, la existencia de un proceso causal subyacente correlacionado con la jerarquía per se del agente en el escalafón y por el otro, las graves consecuencias del estrés por la subutilización de capacidades potenciales que se expresa a través de distintas enfermedades. Las enfermedades concretas que enferman a los agentes son vías o mecanismos alternativos en lugar de causas. El factor causal subyacente es "la falta de autorrealización y autoestima que difiere bastante desde la cúpula a la base del escalafón y es mucho más compleja de medir que el "ausentismo", el "hambre" o la "inadecuación de la vivienda."
Esto significa que esta verificación e identificación de modalidades de violencia político-burocrática conlleva, en cierto modo, una provisoria evaluación de impacto (los efectos) de la violencia político-burocrática, sobre la salud de los servidores públicos. Así lo sugieren, las consignas provenientes de diversos ámbitos cuya orientación seguimos:
1) "Las condiciones y Medio Ambiente de trabajo no actúan de forma independiente. El medio ambiente de trabajo, la organización, el contenido de trabajo, la higiene y seguridad, interactúan incrementando o disminuyendo los riesgos, las enfermedades y/o accidentes" y
2) "Las alteraciones de la salud mental generadas por los distintos factores de estrés laboral influyen no solamente en el ambiente de trabajo sino también en el medio familiar y social." (Rodríguez, 1990)
No fue posible constatar - dentro del ámbito de
11.i Desgano vital y desamparo aprendido
Uno de los efectos más graves ocasionados a las víctimas de situaciones
habituales de violencia - entre las que incluyo las violencias que padecen los
integrantes de
Los experimentos de Seligman, realizados con animales, para estudiar el fenómeno de la normalización de la violencia y la impotencia aprendida, en los años sesenta, sirvieron al estudio del instinto de fuga de los seres humanos. Un perro recibía descargas eléctricas si caminaba sobre un lado de la superficie de una jaula. El animal aprendió a alejarse de ese lado. Después, las descargas se producían en otros sitios y más tarde ocurrieron al azar. Al principio, el perro se mostró confuso y más tarde se aterrorizó. Finalmente se dio por vencido y se tendió, recibiendo las descargas tal como venían sin tratar de esquivarlas. El experimento no terminó allí. Los científicos abrieron la puerta y dejaron el perro en libertad. En vez de salir corriendo, el animal no atinó a abandonar la jaula.
Seligman y su equipo de científicos dedujeron que cuando una criatura se expone a la violencia, tiende a adaptarse a esta perturbación de tal forma que, cuando cesa la violencia o se le concede la libertad, el saludable instinto de defenderse o de huir queda notablemente mermado y, en su lugar, la criatura se queda quieta.
Una década más tarde, Lenore E. Walker aplicó este mismo principio de la indefensión aprendida al interrogante de por qué las mujeres permanecían al lado de los hombres que las maltrataban duramente. Su trabajo "La mujer golpeada" constituyó un hito en la problemática. La normalización de la violencia las lleva a sentirse incapaces de reaccionar para defender las cosas en las que creen con todo su corazón.
Desde la perspectiva histórica podemos encontrar otros ejemplos de desamparo aprendido. El historiador Sánchez Albornoz (1973) denominó "desgano vital" al estado anímico de los aborígenes americanos que provocó el drástico descenso de la fertilidad en las familias nativas, las que pasaron de tener 6 hijos cada una, en promedio, a no tener ninguno hasta imposibilitar el reemplazo normal de las generaciones. Para Sánchez Albornoz el "desgano vital" fue el factor de mayor incidencia (entre otros como el sarampión, ciertas enfermedades adquiridas, la guerra y las muertes violentas) para explicar la desaparición de las comunidades aborígenes. Albornoz describió el derrumbe de su mundo y de sus formas de vida con estas palabras: "las quejas de los colonizadores evidenciaban sin sombras el desánimo con que los nativos vivían en una sociedad que había dejado de ser la suya."
A mi juicio, el desgano vital y el síndrome de indefensión aprendida afecta
notoriamente a los integrantes de
También a mi juicio, deberíamos ser capaces de generar programas de
entrenamiento para des-aprender, des-condicionar, a las víctimas de violencia en
Íntimamente ligada con esta perspectiva del desamparo aprendido, otra mirada sostiene que el déficit principal de la sociedad argentina, es el déficit de función paterna. Este déficit conduce, por un lado, al entronizamiento de caricaturas sustitutivas y por otro, a una inserción inmadura en la realidad. Este déficit es entonces el responsable de la infantilización de la población y de la obstaculización y la intolerancia a los cuestionamientos necesarios para crecer, evolucionar y construir el propio destino. (Abadi y Mileo, 2000)
En este contexto, no me parece casual que el trabajo de la psicoanalista Pinkola Estés, cuyo propósito principal es contribuir a la reparación del instinto de defensa mutilado (herido) tenga tanto éxito. Pinkola Estés (1998) señala que la normalización de lo anormal, incluso en el caso de que no quepa la menor duda de que ello va en detrimento de la propia persona, se aplica a todas las palizas que se propinan a nuestras naturalezas físicas, emocionales, creativas, espirituales e instintivas.23
Nuestra psique se acostumbra a las "descargas" dirigidas contra nosotros. Cuando nos adaptamos a la violencia, procuramos normalizar lo anormal y perdemos nuestra capacidad de huir, perdemos nuestra capacidad de defender los elementos del alma y de la vida que a nuestro juicio son más valiosos. Pinkola Estés explica que este síndrome de indefensión, impotencia o desamparo aprendido, esta lesión del instinto, nos hace olvidar la justa cólera, y nos enmudece, imponiéndonos silencio cuando en rigor deberíamos reclamar, hablar, intervenir, debatir. Sostiene que los traicionados, no pueden volver a confiar y que la traición se produce cuando los que ostentan el poder, ven el peligro y apartan el rostro. Por último subraya que nos traicionamos a nosotros mismos cuando vemos el peligro y apartamos el rostro, cuando incumplimos los compromisos de ayuda o respaldo y evitamos los comportamientos valientes.
Transcribiré sólo algunas de las conclusiones de mi investigación
exploratoria a la que me he estado refiriendo a lo largo de esta nota.
Toda estructura social tiene objetivos, propósitos, fines, o si se prefiere
intereses - cultural y socialmente definidos - y reglas o procedimientos
permitidos para avanzar hacia dichos objetivos.
La literatura sociológica describe casos donde la estructura social o burocracia olvida los objetivos originales y comienza a transferir tal fuerza a los procedimientos que termina convirtiéndolos en ritos.24 El rito permite la evasión y se consolida a través de esa suerte de adaptación pasiva a la realidad, de aceptación de un riesgo no advertido, como parte natural del trabajo, que aparece configurada en las experiencias de "conformidad automática".
Los procedimientos de la violencia político-burocrática han adquirido tal
fuerza que han terminado por convertirse en ritos. La población trabajadora de
Existen otras situaciones explicadas por la sociología donde la eficacia bien puede alcanzarse con "prácticas no permitidas". Es el caso de algunas comunidades religiosas que prohiben determinadas operaciones quirúrgicas aún a riesgo de que sus miembros pierdan la vida. En tales circunstancias, una "práctica no permitida" (la operación quirúrgica) podría garantizar la eficacia: salvar la vida de sus integrantes.
Esto da cuenta de que la eficacia puede ser entendida de muchas maneras
diferentes. Por consiguiente, se impone primero, debatir y definir en cada
oportunidad, qué entendemos por eficacia, vale decir qué logros nos proponemos
alcanzar, efectivamente, desde una jurisdicción en particular y desde
Para el caso de
A diferencia de lo apuntado para ciertas comunidades religiosas en las que
una "práctica no permitida" (la operación quirúrgica) podría garantizar la
eficacia ( salvar la vida de sus integrantes) en el caso de
Pero tampoco las normas legales vigentes (prácticas permitidas) parecen
conducir a la eficacia. En este sentido hallamos normas emanadas en el contexto
de
Considero que se abre - en este terreno del maltrato y la violencia político-burocrática - un amplísimo campo de estudio para las distintas áreas temáticas de los Ciencias Sociales del Trabajo, que incluyen desarrollo organizacional, relaciones laborales, cultura, ergonomía y Cymat, legislación laboral, políticas de empleo, flexibilización laboral, sindicalismo y estrategias de productivas.
La "insurrección de los saberes sometidos, saberes locales de la gente, saberes descalificados mediante los cuales opera la crítica" (Foucault, 1980) inspira nuestra escucha y esta (nuestra) escucha nos permite constatar que podemos construir conjuntamente un discurso y una vida diferente. La profunda indignación frente a esta violencia, plagada de injusticias y de discrecionalidad del poder, debe servir para iniciar caminos de re-construcción y para fortalecer la participación activa y el riguroso control de los propios agentes, trabajadores y profesionales que aspiran a ser reconocidos y vizualizados como auténticos servidores públicos.
Sólo así podremos convertir a
Suscribimos totalmente la idea de que "la competitividad no pasa ni por los salarios ni por las horas de trabajo". Pasa por "la racionalidad de un sistema de producción", la cual "incluye altos salarios, menos horas de trabajo y posibilidades para una mayor participación". (Capón Filas, 1993)
Puede asomar una mirada solidaria y valiente capaz de imaginar otro escenario posible. Podemos construir otras leyes, otras normas, otros convenios colectivos de trabajo, realizar negociaciones inéditas. Necesitamos construir otra Administración Pública más transparente, más humana y más justa, en definitiva más democrática y más servidora de nuestra gente.
Si, como dice el poeta Francisco Luis Bernárdez, "porque después de todo he comprendido que lo que el árbol tienen de florido, vive de lo que tiene sepultado", confiemos en que aún podemos florecer.
En 1998, fue presentado, en el Senado de
Artículo 1 - La presente ley tiene por objeto la protección de los derechos
laborales de los denunciantes o testigos de delitos e irregularidades cometidos
contra
A los efectos derivados de la presente ley, se incluyen en la denominación "Administración Nacional",
1.
2. Los órganos legislativo y judicial nacional.
No están incluidos en el proyecto de ley, los cargos electivos, los cargos fuera de nivel o de gabinete, ni los miembros de las fuerzas armadas, de seguridad, instituciones policiales y organismos de inteligencia.
Artículo 2 - Ningún dependiente de
El proyecto de ley contempla como autoridad de aplicación de la ley, el
Organismos de Protección de Denunciantes de
En los fundamentos del proyecto se deja constancia que aún en tiempos como
los presentes, en los cuales la corrupción administrativa parece campear en las
administraciones públicas de muy diversos países - entre ellos, conforme
En los mismos fundamentos del proyecto se afirma: "Existe en
El proyecto de marras, no se ha convertido en ley. Sin embargo, hoy más que
nunca necesitamos una ley que contemple esta cuestión y que explicite claramente
que por "delitos e irregularidades cometidos contra
En EEUU existe una Ley (Acta de Protección al Informante) sancionada en 1989,
que protege a empleados que revelan información sobre "ilegalidades, abuso de
autoridad, mala administración, desperdicio grosero o claros peligros a la salud
o la seguridad del público. Un informante es alguien que hace una revelación
legítima y legal de ese tipo de información".
Por su parte, en Italia, la modalidad agresiva y vejatoria tendiente a la eliminación de un trabajador, suerte de psicoterror ejercido en el lugar de trabajo - se trate del sector público o del privado - ha merecido la presentación de cinco proyectos de ley. (Jurisprudencia Extranjera, 2000)
Cabe preguntarse si el fenómeno de la violencia en la gestión de personal
de la función pública, es sólo patrimonio de la sociedad argentina. Todos los
argentinos hemos desarrollado actitudes adaptativas al medio en que nos movemos
y ello no debería ser impedimento - como señalaba Nino - para que tomemos
conciencia de esta tendencia a la ajuricidad en la vida argentina y la sometamos
a la discusión crítica aunque nos resulte, como confesaba él mismo, sumamente
doloroso. (Nino, 1992)
En tal sentido, la publicación de mi estudio exploratorio sobre las conductas
violentas en la gestión de personal de
Dicho trabajo de investigación incluye además de los principales efectos
psicológicos de la conducta violenta y mención de algunas consecuencias sobre la
salud física de los agentes públicos, la incorporación de miradas de
expertos especialistas de diversas disciplinas y marcos teóricos específicos
para pensar el problema de la violencia en la gestión de personal de
Por último, la inclusión de un capítulo titulado Manual de Primeros
Auxilios ha servido de cauce preliminar para orientar la acción de las
víctimas. A lo largo del año
La única manera de cambiar un sistema donde el fin justifica los medios es tomar conciencia de cuáles son esos medios utilizados, conocerlos en detalle, asumir la responsabilidad y el compromiso de mirarnos a nosotros mismos y contribuir a revertir prácticas que ponen en riesgo nuestra salud y nuestro sistema democrático.
Resulta urgente revisar las prácticas organizacionales e institucionales - legales e ilegales - con las que convalidamos y perpetuamos, por acción o por omisión, el autoritarismo y la arbitrariedad sistemática en ámbitos laborales y aún el desgobierno en las instituciones públicas del cual se nutre el fenómeno de la corrupción y tomar conciencia del impacto que dichas prácticas tienen tanto sobre la salud de las víctimas como sobre los resultados de la gestión de las instituciones y organizaciones y sobre el sistema democrático en su totalidad.
En la sociedad en su conjunto y en algunos organismos oficiales en particular, (a partir de denuncias recibidas) existe conciencia de que la problemática de la violencia en el trabajo no es sólo patrimonio del sector público, si bien - como hemos resaltamos - las consecuencias son más devastadoras. Más grave aún, se descuenta que las situaciones de violencia en los ámbitos laborales públicos y privados no encuentran un cauce apropiado para su tratamiento y resolución. No hay un lugar específico de denuncias ni se cuenta con una metodología adecuada de abordaje, tratamiento y prevención del problema.
Al momento de escribir estas líneas hemos radicado un proyecto titulado
Programa Nacional destinado a detectar, prevenir y corregir hechos y
conductas de maltrato y violencia en los lugares de trabajo, en el Instituto
Nacional contra
Se trata de explorar alternativas inéditas para construir instituciones estatales y organizaciones laborales más sanas. Contamos con elementos suficientes para organizar acciones de detección, prevención, y corrección de la violencia, el acoso moral y el hostigamiento psicológico, que incluyen estrategias de manejo y resolución de conflictos y estrategias de apoyo a la población victimizada en instituciones de salud con larga trayectoria en el abordaje de situaciones de violencia.
Es preciso hablar con claridad, acerca de la violencia que se ejerce en todos los ámbitos laborales pero en particular de la violencia perpetrada, en democracia y en los ámbitos laborales del sector público, por quienes tienen la obligación social y legal de proteger. Es preciso reconocer esta transformación de la fuente de protección en fuente de terror con los efectos doblemente devastadores que conlleva y es urgente ponerle límite.
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Notas:
1. De todas maneras su libro incluye consejos prácticos para la empresa, que contemplan cómo resistir psicológicamente y cómo hacer que intervenga la justicia.
2. Los ejemplos han sido cambiados y adaptados a la cuestión que nos incumbe.
3. En esta nota intento ofrecer un resumen de los aspectos centrales de mi trabajo de investigación. Los casos analizados, poseen, en su mayoría, expedientes de reclamos administrativos y sus pormenores aparecen en los relatos de las víctimas entrevistadas.
4. Recomendaciones internacionales sobre estadísticas del trabajo. Ginebra, 1975
5.
La investigación fue realizada entre 1997 y 1998
sin apoyo institucional o económico de ninguna índole. Mi doble condición de
especialista en Planificación y Gestión de Políticas Sociales, docente de un
Instituto Universitario de Salud y, al mismo tiempo, personal integrante de la
planta permanente de
6. El síndrome de indefensión, impotencia o desamparo aprendido, se explica más adelante, en el punto 8.
7.
En
8. "Doble victimización" se denomina al maltrato ejercido por personas allegadas o no a la víctima, profesionales y aún instituciones a quienes la víctima recurrió en busca de ayuda, los cuales validan el maltrato denunciado por la víctima. Es muy frecuente en el caso de las mujeres golpeadas. (Corsi, 1994)
9. Directores Nacionales o Generales, Directores, Jefes de Departamento u otros con personal a cargo.
10.
Más adelante, en el punto 6, se detallan, por
razones de espacio, sólo cinco situaciones de "re-rotulaciones" típicas del
ámbito de
11.
Oszlak (1994) sostiene que
12. Los relatos de las víctimas responden a un cuestionario administrado al efecto.
13. Debe recordarse que existen más de sesenta (60) regímenes escalafonarios vigentes. Las diferencias salariales abismales aparecen ilustradas más adelante.
14. Debate Torrado-Llach en Diario "Página 12" de Buenos Aires, Argentina. Días 17,18,24 y 25 de Septiembre de 1993. La cuestión del instinto de defensa mutilado se trata más adelante en el punto 8.
15.
Datos de
16.
El personal civil totalizaba unos 61.002 cargos y
los regímenes PECIFA, (Personal Civil de las Fuerzas Armadas) y el SINAPA
(Sistema Nacional de
17.
Los datos de
18. Decreto 66/99. Boletín Oficial 26-2-99.
19. En esta nota no he incluido ejemplos de violencias vinculadas a "Cuestiones de género" que sí fueron consideradas en mi investigación. Sobre cuestiones de Género, véase especialmente Mercado M. 2000.
20. Ello no implica desestimar las violencias que sin duda experimentan los ciudadanos en general, entendidos como "público" o como "usuarios" y/o "beneficiarios" de los servicios que presta dicha Administración Pública. No obstante, no fueron parte de la investigación.
21. "Hallazgos anómalos" son los que muestran que muchas de las explicaciones convencionales sobre los determinantes de la salud, resultan seriamente incompletas o sencillamente erróneas. (Evans, Barer y Marmor, 1996)
22. No es posible incluir aquí la descripción detallada de los escenarios teóricos enumerados.
23.
24. Merton, Robert K. "Teoría y Estructura Sociales", F.C.E. México. Buenos Aires, 1964
25. Aparecen encuadres teóricos históricos, jurídicos, psicológicos, antropológicos, psicosociales y de las ciencias políticas y de la administración, que acompañan el ejercicio intelectual con soportes teóricos y opiniones fundadas que resultó oportuno incluir.
__________
Diana Scialpi es Lic. en Sociología y Especialista en
Planificación y Gestión de Políticas Sociales (Universidad de Buenos Aires,
Argentina). Fue responsable de
[indice]
Revista Probidad
Edición
Catorce
mayo-junio/2001
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