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SANIDAD                     Viernes, 21 de febrero de 2003                    DIARIO MÉDICO

El Colegio de Médicos de Madrid se sumará a la iniciativa de un sindicato de Telefónica y presentará un recurso contra la decisión de la compañía de darse de baja como empresa colaboradora de la Seguridad Social. También apoyará a la Asociación Madrileña de Médicos de Empresas Colaboradoras en su intento de crear una plataforma de entidades afectadas que negocie con la Administración la continuidad del modelo.

El Colegio de Médicos de Madrid ha pasado a liderar la lucha de los facultativos para mantener en pie el modelo de empresas colaboradoras. Así, el órgano que preside Juliana Fariña presentará un recurso de alzada contra la petición de Telefónica de cesar como colaboradora, que se sumará a los 7.000 presentados por trabajadores de la compañía a instancias de Alternativa Sindical de Trabajadores (AST), la segunda fuerza de la firma en el ámbito madrileño.

Según explica Álvaro Barreiro, de AST, el paso que han propiciado es previo al recurso contencioso-administrativo, que también pretenden utilizar como herramienta para dilatar la desaparición de esta empresa colaboradora, "que no será efectiva mientras quede viva la vía judicial".

La presidenta del colegio y el representante sindical han hecho estas declaraciones en una asamblea convocada por la Asociación Madrileña de Médicos de Empresas Colaboradoras (Ammec). Su presidente, Gabriel González Navarro, ha recordado que en 2002 ya causaron baja en el modelo la ONCE y La Caixa. El temor es que Telefónica arrastre a otras.

Para evitarlo, a los recursos se sumarán otras iniciativas. Por una parte, CCOO y UGT han solicitado al consejero de Sanidad de Madrid, José Ignacio Echániz, una reunión con las partes afectadas antes del 15 de marzo, con la amenaza de pasar a las movilizaciones si no son recibidos. Ambos sindicatos se han mostrado a favor de mantener y extender el modelo.

Además, Juliana Fariña ha apoyado a la Ammec en su intento de constituir una plataforma de entidades afectadas para negociar con las administraciones estatales y regional. La presidenta del colegio ha fijado un plazo de ocho días para que las organizaciones interesadas se sumen a la plataforma, con la idea de que la primera reunión pueda celebrarse a principios de marzo y se remita a las autoridades implicadas un comunicado antes de que finalice ese mes. Los receptores del texto serán, además de los ministerios de Trabajo y Sanidad, la propia Telefónica, el consejero madrileño y el presidente regional, Alberto Ruiz-Gallardón.

El futuro del modelo depende en gran medida de lo que ocurra en Madrid, ya que la mayoría de los beneficiarios se concentran en esta región. Echániz no sólo ha apoyado públicamente esta fórmula sino que la autonomía la utiliza para atender a parte de sus trabajadores (ver DM del 12-XII-02). Además, el Plan de Calidad recoge el compromiso de buscar una solución urgente al modelo.

Sospechas
González Navarro ha señalado que la deuda del Estado se arrastra desde 1998. ¿Por qué hasta ahora Telefónica no ha hecho nada? Quizá quieren que desaparezca la colaboradora para ocultar una mala gestión o porque beneficia a ciertos intereses, los de las aseguradoras. La Caixa, en efecto, ha recurrido a un seguro privado para sus trabajadores y Telefónica pretende seguir los mismos pasos a través de Antares, según facultativos de la colaboradora. No obstante, el seguro privado no cubriría la prestación farmacéutica ni, posiblemente, la asistencia de los jubilados.

Gabriel González Navarro, presidente de la Asociación de Médicos Madrileños de Empresas Colaboradoras (Ammec), ha calculado que la presión asistencial en la autonomía se incrementaría un 15 por ciento si el modelo desapareciese y el sistema público tuviera que atender a los 400.000 usuarios que tiene en la región. "La sobrecarga repercutiría en las esperas y el fin del modelo también provocaría un grave deterioro en la estructura sanitaria privada".

González Navarro ha añadido que "se trata de un modelo integral, que es eficiente y no perjudica a terceros. Lo que ocurre es que el sistema público será bueno, pero el usuario escoge otro en cuanto se le ofrece esa posibilidad, como demuestra el caso de Muface. Y eso asusta a los políticos. No hay, pese a las declaraciones de unos y otros, una verdadera voluntad política de modernizar el sistema. La Administración lo mantiene, pero en condiciones precarias, matándolo de inanición".

Precisamente por ello, José Luis Mora, del sindicato CCOO, ha señalado que "si nadie paga a estas empresas el dinero que se les debe, abandonarán el modelo, y es lógico. La única forma de garantizar la continuidad de las colaboradoras es obligar a la Administración a negociar".

Ahorro
La presidenta del Colegio de Médicos de Madrid, Juliana Fariña, también ha resaltado que el sistema "da buenos resultados y no es más caro que el público".

Según los datos de Ammec, el pago aprobado a las colaboras en 1998 a través de los Presupuestos Generales del Estado fue de 148,33 euros (24.680 pesetas) por ciudadano atendido y año, cuando la cantidad destinada por el Insalud era entonces de 691,16 euros (115.000 pesetas). Esto supondría un ahorro, según la Ammec, de 90 millones de euros (15.000 millones de pesetas) anuales sólo en Madrid.

480 Millones
Las empresas colaboradoras calculan que el Estado les debe 480 millones de euros (80.000 millones de pesetas). Desde el inicio del modelo, en 1966, las compañías que se sumaban a él financiaban la asistencia prestada mediante las cotizaciones de la Seguridad Social de sus empleados. No obstante, en 1998 el Pacto de Toledo estableció que dichas cotizaciones se destinarían a pensiones y que la sanidad se financiaría a través de los Presupuestos Generales del Estado, por lo que la Administración central aprobó en ellos una partida para compensar a las colaboradoras. Pero no lo hizo en años sucesivos, lo que ha llevado a que se acumule la deuda