PROCLAMA
(QUE NO SOFLAMA)
ENFATICA, MAS NO POR ELLO DIATRIBICA, POR LA LAICIDAD Y ACONFESIONALIDAD DEL ESTADO
La Iglesia Católica ha lanzado una feroz (incluso
podríamos decir que encarnizada) batalla en todos los frentes en su intento de
mantenerse (incluso podríamos decir que de perpetuarse) instalada en sus
ventajosas y, a todas luces, injustificables posiciones de influencia (incluso
podríamos decir que de dominio) tanto en el ámbito social como en el económico o
en el político.
Reacia a perder su privilegiado estatus, no duda
en emplearse a fondo valiéndose de todas las armas a su alcance (desde el
púlpito hasta los medios de comunicación que controla, pasando por todo tipo de
asociaciones afines, tanto académicas como sociales, económicas o políticas) para
conseguir que su particular y privativo punto de vista (no entro si bueno o si
malo) continúe dictando, como así lo ha venido haciendo durante siglos, no sólo
el guión a seguir y las escenas a interpretar, sino también el como seguir
dicho guión y el como interpretar dichas escenas, otorgándose, unilateralmente,
el papel de guionista y director de nuestras vidas.
No escamotea medios en su lucha (quizás batalla, quizás
guerra) por mantener el estatus confesional (por lo menos para-confesional) del
estado y de sus instituciones. Por seguir sirviéndose del sistema educativo
público para continuar haciendo proselitismo de su fe y de su doctrina. Por
continuar recibiendo del estado ingentes cantidades de dinero público para la
financiación de sus actividades privadas y para su propio sostenimiento.
Por ello, los que creemos firmemente en la
absoluta independencia del estado y de sus instituciones frente a cualquier
iglesia, religión, credo o fe, debemos mantenernos firmes en la defensa del principio
irrenunciable de la laicidad y aconfesionalidad del estado y de la no
ingerencia de iglesia, religión, credo, fe o grupo de presión religioso alguno en
la toma de decisiones por parte de los organismos públicos, en la elaboración
de las leyes y en la aplicación de las mismas. No debemos consentir la
utilización de las instituciones o servicios públicos para la divulgación o la difusión
de sus doctrinas y creencias. Y, sobre todo, debemos impedir que se destinen
dineros públicos para el sostenimiento y/o financiación de entidades que, por
muy importantes y representativas que sean, no dejan de ser sociedades
privadas.
Partiendo, abiertamente y sin ambigüedades, del
reconocimiento del derecho que le asiste a la Iglesia Católica y a cualquier
otra iglesia, religión, credo o fe a practicar su culto, a preservar sus
tradiciones, a vivir conforme a sus creencias y convicciones y a difundir y a
enseñar su doctrina y sus principios sin ningún tipo de trabas, cortapisas o
restricciones (todo ello, obviamente, dentro de la legalidad), reclamo, con
igual o mayor énfasis, el derecho que nos asiste a todos y a cada uno de
nosotros a vivir y a educar a nuestros hijos conforme a nuestras propias
creencias y convicciones, sin dictados ni imposiciones, sin trabas, cortapisas
o restricciones.
Nadie, nadie pude servirse,
ni utilizar, ni apoyarse en el estado, sus instituciones o sus dineros para algo
que solo afecta al campo de las creencias o convicciones personales. Y nunca,
nunca, desde el estado o desde sus instituciones se debe de intentar mediatizar
o fiscalizar, intervenir o inmiscuirse, en algo que solo afecta al campo de las
creencias o convicciones personales.
En la cumbre del monte Piapaxaro
( O Courel, Lugo ), primavera de 2.005.
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