Por ROVIRA ARMENGOL

Les presentamos el siguiente trabajo científico que tiene que ver con una análisis político del dictador Trujillo retratado por Mario Vargas Llosa en su libro “la fiesta del chivo”

Fuente: Revista Jurídica de Buenos Aires (UBA) Faculytad de Derecho y Ciencias Sociales 1957- I; páginas 231-245.

Si las fundadas sospechas sobre la desaparición del autor de la obra que motiva este comentario, necesitaran una Confirmación, bastaría su lectura, tanto por lo que se refiere a la existencia de precedentes materiales de esa clase de procedimientos como porque el estudio "casuístico" —como modestamente lo calificara su autor, y que mejor se denominaría documentado análisis objetivo— del régimen imperante hace más de un cuarto de siglo en la República Dominicana, demuestra sobradamente que lo que más teme un régimen de esa índole es la exposición serena de su verdadero carácter.

Empezaremos este comentario citando textualmente una frase que deberían meditar, sacando de ella todas las necesarias consecuencias, quienes en momentos de desesperación sobre los numerosos problemas que plantea el ejercicio de la libertad, piensan en la droga heroica de los regímenes de fuerza. Es la frase que con estremecedora elocuencia retrata las perspectivas de un país en donde la libertad ha sido sacrificada en aras de un orden que podría compararse a la paz de los cementerios si no fuera porque debajo, en vez de huesos y cenizas, dormita la amenaza de un volcán. Dice así la frase del Profesor Mártir: " ...la Era no ha dejado nada en pie. No hay partidos políticos, no hay dirigentes con autoridad, no hay doctrinas. Todo hay que comenzarlo desde la base; y lo probable es que lo comiencen hombres nuevos sin adiestramiento. La experiencia de Guatemala en los últimos diez años encierra una lección que ningún pueblo latinoamericano debe ignorar: la caída del dictador Ubico dejó tras de sí un vacío que intentaron llenar hombres de buena voluntad con ideales de democracia y justicia: pero partieron de la misma nada en que los comunistas tejieron su red, con la diferencia de que los comunistas saben lo que buscan y lo buscan con disciplina".

Esta frase debería completarse añadiéndole algo que tácita o explícitamente asoma en todos los pasajes de la obra presentada por Jesús de Galíndez como tesis doctoral ante la Universidad de Columbia. Además de los comunistas y otros totalitarios doctrinarios, también los aventureros a título personal saben lo que buscan y lo buscan con disciplina; por eso es por lo que, cuando no provienen directamente de la organización que ex officio tiene tal disciplina —ejército o policía—, procuran organizaría por su propia cuenta, y aun contando, por lo menos inicialmente, con la fuerza pública armada, intentan luego emanciparse de ella, subyugarla y/o corromperla, temerosos de que los mismos que les ayudaron a encaramarse, los derriben al percatarse de que el tirano no vacila en sacrificar todo lo más sagrado con tal de perpetuar su dominación. Es indudable que en la conciencia de los pueblos de Occidente continúa figurando a la cabeza de los valores políticos el sistema democrático, seguido bastante de cerca por la postura liberal; sin embargo, las precarias conquistas obtenidas por el primero desde mediados del pasado siglo, en vez de afianzarse con una doble tarea de organización de las instituciones e instrumentos democráticos y de educación popular, se han convertido en una especie de ídolo hierático adorado en el fondo por la inmensa mayoría de nuestros conciudadanos, pero expuesto, por una parte, a quedar relegado en una especie de santuario donde se le tributa un culto no siempre genuino y, por otra, a servir de trampolín para movimientos totalitarios o para aventureros de río revuelto hábiles en el manejo de la droga demagógica.

Un distinguido tratadista de derecho constitucional, W. Ivor Jennings, sostiene que los dos rasgos sin los cuales no hay verdadero régimen democrático son el derecho a la oposición y la ausencia de una policía política. Ese criterio es indiscutible en principio; pero cum grano saiís, y el granun salis es, en primer lugar, que el derecho a oposición no paralice el funcionamiento de los organismos vitales del cuerpo político y, en segundo lugar, que se vigile muy cuidadosamente todo movimiento totalitario (doctrinario o personalista) cuyo objetivo, nada remoto, suele ser la abolición de la libertad.

En el primer acto, no puede negarse que las monarquías real mente constitucionales y los regímenes presidenciales, están mejor organizados para garantizar los derechos democráticos que el régimen parlamentario, y tal vez ésta sea la razón primordial de que en ellos haya cundido menos el virus totalitario. Es un hecho que no siempre se recuerda, o tiene suficientemente en cuenta que donde más prosperaron los movimientos totalitarios —escalaran o no el poder— fue en los países europeos de régimen parlamentario, en los cuales empero difícilmente habría sido posible el tirano de tipo personal aventurero. En esos países, una parte muy importante de la población —la llamada masa neutra— se desesperó en la primera posguerra por la inestabilidad de los gobiernos, y sin ser sinceramente adicta a la ideología totalitaria, la aceptó como mal menor, por lo menos mientras no se dio cuenta de lo que realmente sacrificaba al sacrificar la libertad. Por esta razón ha habido muchos demócratas perspicaces que no han vacilado en recomendar, si no la abolición del régimen parlamentario, por lo menos un robustecimiento del poder ejecutivo, que acabe con el anacrónico antagonismo —históricamente superado aun en las monarquías constitucionales— entre los dos poderes que ya no proceden, como antaño -cuando se estableció la transacción que constituye la monarquía o el Estado constitucional moderno— de dos distintas fuentes de soberanía, sino de una sola: el pueblo en la más amplia acepción de la palabra.

En el segundo aspecto hay una serie de extremos que la democracia (la juvenísima democracia occidental nacida de esa transacción en la cual distó mucho de ser realmente vencedora) ha descuidado lamentablemente. Es muy difícil, por no decir imposible, impedir la demagogia, el arma favorita de los totalitarios, pero a la cual recurren también otros sectores políticos que rechazarían indignados tal denominación, y asimismo los aventureros.

Debe interpretarse la libertad con un criterio tan amplio que pueda amparar aun a quienes abierta o solapadamente conspirar, para eliminarla? Hemos subrayado adrede las dos posibilidades, mejor dicho: las dos realidades, porque sobre todo la segunda podría sugerir la necesidad de algo muy parecido a una policía política, institución indudablemente censurable si se aplica como instrumento sectario, pero que merecería un profundo estudio que intentara buscar las condiciones en que pudiera servir, con las debidas garantías, contra los enemigos encubiertos de la libertad. No sabemos que haya habido nunca un ladrón o gángster que haya hecho constar esa su condición en sus tarjetas o en sus declaraciones ante la autoridad; para descubrirlos, para adoptar contra ellos medidas represivas o preventivas, se requiere una policía.

Lo que sucede es que el derecho a la libertad, por ser conquista muy reciente, no está inscripto aún en las leyes ni en las conciencias con la misma solemnidad que, por ejemplo, el derecho a la propiedad. Por añadidura, y en este punto tenemos que insistir en la juventud un tanto desvalida de nuestra mentalidad democrática, estamos demasiado acostumbrados a considerar la policía como un instrumento de opresión, que lo fue, y en parte sigue siéndolo todavía aun en países de rancia tradición democrática. Es una de las fuentes espúreas que alimentan el recelo contra toda medida en defensa de la democracia contra el totalitarismo.

El mismo recelo que por sus precedentes de instrumento al servicio de anteriores regímenes despóticos merece la policía en general, puede hacerse extensivo al ejército. Se olvida harto a menudo que de sus lilas han salido muchos beneméritos defensores de la libertad, lo cual ha agravado el peligro, en vez de conjurarlo, pues si esa postura llevó a muchos militares, en defensa propia, a reacciones contra la democracia, también motivó que los jóvenes de mentalidad democrática sintieran poca propensión a ingresar en el ejército.

Alguien ha afirmado recientemente que en el fondo del ejército respira la misma atmósfera político-espiritual que el pueblo del cual procede y con el cual se siente identificado, siempre, claro está, que no se le haga objeto de un recelo tan injusto como peligroso y suicida. Esto no significa que sea preciso adular al ejército, como con no poca frecuencia se usa con miras casi siempre interesadas y de elevación nula; simplemente, lo que conviene es no hacerlo objeto de recelos infundados y además fomentar el ingreso en sus filas de los jóvenes que sientan los ideales democráticos en que comulga, consciente o inconsciente, la inmensa mayoría de nuestros pueblos occidentales.

Por lo demás, las amenazas y atentados a la libertad no sólo partieron de los cuarteles. Ha habido también otras instituciones —Cámaras Altas, Magistratura, Burocracia en general— que, en la medida en que estuvo a su alcance, asestaron igualmente golpes gravísimos al funcionamiento normal del régimen democrático, y tanto más peligrosos cuanto que resultaron menos visibles y a veces se ejercieron en nombre de la defensa de los sagrados derechos de libertad. La fuente de esos atentados es en gran parte, aunque no totalmente, la misma: el carácter conservador y aun reaccionario de sus titulares, y su propensión a identificarse con los partidos que acentúan los atributos de la autoridad. Entre ambos extremos: hipertrofia de la autoridad y falta de respeto a la jerarquía, el régimen democrático tiene que buscar el debido equilibrio, que sí en parte se ha logrado ya en algunos países, no se ha hecho extensivo a todos, y lo logrado dista mucho aún de habernos conducido a la nieta del régimen democrático ideal factible.

En todos estos aspectos, sin excepción, la tarea principal incumbe a la reflexión científica, más humanizada y más en contacto con la realidad política de lo que ha sólido estar hasta ahora; e incumbe, asimismo, mas no en último lugar, a la educación cívica, la cual puede adoptar un sin fin de instrumentos. Uno de ellos es, naturalmente, el libro, tanto el que estudie en forma sistemática el funcionamiento de los instrumentos de gobierno como el que describa experiencias dolorosas que puedan servir de ilustración.

"La era de Trujillo" del profesor vasco Jesús de Galíndez es uno de los libros de la segunda especie que se leerán con mayor provecho. Como instrumento de educación cívica, habría que recomendar su lectura a tantos entusiastas de los regímenes "fuertes", pues pocas veces se hacen tan patentes los atroces resultados a que conducen fatalmente esos regímenes. Sin embargo, además de este valor educativo, la obra constituye un documento de elevado valor político y sociológico a la vez que, sin perder un solo instante su seriedad científica ni su objetividad, está impregnado de un acendrado sentimiento democrático y liberal que no necesita silenciar los aparentes éxitos de los sistemas adversos para que su condena sea absoluta.

Casi la mitad de la obra está dedicada a estudiar la evolución cronológica de los acontecimientos políticos de la República Dominicana desde el golpe de febrero de 1930, en que Trujillo, General Comandante del Ejército Nacional dominicano, "renunció a su puesto como Jefe del Ejército y se retiró a su hogar", según dice uno de los propagandistas oficiales de ese régimen, para que, a los pocos días (18 de marzo) fuera proclamado candidato y elegido Presidente el 16 de mayo sin posible oposición. Aprovechando la caótica situación política ocasionada en parte por la ocupación norteamericana y en parte por la crisis económica mundial, que repercutió intensamente en ese país de limitados recursos monocultivistas. El hábil militar que se formó al lado de las fuerzas de la potencia ocupante se había adueñado paulatinamente del ejército, sobre todo a base de reorganizar eficazmente la policía, que él formó como instrumento incondicional a sus órdenes.

Aunque el gobierno de los Estados Unidos no veía con buenos ojos la candidatura de Trujillo, el Departamento de Estado instruyó a su Ministro para que "siguiera una hábil política de circunstancias, a la vez tratando de inducir al general Trujillo para que retirara su candidatura y se limitara a seguir siendo Jefe del Ejército, pero sin ofenderle personalmente a fin de contar con su amistad en el caso de que fuera elegido Presidente".

Como suele suceder con casi todos los que traman esos planes, sin darse cuenta revelan sus propósitos; así, no bien consideró Trujillo que el gobierno norteamericano se allanaría al hecho consumado aceptó oficialmente la candidatura, y en esa ocasión (24 de abril) proclamó: "No hay peligro en seguirme, porque en ningún momento la investidura con que pueda favorecerme el resultado de los comicios de mayo, servirá para tiranizar la voluntad popular a la cual sirvo en este momento y a la que serviré lealmente en el porvenir..." que recuerda la famosa de Fernando VII de España recomendando que todos, y él el primero, marcharan por la senda constitucional.

Desde entonces, valiéndose de su dominio de las fuerzas armadas, que le permitió ocupar todas las posiciones de gobierno importantes, a la vez que atropellar con toda clase de violencias a sus adversarios, hasta el extremo de que éstos acordaron la abstención electoral, la suerte del régimen democrático dominicano estaba sellada: Trujillo sería Presidente-Jefe, y aunque desde su primera elección hasta la fecha ha habido períodos en que teóricamente ha sido Presidente otra persona, fue él quien en todo momento siguió tomando las decisiones, hasta el punto de que, aun estando ausente del país, "el primer magistrado de la República Dominicana, una vez oída la recomendación hecha desde los Estados Unidos por el Generalísimo Trujillo Molina, solicita al Congreso Nacional la autorización que establece la Constitución del Estado..." (reseña del periódico gubernamental "la Nación", de 9 de diciembre de 1911) para un acto de tanta trascendencia como era declarar la guerra al Japón a raíz del ataque de Pearl Harbor.

Desde entonces hasta la fecha, dice Galíndez, "la tiranía se disfraza de una Constitución democrática para violarla con más seguridad". "Todo se hace en la República Dominicana de acuerdo con la Constitución, con una Constitución de estructura democrática occidental y forma de Gobierno inspirada en la Constitución de los Estados Unidos. Pero esa misma Constitución tiene en sí los preceptos necesarios para pervertir todas sus instituciones básicas. Ni el pueblo elige sus representantes, ni los elegidos son titulares de sus propios cargos; todo es una ficción". Y cuando aun esa ficción estorba, el dueño del poder modifica la Constitución a su antojo, sin intervención del pueblo y limitándose los legisladores a servir de comparsas.

A través de la minuciosa exposición histórica del profesor vasco, aparecen copiosos detalles característicos del régimen. A reserva de mencionar algunos en la parte crítica, señalaremos ahora las notas generales de ese proceso que son: el progresivo perfeccionamiento del aparato que encubre la tiranía, el derroche de manifestaciones de adulación y obsecuencia hacia el todopoderoso ("Dios y Trujillo" dijo uno de sus corifeos), y la constante vigilancia del Jefe, no sólo contra los inconexos movimientos revolucionarios, sino muy especialmente impidiendo que ninguno de sus hombres de confianza (?) adquiera demasiado prestigio o se mantenga durante demasiado tiempo en alguna posición de importancia.

Todos los procedimientos son válidos para este efecto, pero uno de los más notables es el que se describe en el artículo 39 de los estatutos del Partido Dominicano (el "partido único" del país), que dispone que todos los funcionarios electivos "deberán enviar por escrito sus renuncias respectivas, sin fecha, al Jefe del Partido". No es que sea una práctica exclusiva del régimen trujillista; pero que sepamos, ninguna de las instituciones que lo han practicado, o practican aún, se ha atrevido a consignarlo en un documento que tenga carácter oficial.

La segunda mitad de la obra del Dr. Galíndez, aun sin alejarse demasiado del criterio de reseña histórica que prevalece ampliamente en la primera, se orienta más bien a un estudio crítico del funcionamiento del régimen, documentando siempre sus afirmaciones con fuentes oficiales y asimismo con la experiencia personal, pues el autor vivió varios años en esa república en posiciones que le permitieron observar de primera mano los fenómenos que expone y comenta.

A diferencia de los regímenes totalitarios europeos, pero como suele ocurrir con otras tiranías cíe Hispanoamérica, la República Dominicana bajo Trujillo se rige, como hemos dicho, por una Constitución de corte presidencialista y de apariencia democrática: el pueblo es soberano y hay elecciones, existe una división de poderes y una declaración de derechos humanos, si bien en la práctica real las elecciones se adulteran y desvirtúan, los legisladores y jueces están sometidos a la voluntad de un solo hombre (que no siempre se titula Presidente), y los derechos individuales, y aun el mismo individuo, están anulados por un terror difuso e impera la corrupción en las instituciones públicas que debieran ser las más sólidas.

En líneas generales, el régimen funciona de acuerdo con su carta fundamental, siempre que no esté en juego la voluntad del Benefactor (uno de los títulos que ostenta el Jefe). Con una pequeña inversión de los términos, podría decirse que en el actual régimen dominicano prevalece el principio de aquel drama español clásico titulado "Del rey abajo ninguno". Ese principio podría formularse sucintamente diciendo: la Constitución se cumple rigurosamente siempre que el jefe no disponga otra cosa, pudiendo disponer, si se le antoja, la misma reforma de la Constitución. Ha habido en la Era tres reformas de la Constitución: en 1934, 1942 y 1947, aunque la única de cierta extensión fue la de 1942. Las tres fueron propuestas por Trujillo en persona: los "legisladores se limitaron a ratificar con su voto unánime y sin discusión lo propuesto, con la sola particularidad de que en 1942 esa propuesta no vino del Presidente como tal, sino de Trujillo como individuo y jefe político. Ni el pueblo ni sus aparentes delegados intervinieron en lo más mínimo en la iniciativa y aprobación de esas reformas.

La mayoría de las distintas enmiendas obedece a conveniencias circunstanciales: reafirmar constitucionalmente lo que es ya práctica del régimen, para facilitar su estilo autocrático o para obviar dificultades constitucionales establecidas en tiempos pasados.

De esta suerte se pone de manifiesto la chocante paradoja de que por una parte se tengan muy pocos miramientos con la Constitución, pues no se vacila un instante en modificarla cuando estorba. Pero al mismo tiempo se hace patente el prurito de dar apariencia constitucional incluso a nimios detalles sin trascendencia.

Lo resume muy bien el profesor Galíndez diciendo: "La Constitución no es un documento básico y permanente. Pero es una lachada que jamás se descuida".

Desde finales de 1954 estaba en gestación otra reforma constitucional cuyo objeto era preparar la sucesión del Jefe en forma dinástica. Como el propósito era designar candidato al hijo mayor del jefe: Ramfis, que cumplió 26 años en 5 de junio de 1955 y las próximas elecciones se han de celebrar en 1957, es preciso rebajar la edad exigida por la Constitución, para que Ramfis pueda ocupar "constitucionalmente" uno de los dos cargos más elevados —Presidente o Vicepresidente— a la edad de 28 años.

Ya hemos indicado que Trujillo, como jefe del Partido Dominicano, tiene firmada la renuncia de todos los funcionarios electos (legisladores y magistrados. Cuando le place remover a uno de esos mandatarios, le basta con poner la fecha del día y hacer circular la renuncia, y como, en virtud de una reforma introducida en la Constitución de 1924, el art. 16 de la Constitución permite prescindir del Colegio Electoral (que antes era el llamado a cubrir las vacantes que se produjeran), la Jefatura del Partido Dominicano dirige a la respectiva Cámara una terna proponiendo los nombres de tres posibles sustitutos. Esa Cámara acepta automáticamente la renuncia sin discusión y elige acto seguido por unanimidad como sustituto la persona que figura en primer término de la terna.

Como veremos enseguida, las sustituciones son muy frecuentes a pesar del régimen de "partido único", con sus típicos resultados del 100% del cuerpo electoral distribuido con matemática igualdad entre todos los miembros de la candidatura oficial. Ha habido un par de veces en que se ha simulado la admisión de otros partidos; así, en 1947, bajo la presión de la atmósfera internacional y particularmente de América, a raíz de la derrota de las potencias del Eje. Se presentaron, además de los candidatos del Partido Dominicano —oficialista—, un Partido Nacional Democrático y el Partido Laborista Nacional. Según los resultados publicados en la Gaceta Oficial (n° 6632 de 27 de mayo de 1947), al primero se le reconoce un 92.85% del total de votos emitidos, y a cada uno de los partidos competidores casi un 44% del total, cuidando mucho de que sus votos sean casi parejos aunque no exactos: 29.765 y 29.186 respectivamente, como asimismo de la distribución de esos votos minoritarios por provincias, a fin de cada uno de esos dos partidos obtenga un diputado, aunque el voto, como siempre, es 100%, idéntico para todos los candidatos comprendidos en cada lista. En las elecciones de 1952 se vuelve a la antigua rutina, pues la amenaza de la presión internacional se desvaneció bien poco después de la muerte de Roosevelt, y el certificado de la Junta Central Electoral dice simple y elocuentemente: "Número total de votos emitidos y alcanzados por cada candidato del Partido Dominicano". No se indica el número de electores inscriptos ni se mencionan votos en blanco.

Según las disposiciones constitucionales, el mandato de los legisladores dura cinco años, los legisladores son inmunes por las opiniones que expresen en las sesiones y no podrán ser privados de libertad sin previa autorización de la Cámara a que pertenecen, salvo en casos de flagrante delito; pero todas esas disposiciones son puramente teóricas de uno u otro modo: ningún legislador está seguro de perdurar cinco años en su mandato, y de hecho son poquísimos los que concluyen su período, siendo muchos más los legisladores elegidos por la propia Cámara o Senado a sugerencia del Jefe del Partido Dominicano que los legisladores elegidos por el voto directo del pueblo. Con los detalles que especifica la obra comentada, puede formarse el siguiente cuadro que da una idea muy clara de ese movimiento:

Modificaciones de las Cámaras Dominicanas de 1930 a 1952

SENADORES

Periodo     Número de legisladores     Renuncias     Otras vacantes

1930-34          12                                      -                      2

1934-38     13                                           12                    1

1938-42     16                                           29                    3

1942-47     19                                           32                    -

1947-52     21                                           41                    1

DIPUTADOS 

Período    Número de legisladores     Renuncias      Otras vacantes

1930-31     33                               19                               2

1934-38     35                               46                               5

1938-42     50                               83                               2

1942-47     42                               139                             4

1947-52     49                               122                             2

Es cierto que no todas las renuncias se deben a desgracia política, pero la mayoría se producen a base de la renuncia previa; de las dos vacantes de senadores del período 1930-34, una fue la del general Desiderio Arias, que murió asesinado, y la otra de Jaime Sánchez, destituido después de su exilio voluntario.

El Congreso es simplemente una máquina para dar apariencia constitucional a las leyes decididas y redactadas en su integridad por el Poder Ejecutivo. Los legisladores no discuten los proyectos; se limitan a votar afirmativamente. Los propios legisladores bromean sobre su misión diciendo que es la más sencilla del país: extender la mano varios días al mes con la palma hacia abajo en voto afirmativo, y el día 25 con la palma hacia arriba para recibir su cheque.

El Poder Ejecutivo es en realidad un solo hombre: Trujillo, lo cual podría atribuirse simplemente al régimen presidencial si no hiera que su potestad se ejerce igualmente en los períodos en que nominalmente no ocupa la Presidencia de la República.

Los Secretarios de Estado cambian con la misma rapidez que los, legisladores, y lo propio cabe decir de los jueces. "El único puesto inamovible es el de Benefactor de la Patria y Generalísimo de las Fuerzas Armadas. Los demás son meros secretarios pasajeros que cumplen órdenes: en el Gabinete, en el Consejo, en los Tribunales, en el Ejército, en el Partido Dominicano". El propio biógrafo oficial de Trujillo ha dicho: "Trujillo no tiene consejeros. Reconcentrado en sí mismo, es más impenetrable que una muralla china. Al mismo tiempo varios de sus subordinados pueden estar desarrollando un plan ideado por Trujillo, pero cada uno de ellos sólo sabe la parte que le corresponde; el resto lo ignora... Su desconfianza, su innata suspicacia le liberará siempre del error político que ha dado al traste con tantos gobernantes en América: que sea el propio Presidente quien arme la mano e incube el prestigio que le ha de derribar".

En el dominio del llamado Poder Judicial, es donde quizá más elocuentemente se aplique la máxima que hemos denominado "Del rey abajo ninguno" y que Galíndez resume en este casi diciendo: "Los jueces y magistrados tienen bastante libertad de decisión cuando se trata de meros asuntos judiciales que afectan a particulares, a veces incluso con disparidad de criterio entre los distintos Juzgados, y entre los distintos escalones de la jerarquía. Pero si en un litigio intervienen personas o intereses relacionados con Trujillo, su familia o sus favoritos de turno, es prácticamente imposible conseguir un juez con valor suficiente para rendir una sentencia justa si ha de ser contraria a esos intereses. Más significativo aún es el hecho, posible de comprobar documentalmente, de que los tribunales dominicanos no han osado dictar sentencias que supongan crítica constitucional para el Gobierno. Los tribunales, de hecho, no constituyen tampoco el tercer Poder del Estado, sino otra mera maquinaria de obediencia. La clave de esta obediencia sigue estando en las renuncias previamente firmadas, de acuerdo con el art. 39 de los Estatutos del Partido Dominicano.

En lo que respecta a los derechos individuales, las garantías constitucionales son terminantes; pero en la práctica se violan, como lo revela el hecho de que no se suspendan jamás, ni en los momentos de guerra internacional, como en 1941-45, ni cuando ha habido amenaza de revolución combinada con invasión, como en 1947 y 1949.

Según Galíndez, la dictadura Trujillo no es tan sangrienta como afirman los exilados: "Son ciertos los casos de asesinato. Pero el estilo trujillista se caracteriza más por otro tipo de dominación incruenta; es mucho más eficaz el hambre, la seguridad de que no es posible ganarse la vida sin probar una adhesión activa al régimen. Trujillo prefiere forzar la colaboración de un antiguo enemigo humillándolo, a su eliminación violenta que a la postre acusa al régimen". Sea como fuere, en la actual República Dominicana hay un ambiente de terror que sella las lenguas y pervierte los espíritus.

Del examen a que Galíndez somete los distintos derechos individuales" en la República Dominicana pueden formarse tres grupos: l° derechos que tienen una aplicación casi normal; 2" derechos que están restringidos, y 3° derechos que no existen prácticamente.

En el primer grupo pueden incluirse el relativo a la libertad de conciencia y cultos, y demás inherentes a las relaciones entre el Estado y la Iglesia Católica; también puede incluirse en él el derecho a la libertad de enseñanza, con la única salvedad de que es imposible enseñar o discutir en las cátedras ideas que directa o indirectamente puedan suscitar inquietudes contrarias a la política del régimen.

En el último grupo figuran los derechos esencialmente políticos, "tan inexistentes desde hace años que ni siquiera se toma el régimen el cuidado de restringirlos". No existen prácticamente la libertad de expresión del pensamiento, ni la de asociación y reunión. Ya hemos indicado que en raras ocasiones se simuló una autorización de la oposición para aparentar multiplicidad de partidos. Hasta se autorizó al partido comunista y durante algunas semanas se les permitió celebrar mítines públicos, aunque se hizo patente que el propósito del gobierno era jugar con una amenaza comunista para reforzar el propio régimen. El hecho es que mientras la Constitución y primeras actividades de ese partido fueron fomentadas por agentes de Trujillo, no se alentó a la mayoría de los dominicanos que deseaban un cambio de política pero abominaban del comunismo, y a la postre se presentó la campaña en forma que, dando la apariencia de que los comunistas eran los enemigos del régimen, Trujillo se presentaba como el defensor de los valores democráticos y espirituales de la República Dominicana frente a la amenaza comunista.

Un tratamiento análogo reciben la inviolabilidad de la vida, la de la correspondencia, la libertad de tránsito y la seguridad individual. La Constitución sólo admite la pena de muerte para los casos de traición o espionaje durante la guerra. Aunque por los datos conocidos no parece que se haya aplicado una sola vez la pena de muerte en la Era de Trujillo, muchas personas han sido ejecutadas de hecho: algunas "en combate", otras aplicándoles la "ley de fugas". Existe una censura clandestina de la correspondencia y una especial para la prensa extranjera que se introduce en el país. Tanto para entrar como para salir de la República Dominicana hay que someterse a un severo control, que se ejerce igualmente para los movimientos dentro del mismo país. Las garantías relacionadas con el "habeas corpus" están solemnemente proclamadas en la Constitución, pero dejan de funcionar tan pronto entran en juego factores de carácter político.

El derecho al trabajo ha sufrido oscilaciones en los diversos períodos del actual régimen; en general puede decirse que los derechos laborales iniciados en la reforma constitucional de 1942 han beneficiado a las clases obreras, y se aplican en tanto no choquen con intereses sociales del régimen o privados del Jefe. Sin duda no constituyen un derecho conquistado desde abajo, sino que más bien tienen el carácter de ventajas "otorgadas" desde arriba a los trabajadores con moderada generosidad cuando implican sacrificios económicos para terceros. Esas disposiciones culminaron en la promulgación del "Código Trujillo del Trabajo" (1951), al mismo tiempo que se dominaba a los sindicatos obreros convirtiéndolos en simple instrumento al servicio gubernamental, para controlarlos más eficazmente.

Con la ecuanimidad que le es propia, el autor atribuye mucha importancia a los argumentos esgrimidos en defensa del régimen por sus beneficiarios, en particular al discurso pronunciado por el Jefe el día 2 de octubre de 1950 ante los delegados de la XIII Conferencia Sanitaria Panamericana, y al del Dr. Joaquín Balaguer, Secretario de Relaciones Exteriores, ante las dos cámaras legislativas reunidas el 17 de septiembre de 1953 con motivo de haber liquidado la República Dominicana su deuda interna. Ambos coinciden en sostener que el Partido Dominicano no es un partido único; según Trujillo: "no pensé en un partido político más, sino en la integración de una sub-estructura social general que decidiría la vida del país como entidad nacional", habiéndose constituido originariamente el Partido Dominicano "con el mismo contingente de las antiguas banderías, disgregadas ya por el cansancio y la falta de fe en sus propios fines. . . yo he gobernado con hombres procedentes de todos los grupos políticos existentes antes de 1930 y con algunos otros completamente desvinculados de aquellos grupos", aunque reconoce que en 1931 tuvo que aplastar alguna sublevación de antiguos caudillos; según el Dr. Balaguer, el Partido Dominicano es el partido de "las mayorías" y su formación "no es excluyente de otros partidos" y "representa un enorme esfuerzo de organización contra el régimen personalista y faccioso de los grupos sin programa".

Pero tanto uno como otro guardan silencio sobre los métodos empleados para suprimir a los partidos existentes, e ignoran, o aparentan ignorar, el hecho de que esa tarea destructiva no ha ido acompañada de una labor política constructiva, como lo demuestran el panorama que ofrece la vida política interior de la República Dominicana y aun la misma oposición en el exterior, como señala acertadamente el Dr. Galíndez en la frase que reproducimos al comienzo de esta recensión. Naturalmente, es un fruto común en todas las dictaduras.

Rasgo común a ambos discursos es también la no exposición de un verdadero programa de partido, laguna que difícilmente puede considerarse colmada con la declaración de principios del Partido al proclamar que su Jefe "encarna los ideales de todos los dominicanos con pensamientos nobles y porque sus ejecutorias tienen tal alcance dominicanista y tal proyección en la historia, que su vida se confunde con la existencia misma de nuestra nacionalidad".

En vez de programa, ambos discursos exponen con detalles la obra gubernamental, desde luego silenciando los aspectos desfavorables o las circunstancias que la hicieron posible independientemente de los propósitos o previsiones del titular del poder. Lo cierto es, según expone el profesor Galíndez, que aun las clases conservadoras (cuyos intereses están bastante bien protegidos porque no sólo no suelen chocar con los del Jefe enriquecido, sino que en términos generales coinciden con los suyos) se muestran poco propicias a comprometerse con el régimen, y raras veces la obsecuencia verbal y obligada o semiobligada se traduce en esa colaboración espontánea y decidida que proviene de la adhesión sincera a un programa.

Aunque no forme parte de la obra que recensionamos, por su intrínseca relación con su objeto, creemos conveniente mencionar un comentario que el profesor Galíndez publicó en la revista "Ibérica", de Nueva York, y que mereció la cálida adhesión de Víctor Raúl Haya de la Torre en las columnas de la misma revista en homenaje póstumo al desaparecido Doctor Honoris Causa (post morten) de la Universidad de Columbia.

En este comentario manifestaba el Dr. Galíndez:

Con este motivo, Haya de la Torre considera que la intervención colectiva o "acción colectiva" (denominación que le dio el ex secretario general de la O.E.A., Dr. Lleras Camargo y que adopta también Galíndez), está autorizada por el Pacto de Asistencia Recíproca de Río de Janeiro de 1947 y que "si los propósitos de ese tratado se cumplieran y ampliaran, podría resultar establecido a plenitud el derecho de defender colectivamente a los pueblos, por parte de los demás Estados, cuando aquéllos sean víctimas de una agresión moral o física, no sólo exterior, sino interna. Y una tiranía es, sin duda, tan criminal como una invasión, por cuanto las naciones que la sufren son "militarmente ocupadas" y políticamente subyugadas por la fuerza bruta. Que ella sea nacional o extranjera, no diferencia la violación de los derechos de los pueblos que la padecen.

Desgraciadamente, esas tesis de sano criterio jurídico, han sucumbido y siguen sucumbiendo al tratamiento político de los problemas internacionales. La certera orientación que los espíritus más clarividentes de la Sociedad de las Naciones pretendieron dar a los modos de solución de los conflictos internacionales en el Protocolo de Ginebra de 1925, imponiendo, aun en proporciones muy modestas, el imperio del derecho en vez de las arbitrarias soluciones políticas, fracasó en aquel organismo (tras haber sido aprobado por unanimidad en septiembre de 1924, el Protocolo fue abandonado en marzo de 1925) y no se ven por ahora mejores perspectivas de éxito en la actual O.N.U.

No parece muy próximo el día que en la vida internacional impere la norma jurídica; pero creemos con el profesor Galíndez que "con sinceridad, con tenacidad" se podría obtener el gradual cumplimiento y ampliación del tratado de Río de Janeiro, como propugna Haya de la Torre.

J. ROVIRA ARMENGOL.