Ante las perspectivas de una sociedad moderna, plural y cambiante; ante los propios retos del Estado Democrático de Derecho, y ante las exigencias de un Sistema de Justicia Penal que está urgido de transformaciones de fondo, para responder a las expectativas de una sociedad reclamante por mayor acceso a la justicia, mayor calidad en la procuración e impartición de la justicia, por menos impunidad y mayor seguridad ciudadana, por menos corrupción y mayor transparencia, los retos de la Academia Mexicana de Ciencias Penales son muy grandes.

 

Ciertamente, así como la misión del Derecho penal es modesta pero de una gran importancia, la misión de la Academia es también modesta; no tiene la pretensión de intervenir en todo y tratar de cambiar todo, o que nada cambie; sin embargo, el rol que le corresponde jugar es muy importante, porque tiene que ver con la misión de aquel ámbito del derecho que se ocupa nada menos que de atender los valores humanos fundamentales para la vida ordenada en comunidad, que trata de protegerlos frente a los embates de la delincuencia-convencional y organizada, nacional y transnacional- y procura que para ello se adopten las medidas más racionales, para evitar que el poder penal estatal se extralimite en perjuicio de los derechos humanos y procurar que sólo se castigue a los culpables y que, por razón de su dignidad humana, se les respeten sus derechos.

 

Sin duda el escenario es interesante y los retos apasionantes para un organismo que es igualmente plural. Por ello, ante un escenario de exigencias y de perspectivas, carente de conformismos, a sus 65 años de existencia la Academia ha tomado la decisión de no adoptar una actitud pasiva, desinteresada, sino que debe replantear sus objetivos y recuperar el rol que otra ha tenido desde diferentes ángulos, de ser el principal motor para impulsar el fortalecimiento del Estado de Derecho y de sus instituciones, como es el fortalecimiento de la autonomía e independencia del poder judicial y la consolidación de la autonomía e independencia del Ministerio Público, así como para transformar de manera integral y coherente el sistema de justicia penal, aportando los criterios teóricos adecuados para que constituya una respuesta eficiente y adecuada a las expectativas de la sociedad y del Estado de Derecho.

 

Lo anterior no implica desconocer que en materia de justicia penal es el Estado quien tiene el monopolio, pues es el único que puede criminalizar y penalizar conductas humanas, así como el único que puede someter a proceso a quien se le imputa la comisión de un delito e imponerle la pena correspondiente; pero, habrá que reconocer que en todo ello también puede y debe tener participación la ciudadanía, la sociedad civil y los organismos como la Academia Mexicana de Ciencias Penales, que pueden coadyuvar al fortalecimiento del Estado de Derecho y a la democratización del sistema de justicia penal.

 

En virtud de ello, la Academia asume un rol determinante, porque cuenta con la materia prima para ello y con las posibilidades de vincular estrechamente la teoría con la práctica, la ciencia penal con la política criminal en sus diversos sectores y niveles: legislativo, judicial y ejecutivo.

 

Por ello, ante la asunción de que es absolutamente necesaria una gran reforma al sistema de justicia penal, sobre todo ahora que México vive inmerso en el proceso de globalización, la Academia ha considerado oportuno trabajar y presentar una serie de propuestas para conformar un programa integral de política criminal para la transformación del sistema de justicia penal y seguridad pública en nuestro país- como lo reclaman las sociedades de nuestro tiempo-, que es producto de la aportación de todos los Académicos. Para atender cada uno de los importantes rubros del sistema penal y de seguridad pública en que la Academia puede participar, y para ocuparse del eventual desarrollo posterior del citado programa, cuenta con diversas Comisiones de Trabajo, como lo prevén sus Estatutos

Por razón de lo anterior, actualmente la Academia procura atender sus objetivos y acercarse a las instancias que toman decisiones político-criminales, pues es claro que la ciencia penal no tiene mayor razón de ser si no se vincula con la política criminal, que se ejerce a través de los distintos órganos estatales. La Academia, entonces, no es ajena a los reclamos en materia de justicia penal y seguridad pública, sino que se abre y se acerca a los ámbitos en que puede incidir. Su única pretensión es proporcionar bases y criterios adecuados para la política criminal igualmente adecuada y funcional.

En fin, la Academia Mexicana de Ciencias Penales procura tener un rol importante en el ámbito de la teoría y de la práctica, para ser inspiradora de decisiones y medidas político-criminales que el Estado Mexicano reclama. Y para ello, hace un llamado a quienes desde los diferentes sectores y niveles del sistema de justicia penal y de seguridad pública toman las decisiones políticas en esa materia, a que no desdeñen las aportaciones de las ciencias penales, pues ellas sólo pretenden proporcionar las bases teóricas para que tales decisiones respondan cada vez más a las exigencias del sistema penal de un Estado de Derecho y que la aplicación de la ley penal sea cada vez más justa y racional.