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Respecto del Decreto presidencial que fija pautas para la designación de los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. |
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Buenos Aires, julio 7 de 2003 Con el loable propósito de garantizar a la ciudadanía que las futuras designaciones de jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no responderán a apetencias o caprichos políticos, el Presidente de la Nación ha dictado el decreto nº 222/03 que despierta severos reparos. Entre los recaudos que la norma exige, se establece el deber de presentar una declaración que incluirá la nómina de las asociaciones civiles y sociedades comerciales que el candidato integre o hubiera integrado en los últimos ocho años, los estudios de abogados a los que pertenezca o hubiera pertenecido, sus clientes o contratistas de por lo menos los últimos ocho años, las actividades de su cónyuge y de sus ascendientes y descendientes en primer grado (art. 5). Como se advierte, el criterio de selección de los candidatos no se agota en la valoración de su buen nombre y honor, sus aptitudes morales y su idoneidad técnica y jurídica (como se recuerda en el art. 2º), sino que entra en aspectos vinculados al derecho a la intimidad de cada persona, que no tiene por qué revelar las asociaciones a las que pertenece, los estudios en que hubiera trabajado o los clientes que tenga. No está de más recordar que todos los habitantes de la Nación gozan del derecho a asociarse con fines útiles y a trabajar (arts. 14 y 14 bis, Constitución Nacional), y que revelar el nombre de los clientes que se tienen puede afectar los deberes de secreto profesional y confidencialidad. Cierto es que es necesario otorgar máxima claridad a la designación de los futuros jueces del más Alto Tribunal, eligiendo aquellos que acrediten máxima solvencia moral e idoneidad profesional, pero esta Corporación entiende que tan altos objetivos no se alcanzarán con normas que afecten, en definitiva, derechos personalísimos de los candidatos.
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