Para volver a la...
Carlos Montemayor Aguas Blancas Hace algunas semanas, en su viaje por Oriente, el presidente Vicente Fox afirm� que en Chiapas ya no hab�a guerrilla, contrainsurgencia ni grupos paramilitares, s�lo una santa paz. Una semana despu�s, el gobernador de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguch�a, aclar�, con sobrada raz�n, que en Chiapas hay un expediente abierto, no una santa paz.
En verdad, gran parte de M�xico es un expediente abierto. Un expediente abierto no s�lo por la pobreza creciente, por la violencia social que entra�a esa pobreza misma, sino por el estancamiento de la econom�a nacional para m�s de 80 millones de mexicanos. Gran parte de M�xico es un expediente abierto a la lucha popular organizada en m�ltiples formas, desde las manifestaciones legales y pac�ficas hasta las inconformidades armadas.
Algunos de estos expedientes abiertos de lucha armada se presentan reiteradamente en regiones como Guerrero, Oaxaca, Chiapas o Hidalgo. Otros estados no est�n al margen de esas manifestaciones alejadas de la "santa paz": Puebla, Veracruz, estado de M�xico y el Distrito Federal mismo.
Hay un expediente abierto en varias regiones del pa�s, conviene reconocerlo. No s�lo como lucha armada o miseria creciente. Tambi�n como cicatriz social, como ignominia de masacres perpetradas impunemente en muchos sitios de M�xico. Este d�a es necesario recordar la masacre, a�n impune a plenitud, de 17 campesinos guerrerenses de la Organizaci�n Campesina de la Sierra del Sur (OCSS). Sus nombres siguen sin preocupar a muchos funcionarios viejos y nuevos. Estos fueron los campesinos masacrados hace seis a�os: Francisco Rogel Gervacio, Francisco Blanco Mu�oz, Paz Hern�ndez Gonz�lez, Anacieto Ahueteco Coyote. Cl�maco Mart�nez Reza, Simplicio Mart�nez Reza, Mario Pineda Infante, Tom�s Porfirio Rond�n, Eliodoro Refugio L�pez, Daniel L�pez Casta�eda, Victorio Flores Balanzar, Florente Rafael Ventura, Jos� Rebollo Gallardo, Gregorio Analco Tavares, Fabi�n Gallardo Garc�a, Armado S�nchez Gil y Efra�n Vargas Cevallos.
Los campesinos de la OCSS siguen recordando a estos compa�eros. Anteayer lo explic� Hilario Mesino. Siguen conmemorando en Acapulco, en Atoyac, en Coyuca de Ben�tez, en el vado de Aguas Blancas mismo, esa masacre, insisto, que muchos funcionarios de ayer y de hoy no desean recordar, pero que el EPR sigue manteniendo presente. Aguas Blancas forma parte de los expedientes abiertos que deben ser atendidos, sobre todo ahora.
El conflicto en Chiapas, Fobaproa e IPAB, desaparecidos pol�ticos o Tlatelolco, son otros tantos expedientes abiertos que la actual administraci�n del presidente Fox podr�a aclarar, pero que cada d�a se dispone a ocultar como los anteriores presidentes pri�stas.
La masacre de Aguas Blancas fue resultado de una decisi�n pol�tica que se propuso, aparentemente, frenar el nacimiento de un nuevo grupo guerrillero. En realidad, la masacre aceler� la aparici�n del EPR. La din�mica social no siempre asegura cambios a fondo en las zonas campesinas de Guerrero, Chiapas, Zongolica o la sierra de Puebla, sobre todo si la poblaci�n predominante en ellas es ind�gena. Circunstancias de pobreza extrema, discriminaci�n, aislamiento, explotaci�n, despojos y una muy escasa o nula procuraci�n de justicia suelen volver a confluir y a polarizarse una y otra vez en ciclos de pocos o muchos a�os. Las medidas militares en estos casos suelen ser recurrentes tambi�n, lo que es un poderoso indicador de su ineficacia como soluci�n social verdadera.
El gobierno puede reconocer que se deben modificar o aliviar algunas circunstancias cr�ticas del deterioro social de una regi�n. Pero puede propon�rselo para evitar cualquier surgimiento de movimientos armados en ese instante y en el futuro, o aplicar los programas de cambio y desarrollo social para eliminar a un espec�fico movimiento armado, como lo vimos durante 1993 en Chiapas o durante 1995 en Aguas Blancas. No es lo mismo aplicar proyectos de desarrollo pensando en un cambio social a profundidad y a mediano y a largo plazos, que aplicarlos para doblegar de inmediato a un solo y concreto grupo armado. Los dispositivos de contrainsurgencia montados en Chiapas desde el gobierno de Ernesto Zedillo siguen activos y vuelven ahora a dar muestras de su alto riesgo. Nada se ha desactivado a�n en Chiapas. Nada se ha desactivado a�n, de fondo, en el pa�s. Una cosa ser�a la paz alcanzada por la negociaci�n y el cambio social. Otra cosa ser�a la paz alcanzada mediante el aparente exterminio de las bases sociales y los grupos armados.
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