En nuestra condición de miembros de la comunidad universitaria,
encargados además de un seguimiento de la iniciativa de Reforma
Universitaria; convencidos de que este contexto es propicio para reanudar
el diálogo sobre la universidad en el Perú -sobre su actual
situación y perspectivas-, y asumiendo que el proyecto de Reforma
sólo podrá prosperar si la comunidad universitaria y, en
particular sus fuerzas vivas -movimiento estudiantil y docente, trabajadores
organizados, personalidades académicas, etc- participan activamente
en el debate sobre los cambios a introducir, queremos aportar a ese debate
proponiendo puntos de vista sobre la universidad que para nosotros mismos
tienen un carácter hipotético, conjetural, y se hallan por
tanto dispuestos a ser revisados y reformulados en contrastación
con los otros puntos de vista que el debate haga visibles.
Ante todo queremos propiciar el diálogo. La cultura del diálogo
está muy debilitada entre nosotros los peruanos que nos hallamos
remontando hábitos muy consolidados de autoritarismo, desconfianza
y exclusión. El diálogo supone una apertura hacia el otro
como posible portador de verdad y, supone una valoración positiva
de la diferencia, vista no como una situación defectiva que conduzca
a la descalificación del otro, sino como fuente de enriquecimiento
mutuo. No hay debate allí donde se parte de nociones establecidas
como verdad canónica, donde la desconfianza y la sospecha son
la premisa que desfigura al interlocutor, produciendo el desencuentro,
la soledad y la impotencia. Nuestra historia ha estado llena de trágicos
desencuentros. En una sociedad en que la herencia colonial de imposición,
intolerancia y exclusión permea el conjunto de nuestro comportamiento
cotidiano, a la comunidad universitaria le corresponde procesar un debate
productivo. En ello se juega su destino. De la universidad esperamos
ahora, afirme el valor del diálogo y con él la apuesta
por multiplicar los espacios de encuentro, aquellos que nos permitan
reencontrar vías de desarrollo. Un debate productivo es aquel
que se abre a la posibilidad de que el encuentro con el interlocutor
pueda ser fuente de enriquecimiento mutuo, con la convicción
de que tanto el saber como el actuar se sostienen en el encuentro con
los demás, encuentro que admite las diferencias como un valor
a cultivar.
El diálogo solo es posible si los puntos de vista que se cotejan
no se asumen a priori como verdad establecida, ni los participantes
empiezan descalificando al otro. En la universidad todavía tenemos
un gran pasivo de hábitos autoritarios e intolerantes; pero contamos
también con tradiciones de pensamiento crítico y mirada
universal que abren la posibilidad de revertir el lastre del sectarismo
y la intolerancia que debilita toda empresa colectiva, e impulsar aquel
proceso inconcluso de democratización de nuestra sociedad, consistente
en valorar y cultivar -más que simplemente "tolerar"-,
las diferencias que nos enriquecen mutuamente. Tal vez ese sea el eje
de la reforma universitaria y del cambio social en el Perú: no
lo sabemos, también esto es una conjetura, y una apuesta vital.
Conjeturas -hipótesis, pensamientos fragmentarios, provisionales,
contrastables, con las cuales orientar la acción- son en general
las ideas que proponemos como contribución nuestra en este diálogo
franco y abierto, que tu opinión ayudará a enriquecer.
……………………………………………………………………………..
Hipótesis para un diagnóstico de la Universidad Peruana
:
En el plano institucional:
- La autonomía -de cualquier sujeto, individual o colectivo-
es una condición que sólo se ejerce en un contexto de
relaciones fluidas con los otros y se define por el grado de iniciativa
que el sujeto -en este caso una institución- es capaz de desplegar
en relación a los demás. En un periodo de la historia
marcado por cambios profundos en los patrones y expectativas de vida
de la gente, cambios desencadenados por notables mutaciones en la base
tecnocientífica, cuyo impacto es de tal magnitud que probablemente
afecte la continuidad de los actuales marcos civilizatorios, la universidad
peruana ha permanecido ensimismada, incapaz de procesar aquellos cambios
con la intensidad y celeridad requerida, a lo cual ciertamente ha contribuido
el abandono estatal y el desinterés de los actores sociales por
el destino de la universidad, perdiendo de vista su carácter
estratégico. En tal sentido, cabe afirmar que la autonomía
ha devenido autismo, sumiéndose la universidad en la debilidad
e impotencia que corresponde a tal situación.
- En el caso universitario, la autonomía debe entenderse como
capacidad de tomar iniciativas y definir políticas en los planos
académico, económico y administrativo, con sentido de
su responsabilidad social y en el marco de las leyes que rigen a la
Nación. En tal sentido el estatuto autónomo de la universidad
se halla, además, de hecho severamente restringido en múltiples
sentidos, que van desde la asfixiante dependencia que en el terreno
de los procedimientos administrativos tiene respecto al MEF y a los
patrones de la gestión pública, hasta su dependencia de
los vaivenes del Congreso de la República -tan proclive al populismo-
que crea nuevas universidades por ley, según su parecer, sin
considerar la autonomía sistémica que le corresponde a
esta institución ni consultar a la comunidad universitaria.
- La autonomía entendida como distanciamiento institucional del
resto del sistema educativo es además una ilusión. La
calidad de la educación superior no depende solamente de lo que
ocurra en este nivel, sino que remite a un proceso de formación
que abarca todos los niveles educativos del país. Pese a que
la universidad obtiene de la Educación Básica el mayor
caudal de su esencial componente estudiantil, y aunque un sector considerable
de sus cuadros se incorpora a los otros niveles y modalidades de la
educación, estas relaciones no discurren en una lógica
que permita constituir un Sistema Educativo Peruano, coherente y eficiente.
Tal cosa no existe y afecta drásticamente a la universidad peruana.
La universidad se halla desconectada de los otros niveles y modalidades
de la educación en el Perú, o en todo caso interactúa
con ellos pero de modo aleatorio, dando lugar a severos desfases y distorsiones
en su accionar y el de los otros niveles educativos, a los que no es
ajena, así como a un dispendio de los escasos recursos con que
cuenta, situación inaceptable en un país empobrecido como
el nuestro.
- Paradójicamente, la desconexión con la Educación
Básica no impide que la universidad, concebida en términos
estrictamente profesionalizantes, siga todavía siendo vista como
meta terminal de la educación. Ello genera espectativas que distorsionan
la naturaleza del ámbito universitario, como la errónea
idea de que una carrera profesional que no tenga status universitario
tiene un valor disminuido, por lo cual se han incorporado como carreras
universitarias -llegando aún a generar facultades singulares-
especialidades que en rigor pertenecen a otros niveles y modalidades
de la educación superior y demandarían tiempos más
breves de formación.
- Al margen de la inexistencia de un sistema educativo coherente, tampoco
existe en rigor un Sistema Universitario. Cada universidad (y a menudo
cada facultad) es una isla sino un feudo, con toda la ineficacia que
ello supone en el uso de los escasos recursos y el empobrecimiento académico
que acarrea en un contexto que exige actuar al interior de comunidades
académicas supraregionales y grados crecientes de interdisciplinariedad.
- La inexistencia de instancias nacionales que definan las políticas
en la Educación Superior, la coordinen y fiscalicen -indicador
inobjetable del desenganche entre el Estado (que no es igual que "gobierno"),
la Sociedad Civil y las comunidades universitarias-, ha dado lugar a
una oferta incontrolada de grados y títulos, tanto en términos
de su pertinencia a las necesidades del país, es decir a las
demandas actuales o potenciales, como en relación a los estándares
mínimos de calidad académica y de recursos que cautelen
los intereses de los usuarios y del país en general. Esa inflación
de la oferta está produciendo una acelerada y perversa devaluación
de los grados y títulos académicos y profesionales, y
por ende un mayor deterioro de la calidad académica.
- El ámbito universitario muestra al menos tres tipos institucionales,
no necesariamente articulados: por su estatuto legal pueden ser públicas,
particulares o privadas. Las dos primeras se definen como "sin
fines de lucro", mientras que las últimas incorporan el
lucro como objetivo. Asimismo, las dos últimas manifiestan intereses
particulares en su orientación axiológica y curricular,
mientras que a las universidades públicas les corresponde manifestar
el interés general de la Nación.
- A partir de la promulgación de la ley 882, llamada de inversión
en la educación, ha ocurrido una proliferación de universidades
"con fines de lucro" -muchas de las cuales no alcanzan estándares
mínimos de infraestructura y calidad docente-, las cuales siendo
en lo fundamental instituciones profesionalizantes (con frecuencia sin
guardar proporción con las necesidades sociales) no tienen mayor
interés en desarrollar funciones de investigación y producción
de conocimiento, y por tanto de cuadros académicos de calidad,
por lo cual se sirven de los recursos humanos (en particular cuadros
docentes) que en condiciones precarias produce la universidad pública,
la cual las subvenciona de ese modo.
- En las últimas décadas se ha producido una acelerada
expansión, tanto en lo que a número de universidades respecta
-a lo que habría que sumar el establecimiento incontrolado de
"filiales", por lo general de dudosa calidad-, como en lo
relativo al número de carreras y especialidades universitarias
que componen la oferta profesional. Las carreras más ofertadas
son educación, derecho, administración, contabilidad;
es decir especialidades de "tiza y saliva" que no requieren
mayor equipamiento e infraestructura. Esta expansión no guarda
necesariamente coherencia con las necesidades del país y las
regiones, y frecuentemente ha obedecido a demandas y tendencias estrictamente
coyunturales.
En el plano curricular:
- En un país pluricultural como el nuestro, de gran densidad
en lo que a presencia de matrices culturales diversas respecta, y productor
de una de las grandes civilizaciones fundantes en la historia, la universidad
peruana ha permanecido en lo fundamental de espaldas a sus tradiciones
raigales, cuando no reproduciendo una estructura epistémica colonial
que ha impedido el rescate y desarrollo del rico bagaje de conocimientos,
prácticas y sentidos de vida presentes en nuestras culturas,
bloqueando así o distorsionado severamente el desarrollo pertinente
de las líneas de investigación y formación profesional
universitaria, y de todo el ámbito educativo, al cual provee
cuadros y patrones epistémicos.
- El esquema institucional de la universidad traduce en lo fundamental
el arraigo epistémico de patrones positivistas como la división
dicotómica entre las ciencias naturales y las ciencias sociales;
más aún: éstas últimas reproducen criterios
metodológicos de las primeras, y con ello un núcleo racionalista
que bloquea un efectivo acercamiento y recuperación del rico
imaginario y el bagaje de saberes presente en nuestra sociedad multicultural.
Asimismo la distinción entre ciencias "puras" o teóricas
y ciencias aplicadas, limita -al igual que la anterior- el trabajo académico
interdisciplinario y contribuye a la actual dispersión y atomización
de facultades, escuelas e institutos de investigación.
- Tomando en cuenta las tendencias estructurales de la base tecnocientífica
en el mundo contemporáneo, existen desfases cualitativos en la
actividad académica universitaria, relativas no sólo a
carencias de infraestructura (base de datos, laboratorios, equipos,
etc.), sino también a la orientación -en nuestro caso
predominante- a la compartimentación académica y a la
creciente distancia entre diversas especialidades a contracorriente
de la tendencia global a la interdisciplinariedad. Esto se agrava por
la lentitud en la renovación de los currículos que, en
algunos casos se mantienen sin mayores cambios por dos décadas
o más aún.
- No hay un orden de prioridades en la producción académica
que otorgue la importancia debida a las ciencias básicas -muy
relegadas en las universidades públicas y prácticamente
ausentes en el ámbito privado en virtud a su no rentabilidad
de corto plazo-, sin las cuales no es posible dotarse de ciencia y tecnología
propias así como de una élite científica que posibilite
el desarrollo del país.
- La producción de conocimiento, función esencial de la
universidad, se halla absolutamente relegada, particularmente en el
área estratégica de las ciencias básicas y las
tecnologías apropiadas y de punta. En la medida en que la producción
de conocimiento ha devenido fuente decisiva del poder en el mundo contemporáneo,
la falencia universitaria en la tarea de producir saber amenaza la viabilidad
misma de la comunidad peruana, cada vez más debilitada en un
contexto mundial caracterizado por la exclusión y la configuración
-moralmente perversa- de países marginales o aun "descartables".
- La universidad ha pasado a ser, en lo fundamental, una institución
productora de profesionales o más exactamente de títulos
devaluados. Y lo que es más preocupante: aún en su función
de productora de profesionales, muestra un alto grado de irracionalidad
en cuanto que su oferta profesional no guarda relación con las
necesidades - actuales y futuras o estratégicas - del país.
- No hay lineamientos de política de investigación que
coordinen la actividad en este terreno para todas las universidades,
fijando un orden de prioridades y división de funciones. Cada
universidad investiga en áreas que elige por cuenta propia, cuando
no obedeciendo a la reproducción interna de cuotas de poder.
No hay en la universidad peruana hábitos consolidados de ejercicio
de políticas de investigación coherentes, de largo plazo
e impacto social, que favorezcan la interdisciplinariedad y la cooperación
interuniversitaria tendiente a la articulación de una comunidad
científica, académica e intelectual con circuitos de cooperación
permanentes.
- El postgrado tampoco está contribuyendo significativamente
a la investigación y producción de conocimiento. Muestra
en lo fundamental una orientación escolarizada, frecuentemente
devaluada aún en esa función. Las maestrías han
devenido una instancia profesionalizante, dejando de lado las exigencias
de investigación que le competen. En parte por suplir las deficiencias
del pregrado, pero también por la comercialización de
su oferta, manifiesta en la tendencia a facilitar estudios de tiempo
mínimo (fines de semana, no presenciales, etc) y la sustitución
de las tesis por la aprobación de un curso ad hoc, generalmente
de costo igualmente ad hoc.
- Los mecanismos de acceso a la universidad muestran severas distorsiones
en su orientación académica, induciendo a su vez distorsiones
en la formación de los estudiantes en el nivel de la Educación
Básica, legitimados por los denominados colegios preuniversitarios,
y acentuados por el mundo de las academias preuniversitarias y los propios
centros preuniversitarios que administra cada universidad en franca
transgresión del principio constitucional que proscribe la discriminación
en el acceso a la educación por motivos económicos.
En el aspecto financiero:
- La dispersión y autismo institucional en la educación
universitaria es también resultado de la indiferencia y abandono
al que el Estado -paradójicamente desde el periodo desarrollista-
sometió a esta institución, particularmente al sector
público, un Estado copado por una clase política carente
de proyecto para el país y miradas de largo plazo, que subordinado
a poderes mayores, nunca respondió ni representó los intereses
de la sociedad en su conjunto. La inversión estatal en la universidad
es una de las más bajas de América latina y el mundo,
y se destinan en lo fundamental para sostener parcialmente los deprimidos
salarios. Tales condiciones bloquean la posibilidad de un impulso sostenido
de la investigación y cualificación de cuadros académicos.
- Asimismo, el acceso a la cooperación internacional en este
terreno es débil, tanto por trabas legales y administrativas,
como por la presencia de hábitos autistas largamente consolidados.
- La universidad pública no cuenta por lo general con recursos
financieros propios y estables que se sustraigan al presupuesto reconocido,
sin afectar la proporción de fondos públicos que le son
asignados.
En lo relativo a la gestión:
- Existe una evidente ausencia de objetivos y metas compartidas entre
la comunidad universitaria y las demás instituciones representativas
de la sociedad civil y el Estado, lo cual se agudiza por la ausencia
de reales instancias de coordinación interuniversitaria.
- La presencia gravitante de las corrientes políticas mesocráticas
y populares en el contexto abierto por la Reforma Universitaria después
de los años veinte del siglo pasado, en un medio caracterizado
por un débil desarrollo de la sociedad civil, convirtió
a la universidad en un espacio privilegiado de politización y
reproducción de cuadros partidarios. Ello creó una tradición
de partidarización de la vida universitaria que ha retroalimentado
la cultura corporativa heredada de la colonia, y que aún después
de la crisis de los ideologías emancipatorias de pretensión
epistémica y de los partidos que la encarnaban, subsiste en el
accionar de grupos de poder de estructura clientelar, los cuales han
desarrollado complejos mecanismos de control de los resortes de poder
en el ámbito universitario que distorsionan la gestión
y afectan la cultura democrática.
- Las reglas del juego político universitario, de escaso margen
democrático, tienden a dividir a los miembros de la comunidad
universitaria -frecuentemente de modo esquizofrénico- entre una
comunidad "política" constituída por quienes
participan de cuotas de poder y favorecen políticas de clientelaje
que garanticen la retención o acrecentamiento de tales cuotas,
y la comunidad académica, la cual posee escasa capacidad de decisión
pero legitima la institucionalidad universitaria con un sacrificado
esfuerzo de producción intelectual. La comunidad "política",
más cohesionada y moralmente permisiva que la académica,
favorece intereses corporativos de grupo en su lucha por el poder, en
detrimento progresivo de la calidad académica.
- En ese contexto, se ha producido un divorcio entre las funciones de
la más alta representación -docente y estudiantil- y la
competencia académica que debería acompañarla,
lo cual produce severas distorsiones de la gestión en un medio
en que lo académico debería constituir el eje institucional,
marcando el sentido del conjunto de la actividad universitaria.
- En la medida en que no incorporan la elección directa, canales
de comunicación regular con los representados o mecanismos de
fiscalización y revocatoria efectivos, los actuales patrones
de representación asambleísticos favorecen el corporativismo
y el clientelaje nocivos para la democratización y eficiencia
de la gestión.
- El cogobierno estudiantil ejercido en un esquema institucional donde
la elección de autoridades se define de modo indirecto por los
miembros de los órganos de gobierno asambleísticos, otorga
a los representantes estudiantiles capacidad de dirimir conflictos y
decidir correlaciones, en particular en la elección de autoridades,
favoreciendo la sooptación de los representantes estudiantiles
por las facciones docentes en pugna, creando así un terreno propicio
para el mercenarismo y el clientelaje como cultura política nefasta
para la democracia universitaria y el movimiento estudiantil.
- La gestión muestra un alto grado de dispersión por la
multiplicación y atomización de las facultades. A ello
se añade la conducta corporativa de los decisores, elegidos por
cuotas facultativas, los cuales privilegian los intereses de su facultad
sobre los de la universidad en su conjunto, debilitando el sentido del
bien común.
- Persiste una debilidad o carencia de cultura de planificación,
estadística y evaluación que bloquea la adopción
de estrategias de largo plazo y afectan la optimización de los
recursos.
- Hay una gran lentitud en las decisiones como resultado de un asambleísmo
inoperante. Los órganos de decisión colegiados -de naturaleza
corporativa- se hallan sobredimensionados, deviniendo lentos e inoperantes.
Más aún: en la medida en que asumen atribuciones ejecutivas,
distorsionan la gestión --académica y administrativa-,
replicando atribuciones que en rigor corresponden al Rector y decanos,
cuya capacidad ejecutiva se ve mermada.
- Sujeto a los vaivenes y correlaciones de poder de los órganos
asambleísticos, al interior de los cuales debe reproducir permanentemente
su legitimidad, el ejecutivo -que además muestra por lo general
una composición heterogénea, sino antagónica, que
refleja la correlación de fuerzas en los órganos colegiados-
se halla debilitado y forzado a atender y ceder a los intereses de los
grupos de poder representados en los espacios asambleísticos,
desatendiendo el bien común.
- Por manejar fondos del Estado, la universidad pública está
sujeta a la Ley de adquisiciones y contrataciones por parte del Estado
y su Reglamento, las normas sobre planificación, sobre organización
administrativa, etc. Todas estas normas, en aras de uniformizar la gestión
administrativa estatal y controlar el uso que se da a los recursos públicos,
muchas veces imponen lineamientos de gestión con contenido más
político que técnico, afectando negativamente el proceso
educativo, al restringir considerablemente la capacidad gerencial de
la universidad pública. De facto constituyen una verdadera transgresión
de la autonomía universitaria -consagrada por la Constitución-,
ante la cual, sin embargo, la comunidad universitaria no muestra capacidad
de reacción.
- El cruce entre la gestión académica y la administrativa
se ha acentuado y afecta tanto la calidad académica como la administrativa,
distrayendo cuadros docentes en tareas que requieren competencia gerencial.
- La inestabilidad política en el escenario universitario, y
la debilidad de carrera administrativa da como resultado un alto ritmo
de rotación de los equipos de planificación que afecta
severamente las posibilidades de continuidad de políticas así
como la consolidación de competencias en ese sector.
- La carrera docente -incorporación y promoción de cuadros-
no se rige por criterios prioritariamente académicos que induzcan
procesos de calidad. Los patrones son actualmente en lo fundamental
de tipo administrativo, y durante las décadas pasadas primaron
intereses corporativos y clientelares de tipo partidario. Como resultado
de ello hay toda una generación de docentes en la universidad
pública, cuya formación académica es poco sólida;
entre los cuales se ha asentado además una "cultura del
relajo" que ha favorecido la situación actual en que la
obtención de grados y títulos se ha vuelto poco exigente.
Ello ha producido distorsiones de la carrera académica como la
acumulación inorgánica de docentes en las escalas categoriales
superiores, lo cual favorece un sistema gerontocrático que bloquea
las posibilidades de renovación.
- La universidad pública padece de una fuerte tendencia a la
endogamia, empobrecedora académicamente, manifiesta en un tipo
de captación de cuadros docentes qpe privilegia egresados de
la propia universidad con mecanismos discriminatorios y excluyentes
frente a los "extraños".
La dimensión subjetiva y los actores:
- Una visión autocomplaciente de su desempeño le impide
ver a la comunidad universitaria que la suya es una institución
con muy débil cultura democrática, y que más bien
ha permitido el desarrollo de una compleja técnica de disputa
del poder que privilegia el corporativismo, populismo, clientelaje y
corrupción, en cuya práctica se "formaron" personajes
como el propio Fujimori, hechura de la política Universitaria.
- Se halla fuertemente enraizada entre los actores políticos
y gremiales de la universidad una "cultura de los derechos",
de tipo corporativo -primero los intereses de mi estamento-, reivindicativo
y confrontacional, que carece del necesario sentido del respeto por
el derecho de los demás, lo cual además de limitar la
posibilidad de logro de los necesarios consensos, adolece de similar
conciencia de los deberes y responsabilidades que toda vida en colectividad
supone, junto a la necesaria apertura al diálogo, el reconocimiento
del otro, y el sentido de comunidad. Ello denuncia el enraizamiento
de la cultura criolla de la "viveza", nefasta para las posibilidades
de viabilidad de cualquier empresa colectiva.
- Si bien es cierto que, por definición, la universidad pública
se diferencia de la privada en que, por contraste con esta última
que persigue miras particulares, atiende al bien común a los
intereses de la colectividad entera de peruanos -y más allá
a los de la humanidad-, ese no es el caso mayoritario en el accionar
de los actores en la universidad pública peruana, los cuales
atienden prioritariamente a intereses estamentales o de grupo y subordinan
los intereses conjuntos a los de su corporación. Tal conducta
a la que la politología denomina corporativismo, y que tiene
evidentes raíces feudales se halla profundamente consolidada
entre nosotros y es una fuente de debilidad.
- El movimiento de la reforma universitaria del siglo pasado consolidó
a la universidad como espacio de gestación de proyectos nacionales
en el horizonte de la modernización. Aquella función fue
declinando progresivamente, y terminó cancelándose cuando
la lógica corporativa cerró el espacio propicio para la
mirada universal, de amplios horizontes, que no pierde de vista el bien
común.
- La comunidad universitaria no se siente responsable del destino de
esta institución que, siendo un espacio público está
corriendo la suerte de espacios similares: no se percibe como espacio
de todos, sino como tierra de nadie. El espacio público -lo común-
se halla muy debilitado en la universidad pública -sobre todo
en las de provincias- porque, para empezar, arrastramos una cultura
de la desconfianza, la sospecha del otro y la confrontación como
modo de resolver las diferencias (nadie confía en el que percibe
como "otro"). La universidad se sostiene en el ideal del bien
común. En ella se requiere una cultura política que genere
confianza y capacidad de actuar colectivamente desde las naturales diferencias
que nos constituyen. Se requiere, por tanto, una radical refundación
de la política que, más allá de los discursos se
traduzca en nuevas sensibilidades y prácticas. Ese tal vez sea
el mayor aporte que la comunidad universitaria pueda hacer ahora al
país.
- Tampoco la sociedad civil parece sentirse responsable del destino
de la universidad pública. En particular el empresariado, de
tradición rentista e intermediaria del capital extranjero, no
tiene mayor interés en demandar producción de conocimiento
para innovar tecnología, pues se limita a reproducir procesos
y consumir enlatados.
- Se halla consolidada en la tradición universitaria una visión
fetichista del poder que, al cruzarse con hábitos corporativos,
conduce a su administración como medio para distribuir favores
y recompensar lealtades ajenas a la lógica del bien común
que fortalece el sentido de comunidad.
- Las características de la actitud estudiantil han cambiado.
Persisten grupos radicalizados, con perspectivas economicistas, pero
también hay una multiplicidad de "movidas" por afinidad
y modos diversos de socialización que pasan por la cultura, el
entretenimiento, etc; en ellas se muestra una gran capacidad de iniciativa
y potencialidad para gestar servicios, que la universidad no ha explorado
sistemáticamente.
- El sector docente se caracteriza por una permanente situación
de precariedad económica, por lo cual incluso docentes nominalmente
empleados a dedicación exclusiva deben dedicarse a otros empleos,
lo cual afecta sus posibilidades de cualificación permanente.
En la mayor parte de las universidades privadas prima el régimen
de contratos, casi de por vida, y los docentes se hallan sobrecargados
en funciones lectivas, haciendo virtualmente imposible la investigación
seria. Por otra parte, en la universidad pública, la mayoría
de docentes proviene de las últimas tres décadas pasadas
en que los criterios de selección se hallaban considerablemente
politizados, subordinando consideraciones relativas a la calidad académica.
- En la medida que la carrera docente se ciñe en lo fundamental
a los patrones de la carrera pública, criterios como el de los
años de servicio o principios como el de la estabilidad laboral,
que muy poco tienen que ver con la dimensión académica,
fijan las pautas de contratación, nombramiento o categorización,
afectando sensiblemente el nivel académico, por cuanto favorecen
el conformismo y desalientan la producción académica.
En última instancia suponen un retroceso en relación a
conquistas como el derecho de tacha, establecidas ya en la primera reforma,
en la medida en que una vez nombrado no hay manera de remover a un docente
por consideraciones de tipo estrictamente académico.
- En un nivel más hondo, hay una evidente crisis moral que se
manifiesta en múltiples aspectos como la corrupción de
la gestión, o la venta generalizada de grados y títulos,
solapada con eufemismos como el de la llamada "Educación
no Presencial", por lo general mal administrada en nuestro medio.
- En la universidad pública existen mecanismos de mistificación
que producen "sentidos comunes" adversos, alojando mitos como
el de la autonomía -que conduce a su conversión en un
submundo ajeno a su entorno-, la gratuidad irrestricta -que, paradójicamente,
genera injusticias para los sectores menos favorecidos económicamente-,
el acceso masivo e irrrestricto -que produce masificación y pérdida
de calidad- como supuesto indicador de democratización, o la
vinculación mecánica entre el deterioro académico
y las exiguas rentas provenientes de la sociedad, usada como coartada
del facilismo y la mediocridad intelectual en un país en que,
paradójicamente, parte sustancial de nuestras figuras señeras
-Gonzales Prada, Mariátegui, Gamaliel Churata, etc-, que constituyen
nuestra mayor reserva moral, fueron autodidactas que remontaron adversas
condiciones materiales. Estos mitos merecen una reflexión cuidadosa
y una crítica a fondo, pues favorecen el conformismo y la mediocridad,
siendo así fuente constante de debilidad.
El marco legal:
- Tanto la actual Ley Universitaria como la Ley General de Educación
tienen una significativa antigüedad contrastadas con los vertiginosos
cambios socioeconómicos y culturales ocurridos tanto en el Perú
como en el mundo en los años que llevan vigentes, lo cual afecta
severamente su idoneidad. A esto se añade el desfase temporal
entre las dos normas citadas y la Constitución, lo cual genera
un desconcierto entre los operadores del derecho al no poder interpretar
orgánicamente la función que nuestra Ley de leyes ha asignado
a la universidad.
- Las modificaciones legislativas que se han efectuado a las leyes mencionadas,
con la finalidad de solucionar situaciones aisladas y coyunturales,
ha profundizado el resquebrajamiento de la organicidad que todo cuerpo
legal requiere. La Ley de promoción a la inversión en
la educación ha tenido similar efecto, pues al haber incorporado
cambios fundamentales en el funcionamiento universitario, trastoca la
esencia y tradición de dicha institución, sin responder
a un análisis previo que concocara a los diversos sectores del
paíss a fin de favorecer una modificación legislativa
integral.
- La tantas veces postergada renovación de la legislación
universitaria revela el desinterés de las instancias gubernamentales
por la universidad, perdiendo de vista el rol protagónico que
le toca cumplir en el desarrollo del país. Ello también
se ve reflejado en la aplicación indiscriminada de normas que
rigen la operatividad del sector público a la gestión
universitaria, la cual debería contemplar un régimen especial,
adecuado a su naturaleza, necesidades y estatuto autónomo, pues
esta situación afecta la autonomía que la Constitución
le reconoce.
- Contrastando con la situación de extremo control administrativo,
la supervisión de la calidad educativa que constituye un encargo
constitucional expreso, muestra una absoluta deficiencia en materia
legislativa, dando lugar a una total anarquía en materia curricular
y de exigencia académica.
OCU, otoño del 2002
