Argentina : ¿ finalmente una democracia tranquila ?

 

                                                                        Isidoro Cheresky

                                                                       

 

Con el acceso a la presidencia de la Nación de Fernando De la Rua el pasado 10 de Diciembre la Argentina parece haber ingresado en un ciclo de estabilidad institucional con mas posibilidades que en el pasado de asociar el respeto a la ley y la Constitución con el equilibrio y aún el crecimiento de su economía.

 

Esta presunción se instala sobre el fondo de un historia de construcción democrática accidentada. En 1983 el retiro de los militares a los cuarteles fue forzado por la derrota marcial en la guerra de Malvinas y seguido de una ola de reverdecimiento civil movilizada por primera vez por los derechos humanos.  La "desaparición de personas" se constituyó en la referencia imborrable que recordaba que la Argentina no había padecido una dictadura mas en su larga historia de inestabilidad, sino un régimen, consentido por una sociedad solo en parte ignorante, que había transgredido las bases políticas y humanas de la convivencia. Ya con el gobierno constitucional de Alfonsín el enjuiciamiento de las juntas militares, que culminó con la condena de los principales gobernantes de facto, constituyó el signo de una nueva fundación política. La intención de establecer la igualdad ante la ley adquiría verosimilitud al comparecer los todo poderosos de ayer.

 

Pero el presidente Alfonsín debió soportar una cascada de insubordinaciones y rebeliones de quiénes se negaban a someterse a la ley común escudándose en que los crímenes imputados estaban disculpados por "el deber de obediencia" propio a su condición de soldados. Sin embargo, pese a los vaivenes, en ese entonces se inició un proceso de liquidación de los poderes corporativos que terminaría extendiéndose en la sociedad.

 

La erosión del saliente gobierno radical por su debilidad ante las rebeliones militares, y el creciente descontento por una economía desequilibrada por el gasto público y la poca eficacia condujeron a que en 1989 se eligiera presidente a Carlos Menem. El gobierno peronista asumió precipitadamente antes del término legal por la pérdida de autoridad de su predecesor acosado por tasas inéditas de hiperinflación. El ascenso del líder peronista, primero en la puja interna partidaria y luego en la competencia presidencial, se hizo sobre bases personalistas de confianza haciendo temer un retorno a un liderazgo movimientista. Por valiéndose de ese lazo y favorecido por la expectativa de restablecimiento del orden a todo precio que generó la crisis hiperinflacionaria, el presidente peronista pudo emprender un programa de reforma de la economía y el Estado que supuso un giro de ciento ochenta grados respecto a las promesas distributivas que había enunciado durante la campaña electoral. Las privatización de empresas públicas, la apertura de la economía y la reducción del gasto público posibilitaron una ley monetaria de equiparación del peso y el dolar que en poco tiempo confinó al pasado la inseguridad en los intercambios  abriendo paso a tasas de crecimiento elevadas pero ritmadas por ciclos recesivos como consecuencia de una alta vulnerabilidad a los desplazamiento del capital financiero aparejados por una mayor integración, pero dependiente, en la economía mundial.

 

La modernización de la economía, aunque de sesgo conservador por el desentendimiento del Estado de la creciente distribución desigual de los recursos y de la exclusión (principalmente un aumento considerable de la desocupación), fue el logro decisivo que permitió al grupo gobernante permanecer en el poder y pretender eternizarse en él. La destrucción del tejido social consecuencia de la hiperinflación permitió que en 1989 al acceder al poder, pudiera hacer uso de poderes discrecionales. Pero la concentración de poder en el ejecutivo en desmedro del parlamento y la manipulación de la justicia devinieron un estilo político caracterizado por el decisionismo presuntamente asociado con la participación en negocios. El grupo dirigente fue sospechado y aalgunos de sus miembros enjuiciados por apropiación personal de los fondos públicos y  tráfico de influencias, lo que parecía confirmado por la ostentación de bienes.

 

La concentración de poder con poco respeto de las disposiciones constitucionales y legales, es decir el hegemonismo, se hizo ostensible cuando el 1994 el peronismo promovió una reforma de la Constitución con el principal propósito de introducir la reelección presidencial. Al lograrlo, el presidente Menem, desdibujó a la principal oposición fraccionada ante sus propósitos continuistas, pero también generó el inicio de una inédita consciencia republicana y de una nueva oposición.

 

Los últimos años del segundo término del gobierno de Menem estuvieron signados por su intento de forzar una segunda reelección a través de una burla a la propia reforma constitucional que el había inspirado. En cierto sentido fue una prueba decisiva de hasta donde podría llegar la tradición populista que pretendía ignorar las restricciones constitucionales sosteniendo que el pronunciamiento del pueblo era el único referente admisible.

 

El presidente saliente no vaciló en desbaratar a otros aspirantes de su propio partido y en desdeñar la división que provocaba en su propio partido su proyecto reeleccionista. Entretanto vieja y nueva oposición constituyeron un Alianza que ya demostró su capacidad congregadora en las elecciones legislativas de 1997 y que supo mantenerse unificada en vistas a las recientes elecciones generales.

 

A diez años de iniciado el ciclo de reformas inspirado por Menem las reformas que expandieron el mercado  e impusieron criterios de eficiencia reduciendo el ámbito de intervención económica del Estado y que consagraron la estabilidad monetaria son una adquisición de todos, pero los gobernantes que propiciaron ese gran cambio no pudieron acreditar la pretensión de eternizarse en el poder so pretexto que toda renovación gubernativa implicaría un regreso a la inestabilidad e ineficiencia del pasado. En vez se abrió pasó una reacción de hastío hacia el poder decisionista y dispendioso. El voto del pasado 24 de octubre fue en primer lugar un voto de rechazo hacía ese estilo de gobierno. El candidato peronista, E. Duhalde bregó penosamente por alcanzar la candidatura y para ello contrarió los proyectos reeleccionistas y procuró diferenciarse del líder de su propio partido, pero este intento fue inútil. El voto por el candidato De la Rua fue un voto personalizado por una figura que encarnaba una modestia y honorabilidad apta para captar el heterogéneo voto negativo. Mas que por un programa de gobierno los argentinos votaron contra un estilo político y en parte contra las consecuencias sociales de la modernización.

 

 

Los resultados de las elecciones generales : legitimidad presidencial y fragmentación del poder.

 

El triunfo de Fernando De la Rua sobre su adversario peronista fue amplio y previsible. Los 10.5 puntos de diferencia son comparables a los alcanzados por sus predecesores Alfonsín y Menem[1]F de la Rua con el 48.5 % contra 37.9 % tiene efectivamente en términos electorales una legitimidad comparable a la de los presidentes anteriores aunque un poco inferior.. F. De la Rua con el 48.5 % contra 37.9 % tienen en efecto una legitimidad comparable a la de los presidentes anteriores del este ciclo democrático, aunque un poco inferior. Ese triunfo debe atribuirse a la disposición de voto antimenemista que fue de tal intensidad que hizo que el resultado estuviera adquirido desde antes del inicio de la campaña electoral. El candidato aliancista una vez instalada su diferenciación sobre una base mínima referida mas a las metáforas (el fin de la fiesta de unos pocos, denuncia de los corruptos y de los grandes evasores, promesa que "el ajuste" lo haría la política) que a promesas precisas, se consagró a mantener su ventaja. E. Duhalde en cambio realizó una campaña zizagueante en su búsqueda por reformular en su favor los términos del antagonismo. En verdad, durante largos meses se vio absorbido en el empeño por desbaratar los intentos reeleccionistas de su líder partidario lo que contribuyó durante un tiempo a acreditar su diferencia y su pretensión de ser una alternativa al gobierno del que formaba parte[2] Pero cuando finalmente el partido consagró su candidatura menos de tres meses antes de las elecciones su posicionamiento, pese a todo, fue el de candidato oficialista y en consecuencia desacreditado ante quienes querían expresar un voto rechazo al poder saliente. Duhalde fue entonces un challanger que buscó desestabilizar a su adversario por medio de dos estrategias. Por una parte intentó ampliar su campo político promoviendo acuerdos con otras fuerzas políticas en vistas a oponer a la Alianza de De la Rua, una coalición que abarcara desde el electorado popular hasta los sectores del establishment tanto los que habían beneficiado de la modernización como los contestatarios. Aunque las principales fuerzas convocadas se desistieron el candidato ideó una tentativa de movilización y de acción institucional en torno a una rimbombante y repentina "concertación social"[3], procurando de este modo congelar la campaña electoral descartando su objeto natural, la competencia entre candidatos, el pronunciamiento sobre la acción del gobierno saliente y eventualmente las promesas, para sustituirlo por una deliberación sobre la presunta emergencia económica. De este modo, el candidato peronista se proponía reeditar un recurso que Menem había empleado con éxito a lo largo de su mandato, la invocación de la emergencia[4] para mantenerse en el poder con el argumento que los peronistas tenían una capacidad de mando de la que carecían sus adversarios[5].

 

Pero en la medida en que su estrategia de desestabilización de los términos de la competencia que incluían la apertura y articulación con otras fuerzas políticas fracasaba, el candidato peronista se replegó sobre un planteo de radicalización política que aspiraba a reanudar con el peronismo histórico : popular y social. En un giro extremo de esta otra reubicación Duhalde se presentó como denunciante de las consecuencias excluyentes de la modernización de la que el mismo había participado, de las amenazas aparejadas por la globalización y de los condicionamientos impuestos al país por los organismos internacionales, en tanto que el candidato de la Alianza era acusado de prepararse a continuar la política "de ajuste" en curso.

 

En este marco el triunfo de De la Rua debe ser entendido como la expresión de una firme disposición del electorado a establecer un poder mas respetuoso de la ley y de la Constitución y de gobernantes que no hagan de la función pública una fuente de provecho personal. Su campaña hizo por supuesto referencia no solo a la dimensión moral, sino a la política del estilo de gobierno denunciado, es decir la opresión de los muchos por quienes usufructuaban el poder. Claro que tras su candidatura se alinearon también sectores mas sensibles a las consecuencias sociales de la política hasta entonces practicada. Es decir que se trataba de una candidatura que aunque carecía de promesas precisas o en parte precisamente por ello, era capaz de atraer el voto de quiénes querían principalmente castigar a los gobernantes salientes.

 

Se trató de una campaña basada mas en recursos de publicidad audiovisual sofisticados que en la movilización militante. La Alianza entre la UCR y el Frepaso aunque fue mas allá de un mero acuerdo electoral distó de transformarse en un movimiento de sociedad aunque consitó grandes esperanzas de renovación.

 

Pero el portador del sentido político, el que intentó construir y reconstruir la diferencia, forzado por su posición desfavorable en la competencia, fue el candidato peronista. Fue también el que recurrió a una estrategia de representación mas tradicional, estuvo mas orientado a la movilización callejera inducida por el aparato estatal y partidario y finalmente quiso dar un contenido social definido con promesas a su candidatura[6]. Aunque esta estrategia movilizadora, jugada a fondo en la fase final de la campaña, no podía contrarrestar completamente el "voto rechazo" antimenemista, parece haber permitido regresar al redil a una parte del electorado peronista tradicional y reducir la magnitud de la derrota[7] .

 

La legitimidad del poder de De la Rua resultante de las recientes elecciones es indudable, pero su poder a la diferencia de su predecesor no es extendido[8].  El factor decisivo a tener en cuenta, que dificulta incluso una evaluación unificada de los resultados del reciente proceso electoral, es la fragmentación del poder representativo resultante de la novedosa selectividad y variedad del voto ciudadano. La disociación mas significativa se registra entre la ola antimenemista a nivel del voto presidencial, y el voto provincial que en la mayoría de los casos ratificó a los candidatos a gobernador peronistas[9]. Así, De la Rua fue ganador en veintiún distritos, pero los candidatos de la Alianza solo conquistaron siete gobernaciones[10]. La ola aliancista a nivel presidencial era a tal punto perceptible con anticipación que la mayoría de la provincias adelantaron sus elecciones locales para facilitar el voto diferenciado[11]. Pero la fluctuación del voto ciudadano se expresó también en el corte de boletas a todos los niveles.

    

Dentro de este panorama de diversidad debe tenerse en cuenta el resultado mitigado que obtuvo la Alianza en la provincia de Buenos Aires, el principal distrito en número de electores, donde ganó por escaso margen la competencia presidencial pero perdió en la disputa por la gobernación.   

 

En este distrito se concentró la mayor expectativa. La candidata de la Alianza, Graciela Fernández Meijide, pertenecía al sector mas progresista de la coalición, y su adversario peronista no vaciló en atacarla en temas culturales e identitarios[12]. Sin embargo, lo que parece haber sido decisivo en el resultado es el éxito del candidato peronista en imponer los temas de la seguridad y las capacidades de gobierno. C. Ruckauf se dio un perfil de "mano dura" formulando invocaciones ambiguas en lo que hace al respeto de la ley y los derechos, en un distrito celebre por tener como fuente de inseguridad a la delincuencia y ... a las mafias policiales. En este distrito las preocupaciones republicanas parecen haber sido desplazadas por las urgencias sociales. De modo que en este ámbito, la Alianza retrocedió considerablemente respecto a su performance precedente, en las legislativas de 1997.  Aunque el triunfo peronista para la gobernación bonaerense no hubiese sido posible sin los acuerdos que logró establecer con otras fuerzas políticas[13], el retroceso de la Alianza revela la persistencia de identificaciones sociales y populares tradicionales que no son contendidas por el discurso republicano del presidente triunfante y que continúan siendo canalizadas por el peronismo.

 

A la heterogeneidad del resultado de las elecciones generales se le agregan otros factores que completan el panorama institucional. La Cámara de diputados se renueva por mitades cada dos años de modo que el grupo parlamentario presidencial no alcanza la mayoría absoluta, aunque se acerca. En cuanto al Senado su composición refleja las realidades provinciales favorables al justicialismo, que se halla en esta Cámara con una mayoría cercana a los dos tercios y en consecuencia con gran capacidad de bloqueo. A este panorama debe agregarse la influencia de la nueva oposición en la politizada justicia federal, en particular en la Corte Suprema.

 

De modo que el nuevo presidente goza de una indudable legitimidad y de él se espera una revitalización institucional y una moralización de la vida pública, al tiempo que una mantención de los equilibrios económicos y políticas sociales compensadoras de la desigualdad y en particular la reducción del desempleo.

 

Pero son compatibles las expectativas de mejora de la vida institucional y las reformas sociales ?

Y aún, será posible gobernar en condiciones de un poder fragmentado ?

 

 

Las raíces de la democracia

 

La experiencia democrática iniciada en 1983 es ya la mas prolongada de la historia argentina, y en el tiempo trascurrido se han expandido sus raíces.

 

El 10 de Diciembre pasado un test institucional considerado crucial fue aprobado : por primera vez un gobierno peronista ha transferido el poder a un partido adversario. Ello puede ser considerado como un signo decisivo de la estabilización y secularización del sistema político.

 

La ampliación de la democracia argentina hacia fines de la segunda guerra mundial tuvo un carácter paradójico. El peronismo efectivizó la participación popular y sobre todo produjo una considerable extensión de los derechos sociales para numerosos sectores que hasta entonces se hallaban al margen. La voluntad popular se afirmaba como fuente legítima del poder, una voluntad movilizada contra la oligarquía y los privilegios. Sin embargo, la invocación democrática era de naturaleza populista, es decir que la voluntad popular no se constituía libremente en la deliberación sino que era considerada como un dato, como consustancial a la existencia del pueblo, y enunciada por la voz del líder. La voluntad popular así planteada en términos identitarios llevaba a una concepción antiliberal de la democracia : la de la expresión plebiscitaria del pueblo como masa. La deliberación, la diversidad de opiniones, la competencia política eran consideradas amenazas a ese pueblo en lucha contra sus enemigos.  Así, el peronismo popular y opresivo invitaba a la constitución del antiperonismo. Pero este último terminó siendo un conglomerado heterogéneo de reivindicadores de las libertades públicas, de víctimas de su carencia y de quiénes resistían a la oleada de derechos sociales y comportamientos plebeyos que afectaban el orden tradicional.

 

El antagonismo peronismo -antiperonismo conllevó la inestabilidad de la vida política contemporánea. Se trataba de agrupamientos con vocación de constituir regímenes excluyentes. En el fondo de ese antagonismo se hallaba la disociación entre voluntad popular y libertades públicas.

 

La construcción democrática emprendida en 1983 marcó un hito decisivo en la evolución de los movimientos políticos en vistas a su transformación en partidos tolerantes incorporados en un sistema competitivo. En ese entonces la elección de R. Alfonsín constituyó una sorpresa. Por la primera vez el peronismo era derrotado en elecciones libres. De ese modo se acreditaba la verosimilitud de un sistema competitivo y el peronismo se sumía en la saludable crisis de ser una fuerza política que debía ganar las elecciones pues descubría finalmente no ser "naturalmente" mayoritaria.  

 

El gobierno de Carlos Menem que se extendió a lo largo de los noventa hizo revivir las tradiciones populistas. Para lograr la reforma de la Constitución en vistas a habilitar sus reelección puso en juego todos los recursos propios al control del Estado y la concentración de poder dejando como lección que con esos recursos era posible  doblegar a sus adversarios políticos al lograr la firma del pacto de Olivos.

 

Sin embargo, cuando años después quiso repetir la experiencia reeleccionista para permanecer como presidente se topó con una significativa resistencia en su propio partido y una desafección muy amplia en la opinión pública. Amenazas plebiscitarias y elecciones internas lograron finalmente poner fin a la aventura. Una implícita coincidencia transpartidaria había logrado desbaratar una aventura claramente anticonstitucional. El republicanismo comenzaba a echar raíces mas consistentes.

 

Las recientes elecciones que llevaron a la alternancia en el poder son la culminación de este proceso de fortalecimiento institucional.

 

Otro aspecto de la evolución democrática ha sido la ampliación de la dinámica ciudadana y la reformulación del rol de los partidos políticos. Un signo de esa ampliación de quienes participan mas libremente de la vida pública es la efectividad de las campañas electorales puesto que en su transcurso deciden su voto un número creciente de electores. Esta libertad es la contrapartida de un debilitamiento de las pertenencias tradicionales. De las sindicales por supuesto pero también de las partidarias. Pero la dirección en que va evolucionar este individualismo es incierta. El desinterés en los asuntos políticos es creciente y conlleva una posición pasiva, aunque no de invalidez, de los individuos ante los actores efectivos de la vida pública.

 

La actividad política parece reposar ahora en dos pilares, los partidos organizadores de la competencia política y los medios de comunicación, especialmente la televisión, que no solo vehiculizan la información sino que se constituyen en una arena en donde ella se elabora, se conforman liderazgos y se producen acontecimientos.

 

Esta nueva arena así constituida ha acarreado grandes transformaciones. El modelo de democracia de partidos de masas  que ha servido de paradigma de la institucionalidad democrática no es el formato hacia el que se orienta la secularización de los tradicionales movimientos políticos argentinos.  Los partidos han dejado de cumplir una función de reproducción de una pertenencia identitaria - casi de subculturas- para transformarse en maquinarias al servicio de líderes cuyo predicamento proviene no de calidades o reconocimientos obtenidos en la carrera partidaria, sino de su popularidad.  Y ello es así porque la especificidad partidaria se diluye y el reconocimiento del liderazgo deriva de la capacidad de ganar elecciones. Los partidos argentinos tienen cada vez menos ámbitos reservados a adherentes y militantes y han adoptado la fórmula de las elecciones internas abiertas o primarias para dirimir las candidaturas. La popularidad se logra en parte merced a una acción institucional pero la conformación de una imagen pública por la comunicación audio visual es cada vez mas decisiva. Los nuevos líderes de opinión, a diferencia de los antiguos dirigentes partidarios están aliviados de la presión de la estructura partidaria y de las estructuras sindicales. Los principales candidatos en las recientes elecciones han sido por cierto dirigentes tradicionales de larga data, pero se han reciclado en las nuevas condiciones[14].

 

La contraparte de los partidos políticos mas instrumentales que identitarios y de la expansión del rol de los media y en particular de la televisión es el creciente peso de la opinión pública. Esta noción evoca a una masa de individuos cuyas indeterminadas opiniones y actitudes son escrutadas por medio  de sondeos. En términos del análisis político se puede afirmar que el  peso de los "independientes" se ha ampliado en detrimento de quienes tienen pertenencias adscritas. A lo largo de la década pasada la importancia de este se sector se ha extendido de los grandes centros urbanos a las ciudades y pueblos del interior.

 

La expresión electoral de esta independencia ha sido la fluctuación del voto entre una elección y otra, pero también la extrema selectividad que ha llevado a que en el  mismo acto se vote a candidatos de diferentes filiación según los cargos a proveer (corte de boleta).

 

La paradoja de la evolución actual es que la mayor libertad política no conlleva una mayor participación. La voluntad popular tenía en el pasado un sujeto actuante que figuraba en el espacio público a través de la manifestación, la organización política o sindical y esa participación activa  ha sido aún efectiva en los inicios del proceso de democratización cuando las fuerzas políticas en pugna mostraban su poderío en la concentración callejera. La ciudadanía independiente en cambio es un no sujeto pero que alude a la realidad de los comportamientos electorales electivos y las fluctuaciones en la opinión figuradas por los sondeos.

 

La arena política mediática ofrece una red de inserción pasiva a los individuos, parcialmente sustitutiva de la anterior pertenencia corporativa o vida asociativa. La reciente campaña electoral ha ilustrado este desplazamiento en la trasmisión del mensaje político de la red partidaria por los medios de comunicación. Este desplazamiento conlleva sucesivas transformaciones en el funcionamiento del medio y en el resultado de la comunicación.

 

En los años noventa se había instalado ya la construcción de la imagen política a través de la presencia televisiva y  Menem se había valido abundantemente para suplir a su partido por momentos inerte. El surgimiento de una nueva fuerza política en la oposición - el Frepaso - se hizo esencialmente por la convocatoria discursiva desde los medios.  Pero la arena mediática colocaba a los políticos a merced de los organizadores de la información. La novedad de esta campaña ha sido el desplazamiento parcial de los programas de opinión orientados por un columnista, por la publicidad política sofisticada incluyendo spots con intervención de actores. Esta publicidad ha sido el recurso dominante en la conformación del mensaje político y de los proyectos de construcción de imagen.  De este modo los líderes políticos han procurado recuperar la iniciativa y dar coherencia a la construcción de su imagen[15].

Así concebida la campaña electoral tenía por "blanco" una ciudadanía audiencia colocada en la posición de receptora del mensaje político.  Esta audiencia era permanentemente constituida en opinión pública a través de los sondeos. Estos han medido regularmente la evolución de las intenciones de voto y sus motivaciones e incluyendo una captación de los efectos de la mencionada publicidad política. Esos sondeos suministraban regularmente esas dos faces de la opinión : las presuntas demandas, y los efectos de las imágenes y los discursos que procuraban adecuarse a ellas.

 

El circuito mediático de constitución de la opinión pública  ha ocupado el centro de la escena. Y ambos candidatos se hallaron inmersos en esa dinámica: El candidato triunfante mantuvo una orientación constante en tanto que el candidato peronista al tiempo que cuestionó la versomilitud de las encuestas que generalmente lo daban perdedor, cambió de staff publicitario cuando la cuesta descendente de sus intenciones de voto parecía indetenible y le confió responsabilidades que excedían la mera conducción instrumental de la publicidad.

 

Pero aunque esta arena mediática sea el cauce dominante de la vida pública, en paralelo se desarrolló una campaña mas tradicional de actos, caravanas y movilización militante . Aunque esta acción mas tradicional no esta exenta de la construcción de imágenes para su vehiculización televisiva y gráfica, una dimensión de identificación y contención esta presente que saca a los individuos de su mera posición de audiencia individualista.

 

Aunque la tónica de la campaña fue dado por una dinámica que constituye a la ciudadanía en espectador/opinión, la realización de actividades de participación efectiva tuvo también su lugar. Esta dinámica generadora de lazos de pertenencia ha pesado en la recuperación del voto peronista es los sectores populares y carenciados de la provincia de Buenos Aires[16].

 

 

Perspectiva postelectoral : ¿Reformas políticas y sociales ?

 

Las recientes elecciones generales constituyen una vuelta de página sobre el período menemista. Desde el punto de vista político nuevos actores ocupan la escena : la Alianza formada por un partido radical hegemónico en torno a un nuevo liderazgo y un Frepaso que deberá redefenir sus objetivos, y un peronismo en el que dificilmente Menem recupere el liderazgo al que aspira y que tiene mas chances de ser ejercido por los gobernadores de los grandes distritos.

 

Respecto a la nueva fuerza gobernante la incertidumbre sobre su acción futura se refiere al grado en que se hallará involucrada en una política reformista y a su capacidad de gobierno en condiciones de fragmentación de poder.

 

En concordancia con el sentido principal de la campaña, la expectativa presente se centra en el saneamiento de la vida pública cuyo resultado debería ser la transparencia en el uso de los recursos y la austeridad en los gastos estatales. La sobriedad en la función pública aparece estrechamente ligada a la imparcialidad del Estado y a su carácter de Estado de derecho. Una dimensión decisiva de la credibilidad de las "democracias de la tercer ola"[17] como la argentina es la confiabilidad en el poder que pueda ser considerado como el poder de todos y ser respetado como tal y que para ello debe carecer de intereses propios.

 

Una promesa formulada esporádicamente fue la de impulsar el enjuiciamiento de los funcionarios corruptos lo que involucra a altos dignatarios y ministros del gobierno de Menem y que podrían alcanzar hasta el propio presidente saliente. Pero ella parece destinada a tener un alcance muy limitado, aunque la independencia inusual que inviste a algunos jueces federales impide pronosticar simplemente que los expedientes vayan a ser archivados por obra del equilibrio de fuerzas a nivel institucional.

 

La expectativa de mejora institucional es en verdad mas amplia e incluye una legislación sobre el financiamiento de los partidos políticos que alivie la propensión al desvío de los fondos públicos y que regule los aportes privados de modo a evitar el excesivo condicionamiento de los representantes por parte de los proveedores de fondos. 

 

Finalmente se han lanzado iniciativas orientadas a la reforma del sistema electoral en el sentido de una mayor ingerencia de la ciudadanía en la selección de la oferta política. Las "listas sábanas" se han transformado en el símbolo del poder partidario y de la separación entre una sospechada clase política y la ciudadanía.

 

En conjunto la reforma política se propone mejorar las instituciones y afirmar en su sustento político la idea de una sociedad justa. En Argentina coexisten altos índices de adhesión al sistema democrático con un rechazo igualmente intenso a las instituciones representativas y a los dirigentes políticos. De modo que la prometida reforma tiene efectivamente su origen en un reclamo profundo de la sociedad y no tan solo en el diagnóstico de los expertos.

 

El otro gran tema es el de la política económica y social, en que tienden a coexistir el consenso y el malestar, y en cuyo ámbito no se esperan grandes cambios. El gobierno de la Alianza como el precedente confía en absorber el desempleo y mejorar la situación de los sectores de menores ingresos como resultado del efecto expansivo del crecimiento económico. La diferencia es que el nuevo gobierno se propone una administración mas transparente y rigurosa que mejore la confiabilidad de la economía nacional y favorezca las inversiones. Secundariamente ha emprendido la mejora de las políticas sociales pero sin que se avizore una verdadera reconstrucción del Estado[18].

 

Aunque no se encara una innovación en el plano de la economía esta ha constituido la gran preocupación del nuevo gobierno, puesto que la sola mantención del equilibrio fiscal y la paridad monetaria requiere un esfuerzo excepcional. Para asegurar el cumplimiento del pacto fiscal en el que se sustenta la credibilidad internacional ha sido necesario comenzar con un recorte drástico del gasto público e incrementar los impuestos.

 

El futuro de enventuales reformas parece estar trabado por las restricciones impuestas por la globalización, toda medida innovadora es vista a la luz de las reacciones de los organismos internacionales de crédito y del capital financiero.

 

La Argentina sin embargo ha entrado en un ciclo en que se liberaran probablemente las demandas sociales hasta ahora contenidas. El gobierno puede encontrarse entonces tensionado entre la "representación" de las restricciones mundiales y la "representación " de las demandas internas.

 

Finalmente debe tenerse en cuenta que aún los objetivos limitados que podrían estar al alcance del nuevo gobierno se encuentran frente a límites institucionales, el principal de los cuales es la mencionada fragmentación del poder. Para la aprobación de leyes el gobierno debería contar con la colaboración o con la división de la oposición. Como se ha indicado, en la cámara de diputados la Alianza no tiene mayoría propia y en Senadores la oposición esta cerca de los dos tercios que constituye una mayoría de bloqueo. En estas circunstancias el peronismo dividido podría recuperar su unidad sobretodo en torno a una reactivación de planteos populistas en continuidad con los formulados en el tramo final de la campaña electoral.

 

La fuerza de la oposición esta incrementada por el hecho que la mayoría de los gobernadores - aproximadamente los dos tercios incluidas las provincias mas importantes- le responden.

 

Para completar el panorama institucional debe tenerse en cuenta que la concentración del poder menemista incluía la notoria subordinación de Corte Suprema y algunos jueces federales y que la independización de la justicia no parece ser un proceso inminente.

 

La legitimidad de la elección presidencial puede incitar a cierta prudencia y hasta cooperación en el parlamento pero sin duda en la medida en que se procure innovar la conflictividad política reaparecerá. La amenaza que se puede presentar es que el gobierno sea llevado a la parálisis por incapacidad en encontrar vías apropiadas para desbloquear el equilibrio de poder. En verdad la iniciativa política podría prosperar ya sea por medio de los decretos de necesidad y urgencia o de la consulta popular. Pero se arriesgara De la Rua al uso de recursos institucionales decisionistas o plebiscitarios, tan criticados en el pasado reciente ? Sin embargo, parece decisivo que la democracia y los proyectos reformistas no aparezcan asociados a la impotencia y la ineficiencia. Un oportuno decisionismo presidencial puede por el contrario ser un aliciente para la deliberación política[19]Si se reglamentara la cláusula constitucional se crearía una Comisión bicameral que al cabo de diez dias debería girar los decretos para su tratamiento en las Cámaras.  En estas condiciones los decretos podrían ser un instrumento de iniciativa presidencial en vistas a homogeneizar su propia mayoría en temas controvertidos y obligar a la oposición a pronunciarse abiertamente sin poder retener las iniciativas en comisiones o privar la deliberación del quórum necesario. En otros términos, los decretos de necesidad y urgencia podrían ser un recurso de desbloqueo y politización  y en el mismo sentido podrían operar la consulta y la iniciativa popular, contempladas en la Constitución..

Otro interrogante sobre la capacidad de gobierno se refiere a la solidez de la Alianza. Aunque la Alianza generó expectativas moderadas, se va a encontrar sin duda sometida a presiones que van a poner a prueba su unidad e incluso la cohesión de los propios partidos que la forman. El riesgo de fracturas es tanto mayor cuanto que esta coalición de reciente formación no constituyó, contra lo que algunos esperaban, un movimiento de movilización social.  

 

Las reformas pendientes serán inevitablemente fuente de conflictos en el campo reformista pues ellas no podrán ser concebidas como la mera traducción de demandas emanadas de la sociedad. Cada una de ellas supondrá reacomodamientos y sacrificios, aún de los beneficiarios y postergación de otras demandas[20]. La mayor dificultad para preveer los emprendimientos reformistas es precisamente el escaso grado de deliberación de la sociedad sobre los temas sociales y las pocas raíces de la Alianza en ese ámbito. Las reformas "desde arriba" elaboradas por expertos que no hayan generado ecos en la sociedad corren el riesgo de verse frustradas al coaligarse los partidarios del status quo de diversa proveniencia. Sin embargo, la política argentina sigue signada por la "lección menemista", la de una reforma de la economía y el Estado de gran envergadura adoptada por sorpresa y que logró darse un apoyo social "après coup". El éxito de ese emprendimiento como ya se indicó fue excepcional porque la sociedad en su conjunto estaba dispuesta a aceptar cualquier orden sin dar cabida a reclamos particularistas y porque esa reforma permitió al poder económico de reconstituirse exitosamente. En las situación presente las reformas progresistas aunque probablemente requieran una iniciativa gubernamental fuerte no pueden pretender beneficiar de circunstancias análogas.

 

Es en este sentido en que la nueva mayoría se halla ante el desafío de avanzar en su proyecto. Hasta ahora su unidad estuvo cifrada en la negatividad : el rechazo del estilo menemista.  Procurar nuevas bases supone expandir las mínimas promesas esbozadas en el reciente proceso electoral. Pero este camino no podrá recorrerse si no es alentando una cierta deliberación en la sociedad y en sus propias filas. Por cierto, ello comporta riesgos para la coalición gobernante, pero se trata en definitiva de una prueba de madurez democrática el poder desplegar la diversidad de sensibilidades y enfoques manteniendo la disciplina requerida para gobernar con eficacia.

 

La estabilidad de la democracia argentina parece estar cifrada en la reactivación política, podrá tratarse de una democracia mas institucional, de una democracia mas deliberativa pero por cierto la democracia tranquila es un régimen político desconocido ... y probablemente indeseable.

 

                                                                       

            <Texto preparado para su publicación en la revista Política Exterior- Madrid en el número marzo -abril del 2000>