¿Revolución Judicial o
la institucionalización de la injusticia?
Por: Daniel G. Cardozo M.
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Viernes
Hablar de
la existencia de justicia y libertad plena en Venezuela bajo este régimen a
cualquier ciudadano es como tratarle de explicar la inmortalidad del cangrejo o
la existencia de buenas costumbres y moral en un burdel; es igual que mencionar
en frente del condenado a muerte – quien viendo a su verdugo a los ojos trata
de tener un poco de dignidad y morir con la frente en alto – lo rápido que
morirá sin sentir dolor si es abaleado en la cabeza y lo afortunado que será
por morir en esta forma, ya que las teorías demuestran que cesaría su vida
antes que el impulso que le haría sentir el dolor llegase al centro de su
cerebro, por supuesto ya derramado en el piso.
Si bien es
cierto que el sistema judicial venezolano jamás ha funcionado como debería de
hacerlo – un sistema justo, imparcial, respetable, respetuoso y eficiente –
también es cierto que el signo de los últimos tiempos ha sido el maquillar sus
imperfecciones y tratar de esconderle el rostro deformado con jueces a granel,
con nombres nuevos y muchas togas de diseñador; embellecimiento irrito e
inmoral que tampoco logra – ni tiene la intención – de hacer del sistema
judicial y de las personas que imparten esa justicia un ente que pueda tener
siquiera aires de credibilidad o que por lo mínimo se le vea como debería ser:
justo.
Lo peor de
todo esto es que quien ahora detenta el poder – y que también quien controla la
justicia a su conveniencia – es el mismo que tanto se quejó de la corrupción
judicial de antes de su tiempo; pero también es el mismo quien fue beneficiado
por esos mismos jueces “políticos” recibiendo una libertad para mi inmerecida,
y es el mismo que ha convertido al poder judicial (en minúsculas) de haber sido
un surrealista tugurio de tribus y corruptelas donde la justicia se subastaba
al mejor postor a ser un antro inmundo donde el vicio, la perdición, la
irrestricta pertenencia a la revolución comunista promulgada desde Miraflores y
La Habana y la inmoralidad en todas sus formas son los avales necesarios para
ser juez, magistrado o presidente del tribunal supremo (también en minúsculas);
donde la justicia no solo se subasta al que mas plata o mejores vínculos posea
con el régimen, sino que esa “justicia” es impartida hacia las personas a
quienes el régimen convierte en delincuentes por no aceptar el modelo
ideológico neo-socialista o comunista (escoja usted el formalismo) en la misma
forma en que los negreros portugueses de la época colonial trataban a los
negros esclavos: no importa si el sodomizado africano era inocente, siempre el
negro era culpable por ser diferente y por ser negro; en estos tiempos y con
este sistema judicial, siempre el opositor, el demócrata, el que no comulgue
con el castro comunismo o esta suerte de nuevo socialismo será culpable de
cualquier causa de que se le impute aun si los delitos de los que se le acusa
no sean tales, pues con tal de doblegar a los que se le oponen, este régimen al
igual que lo hace el de Cuba, plantea que el hecho de no aceptar al caudillo y
su pensamiento es causal de enjuiciamiento.
En estos
tiempos de “revolución”, los jueces idóneos, justos y decentes son una especie
casi extinta y los que quedan solo son encontrados por casualidad, con mucha
suerte, con la misma suerte con que un investigador conseguirá las pruebas de
la existencia de vida en Marte, pues si existen, o están enterrados detrás de
montañas de reglamentos, presiones y grupos de poder y difícilmente encuentran
una vía para impartir la justicia con equidad y moral (cosa que en este régimen
es impensable; si la decisión no va apegada al pensamiento revolucionario
entonces es una mala decisión) o ya están en las listas para ser imputados de
delitos y destituidos, eso si, primero sometiéndolos al escarnio público, a la
descalificación pública y a la flagelación judicial, tal y como a cualquier
negro esclavo de tiempos de la colonia se le torturaba antes de ser asesinado o
vendido.
Ante un
panorama así, no es de extrañar que en Venezuela la palabra justicia haya
pasado a formar parte del diccionario castellano donde están las vocablos
caducos o en desuso, y la simple mención de ser llevado ante un tribunal por
cualquier causa – por supuesto, si eres de los que no están con el régimen – es
sinónimo de perder el juicio y de ir a la cárcel, pues de entrada ya se sabe
que la defensa, así este bien fundamentada y la persona no sea culpable, esta
indefectiblemente terminará siéndolo ya que aquí en este país los libros
legales y las leyes quedaron para ser papel de baño revolucionario cuando a
ellos se les intenta aplicar y un fusil de precisión que nunca falla cuando hay
que aplicársela a los “apátridas” opositores.
Las causas
abiertas – de nuevo y por las mismas imputaciones que ya fueron desechadas
anteriormente – en contra de alcaldes de la oposición, los juicios políticos
que se siguen en contra de los principales actores no partidistas del 11 de
Abril y sucesos posteriores – paro, guarimbas, referéndum y por opinar o
informar – y las causas abiertas contra periodistas – la mayoría inculcándoles
difamación o falta de “veracidad” en la información – violando abiertamente el derecho a la libertad
de expresión e información demuestran que lo que tanto se ha recalcado – que en
Venezuela no hay justicia sino un parapeto destinado a enjuiciar a la
disidencia – es un hecho cierto e intangible y también da constancia que el
sistema judicial quedó para el propósito del dictador de usarlo como
instrumento para eliminar a sus detractores o a todos aquellos que resulten
molestos para sus planes de dominación absoluta pero también como órgano
ejecutor, casi como pelotón de fusilamiento, pues todo el mundo sabe que para
un ciudadano no acostumbrado al sub-mundo delincuencial sus probabilidades de
supervivencia en cualquier penal del país son casi nulas y es que casi el 100%
de los imputados por delitos políticos, de desacato, de vilipendio, de opinión
y otras causas consideradas de orden político son personas que jamás han pisado
una cárcel ni son delincuentes y por ende son enviados con conocimiento de
causa por parte de los ejecutores de sentencias (ya es difícil llamarle jueces)
a formar parte de un sistema carcelario donde por seguro serán o muertos o
sodomizados pues para terminar de rematar, a los presos políticos en su gran
mayoría – caso del General Felipe Rodríguez, encerrado en Yare, una cárcel de
las mas violentas y peligrosas del país – son colocados con la población penal,
púes este sistema carcelario no tiene la capacidad de separar a los detenidos
ni de clasificarlos según sus delitos o su peligrosidad, sino que mezcla en un
mismo espacio a violadores y asesinos ya condenados y sentenciados con
procesados y personas que van presos por delitos no violentos o por causas
políticas. Si bien la constitución no admite la pena de muerte, el simple hecho
de enviar a una persona que jamás ha cometido delitos violentos y que es
enjuiciada por “delitos de opinión o desacato” a convivir con los peores
matones es en si una forma de sentenciar a este individuo a una muerte segura.
Por
supuesto, todavía queda un recurso para evitar ser enjuiciado y este parece ser
tanto efectivo como del agrado de Hugo Chávez y sus seguidores: el
arrepentimiento publico y la posterior genuflexión donde la nariz toca los
muslos poniendo “rodilla en tierra” y cantando alabanzas mientras aceptas haber
estado equivocado, y eso es lo que a mi juicio le salvo el pellejo – nuevamente
– a un señor a quien le tuve aprecio y hasta admiré, pero que me ha dejado
absolutamente decepcionado, no porque haya salido de la cárcel sin odiar al
verdugo sino por ser capaz de hablar bien de su carcelero y hablar mal de si
mismo: el general (con minúsculas) Alfonso.
A este
ciudadano quien se declaró en desobediencia el
Es increíble – y para muchos inconcebible –
que este general actúe como lo hace, casi acobardado, pero es que después de
haber sido secuestrado por los órganos de seguridad de estado, torturado, colocado en arresto domiciliario, echado a la
cárcel por dos años, y luego de eso exculpado por decisión de un tribunal,
justo cuando logra su libertad abren de nuevo el juicio, colocándolo quizás en
un estado de terror, luego el tsj hace poco niega la causa pero el juicio en su
contra continua en una espiral interminable, por lo que para el, una persona
que perdió su pensión, su casa, los medios de sustento conocidos, que ha sido
tratado canallescamente el único método de defensa que le queda es negar sus
convicciones, doblegarse, entregarse al verdugo y “portarse bien” de ahora en
adelante pues esa espada de Damocles que pende sobre su cuello la cual dice que
si abre la boca va preso de nuevo es una tremenda motivación para actuar como
un cobarde, como una victima, como alguien a quien el sistema supo presionar y
doblegar como quiere hacer con el resto de la población.
Pero el no
es el único ejemplo, quizás sea el mas notorio, pero no es el único donde ese
acto de constricción salva a los que lo hacen de ir presos, de perder su
trabajo y les permite entonces comenzar a tener su parte de los beneficios que
da el formar parte de la pandilla delincuencial del tirano y sus cuarenta
ladrones o simplemente les abre la oportunidad de sobrevivir ya que en este
país si no eres “del proceso” los derechos ciudadanos – salud, trabajo,
educación – te son sistemáticamente negados, y esto funciona sobre todo si
tomamos en cuenta que para los sectores humildes y mas desposeídos (80% de la
población) la fuente de empleo mas expedita son los gobiernos nacionales y
locales, la única fuente de financiamiento son los programas de créditos que el
régimen da a sus seguidores, y en todo caso les queda finalmente a los mas
depauperados la posibilidad de pertenecer a alguna misión o incluso a la
reserva, pero para entrar, primero debes vestirte del rojo comunista y besar
los pies del tirano.
Ese mismo
método de presión judicial – de terrorismo jurídico – se implementa contra los
botados y los aun empleados de PDVSA y la administración publica por haber
firmado para ejercer un derecho constitucional, y es el mismo esquema que se
usa contra periodistas, televisoras, emisoras de radio, periódicos,
contratistas, empresas extranjeras, comerciantes, contribuyentes, alcaldes,
gobernadores y contra cualquier ciudadano al que se le pueda presionar así sea
usando la tragedia personal como excusa para esta presión. Este régimen ha sido
capaz de dejar sin empleo o esperando por una operación en las puertas de un
hospital a mas de un ciudadano por no “ser del proceso” ya que al sistema solo
le importa cumplir el objetivo de dominar a todos sin importar los medios que
use; donde la crueldad es la norma y la falta de humanidad el método.
Por
esta razón, miles de ciudadanos comunes son obligados a buscar “certificados”
de arrepentimiento siendo conminados por el régimen a expresar públicamente su
“equivocación” y su adhesión al sistema como única forma de acceder a
beneficios que por ley no pueden ser negados a nadie o para mantener sus
puestos de trabajo, servicios de salud y hasta la escolaridad de sus hijos,
creando entonces una industria donde el producto es la opresión de los mas
débiles jurídicamente hablando, ya que estas personas, al estar presentes en
listas de “antirrevolucionarios” o por haber expresado su disconformidad con el
sistema pasan a ser parte de los nuevos excluidos y no pueden acceder a la
justicia simplemente porque esta solo existe para – irónicamente – impartir
esta solo a favor del sistema; nunca para contradecirlo y donde las causas y
las denuncias colocadas por estos ciudadanos ante los entes de justicia –
tribunales laborales, defensoría, tribunales civiles, etc. – por discriminación
política, presión laboral, despidos injustificados, o cualquier otra causa que
incluya la diferencia de posición política como motivo para la exclusión nunca
pasen de la taquilla donde se hacen las denuncias y jamás sean investigadas, ya
que todos los entes siempre tiene a la mano excelentes excusas para no hacerlo:
falta de substanciación de la denuncia, falta de pruebas, poca credibilidad del
denunciante, y un largo etcétera de motivos para jamás procesar los casos.
En total
contradicción, se observa notoriamente como el sistema y sus integrantes son
protegidos por estas mismas instancias judiciales. Si se revisa con
detenimiento las decenas de causas “no procedentes” que el TSJ y los tribunales
civiles y militares han desechado, se observa un patrón interesante: la mayoría
de los procesos solicitados en contra por ejemplo del presidente, que aun a
pesar de estar sustentados no solo en pruebas sino también de su aceptación de
haber cometido hechos irregulares – el caso del FIEM y los mas de 3.000 MM$ que
el presidente acepto haber malversado – donde esta causa fue detenida por un
tecnicismo absurdo: los demandantes no han sido según los tribunales “afectados”
por ese caso e irremediablemente casi todos terminan siendo detenidos por la
misma causal, ya que según la fiscalía o el órgano encargado de determinar la
legalidad de la demanda, quienes solicitan la investigación no son victimas y
no pueden proceder con la denuncia, o sencillamente son “engavetados” y esas
causas son olvidadas para siempre.
En los
casos exhaustivamente sustentados y de conocimiento publico en contra de
cualquier ente gubernamental o de personeros del régimen – presidente, ministros,
diputados, gobernadores, alcaldes y hasta concejales pistoleros – estos no solo
son liberados de todo proceso en su contra, sino que también los demandantes
terminan siendo enjuiciados – ejemplo, Tulio Álvarez Vs. William Lara, donde el
primero termino siendo enjuiciado por difamación y el ultimo quedo libre de
toda culpa – pero lo mas aberrante de todo esto es que los imputados del
gobierno no solo no se arrepienten, sino que se vanaglorian de sus acciones
criminales – caso del concejal Peñalver, que después de haber sido capturado
disparando contra gente inocente y contra la policía, es exaltado como “héroe”
y quedo en libertad y los policías que intentaron repeler su acción están
siendo enjuiciados – y terminan entonces siendo justificadas sus acciones por
diversas acciones “legales” donde finalmente determinan que a pesar de haberse
cometido actos considerados delitos, las circunstancias dentro de las cuales
los hechos sucedieron, la situación y la necesidad del acusado justifican su
acción ya que esta finalmente resultó en un beneficio para la “revolución” o
simplemente no es delito porque el acto fue para defender al sistema.
Basta con
abrir cualquier periódico del país – hasta los tabloides de pueblos pequeños –
para ver como la falta de justicia permite que la delincuencia – la del
malandro de esquina como la del delincuente político siempre y cuando sea del
gobierno – campee por nuestro país sin limitaciones ni nada que se lo impida,
ya que este estado de caos controlado, este ambiente donde la justicia no
existe es el sistema “perfecto” para que alguien que ya no aspira sino que ya
es un dictador pueda continuar siéndolo.
Ahora, la
mayor evidencia de la sumisión y control del sistema judicial venezolano por
parte del tirano Chávez han sido las declaraciones de los noveles magistrados
del tsj (en minúsculas) donde según ellos se ha dado inicio a la “revolución
judicial”.
En
términos prácticos, esta “revolución judicial” no es otra cosa más que la
eliminación de tribunales, jueces y fiscales no controlados por el régimen y la
incorporación al tsj y demás entes jurídicos de jueces, fiscales, escabinos,
alguaciles, defensores y abogados que han formado o forman parte del gobierno
en mayor o menor grado.
Los nombramientos por
ejemplo de Velásquez Alvaray (ex diputado por el MVR) y Francisco Carrasquero
(ex presidente del CNE) y de varios otros funcionarios evidentemente y
estrechamente ligados a la “revolución” (el vice-presidente del tsj Omar Mora,
por ejemplo) son evidencia que al
sistema judicial venezolano no solo se le controla desde el ejecutivo, sino que
fue tomado por asalto, convirtiéndolo en el ente desde donde se legitiman todas
las acciones ilegales e inconstitucionales del régimen.
La
“revolución judicial” solo procura la politización de la justicia y que el
régimen quede suficientemente “blindado” legalmente, pues fuera de los canales
de justicia ordinaria donde se dirimen casos “comunes” administrativos, penales
o civiles donde al régimen no se le puede procesar, el sector del sistema
judicial que posee la potestad de procesar los casos contra del régimen o sus
integrantes – FGR, TSJ y los tribunales militares y de primera instancia en lo
civil, penal, laboral y administrativo –
son entonces una suerte de laberinto donde cualquier causa contra el
gobierno se pierde en miríadas de tecnicismos y los casos en contra de la
disidencia política encuentran vías expeditas de ejecución, sin tramites, ni
demoras y donde está asegurada la victoria del gobierno, salvo en aquellos
casos que ellos determinen sirvan para mantener la fachada de institucionalidad
y que por supuesto, serán aquellos donde las cabezas que rueden sean de
aquellos que ellos determinen no son imprescindibles o que las causas no
afecten negativamente al gobierno.
Esta “revolución
judicial”, sumada a la corrupción galopante, al excesivo presidencialismo, al
poder hegemónico y totalitarista que Hugo Chávez tiene sobre los poderes
públicos con mucho énfasis en el “poder electoral”, ente encargado junto con el
tsj de asegurar la permanencia del régimen, el exceso de militarización en
todos los entes civiles, el ventajismo que en todos los ámbitos demuestra tener
el gobierno, la creación de leyes fabricadas “a la medida” para oprimir toda
forma de disidencia política e ideológica, los métodos de autocensura a la
opinión publica sustentados en un aparato judicial y extrajudicial represivo y
punitivo, conforman un peligroso cúmulo de situaciones las cuales, en cualquier
país serio deben ser considerados no como amenazas a la democracia y al estado
de derecho, sino como la evidencia de la desaparición de la democracia como
sistema para ser solo una fachada de un régimen autocrático, totalitario y
dictatorial donde para este el sistema judicial es solo uno mas en su comparsa
de entes que le aseguran en control de la sociedad y el reconocimiento
internacional, pues para mas nada sirve nuestro actual sistema judicial, ya que
si antes servía para que la corrupción fuese tapada, ahora es el brazo opresor
de toda la sociedad y no solo el cómplice necesario que sirve de encubridor de
la corrupción.
En
conclusión: la falta de justicia en un país donde existen leyes hechas a la
medida facilita la implementación de una forma “legal” de terrorismo, y si el
papel de las instituciones de justicia es la de ser cómplices del sistema o del
tirano estas terminan siendo simples apéndices que legalizan la injusticia del
régimen en contra del pueblo al que oprime.
Mucho se
ha denunciado este problema en todo ámbito nacional e internacional sin ser
escuchados efectivamente pues siempre que se hacen las denuncias, los
organismos internacionales y los gobiernos amigos exigen se presenten pruebas,
que se lleven mas y mas casos sustentados como que si lo que se ha visto hasta
ahora no fuese suficiente para ellos tomar una decisión y definitivamente
ayudar a los demócratas que estamos luchando para devolver a Venezuela dentro
de los parámetros de decencia y democracia que queremos, y nos preguntamos con
angustia: ¿Hasta cuando debemos soportar esta situación? ¿Es que acaso esta
penuria nuestra solo será escuchada por los organismos internacionales cuando
en Venezuela empiecen los juicios sumarios y los fusilamientos públicos?
¿Cuántas mas pruebas requieren para
aceptar que el sistema judicial esta viciado, corrupto y politizado? ¿Qué los
jueces se vistan con togas rojas y en sus escritorios ondee la bandera roja con
la hoz y el martillo mientras la foto de Fidel, Chávez y Bolívar sirve de fondo
a todo este escenario trágico? ¿Qué esperan para ayudarnos en nuestra lucha?
¿Qué Chávez les declare la guerra? ¿O que se convierta en otro Saddam o Bin
Laden? En un país donde la justicia sirve como ametralladora para eliminar a
los contrarios, solo es cuestión de tiempo para que las desapariciones, los
ajusticiamientos y el terrorismo de estado pasen de ser un hecho “poco
documentado” a ser una realidad tan tangible como lo fueron las ejecuciones
talibanes en los estadios de fútbol en Afganistán, pero como dije, solo es
cuestión de tiempo y cada segundo que pasa es un segundo menos de vida que
tiene lo que queda de libertad en nuestro país.
Como la
justicia no la dan la simple existencia de leyes – estas son solo millones de
letras impresas en un papel – sino que se da cuando existe un sistema judicial
independiente y honesto y una sociedad preparada para cumplir y hacer cumplir
las leyes, la justicia solo existirá en aquel país donde su sociedad entiende y
acepta el porqué de las leyes y el porque de la igualdad ante ellas, donde los
que son preparados intelectualmente para ejercer la ley también la cumplen y
donde nadie es “mas igual” que otro, donde nadie es mejor ni mas importante que
los demás cuando tienen que enfrentarse a la dama ciega, y ese país
definitivamente no es Venezuela.
Cuando en
Venezuela existan instituciones judiciales idóneas, justas, equilibradas,
respetables, respetuosas e independientes, entones podremos decir que la
premisa democrática de igualdad de los ciudadanos ante la ley se cumple, y
podremos decir que existen instituciones que velan porque todo ciudadano cumpla
la ley, pero mientras tanto, Venezuela seguirá siendo un país donde como
siempre, la justicia solo llega cuando esta va a beneficiar al poderoso, va a
exculpar al corrupto o va a encubrir al delincuente, pero que jamás podrá tener
credibilidad ante los ciudadanos y el mundo, donde cualquier decisión sea
“justa” y no solo apegada a “la ley”, puesto que las leyes actuales en nuestro
país están desgraciadamente fabricadas para encubrir al sistema y dar impunidad
a los que hace tiempo dejaron de ser demócratas: Hugo Chávez y su pandilla.